STC6810-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6810-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01656-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Esther y Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez; Hern\u00e1n y Juan Francisco Barrera Prada, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la causa que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abimparcialidad del juez\u00bb, defensa y presunci\u00f3n de inocencia, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidieron que \u00abse deje sin efectos jur\u00eddicos la sentencia\u2026 de 29 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3, en favor de Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero y Emilse de Jes\u00fas Royero Le\u00f3n, solicitud de la especialidad sobre los predios \u00abdenominados \u201cSanta Helena\u201d (FMI 226-219), \u201cVida Tranquila\u201d (FMI 226-12334), \u201cLa uni\u00f3n\u201d (FMI 226- 12723), \u201cCasi M\u00edo\u201d (FMI 226-19777) y \u201cCasi M\u00edo II\u201d (FMI 226-18810)\u00bb, tr\u00e1mite en el que formularon oposici\u00f3n, entre otros, Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Esther y Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez; Hern\u00e1n y Juan Francisco Barrera Prada. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2021, la sede judicial acusada ampar\u00f3 \u00abel derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras invocado por Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero y Emilse De Jes\u00fas Royero Le\u00f3n sobre los predios denominados \u201cSanta Helena\u201d (FMI 226-219), \u201cVida Tranquila\u201d (FMI 226-12334), \u201cLa uni\u00f3n\u201d (FMI 226-12723), \u201cCasi M\u00edo\u201d (FMI 226-19777) y \u201cCasi M\u00edo\u201d (FMI 226-18810)\u00bb, por lo que reconoci\u00f3 \u00abla compensaci\u00f3n por equivalente y como consecuencia de ello se orden[\u00f3] al Fondo de la UAEGRTD, entregar\u2026 inmuebles de similares condiciones a los que son objeto de restituci\u00f3n en este proceso y en su defecto la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Adicionalmente, declar\u00f3 \u00abinfundadas\u00bb las oposiciones formuladas, as\u00ed como tambi\u00e9n el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa y la calidad de ocupantes secundarios, que esgrimieron los opositores, por lo que se neg\u00f3 la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que aquellos solicitaron. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los promotores del resguardo que la sentencia atacada \u00abviol\u00f3 las formas propias del juicio de Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de tierras en el marco la Ley 1448 de 2011, por no fundar la decisi\u00f3n en la id\u00f3nea valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso\u00bb, comoquiera que \u00abno [se] logr[\u00f3] demostrar la supuesta coacci\u00f3n, amenaza o constre\u00f1imiento por parte de\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera sobre\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a, que como consecuencia vicie el consentimiento en los negocios jur\u00eddicos celebrados sobre los predios\u00bb objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Agregaron que el Tribunal acusado \u00abincurre en una err\u00f3nea valoraci\u00f3n de las declaraciones rendidas por Emilse de Jes\u00fas Royero Le\u00f3n\u00bb, toda vez que \u00abtiene por hechos probados dos declaraciones que se fundan m\u00e1s en la especulaci\u00f3n, indicios y presunciones que en la verdad procesal de los hechos\u00bb; y que \u00abno [tuvo] en cuenta las declaraciones de Pablo Osorio, Jorge Tob\u00edas, Gabino Mora, Lederman Maestre, Tomas Campo, Julio Mugno, Jorge Agudelo, Julio Gil, Gustavo Bayter, Carlos Palmera y Nelson Eljadue\u2026\u00bb, quienes declararon que \u00abla venta de los inmuebles \u201c\u2026tuvo como causa\u2026 sus deudas con entidades financieras y que con ocasi\u00f3n de ello propuso las fincas a varias personas, descartando con ello una relaci\u00f3n de la venta con el conflicto armado\u2026\u201d evidenciando la ausencia de coacci\u00f3n o amenaza por parte de\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera a Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, destac\u00f3 que \u00abno se desminti\u00f3 que se hubiera realizado esta compraventa en raz\u00f3n de las deudas adquiridas por el [solicitante] Pi\u00f1a y no se prob\u00f3 adecuadamente el supuesto menosprecio que se pag\u00f3 por los terrenos\u2026\u00bb; y que el despacho judicial enjuiciado \u00abfund\u00f3 su decisi\u00f3n\u2026 en las presunciones del art\u00edculo 77 y 78 de la Ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta los supuestos normativos para dar lugar a estas presunciones, revirti\u00f3 la carga de la prueba de una manera err\u00f3nea y bas\u00f3 su decisi\u00f3n en indicios e hip\u00f3tesis que no tuvieron la posibilidad de comprobar\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor e inst\u00f3 a rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL CONVOCADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) precis\u00f3 que \u00abaparece demostrado que [los] derechos fundamentales [que invocaron los accionantes] no han sido vulnerados por parte de la\u2026 SAE\u2026, ya que\u2026 ha obrado siempre con apego a la ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras expres\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues\u2026 la problem\u00e1tica expuesta por la accionante gira en torno a hechos y solicitudes que no son de [su] competencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resalt\u00f3 que \u00abno incurri\u00f3 en defecto factico pues lejos de carecer de un apoyo probatorio para la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en que se sustenta la decisi\u00f3n, tuvo en cuenta todos los elementos de convicci\u00f3n allegados al proceso en forma oportuna por los solicitantes y los poseedores\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abincurri\u00f3 en defecto sustantivo pues lejos de fundar la decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable, dio aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el legislador en los art\u00edculos 77 y 78 de la ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abhabida cuenta que no tiene injerencia en\u2026 los presuntos hechos transgresores de los derechos de la parte actora\u00bb, toda vez que la inconformidad de la parte actora \u00abse centra en que el operador judicial accionado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al no valorar en debida forma las pruebas obrantes en el expediente judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abpor cuanto esta entidad\u2026 no es competente para conocer de las pretensiones formuladas por la accionante, as\u00ed como tampoco ha vulnerado ni amenazado vulnerar derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
7. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor falta de competencia\u00bb, toda vez que \u00abcarece de competencia en el tema del litigio\u00bb. <\/p>\n
8. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2. En el entendido de que los reproches est\u00e1n enfilados frente a la sentencia de 29 de noviembre de la anualidad anterior, proferida por el Tribunal encartado dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras objeto de censura constitucional, dispone esta Corte emprender el estudio supralegal pertinente a dicho veredicto. <\/p>\n
3. As\u00ed, se anticipa la improsperidad del amparo aclamado, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, en aquella providencia, el Tribunal acusado se\u00f1al\u00f3 que el \u00abproblema jur\u00eddico\u00bb por desatar se contra\u00eda a determinar \u00absi por hechos asociados al conflicto armado\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero y Emilse Royero Le\u00f3n, son v\u00edctimas de desplazamiento forzado y\/o despojo y si como consecuencia de ello procede el amparo del derecho fundamental a la Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
Luego, condens\u00f3 algunas generalidades de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y rese\u00f1\u00f3 sus presupuestos espec\u00edficos, con apoyo, especialmente, en la Ley 14481 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional2. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, rese\u00f1\u00f3 el \u00abcontexto de violencia en el departamento de Magdalena\u00bb, tras lo cual analiz\u00f3 la \u00abcondici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes\u00bb, presupuesto que encontr\u00f3 demostrado el Tribunal criticado, aspecto sobre el que destac\u00f3 el relato efectuado por los peticionarios, conforme al cual fueron objeto de m\u00faltiples amenazas por parte de los grupos armados que operaban en la regi\u00f3n en la que se encuentran ubicados los bienes objeto del juicio criticado, circunstancias que los obligaron a vender tales bienes, as\u00ed como tambi\u00e9n esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
Examinada la declaraci\u00f3n de los solicitantes, se encuentra tambi\u00e9n en el expediente copia del proceso penal No. 84307 (\u2026), adelantado con ocasi\u00f3n de la denuncia presentada por\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero y Emilse Royero Le\u00f3n, el d\u00eda 11 de febrero de 2008 (\u2026) contra\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, por los delitos de extorsi\u00f3n, terrorismo, conformaci\u00f3n de grupos paramilitares y desplazamiento. En dicha denuncia se expusieron todos y cada uno de los hechos que relat\u00f3\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a en la declaraci\u00f3n judicial recibida en este proceso\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En igual sentido, obra la declaraci\u00f3n de Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero del 11 de mayo de 2009 ante la Fiscal\u00eda 3\u00aa Delegada ante Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Valledupar\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Como bien se observa\u2026, Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero ratific\u00f3 en su declaraci\u00f3n judicial de 2019, todos los hechos denunciados en 2008 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pues ambas versiones se muestran uniformes y concordantes. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, dentro de dicho proceso penal se profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n inhibitoria de 2 de abril de 2012 emitida por la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Santa Marta dentro del radicado No. 84307 (\u2026), a favor de Juan Francisco Barrera y otros por el delito de desplazamiento forzado y otros hechos. En esta resoluci\u00f3n se expres\u00f3 que no hab\u00eda lugar a declarar la existencia de una conducta punible pues no se hab\u00eda logrado demostrar la coacci\u00f3n que alegaba\u2026 Pi\u00f1a Quintero e incluso se lleg\u00f3 a justificar la conducta de\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Seg\u00fan certificaci\u00f3n de 24 de mayo de 2018 expedida dentro de ese proceso penal, esta resoluci\u00f3n inhibitoria se encuentra debidamente ejecutoriada (\u2026). Sin embargo, esta decisi\u00f3n no constituye cosa juzgada de tal manera, que no representa ning\u00fan precedente judicial vinculante en este asunto. <\/p>\n
En efecto, indic\u00f3 el solicitante Julio Pi\u00f1a Quintero que luego de su secuestro por parte de la guerrilla de las FARC aproximadamente en el a\u00f1o 1995 empez\u00f3 a ser extorsionado y perturbado en sus actividades de ganader\u00eda por parte de\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, conocido tambi\u00e9n con el alias de \u201cChepe Barrera\u201d y en atenci\u00f3n a tantos actos hostigamiento que tornaban inviable la permanencia en el inmueble decidi\u00f3 ofrecerlos en venta, para lo cual dice haber recibido la oferta de un se\u00f1or llamado Jorge Agudelo pero no la acept\u00f3 en atenci\u00f3n al monto ofrecido. Sin embargo, luego dice haber sido visitado por\u2026 Hugo Oviedo quien le manifest\u00f3 que\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz hab\u00eda decidido adquirir el inmueble, fijando el precio de manera unilateral. Ocurrido esto, manifiesta haber suscrito en una primera ocasi\u00f3n una promesa de compraventa y luego la respectiva escritura p\u00fablica de compraventa, entregando de manera inmediata los predios. A su salida dice haber sido amenazado por el mismo Chepe Barrera para que no siguiera denunciando el despojo del que hab\u00eda sido v\u00edctima. <\/p>\n
