STC6806-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6806-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00405-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Estela Ropero S\u00e1nchez instaur\u00f3 en contra del Juzgado Treinta y Uno de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abremuneraci\u00f3n del trabajo\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la dependencia atacada \u00abadmitir la cesi\u00f3n de derechos conforme a lo estipulado en el documento suscrito por Piedad P\u00e1jaro Mart\u00ednez de fecha 7 de junio de 2017, ratificado mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2017 y en el contrato de transacci\u00f3n de fecha 16 de enero de 2018, en armon\u00eda con las motivaciones del auto de fecha 8 de mayo de 2018, por tanto se abstenga de solicitar requisitos no contemplados en el C\u00f3digo General del Proceso y en el C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 7 de junio de 2017 celebr\u00f3 contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales con Piedad Alicia P\u00e1jaro Mart\u00ednez, con el prop\u00f3sito de representarla en cuatro asuntos civiles-familia, entre estos, en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Bernardo Yepes G\u00f3mez inco\u00f3 en contra de ella (rad. 2013-00613). <\/p>\n
Aludi\u00f3 que en la cl\u00e1usula sexta de dicha convenci\u00f3n se pactaron los honorarios en $470\u2019000.000, valor que se calcular\u00eda sobre el 13% del total del patrimonio nupcial, sin pasivos, que seg\u00fan Piedad Alicia ascend\u00eda a $3.620\u2019000.000 de los \u201cbienes, sociedades, inmuebles, veh\u00edculos e inversiones\u201d. Adicionalmente, se acord\u00f3 que \u201ctodos los honorarios se entender\u00edan causados y se deb\u00edan pagar cualquiera fuere la etapa del proceso y en que se finiquitara la representaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Acot\u00f3 que el 16 de enero de 2018 se radic\u00f3 en el juicio liquidatorio el \u201cacuerdo de transacci\u00f3n del trabajo partitivo\u201d entre los extremos de la lid, en el que se incluy\u00f3 en el numeral 1\u00ba, literal c, la cesi\u00f3n de derechos a su favor por concepto de \u201chonorarios\u201d y se le adjudic\u00f3 el 13% del predio ubicado en la \u201cdiagonal 108\u00aa #1-52 de Bogot\u00e1, que fue avaluado en $2.521.903.501\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Treinta y Uno de Familia de esta capital la requiri\u00f3 para que incorporara la escritura p\u00fablica mediante la cual se protocoliz\u00f3 la \u201ccesi\u00f3n de derechos\u201d (22 mar. 2018), prove\u00eddo que mantuvo inc\u00f3lume (8 may.) y, despu\u00e9s, dispuso rehacer ese \u201ctrabajo partitivo\u201d (7 nov. 2018); sin embargo, Piedad Alicia revoc\u00f3 el mandato a ella conferido y design\u00f3 dos apoderados en su reemplazo. <\/p>\n
Sostuvo que, posteriormente, el profesional elegido de la lista de auxiliares de la justicia alleg\u00f3 el nuevo \u201ctrabajo de partici\u00f3n\u201d y, por ende, recurri\u00f3 el auto que corri\u00f3 traslado de este (7 may. 2021) ya que no anex\u00f3 en las hijuelas \u201cel pago de sus honorarios como lo hab\u00eda ordenado Piedad P\u00e1jaro en el documento de cesi\u00f3n y reiterado en el contrato de transacci\u00f3n\u201d, adem\u00e1s, refut\u00f3 la directriz emitida el 2 de julio de ese a\u00f1o, en la que la juez indic\u00f3 que respecto de la \u201ccesi\u00f3n de derechos (\u2026) se hab\u00eda resuelto desde los prove\u00eddos de 22 de marzo y 8 de mayo de 2018\u201d; no obstante, la falladora los desestim\u00f3 (1 oct.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n objet\u00f3 dicho labor\u00edo, pero la juez lo rechaz\u00f3 de plano \u201cpor falta de legitimaci\u00f3n para actuar\u201d (1\u00ba abr. 2022), directiva que rebati\u00f3 y aunque afirm\u00f3 que no se ha solucionado el recurso, ese medio impugnaticio \u201cperdi\u00f3 el sentido\u201d, porque se adjunt\u00f3 otro \u201ctrabajo partitivo de transacci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que \u201cexiste un error de derecho\u201d de la funcionaria querellada, al exigirle una \u201cescritura p\u00fablica\u201d para aceptar y tener en cuenta la \u201ccesi\u00f3n de derechos\u201d previamente consentida por Piedad P\u00e1jaro, porque va \u201cen contrav\u00eda de las normas sustantivas y adjetivas que regulan el tema\u201d. <\/p>\n
