STC6807-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6807-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01887-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Mar\u00eda Gaviria George y Tatiana Mar\u00eda Valencia Gaviria contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras reclaman la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se ordene revocar las decisiones criticadas; y que se \u00abexpida una nueva sentencia donde observe las consideraciones realizadas por la Honorable Corte Constitucional\u2026, en especial aquellas referidas con la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, consagrado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en materia pensional\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Adriana Mar\u00eda Gaviria George y Tatiana Mar\u00eda Valencia Gaviria promovieron juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con miras a que se reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su familiar desde el 26 de noviembre de 2004, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n y las costas, descontando el valor cancelado por concepto de indemnizaci\u00f3n sustitutiva del retroactivo pensional. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medell\u00edn el que dict\u00f3 sentencia el 30 de octubre de 2017, en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. El 17 de agosto de 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y conden\u00f3 a la demandada al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n deprecada. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 16 de junio de 2021 la cas\u00f3 y confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2.4. Indicaron las accionantes que como el causante falleci\u00f3 el 26 de octubre de 2004 le era exigible el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumpli\u00f3, en tanto que no realiz\u00f3 cotizaciones en los 3 a\u00f1os anteriores a su deceso y no complet\u00f3 las 50 semanas requeridas. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1alaron que se consider\u00f3 que no era viable aplicar la retroactividad y el Acuerdo 049 de 1990; que se desconoci\u00f3 de forma categ\u00f3rica el precedente constitucional, concretamente la condici\u00f3n mas beneficiosa para el reconocimiento de la pensi\u00f3n, la que permit\u00eda aplicar el referido Acuerdo 049. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que la Corte Constitucional era un \u00f3rgano de cierre, por lo que era la encargada de determinar el alcance de los derechos fundamentales, empero, ello fue desconocido; y que se dej\u00f3 de lado el principio de favorabilidad y las expectativas leg\u00edtimas. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, pues la inobservancia de los referidos precedentes tuvo como consecuencia la inaplicaci\u00f3n de las normas y del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que al resolver la casaci\u00f3n explic\u00f3 las razones por las que la pensi\u00f3n reclamada deb\u00eda ser dirimida con base en la norma que se encontraba vigente al momento de la muerte del afiliado, esto es, el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumpli\u00f3 aquel; que la jurisprudencia actual hab\u00eda admitido que bajo el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplicara la norma inmediatamente anterior a la vigente del fallecimiento, por lo que solo se pod\u00eda acudir a la Ley 100 de 1993, presupuestos que tampoco se observaron; que no era v\u00e1lido aplicar la plusultractividad de la ley; que se explicaron los motivos que llevaban a la Sala a apartarse del criterio adoptado por la Corte Constitucional; que la providencia fue razonada; que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; y que las promotoras pretend\u00edan reabrir un debate en relaci\u00f3n con temas definidos en las instancias ordinarias y en casaci\u00f3n con miras a desconocerlos. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la sentencia de casaci\u00f3n criticada era razonable; que la jurisprudencia actual permit\u00eda que bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplicara la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, por lo que solo se pod\u00eda acudir a la Ley 100 de 1993, que no al Acuerdo 049 de 1990, sin que fuera viable buscar legislaciones que se ajustaran a sus condiciones particulares; que el gestor no cotiz\u00f3 26 semanas anteriores a la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003, ni 26 semanas en el a\u00f1o anterior a su fallecimiento y tan solo complet\u00f3 en toda su vida laboral 403, 71 semanas; que tampoco era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la mencionada Ley 100 de 1993; que la decisi\u00f3n se adecuaba a los par\u00e1metros legales, jurisprudenciales y probatorios aportados al diligenciamiento; y que la tutela no era una herramienta jur\u00eddica complementaria, ni una instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las accionantes impugnaron la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no pretend\u00edan revivir un debate decidido; que se segu\u00eda incurriendo en un defecto sustantivo por inobservar los precedentes de la Corte Constitucional; y que algunas decisiones en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes hab\u00edan sido revocadas por situaciones de vulnerabilidad como las que ellas ten\u00edan. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026por regla general, el derecho a la prestaci\u00f3n pensional reclamada debe ser dirimido con base en la norma que se encuentra vigente al momento de la muerte. Lo anterior tiene su raz\u00f3n de ser en que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. <\/p>\n