Verificando lo anteriormente expuesto por los actores, se encuentra el contrato de promesa de compraventa celebrado el d\u00eda 28 de febrero de 2000 entre Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero en calidad de promitente vendedor y\u2026 Juan Francisco Barrera Prada en calidad de promitente comprador, sobre los predios Santa Elena, La Lomita, Vida Tranquila, Casi Mio y La Uni\u00f3n, ubicados en Santa Ana, Magdalena (\u2026). <\/p>\n
De igual modo se encuentra la Escritura Publica No. 268 de 11 de noviembre de 2003 otorgada ante la Notar\u00eda \u00danica de Ariguan\u00ed, contentiva del contrato de compraventa celebrado entre Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero y Emilse Royero Le\u00f3n en calidad de vendedores y\u2026 Margarita Barrera Ortiz, Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Jorge Barrera \u00c1lvarez, Juan Francisco Barrera Prada, Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez, Esther Barrera \u00c1lvarez, Hern\u00e1n Barrera Prada y Martha Roc\u00edo Barrera Prada, sobre el dominio de los inmuebles Vida Tranquila, Santa Elena, La Uni\u00f3n, Casi Mio, ubicados en Santa Ana, los cuales pasar\u00edan a formar un solo inmueble denominado La Lomita (\u2026). <\/p>\n
Dicho esto, es importante mencionar que las personas que figuran como adquirentes en citado negocio jur\u00eddico ostentan una relaci\u00f3n de parentesco o cercan\u00eda con\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, conocido como \u201cChepe Barrera\u201d. <\/p>\n
En cuanto a uno de los compradores, esto es\u2026, Juan Francisco Barrera Prada, se encuentra en el expediente la versi\u00f3n libre que rindi\u00f3 el d\u00eda 27 de abril de 2009 ante la Fiscal\u00eda 2\u00aa Delegada ante el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Santa Marta (\u2026), en la cual expres\u00f3: <\/p>\n
\u2026 PREGUNTADO: \u00bfUsted perteneci\u00f3 o no a alg\u00fan grupo de autodefensas\u2026? CONTEST\u00d3: S\u00ed yo pertenec\u00eda a un grupo de autodefensas del sur de Magdalena\u2026 <\/p>\n
De igual modo, en su declaraci\u00f3n judicial\u2026 Juan Francisco Barrera Prada, dio m\u00e1s detalles acerca del nacimiento de este grupo paramilitar al cual dijo pertenecer\u2026 Juan Francisco Barrera Prada, aunque en esta ocasi\u00f3n niega haber hecho parte de alg\u00fan grupo al margen de la ley: <\/p>\n
PREGUNTA: para esa \u00e9poca en que se hace la negociaci\u00f3n con el se\u00f1or Pi\u00f1a, ustedes\u2026sus hermanos, su padre, ejerc\u00edan alguna presi\u00f3n con grupos al margen de la Ley para\u2026con relaci\u00f3n a las personas que se encontraban habitando alrededor de esa zona. RESPUESTA: No se\u00f1ora, para nada\u2026 para nada\u2026 si bien es cierto que\u2026 que\u2026 ya para esa \u00e9poca\u2026a\u00f1os 95-96-97\u2026por inclusive iniciativa del mismo gobierno nacional de la \u00e9poca administraci\u00f3n Samper\u2026 Ministro de\u2026 de Defensa el doctor Botero Zea y Ministro del Interior\u2026 o Interior o Gobierno no s\u00e9 c\u00f3mo se llamaba en esa \u00e9poca el doctor\u2026senador este santandereano Cerpa\u2026a\u2026 lanzaron una campa\u00f1a a nivel nacional, eso no lo hicieron nada m\u00e1s para nosotros, fue a nivel nacional para que los ganaderos cre\u00e1ramos unos sistemas de cooperativa de seguridad\u2026privados, pero con unos m\u00e1rgenes, unas formas de actuar mucho m\u00e1s amplios que las\u2026 que la\u2026 los sistemas de seguridad que\u2026que tradicionalmente existen privados, eso inclusive estaba supervisado por la Superintendencia de Vigilancia Privada, que consist\u00eda en crear unas cooperativas y el Estado les vend\u00eda unas armas para que esas armas se usaran en un territorio determinado, no era para uso por ejemplo de todo el territorio nacional, era para uso determinado. Esas armas se pod\u00edan portar y usar para la propia defensa, eso lo\u2026 lo\u2026lo promovi\u00f3 el mismo Estado y lo hac\u00eda en esa \u00e9poca porque la lucha contra la subversi\u00f3n al Estado le estaba quedando grande\u2026. No\u2026no daban abasto para garantizarle la vida, honra y bienes a todos los colombianos, entonces desde el mismo Estado nace la creaci\u00f3n de los CONVIVIRES (sic)\u2026 (\u2026) en esa \u00e9poca nosotros creamos ese CONVIVIR. Ese CONVIVIR funcion\u00f3 como dos a\u00f1os, lo lideraba un se\u00f1or Botero y bueno, las armas eso\u2026 despu\u00e9s dictaron una resoluci\u00f3n donde recog\u00edan las armas autom\u00e1ticas y hubo que entregarlas, en esa \u00e9poca el se\u00f1or Botero pues recogi\u00f3 todas esas armas, se las llev\u00f3 nuevamente para Bogot\u00e1, a nosotros el \u2026 a nosotros el Botero nos hab\u00eda asignado como 5 armas como de veintipico que le vendieron a ese grupo, \u00e9l ten\u00eda otras y entre su familia estaban las otras distribuidas\u2026 esto\u2026 recogieron eso, despu\u00e9s ya le quitaron la licencia esa de funcionamiento y se acab\u00f3 el CONVIVIR pero los problemas con la guerrilla continuaron o mejor arreciaron\u2026\u201d (\u2026) \u201c\u2026nosotros s\u00ed viv\u00edamos dentro de la regi\u00f3n, mi pap\u00e1\u2026mi mam\u2026 yo\u2026 mi esposa, viv\u00edamos ah\u00ed, mi se\u00f1ora en esa \u00e9poca, nosotros viv\u00edamos en las fincas, ni si quiera en las cabeceras de los pueblos, entonces hubo la necesidad de uno armarse y ante esas situaciones ya de tomas guerrilleras a escasos\u2026 una hora en carro, ya el conocimiento de que\u2026 penetraban la regi\u00f3n por los lados del r\u00edo Magdalena\u2026por la zona de un Municipio que queda en Bol\u00edvar que se llama C\u00f3rdoba, hac\u00edan el cruce y entraban a unos corregimientos de Plato, aleda\u00f1os tambi\u00e9n a la zona nuestra, ya las guerrillas estaban demasiado cerca, entonces ya hubo la necesidad de armarnos, pero para protegernos nosotros de gente armada que viniera a atentar contra nosotros, entonces ten\u00edamos gente armada era ah\u00ed en la\u2026en la finca, alrededor de la finca, no se usaba eso para ampliarse a otras regiones, inclusive del mismo Municipio, era \u00fanicamente para cuidarnos nosotros, nuestra vida, nuestros bienes, cuidar nuestras fincas, nunca hubo presi\u00f3n contra ning\u00fan ganadero, ni contra Julio Pi\u00f1a, ni contra ning\u00fan otro ganadero para nada, ni para que vendiera tierras, ni para que comprara, ni para que hiciera esto o aquello o\u2026 en el tema pol\u00edtico por ejemplo que votaran por alguien o no\u2026 no, jam\u00e1s hubo nada de eso, esa gente