Dijo que, para ello, no se necesita \u201cformalidad alguna\u201d de conformidad con los art\u00edculos 1969 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 lo surtido en esa instancia. <\/p>\n
Piedad Alicia P\u00e1jaro Mart\u00ednez asever\u00f3 que otorg\u00f3 poder especial a la quejosa para que \u201cpreparara, presentara y elaborara los inventarios de la sociedad conyugal que deb\u00eda liquidarse, bajo la condici\u00f3n de que el juzgado aprobara mediante sentencia el trabajo de partici\u00f3n\u201d; sin embargo, aquella no cumpli\u00f3 con su encargo y, en ese orden, \u201cno puede pretender hacer exigibles unos honorarios por un trabajo que no realiz\u00f3\u201d. Por lo esbozado, se opuso al amparo, habida cuenta que la actora \u201cdeber\u00e1 acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para efecto de que intente que le sean reconocidos los honorarios proporcionales y acordes a las escasas, insuficientes o exiguas gestiones que realiz\u00f3 durante el corto tiempo que ejerci\u00f3 dicho mandato\u201d. <\/p>\n
De otra parte, mostr\u00f3 su inconformismo en torno al \u201cexorbitante cobro de $470\u2019000.000\u201d, el que tild\u00f3 de \u201cinconcebible (\u2026) a la luz del derecho y tarifas dadas a los abogados\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 la salvaguarda tras colegir que \u00abfrente a la determinaci\u00f3n de la autoridad judicial en cuanto a la exigencia de elevar a escritura p\u00fablica la cesi\u00f3n de derechos, reprochada por la actora; la acci\u00f3n de tutela deviene improcedente por cuanto no se satisface el requisito de inmediatez, pues aquella decisi\u00f3n se profiri\u00f3 en auto del 22 de marzo de 2018, recurrido en reposici\u00f3n resuelta en providencia del 8 de mayo del mismo a\u00f1o, esto es, hace aproximadamente 4 a\u00f1os, t\u00e9rmino que no resulta razonable, teniendo en cuenta la finalidad de este mecanismo constitucional. (\u2026) Y esa demora no se excusa en la confianza de la accionante en acceder al pago de sus honorarios en la partici\u00f3n, pues, lo cierto es que, tal como se rese\u00f1\u00f3, la decisi\u00f3n qued\u00f3 en firme desde el a\u00f1o 2018, al resolverse los recursos interpuestos; por lo que no hay justificaci\u00f3n para la actitud pasiva de la accionante, cuando, seg\u00fan sus consideraciones, evidenci\u00f3 un flagrante \u201cerror de derecho\u201d en aquella determinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el ruego se tornaba presuroso, toda vez que \u00abhay un recurso pendiente de resoluci\u00f3n al interior del proceso, escenario natural para atender esos reclamos, en cuanto a las objeciones propuestas por la accionante respecto de la no inclusi\u00f3n de sus honorarios como un pasivo en la liquidaci\u00f3n, tr\u00e1mite de competencia exclusiva del juez natural en primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que, \u00absi el prop\u00f3sito de la accionante era ventilar lo concerniente al pago de sus honorarios, contaba con la herramienta establecida en el ordenamiento jur\u00eddico para ello, el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que, seg\u00fan el inciso 2 del art\u00edculo 76 del CGP\u00bb; con todo, precis\u00f3 que la precursora aun \u00abcuenta con las acciones ante la jurisdicci\u00f3n laboral para presentar su reclamaci\u00f3n si no se logra la soluci\u00f3n o pago de la acreencia pretendida\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue opugnado por la peticionaria trayendo los argumentos del escrito primigenio, recalcando que el tribunal no abarc\u00f3 en su totalidad las situaciones e irregularidades que se evidenciaron, puesto que, de haberlo hecho, la decisi\u00f3n \u00abhubiese sido favorable y no desestimatoria (\u2026) porque el Juzgado 31 de Familia de Bogot\u00e1 ha incurrido en un error de derecho en sendas providencias\u00bb. <\/p>\n