El art\u00edculo 16 del CST impone la obligaci\u00f3n de aplicar los nuevos preceptos que regulan situaciones jur\u00eddicas de car\u00e1cter general desde su vigencia, ello sin afectar los derechos adquiridos; estos \u00faltimos no se afectan cuando un afiliado fallece en vigencia de una disposici\u00f3n legal vigente y no cumple los requisitos previstos por ella, pues, en tal evento, ten\u00eda ya una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada que puede preservar, lo que no acontece en el presente evento. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Corte ha reiterado que \u00abla regla general es la de que la contingencia est\u00e1 cobijada por la norma de seguridad social de la prestaci\u00f3n pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia, esto es, para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la que est\u00e1 en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado\u00bb (CSJ SL4650-2017). <\/p>\n
De ah\u00ed que, al haber ocurrido el deceso del afiliado el d\u00eda 26 de octubre de 2004, la disposici\u00f3n que rige el asunto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumpli\u00f3, pues, es un hecho indiscutido que no realiz\u00f3 cotizaciones durante los tres a\u00f1os anteriores a su deceso y, por ende, no complet\u00f3 las 50 semanas requeridas, seg\u00fan lo determin\u00f3 el juez de alzada y no es controvertido por la parte interesada. <\/p>\n
La jurisprudencia actual de la Sala \u00fanicamente ha admitido que bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplique la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, y bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. As\u00ed, si la muerte ocurri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003 solo puede acudirse, con la observancia de los requisitos necesarios, a la Ley 100 de 1993, mas no al Acuerdo 049 de 1990, tal y como pasa a explicarse: <\/p>\n
La Corte en su funci\u00f3n de unificar la jurisprudencia ha analizado la viabilidad de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa trat\u00e1ndose de pensiones de sobrevivientes, en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, y ha precisado que dicho postulado tiene las siguientes caracter\u00edsticas\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, es viable la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa trat\u00e1ndose de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el tr\u00e1nsito entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, cuando la muerte ocurre dentro de la vigencia de esta \u00faltima disposici\u00f3n, pero bajo el cumplimiento de determinadas reglas y condiciones. <\/p>\n
Con tal norte, en el presente caso no era v\u00e1lido aplicar la plusultractividad de la ley como lo hizo el Tribunal, esto es, hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones a fin de determinar cu\u00e1l podr\u00eda ajustarse a las condiciones particulares o cu\u00e1l resultaba ser m\u00e1s favorable a las circunstancias personales del asegurado, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. As\u00ed las cosas, le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente en punto a que el Tribunal no pod\u00eda aplicar los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990 para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes deprecada. <\/p>\n
Sobre el particular, en providencia CSJ SL, 9. dic. 2008, rad. 32642, reiterada en CSJ SL18545-2016, CSJ SL4236-2017 y CSJ SL2111-2018, entre otras, la Corte explic\u00f3: <\/p>\n
En otras palabras, no es admisible aducir, como par\u00e1metro para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en alg\u00fan momento pret\u00e9rito en que se ha desarrollado la vinculaci\u00f3n de la persona con el sistema de la seguridad social. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio hist\u00f3rico, a fin de encontrar alguna otra legislaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la Ley 100 de 1993 que haya precedido \u2013a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos \u201cplusultractivos\u201d, que resquebraja el valor de la seguridad jur\u00eddica. He all\u00ed la raz\u00f3n por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32642). (subrayado fuera del texto original). <\/p>\n