que\u2026 que\u2026 que se mantuvo armada, era para la defensa \u00fanicamente de nosotros, del n\u00facleo familiar, de nuestras propiedades\u2026esos\u2026esas personas que se mantuvieron armadas no eran personas que permanecieran todo el tiempo en armas como normalmente lo hace un ej\u00e9rcito, esos eran los mismo trabajadores de la finca, el mismo tractorista, el mismo machetero, el mismo jornalero, el mismo vaquero, que cuando hab\u00eda la informaci\u00f3n de que posiblemente se hab\u00edan visto alg\u00fan tipo de movimiento de gente armada, mi pap\u00e1 tra\u00eda las armas de donde \u00e9l las manten\u00eda guardadas y la gente las ten\u00eda cuando se disipaba esa informaci\u00f3n, que no que ya no hubo nada, que ya no se vio m\u00e1s nada 8 d\u00edas, 5 d\u00edas, 10 d\u00edas\u2026 volv\u00eda mi pap\u00e1 y recog\u00eda sus armas y las guardaba y se quedaba \u00fanicamente con unas armas que ten\u00eda con salvoconducto, escopeta, pistola, revolver que ten\u00eda con salvoconducto, eran las armas que \u00e9l usaba permanentemente, pero esa gente eran personas de ah\u00ed mismo de la regi\u00f3n que nunca se\u2026se usaron para amedrentar, para amenazar, para\u2026 a alguien de la regi\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan\u2026 Juan Francisco Barrera Prada, el grupo armado del cual formaba parte \u00e9l y su padre Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, no tuvo alcances distintos al territorio que comprend\u00edan los inmuebles rurales de su propiedad. <\/p>\n
Sin embargo, cuesti\u00f3n distinta es lo que se desprende de las bases de datos de autoridades como la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que en Informe de fecha 21 de mayo de 2012 rendido dentro del proceso penal de radicaci\u00f3n No. 88.426 (\u2026). <\/p>\n
De igual manera, en el documento denominado \u201cHoja de Vida Desmovilizado No. 37\u201d (\u2026) se hace referencia a\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, como Comandante del \u201cBloque Sur del Magdalena e Isla San Fernando\u201d, cuyo domicilio es la finca Las Mercedes, corregimiento de Los Andes, municipio de Nueva Granada, Magdalena\u2026 <\/p>\n
Seguido a ello, en el informe se realiza un esquema de la estructura de mando en la organizaci\u00f3n, se\u00f1al\u00e1ndose\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, como comandante; Juan Francisco Barrera Prada como comandante pol\u00edtico; Hugo Santander Oviedo Mu\u00f1oz alias \u201cm\u00f3vil 05\u201d como comandante militar; Damaris C\u00f3rdoba como comandante financiero y Jorge Barrera \u00c1lvarez, encargado de la seguridad del comandante general \u201cChepe Barrera\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese que dentro de la estructura de mando del grupo paramilitar de \u201cChepe Barrera\u201d que estuvo activo hasta 2004, se encuentran dos de sus hijos, llamados Juan Francisco Barrera Prada y Jorge Barrera \u00c1lvarez, quienes a su vez figuran como adquirentes en 2003 de los predios reclamados por el se\u00f1or Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero. <\/p>\n
De otro lado, dentro de las fuentes de financiaci\u00f3n se encuentran las siguientes: I) Cobro de vacunas a ganaderos y agricultores; II) Extorsiones; III) Contratos con los Municipios; IV) Compra de fincas a desplazados; V) Compra y venta de combustibles; VI) Compra y venta de semovientes. Y dentro de los delitos que se atribuyen a esa organizaci\u00f3n se menciona desaparici\u00f3n forzada, desplazamiento forzado, homicidios, usurpaci\u00f3n de tierras y otros. <\/p>\n
Como bien se observa, contrario a lo manifestado por\u2026 Juan Francisco Barrera Prada en su declaraci\u00f3n judicial recibida en este proceso, el grupo armado conformado por \u00e9l y su padre s\u00ed contaba con alcances por fuera de las fincas de su propiedad e incluso, por varios municipios del departamento de Magdalena. <\/p>\n
Incluso, es un hecho notorio a nivel nacional e internacional la condici\u00f3n de Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz como miembro fundador de un grupo paramilitar activo para la \u00e9poca en que\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero vendi\u00f3 los inmuebles que ahora reclama en este proceso. De igual manera, queda claro que de este grupo armado hicieron parte sus hijos Juan Francisco Barrera Prada y Jorge Barrera \u00c1lvarez. <\/p>\n
Teniendo en cuenta todo lo expuesto en apartes anteriores considera esta Sala en primer lugar que la pertenencia de dos de las personas a quien Julio Pi\u00f1a Quintero y Emilse Royero vendieron sus predios en 2003, esto es, Juan Francisco Barrera y Jorge Barrera \u00c1lvarez, al grupo armado de \u201cCHEPE BARRERA\u201d, el cual se encontraba activo para la \u00e9poca de venta, torna razonable la injerencia de esa organizaci\u00f3n en la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo, si\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero aleg\u00f3 haber sentido temor por la exigencia de Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz y se tiene adem\u00e1s que dicha alegaci\u00f3n se produce respecto de una \u00e9poca y lugar en que viene reconocido por parte de las autoridades un contexto de violencia en el cual los citados se\u00f1ores eran reconocidos como actores armados, es posible insertar tal hecho en el marco del conflicto armado que imperaba en la zona\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, no es posible desconocer la presencia de grupos armados al margen de la ley \u2013 espec\u00edficamente el comandado por Chepe Barrera \u2013 en la zona donde se encuentran ubicados los predios Santa Elena, Vida Tranquila, La Uni\u00f3n, Casi Mio y Casi Mio (2) y por ello, es posible dar credibilidad a lo narrado por\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a en cuanto a la venta forzada propiciada por Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz. <\/p>\n
De otro lado, es importante recordar que la prueba de un elemento subjetivo como el miedo que pudo haber sentido\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a, se muestra dif\u00edcil en extremo en atenci\u00f3n a que no necesariamente trasciende de la \u00f3rbita personal de quien ha sido amenazado, raz\u00f3n por la cual, es probable que el temor pueda no ser perceptible por otras personas que lo rodean tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este sentido, para esta Sala resulta razonable que\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero haya decidido en 2003, vender los predios de su propiedad y desplazarse a Astrea inicialmente y luego a Venezuela. <\/p>\n