Disinti\u00f3 de la \u00abinmediatez\u00bb atribuida por la Magistratura, por cuanto, en el auto de 8 de mayo de 2018 la togada al solventar el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d que propuso frente al emitido el 2 marzo de ese a\u00f1o, indic\u00f3 que \u00aben virtud de la transacci\u00f3n a la que han llegado las partes, se le aclara a la recurrente y a su apoderada que lo anterior no es \u00f3bice para desconocer la voluntad de PIEDAD ALICIA P\u00c1JARO MARTINEZ, reflejada en el acto en comento por lo que, al momento de elaborarse el trabajo partitivo (o como as\u00ed lo disponga el superior), deber\u00e1 incluirse la hijuela nombrada \u201cC) HIJUELA PARA EL PAGO DE HONORARIOS$ 470.000.000\u201d en los mismos t\u00e9rminos acordados por las partes en el escrito de transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo que quiere decir que, aun cuando la juez no repuso su postura, crey\u00f3 que con esas explicaciones \u00abel problema hab\u00eda quedado resuelto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ropero S\u00e1nchez controvierte, en lo medular, los interlocutorios expedidos en la \u00abliquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb (rad. 2013-00613), mediante los cuales el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 la inst\u00f3 para que aportara la \u201cescritura p\u00fablica\u201d a trav\u00e9s de la cual se materializ\u00f3 la \u201ccesi\u00f3n de derechos\u201d que realiz\u00f3 Piedad Alicia P\u00e1jaro Mart\u00ednez a su favor, por concepto de \u201chonorarios profesionales\u201d, sobre el 13% del fundo situado en la \u201cdiagonal 108\u00aa #1-52 de Bogot\u00e1, que fue avaluado en $2.521.903.501\u201d, el que hace parte del patrimonio a distribuir. <\/p>\n
No obstante, de los elementos de convicci\u00f3n allegados al paginario, muy pronto se anuncia que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de los pronunciamientos censurados (22 mar. y 8 may. 2018) y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (2 may. 2022), transcurrieron frente al primero cuatro (4) a\u00f1os, un (1) mes y diez (10) d\u00edas, y respecto al segundo tres (3) a\u00f1os y once (11) meses, es decir, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Sala como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, se ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n planteada, porque si la interesada se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, toda vez que la tutelante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su tardanza en acudir a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Huelga aclarar, frente a este punto que, si bien Ropero S\u00e1nchez en los argumentos de la impugnaci\u00f3n exculpa su demora para formular esta guarda, en que en el prove\u00eddo de 8 de mayo de 2018 la juez encargada aclar\u00f3 que \u00aben virtud de la transacci\u00f3n a la que llegaron las partes\u00bb, respetar\u00eda la voluntad reflejada en el numeral 1\u00ba, literal c de esa misiva, en el sentido de incluir en el \u00abtrabajo partitivo\u00bb la hijuela para el pago de honorarios por $470\u2019000.000, tal manifestaci\u00f3n no tiene asidero, en tanto que, en aquella oportunidad, hizo alusi\u00f3n a la \u00abtransacci\u00f3n\u00bb que se anex\u00f3 el 16 de enero de 2018 en los t\u00e9rminos all\u00e1 acordados, sin embargo, esta no fue aprobada por los juzgadores naturales y, en ese orden, se dispuso rehacerla con los par\u00e1metros dados. <\/p>\n
3.- S\u00famese a lo anterior, que para la fecha en la que la suplicante acudi\u00f3 a esta v\u00eda, a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite la actuaci\u00f3n criticada, pues impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n frente al auto que \u201crechaz\u00f3 de plano\u201d la objeci\u00f3n que elev\u00f3 -1\u00ba abr. 2022-, y el 5 de mayo hoga\u00f1o la falladora cognoscente no repuso la directriz, concediendo el remedio subsidiario en efecto devolutivo ante el superior, pendiente a\u00fan por definir. <\/p>\n
Esa particular incidencia, adicional a la identidad que existe entre las premisas que soportaron lo alegado y las aqu\u00ed esgrimidas por la petente, suponen un presuroso ejercicio de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
De ah\u00ed que, es claro que mientras no se desentra\u00f1e el mencionado medio impugnaticio no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, pues indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC13188-2021). <\/p>\n
Es por eso, que esta Corte ha predicado en forma reiterada que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC6904-2020, STC13188-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6806-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6806-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00405-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de mayo de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}