En un caso reciente, la Sala insisti\u00f3 en que trat\u00e1ndose de un afiliado fallecido en vigencia de la Ley 797 de 2003 no se pod\u00eda aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pues el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no permite realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la m\u00e1s ventajosa para el caso particular, de ah\u00ed que, en la aplicaci\u00f3n del referido principio solo es v\u00e1lido acudir a la disposici\u00f3n que reg\u00eda inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable al momento del deceso. En efecto, as\u00ed razon\u00f3\u2026 <\/p>\n
Esta postura ha sido reiterada en providencias CSJ SL4559-2019, CSJ SL 5611-2019, CSJ SL5196-2019, CSJ SL142-2020, CSJ SL379-2020 y CSJ SL1850-2020. <\/p>\n
En concordancia con lo precedente, no le asisti\u00f3 raz\u00f3n al Tribunal al aplicar directamente el Acuerdo 049 de 1990 y, por ende, al reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes con fundamento en tal normativa. <\/p>\n
Aunado a lo dicho, la Sala en providencia CSJ SL1884-2020 expuso los motivos que la llevaban a apartarse del criterio adoptado por la Corte Constitucional en decisi\u00f3n CC SU05-2018. Para el efecto, explic\u00f3 que el precedente en vigor, esto es, el que se deriva de las providencias de acciones de tutela, si bien en principio tiene fuerza vinculante, es v\u00e1lido que el juez se aparte de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales, dados los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos. <\/p>\n
En tal sentido, esta corporaci\u00f3n explic\u00f3 de forma sustentada y razonada los argumentos que la llevaban a apartarse del criterio expuesto por la Corte Constitucional, al estimar que su decisi\u00f3n significaba la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, imponiendo reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, lo que afectaba la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n desconoc\u00eda los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, argument\u00f3 que la aplicaci\u00f3n ultractiva de las normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, como lo aval\u00f3 la Corte Constitucional, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, estabilidad y las proyecciones financieras del sistema pensional. Todo lo anterior, claramente descarta que el presente caso pueda resolverse directamente bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, como lo persigue la parte recurrente. <\/p>\n
La Corte fundament\u00f3 su decisi\u00f3n (CSJ SL1884-2020) as\u00ed\u2026 <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, en el sub lite no es posible acudir a los requisitos previstos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990, dado que no es v\u00e1lido realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica a fin de encontrar la norma que le resulte favorable, so pena de afectar la estabilidad financiera del sistema, la seguridad jur\u00eddica, la eficacia de las reformas introducidas por el legislador, con un claro desconocimiento de las reglas de aplicaci\u00f3n en el tiempo de las normas de seguridad social. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, siguiendo la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte vigente a esta fecha, a la que imperiosamente est\u00e1 sometida esta colegiatura en virtud de lo previsto por la Ley 1781 de 2016, por medio de la cual se modificaron los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, la Sala concluye que el Tribunal err\u00f3 al conceder la pensi\u00f3n bajo el amparo de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y con fundamento en las previsiones del Acuerdo 049 de 1990\u2026 <\/p>\n
Y en sentencia de instancia, precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026Conforme qued\u00f3 definido en sede de casaci\u00f3n, no es posible <\/p>\n
como lo pretende la parte apelante – otorgar la pensi\u00f3n en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y con fundamento en los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, en la medida que la muerte del se\u00f1or Valencia Arroyave ocurri\u00f3 el 26 de octubre de 2004, esto es, en vigencia de la Ley 797 de 2003 y, por ende, la norma inmediatamente anterior no es el referido Acuerdo sino la Ley 100 de 1993. Adem\u00e1s, all\u00ed tambi\u00e9n quedaron claras las razones por las cuales esta corporaci\u00f3n se aparta del criterio de la Corte Constitucional, cumpliendo as\u00ed con el deber de transparencia y argumentaci\u00f3n suficiente. <\/p>\n
Ahora, tal y como se precis\u00f3 en sede casacional, es viable la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa trat\u00e1ndose de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el tr\u00e1nsito entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, cuando esta se estructura dentro de la vigencia de esta \u00faltima disposici\u00f3n, pero bajo el cumplimiento de determinadas reglas. <\/p>\n
En efecto, en decisi\u00f3n CSJ SL4650-2017 se defini\u00f3 que solo es posible diferir los efectos de la Ley 797 de 2003 hasta el 29 de enero de 2006, es decir, por tres a\u00f1os; t\u00e9rmino que estim\u00f3 razonable, proporcional y favorable para aquellas personas que ten\u00edan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo y, por ende, deb\u00eda protegerse. <\/p>\n