En tal sentido, resulta plausible dar aplicaci\u00f3n a la regla probatoria consagrada en el art\u00edculo 78 de la ley 1448 de 2011 y las presunciones consagradas en el art\u00edculo 77 de la misma ley\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En virtud de lo anterior, deber\u00e1 invertirse la carga de prueba a los opositores y como consecuencia de esto, ser\u00e1n ellos quienes deber\u00e1n probar que no hubo despojo. Es importante precisar que no obra prueba en el expediente de que los opositores sean v\u00edctimas de desplazamiento forzado o despojo por hechos ocurridos en los mismos predios, ni se ha hecho manifestaci\u00f3n alguna al respecto\u2026 <\/p>\n
Precisado lo anterior, tambi\u00e9n resulta aplicable al presente asunto, el art\u00edculo 77, numeral 2\u00ba, literal a) \u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Examinando las dos normas que esta Sala considera aplicables al presente asunto, se tiene que tanto la presunci\u00f3n de que trata el articulo 77 como la inversi\u00f3n de la carga de que trata el art\u00edculo 78 de la ley 1448 de 2011, tienen como consecuencia jur\u00eddica que corresponde al opositor desvirtuar los supuestos de hecho en los cuales se han basado. Y como quiera que se admite prueba en contrario, a continuaci\u00f3n, se proceder\u00e1 a examinar los argumentos expuestos por la parte opositora, con la finalidad de establecer si logran desvirtuar la pretensi\u00f3n de reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto se precisa que si bien en apartes anteriores se exponen elementos probatorios que dan cuenta de la participaci\u00f3n de personas relacionadas con grupos armados en la negociaci\u00f3n adelantada por los solicitantes\u2026 \u2013 por lo que en principio podr\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de derecho consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011\u2013 lo cierto es que no obra en el expediente ninguna sentencia condenatoria contra los opositores Barrera que permita configurar el supuesto factico de esta presunci\u00f3n. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, procedi\u00f3 el Tribunal a examinar la oposici\u00f3n que formularon los actores, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Revisando el escrito de oposici\u00f3n presentados por parte de los opositores, se encuentra que a trav\u00e9s de estos desconoce la calidad de v\u00edctima de los solicitantes y adem\u00e1s alega la legitimidad de la adquisici\u00f3n de los predios reclamados. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En primer lugar, se tiene que si bien\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz fue beneficiado con indulto porque en su momento se consider\u00f3 que no hab\u00eda cometido delitos tales como homicidio, desplazamiento forzado y otros, lo cierto es que otro es el panorama que se expone en los Informes de Contexto de violencia analizados en apartes anteriores de esta providencia. Ahora bien, el hecho de que\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz haya sido beneficiado con indulto no excluye la posibilidad de que haya despojado de sus inmuebles a ganaderos de la zona, a trav\u00e9s de actos de constre\u00f1imiento como el que le atribuye\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero. <\/p>\n
En efecto, se tiene que, si bien opositores como\u2026 Juan Francisco Barrera Prada negaron que su padre y c\u00f3nyuge, Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, hubiere tenido alguna intervenci\u00f3n directa en la negociaci\u00f3n pues simplemente se limit\u00f3 a apoyarlos con el pr\u00e9stamo de maquinarias e infraestructura para ejercer la explotaci\u00f3n de los inmuebles, lo cierto es que quienes fungen como compradores revelaron que no tuvieron mayor participaci\u00f3n en la compraventa con\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero. Es el caso de\u2026 Margarita Barrera Ortiz, Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez y Hern\u00e1n Barrera Prada quienes en sus declaraciones judiciales negaron haber tenido una participaci\u00f3n directa en la negociaci\u00f3n pues simplemente se limitaron a suscribir la respectiva escritura ya que de todo el proceso contractual y de lo atinente a la adquisici\u00f3n de los inmuebles se encarg\u00f3\u2026 Juan Francisco Barrera Prada. Igualmente dicen que todo lo que aportaron para la venta proven\u00eda de los semovientes que su padre\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera les hab\u00eda cedido a sus hijos para su sostenimiento. <\/p>\n
Como bien se observa, unos opositores acababan de comenzar su vida profesional al momento de la venta mientras que otra de ellos, se dedicaba a un oficio cuya remuneraci\u00f3n no es clara, raz\u00f3n por la cual no se encuentra suficientemente clara la capacidad econ\u00f3mica para adquirir cinco inmuebles que sumados median casi 1000 Has. <\/p>\n
Por su parte\u2026, Juan Francisco Barrera Prada se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda sido el encargado de negociar con\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero, lo cual contradice lo manifestado por este \u00faltimo quien fue contundente en manifestar que siempre negoci\u00f3 fue con\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz. <\/p>\n
De igual modo, como ya se vio\u2026, Juan Francisco Barrera Prada, relat\u00f3 que para la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n se hab\u00eda conformado ya la CONVIVIR de su padre y en virtud de la cual muchos de los trabajadores de las fincas de su padre se hab\u00edan dotado de armas para defenderse de posibles ataques de las guerrillas que operaban en la zona de ubicaci\u00f3n de los inmuebles. <\/p>\n
En este escenario, no se muestra factible que\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz (pariente de los opositores) haya asumido una actitud pasiva frente a la negociaci\u00f3n de sus hijos y hermanos con\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a Quintero. Por el contrario, si se tiene en cuenta el poder\u00edo y la posici\u00f3n elevada que ostentaba\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz al interior de la organizaci\u00f3n paramilitar, resulta extra\u00f1o que no haya intervenido en un negocio que estaban realizando sus hijos con recursos aportados por \u00e9l a ellos. <\/p>\n
Lo anterior reviste concordancia con el dicho del solicitante\u2026 en su declaraci\u00f3n judicial quien narr\u00f3 como a trav\u00e9s de Hugo Oviedo y a \u201cEL BENY\u201d fue citado por\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz quien le manifest\u00f3 al actor su decisi\u00f3n unilateral de adquirir los inmuebles objeto de este proceso, ante lo cual el solicitante no tuvo opci\u00f3n distinta a proceder a suscribir la respectiva escritura p\u00fablica. <\/p>\n
Y es que no puede negarse la presencia paramilitar de\u2026 Chepe Barrera en el municipio de Santa Ana, Magdalena. Por el contrario, se tiene claro que en la zona de ubicaci\u00f3n de los inmuebles objeto de este proceso, exist\u00eda fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, especialmente paramilitares desde mediados o finales de los a\u00f1os 90 en adelante, quienes en su estrategia de dominio territorial causaron el desplazamiento forzado de gran cantidad de personas que all\u00ed resid\u00edan tal como se vio en apartes anteriores de esta providencia. <\/p>\n
En tal sentido, seg\u00fan lo expuesto por el solicitante en su declaraci\u00f3n judicial, se tiene que en el a\u00f1o 2001 aproximadamente fue citado por Jos\u00e9 Mar\u00edaa Barrera Ortiz con el fin de que vendiera los inmuebles de su propiedad, ante lo cual no tuvo otra opci\u00f3n que acceder a lo pedido. <\/p>\n
Sobre este hecho no obra prueba directa de testigos que la hayan presenciado, pero si se examina el contexto de violencia en la zona para el momento en que se alega el despojo\u2026, no resulta inveros\u00edmil el relato del actor, m\u00e1xime cuando \u00e9l contaba con un arraigo en la zona desde el a\u00f1o 1965 cuando adquiri\u00f3 el predio Santa Elena quedando justificado el temor que dijo sentir en tal escenario de anormalidad del orden p\u00fablico. <\/p>\n
En efecto, el primero de los predios adquiridos por\u2026 Julio Pi\u00f1a, esto es, Santa Elena, fue adquirido en el a\u00f1o 1967 mediante adjudicaci\u00f3n del INCORA y en a\u00f1os posteriores adquiri\u00f3 los restantes al igual que\u2026 Emilse Royero Le\u00f3n. Esto impide ver como poco probable que en una \u00e9poca de auge paramilitar en el municipio de Santa Ana, el solicitante decidiera vender en forma voluntaria los inmuebles de los cuales depend\u00eda su sustento. <\/p>\n
Lo que s\u00ed se muestra razonable es que haya optado por vender el inmueble no solo por la coacci\u00f3n directa que dice haber recibido de Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz sino tambi\u00e9n con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad ante posibles atentados por parte de los grupos armados al margen de la ley que operaban en la zona de ubicaci\u00f3n del predio, especialmente paramilitares. <\/p>\n
De igual modo, se tiene el hecho de que en el proceso obran algunos elementos que evidencian que para la \u00e9poca de la venta\u2026 Julio Pi\u00f1a segu\u00eda desplegando su actividad ganadera sobre los inmuebles, tal como se evidencia con todos los documentos que fueron aportados al proceso para demostrar la intensa actividad ganadera del actor con anterioridad a la venta\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Y si bien, sobre los predios reclamados en este proceso exist\u00edan algunas hipotecas o embargos vigentes, no se encuentra prueba alguna de que esa haya sido la causa de la venta. Aunado a ello, los embargos y levantamientos respectivos no se dan \u00fanicamente en la \u00e9poca previa a la negociaci\u00f3n sino desde mucho antes, raz\u00f3n por la cual, no es posible fijar en este hecho una causa para la venta. <\/p>\n
As\u00ed mismo, si bien los testigos Pablo Osorio, Jorge Tob\u00edas, Gabino Mora, Lederman Maestre, Tomas Campo, Julio Mugno, Jorge Agudelo, Julio Gil, Gustavo Bayter, Carlos Palmera y Nelson Eljadue, indicaron en sus declaraciones que\u2026 Julio Pi\u00f1a tuvo como causa de la venta sus deudas con entidades financieras y que con ocasi\u00f3n de ello propuso las fincas a varias personas, descartando con ello una relaci\u00f3n de la venta con el conflicto armado, lo cierto es que tal hecho por s\u00ed solo no prueba este supuesto motivo negocial pues aun habiendo sido v\u00edctima de presiones por parte de grupos paramilitares, resulta factible ofrecer en venta el inmueble como un remedio a la inviabilidad de permanecer en la zona. <\/p>\n
Es importante precisar que ninguno de los testigos [antes mencionados], reconoci\u00f3 la existencia de grupos armados en la zona de ubicaci\u00f3n del inmueble, lo cual no resulta concordante con los informes anteriormente examinados en los que se\u00f1alan a\u2026 Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz como comandante de una organizaci\u00f3n de esa \u00edndole. <\/p>\n
Otro aspecto que resulta llamativo es que\u2026 Juan Francisco Barrera Prada y\u2026 Sandra Barrera hayan adelantado los tr\u00e1mites tendientes al pago de todas las obligaciones en virtud de las cuales se hab\u00edan gravado los inmuebles. Ambos asumieron un rol que podr\u00eda asemejarse al de un mandatario cuando\u2026 Julio Pi\u00f1a niega rotundamente haber dado autorizaci\u00f3n para ello. <\/p>\n
En efecto\u2026, Sandra Barrera asegur\u00f3 haber viajado en m\u00faltiples ocasiones a la ciudad de Bogot\u00e1 a tramitar los pagos. Adem\u00e1s\u2026, Juan Francisco Barrera Prada, lleg\u00f3 incluso a negociar en nombre de\u2026 Julio Pi\u00f1a con uno de sus acreedores laborales\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el pago de las deudas corresponde al vendedor, el hecho de que los hermanos Barrera hayan participado tan activamente en esos tr\u00e1mites evidencia el gran inter\u00e9s de ellos en adquirir los inmuebles de propiedad de\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero. <\/p>\n
De otro lado se tiene que si bien mediante decisi\u00f3n de 2 de abril de 2012 emitida por la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Santa Marta dentro del radicado No. 84307 (\u2026), se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n inhibitoria frente a Juan Francisco Barrera y otros por el delito de desplazamiento forzado y otros hechos denunciados por\u2026 Julio Eli\u00e9cer Pi\u00f1a, lo cierto es que tal providencia no representa cosa juzgada de tal manera que lo all\u00ed decidido se muestre como precedente vinculante en un proceso de justicia transicional. <\/p>\n