Tal circunstancia no resulta caprichosa, pues la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede tener una permanencia indefinida e ilimitada en el tiempo porque ello generar\u00eda que el cambio dispuesto por el legislador resultara vano o in\u00fatil, lo que adem\u00e1s implicar\u00eda el desconocimiento de la obligatoriedad del ciudadano de pertenecer al sistema y cumplir con las cotizaciones establecidas o requeridas en la ley vigente. <\/p>\n
Con ese horizonte, el l\u00edmite temporal impuesto tiene raz\u00f3n de ser en que no puede convertirse en un obst\u00e1culo del cambio normativo y de adecuaci\u00f3n de los preceptos a una realidad social y econ\u00f3mica diferente, dado que la naturaleza del sistema general de pensiones es din\u00e1mico y no est\u00e1tico; asimismo, la Sala puntualiz\u00f3 que la aplicaci\u00f3n del mencionado principio es excepcional y, por lo tanto, tiene car\u00e1cter temporal y restrictivo. <\/p>\n
En este caso, el requisito referido se cumple, en la medida que el afiliado falleci\u00f3 el d\u00eda 26 de octubre de 2004, esto es, antes del 29 de enero de 2006; sin embargo, no se satisfacen las otras condiciones, situaci\u00f3n que impide acceder al reconocimiento pensional bajo la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda referida. <\/p>\n
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede al fallecimiento. <\/p>\n
Al respecto la Corte encuentra que el se\u00f1or Valencia Arroyave no cotiz\u00f3 26 semanas en el a\u00f1o anterior a la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2002 \u2013 29 de enero de 2003) ni 26 semanas en el a\u00f1o anterior al fallecimiento (26 de octubre de 2003 \u2013 23 de octubre de 2004), como quiera que seg\u00fan su historia laboral \u00fanicamente cotiz\u00f3 hasta el 4 de agosto de 1992 (f.os 90, 122 a 126). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tampoco es viable conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes a las reclamantes bajo la aplicaci\u00f3n de la Ley 100 de 1993, aunque por las razones previamente indicadas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la pensi\u00f3n tampoco podr\u00eda reconocerse conforme al par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, porque el afiliado tan solo complet\u00f3 en toda su vida laboral 403,71 semanas para pensi\u00f3n de vejez, seg\u00fan la historia laboral aportada por la demandada al proceso\u2026 <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Sala ha considerado que cuando el mencionado par\u00e1grafo primero establece la posibilidad de acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el evento de que el afiliado haya cotizado el n\u00famero de semanas m\u00ednimo requerido en el r\u00e9gimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, se refiere a los requisitos para la pensi\u00f3n de vejez prevista en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, los cuales en el sub lite el afiliado no cumpli\u00f3 en raz\u00f3n de la densidad total de cotizaciones (403,71semanas), ya que para la fecha de su deceso, con base en esta disposici\u00f3n, se requer\u00edan 1000. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n ha estimado que trat\u00e1ndose de una persona beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplican aquellas normas que reg\u00edan su situaci\u00f3n pensional para cuando entr\u00f3 en vigencia el sistema general de pensiones, por lo que, para establecer si el afiliado dej\u00f3 causada tal acreencia, es factible acudir al Acuerdo 049 de 1990 para verificar el cumplimiento de los aportes necesarios, a fin de constatar si estructur\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Al respecto, el se\u00f1or Valencia Arroyave no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto por el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 porque al 1 de abril de 1994 contaba con 29 a\u00f1os de edad \u2013 naci\u00f3 el 19 de abril de 1964 (f.\u00b0 17)- y no ten\u00eda 15 a\u00f1os de servicios o cotizaciones, raz\u00f3n por la cual no es factible acudir al Acuerdo 049 de 1990 para verificar el cumplimiento de las cotizaciones para la pensi\u00f3n de vejez, bajo el amparo de tal normativa. <\/p>\n
En consecuencia, le asisti\u00f3 raz\u00f3n al juzgador de primera instancia al negar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, por lo que se confirmar\u00e1 \u00edntegramente la sentencia de primer grado\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de las peticionarias no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantearon las tutelantes es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 6 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6807-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6807-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01887-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}