Ahora, respecto a la buena fe exenta de culpa que esgrimieron los opositores, consider\u00f3 la sede judicial accionada lo siguiente: <\/p>\n
Al respecto, ya se vio como los [opositores] adquirieron el inmueble por negociaci\u00f3n celebrada con los [solicitantes] contenida en Escritura Publica No. 268 de 11 de noviembre de 2003 otorgada ante la Notar\u00eda \u00danica de Ariguan\u00ed (Fl. 2814-2822). Desde entonces cuentan con el dominio de los inmuebles objeto de restituci\u00f3n, siendo los propietarios actuales. <\/p>\n
Dicho esto, se tiene entonces que en el an\u00e1lisis de buena fe exenta de culpa a realizar se aplicar\u00e1 un est\u00e1ndar normalizado en atenci\u00f3n a que no se observan motivos que permitan flexibilizarlo y mucho menos inaplicarlo. En efecto, se tiene el Informe de 21 de junio de 2019 emitido por UAEGRTD en el cual hace constar que los opositores\u2026 no son susceptibles de caracterizaci\u00f3n al contar con otros inmuebles a su nombre y por ende, no encontrarse en situaci\u00f3n de vulnerabilidad socioecon\u00f3mica\u2026 Esta conclusi\u00f3n es posible predicarla para la \u00e9poca en que adquirieron los inmuebles objeto de restituci\u00f3n. As\u00ed mismo, todos los opositores en sus declaraciones reconocieron que ya ostentaban el dominio de otros inmuebles rurales para la \u00e9poca de la compra a\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero. <\/p>\n
Precisado esto, al analizar la conducta de los [opositores], encuentra esta Sala que ellos no actuaron con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Tampoco deb\u00eda ser para ellos desconocido el contexto de violencia que se viv\u00eda en la zona de ubicaci\u00f3n de los inmuebles y que ven\u00eda d\u00e1ndose precisamente por el accionar que el grupo paramilitar ven\u00eda desarrollando. <\/p>\n
En tal sentido, adquirir un inmueble con ese nivel de conocimiento, no podr\u00eda asemejarse a la conducta de un hombre prudente y cuidadoso en sus negocios. Mucho menos si como en el caso de\u2026 Juan Francisco Barrera Prada y Jorge Barrera \u00c1lvarez, que siendo parte del grupo armado formado por su padre Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, decidieron celebrar negocio jur\u00eddico con\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero, a sabiendas de que su poder\u00edo o fuerza probablemente servir\u00eda como mecanismo de constre\u00f1imiento o coacci\u00f3n hacia el actor. <\/p>\n
De otro lado, ya se vio como en sus declaraciones\u2026 Margarita Barrera Ortiz, Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez [y] Hern\u00e1n Barrera Prada, manifestaron no tener conocimiento alguno frente a los detalles en que se dio la negociaci\u00f3n con\u2026 Julio Pi\u00f1a, lo cual se muestra descuidado y negligente pues un hombre prudente hubiera por lo menos, estado enterado de todo el desarrollo del negocio y no asumir una actitud meramente pasiva, sobre todo porque se estaba adquiriendo un inmueble de casi mil hect\u00e1reas. <\/p>\n
Igualmente\u2026, Juan Francisco Barrera Prada se tiene que \u00e9l mismo reconoci\u00f3 en su declaraci\u00f3n haber adelantado gestiones tendientes a la resoluci\u00f3n de los conflictos judiciales dentro de los cuales se hab\u00eda embargado algunos de los predios objeto de restituci\u00f3n. Esta circunstancia se torna irregular pues asumi\u00f3 un rol de mandatario sin que exista prueba alguna sobre poder otorgado por\u2026 Julio Pi\u00f1a Quintero. <\/p>\n
Por estas razones considera esta Sala que los [opositores] no pudieron haber actuado con la firme convicci\u00f3n de estar adquiriendo los predios en forma prudente y cuidadosa (elemento subjetivo). Tampoco desplegaron los actos tendientes a generar dicha convicci\u00f3n como, por ejemplo, estar presente en las negociaciones, etc. (elemento objetivo). <\/p>\n
Por tal motivo, considera esta Sala que los opositores, no actuaron con buena fe exenta de culpa al momento de adquirir los predios que son objeto de este proceso y como consecuencia de ello, no merece ser compensados en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 98 de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Finalmente, se tiene que tampoco hay lugar a la declaratoria de la condici\u00f3n de ocupante secundario pues conforme a lo expuesto en el informe elaborado por la UAEGRTD (\u2026), cuentan los opositores con varios inmuebles a su nombre, raz\u00f3n por la cual, el desalojo de los predios objeto del proceso no afectar\u00e1 su derecho a acceso a tierra rural, sin perjuicio de que no se trata de campesinos de escasos recursos. <\/p>\n
De otro lado, tampoco existe evidencia en el proceso de que los predios constituyan su fuente principal de ingresos. Y mucho menos se afecta su derecho a la vivienda pues ninguno de ellos habita los inmuebles. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, se concluye que la sentencia sujeta a controversia no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose as\u00ed la presencia de una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, de manera que las quejas de los tutelantes no hallan recibo en esta sede excepcional de auxilio. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo aqu\u00ed planteado por los promotores es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal repelido valor\u00f3 las pruebas recaudadas en el proceso bajo an\u00e1lisis y vislumbr\u00f3 que conflu\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a la restituci\u00f3n de tierras all\u00ed solicitada y declarar infundada la oposici\u00f3n planteada por aquellos, acorde con los mandatos de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Caso en el cual, las argumentaciones de esa autoridad judicial no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero, tambi\u00e9n se ha dicho, de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Y es que no podr\u00eda ser de otra forma la conclusi\u00f3n, pues la Corte ha indicado, sobre los procesos de restituci\u00f3n de tierras, que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00; y STC11957-2015, 7 sep., rad. 01947-00). <\/p>\n
De all\u00ed que, una vez agotada la tramitaci\u00f3n judicial, en la que se haya permitido la participaci\u00f3n de todos los interesados, as\u00ed como la exposici\u00f3n oportuna de sus puntos de vista, sin que se advierta un desconocimiento flagrante del derecho aplicable o las pruebas recaudadas, deber\u00e1n estarse al fallo emanado, sin que sea viable la intervenci\u00f3n de esta excepcional\u00edsima justicia tutelar. <\/p>\n
Tanto m\u00e1s cuando el sentenciador natural, como se advierte en el asunto sub examine, efectu\u00f3 su valoraci\u00f3n probatoria considerando el contexto en que ocurrieron los hechos victimizantes y la disposici\u00f3n de los predios objeto de restituci\u00f3n, especialmente en cuanto a quienes, con ocasi\u00f3n de dichos actos de violencia, no tuvieron opci\u00f3n diferente que abandonar los fundos sobre los que ejerc\u00edan posesi\u00f3n, a fin de salvaguardar la integridad personal. <\/p>\n
De la misma manera, se procedi\u00f3 al ponderar las garant\u00edas de los aqu\u00ed activantes, en su rol de opositores, quienes adujeron la titularidad de los predios con apego en la adquisici\u00f3n por v\u00eda de \u00abtradici\u00f3n\u00bb, tras la \u00abcompraventa\u00bb celebrada entre ellos y los solicitantes de la restituci\u00f3n, quienes estar\u00edan en situaci\u00f3n de debilidad ante las amenazas constantes de las que fueron v\u00edctimas, provenientes, incluso, del progenitor de algunos de los opositores, en descr\u00e9dito de una buena fe exenta de culpa a la hora de celebrarse el negocio invalidado. <\/p>\n
Aqu\u00ed se muestra relevante recordar que la buena fe exenta de culpa, conforme a la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u2026exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras\u2026 se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011 (CC C-330\/16). <\/p>\n
Por ese sendero, refulge que el M\u00e1ximo ente guardi\u00e1n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en condici\u00f3n de garante de las prerrogativas esenciales, fij\u00f3 como derrotero que a la parte opositora le resulta insuficiente demostrar que, en su convicci\u00f3n profunda, actu\u00f3 con probidad o lealtad (evaluaci\u00f3n que, valga la pena mencionarlo, deber\u00e1 hacerse caso por caso3 seg\u00fan las condiciones personales ah\u00ed esbozadas), sino que deber\u00e1 exhibir un comportamiento prudente exigible de cualquier persona puesta en sus mismas condiciones objetivas. Sin duda, se trata de un est\u00e1ndar diferencial, que debe ser auscultado dentro del contexto de violencia que deriv\u00f3 en el despojo y constituye el sustrato de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, atendiendo a lo relatado, la buena fe subjetiva no es m\u00e1s que la legalidad y honradez con la que el extremo opositor efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico sobre el predio objeto de restituci\u00f3n, siendo consciente que al efectuar dicho acto no estaba actuando con violencia, fraude o dolo, acci\u00f3n de donde se deriva el derecho reclamado; a su vez, la buena fe objetiva exige un comportamiento encaminado a evitar un aprovechamiento injusto, expresado en las verificaciones que se esperan de un sujeto con formaci\u00f3n, experiencia y comprensi\u00f3n equiparable a quien ejerce oposici\u00f3n. <\/p>\n
Situaciones que necesariamente deben ser probadas al interior del juicio por el opositor, pues se debe desvirtuar que la conducta para adquirir la heredad no advert\u00eda la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o ni de obtener alg\u00fan tipo de aprovechamiento indebido en menoscabo de su contraparte. <\/p>\n
Este estudio contextual, de cara al caso concreto y a la buena fe exenta de culpa pretendida ahora por la parte opositora, sirvi\u00f3 al Tribunal para evaluar los elementos subjetivos y objetivos de su oposici\u00f3n, concluyendo que las circunstancias que llevaron a los reclamantes de la restituci\u00f3n a ceder la posesi\u00f3n que ejerc\u00edan sobre los predios rurales en litigio a los opositores, fue por el hecho de querer abandonar prontamente la regi\u00f3n donde estaban ubicados tales fundos, dadas las amenazas recibidas por los actores armados presentes en la zona; lo que era suficiente para descartar la buena fe analizada, sumado a que los actuales propietarios conoc\u00edan de primera mano dicho contexto de violencia, teniendo en cuenta la participaci\u00f3n que en esos hechos tuvo su pariente Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrera Ortiz, interpretaci\u00f3n que no se advierte contraevidente, cerr\u00e1ndose la prosperidad de la tutela en este punto espec\u00edfico. <\/p>\n
Entonces, como la buena fe exenta de culpa debe ser suficientemente acreditada por el tercero que pretenda hacer valer su titularidad del fundo objeto de restituci\u00f3n, que al estar debidamente probada ser\u00eda digna de una compensaci\u00f3n conforme lo dispuesto en la ley 1448 de 2011, lo que ac\u00e1 no qued\u00f3 demostrado, seg\u00fan la valoraci\u00f3n efectuada por el sentenciador, sin que se adviertan en ella yerros superlativos que constituyan una trasgresi\u00f3n ius fundamental; no procediendo as\u00ed la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculos 3\u00b0, 60, 74, 75, 77, 81 y 88, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 CC C-258 de 2008, T-358 de 2008, T-156 de 2008 y T-136 de 2007, T-501 de 2009 y T-702 de 2012, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 En el mismo sentido, esta Sala de Casaci\u00f3n enfatiz\u00f3 a trav\u00e9s del fallo CSJ SC4065-2020, 20 oct, 2016-02066-00, que el estudio y aplicaci\u00f3n sobre la buena fe exenta de culpa en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, conforme a la sentencia CC C-330\/16, \u00abno corresponde a par\u00e1metros objetivos y absolutos para todos los casos, sino a la atenci\u00f3n de las circunstancias especiales de cada caso\u2026\u00bb (Se resalt\u00f3). <\/p>\n
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STC6810-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6810-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01656-00 Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Mar\u00eda Esther \u00c1lvarez Plata, Esther y Sandra Patricia Barrera \u00c1lvarez; Hern\u00e1n y Juan Francisco Barrera Prada, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}