STC6813-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6813-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01595-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00080. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas, porque pese a definir a su favor el asunto antes referido, se abstuvieron de fijar agencias en derecho. <\/p>\n
2. Expuso que pese a ser el \u00abtriunfante\u00bb dentro de la acci\u00f3n popular que interpuso [contra Tienda D1 Koba Colombia S.A.S.], el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao \u00abliquida mis agencias en derecho en cero y el tribunal tutelado se niega a reconocer[las] a mi favor\u00bb, con lo cual \u00abviola [el] art. 29 CN y adem\u00e1s desconoce no solo lo que le impone la ley \u2013 art. 365-1 CGP, sino la postura de la H CSJ SCC\u00bb y del Consejo de Estado. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al tutelado (\u2026) adicionar el fallo, en el sentido de conceder agencias en derecho a mi favor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo del Circuito de Urrao, inform\u00f3 que en la acci\u00f3n popular incoada por el ac\u00e1 tutelante contra la sociedad Koba Colombia S.A.S., \u00abel 20 de octubre de 2021 [se] dicta sentencia de primera instancia, desestimando las pretensiones por carencia de objeto (hecho superado); mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2021, se rechaza el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte accionada, por extempor\u00e1neo; [con] auto de 30 de noviembre de 2021, el despacho dispuso no fijar agencias en derecho, y la liquidaci\u00f3n de las respectivas costas; mediante auto de fecha 02 de diciembre de 2021, se aprueba la liquidaci\u00f3n de costas [en cero]; [el] 29 de abril de 2022, no se repone providencia calendada 02 de diciembre de 2021, y se concede el recurso de alzada rogada en subsidio por el accionante; el proceso se remiti\u00f3 en fecha 10 de mayo de 2022 [al tribunal] para desatar el recurso interpuesto\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abla providencia se dict\u00f3 conforme a la normatividad y jurisprudencia vigente\u00bb. <\/p>\n
2. La empresa D1 S.A.S., a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 se declare \u00abimprocedente\u00bb el amparo deprecado, toda vez que la situaci\u00f3n tra\u00edda a debate constitucional, \u00abse encuentra en tr\u00e1mite de ser resuelta\u00bb, en la medida en que \u00abmediante auto del 29 de abril de 2022 (\u2026), el juzgado niega el recurso de reposici\u00f3n [interpuesto por el actor contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas], y concede el de apelaci\u00f3n, ordenando que se remita el expediente al Honorable Tribunal (\u2026) [recurso que] aparece repartido el 10 de mayo de 2022 [y] el ad quem no ha dado respuesta\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, remiti\u00f3 los enlaces para acceder al expediente digital del asunto cuya actuaci\u00f3n es objeto de reproche. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el demandante, en tanto: (i) el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao, se abstuvo de fijar agencias en derecho a favor, pese a la resoluci\u00f3n favorable a sus pretensiones dentro de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00080; y (ii) la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, inadmiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre la tem\u00e1tica antes referida. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional, las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente y la normativa aplicable, la Sala desestimar\u00e1 el resguardo implorado, toda vez que: (i) la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao, obedece a un criterio razonable que impide la injerencia del fallador excepcional, y (ii) la inadmisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n constituye una actuaci\u00f3n ce\u00f1ida al ordenamiento jur\u00eddico, por tanto, lejos de ocasionar afectaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del reclamante. <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica tanto del prove\u00eddo dictado por el juzgado el 30 de noviembre de 2021, mediante la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao se abstuvo de fijar agencias en derecho tras definir la primera instancia de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00080, como del auto del 2 de diciembre de la misma anualidad, ratificado el 29 de abril de 2022, a trav\u00e9s del cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, por cuanto no se avizora defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar tales determinaciones. <\/p>\n
En el primer pronunciamiento, el juzgado adujo que \u00abel actor s\u00f3lo se limit\u00f3 a presentar ante este despacho el escrito de acci\u00f3n popular y no ejecut\u00f3 ninguna otra actividad dentro del tr\u00e1mite procesal, no se fijan agencias en derecho para ser incluidas en la liquidaci\u00f3n de costas que efectuar\u00e1 la secretar\u00eda de este despacho\u00bb, y en el del 2 de diciembre de 2021, dijo que \u00aben vista de que la sentencia que puso fin a este proceso qued\u00f3 ejecutoriada y la secretar\u00eda del despacho efectu\u00f3 la respectiva liquidaci\u00f3n de costas, a la cual no se le encuentra objeci\u00f3n alguna, procedemos a impartirle aprobaci\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado por el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Al desatar el recurso de reposici\u00f3n, el estrado convocado mantuvo inc\u00f3lume su postura, al reiterar que la actividad desplegada por el demandante no se enmarcaba dentro de los supuestos que contemplan las disposiciones legales que regulan la tasaci\u00f3n de agencias en derecho, raz\u00f3n suficiente para no haberse causado \u00abla necesaria compensaci\u00f3n para la parte vencedora\u00bb que reclama el accionante, precisando: <\/p>\n
\u00abLa reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado [Sala de lo Contencioso Administrativo \u2013 sec. 1\u00aa, sentencia 18 feb. 2016, rad. 2012-00321-02] nos ha ense\u00f1ado que, cuando no se advierta causaci\u00f3n alguna ni de expensas, ni siquiera hay lugar a imponer tal condena, conforme lo prev\u00e9 el numeral 8 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
(\u2026) en lo tocante a las acciones populares, este despacho considera que, por una parte, es menester ponderar entre el principio de la solidaridad y el de legalidad, ambos reflejados, respectivamente, en el necesario inter\u00e9s altruista que ha de seguir a la protecci\u00f3n de los intereses colectivos por cuenta de la comunidad y la previsi\u00f3n normativa de unas agencias en derecho debidamente reguladas; y por otra, que en virtud de los poderes que al juez le asisten, el despliegue procesal llevado a cabo por el actor popular, con el fin de entrar a determinar si hay lugar o no a condena alguna. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, a tono de todo lo expuesto, al no hallar esta judicatura que el esfuerzo del actor popular deba ser compensado monetariamente -m\u00e1xime que no aport\u00f3 constancia de gasto alguno-, por cuanto con la interposici\u00f3n de su acci\u00f3n y su eventual concesi\u00f3n de agencias se estar\u00eda prohijando el af\u00e1n de lucro (en materia de acciones populares, proscrito tanto legal como jurisprudencialmente, lo cual adem\u00e1s podr\u00eda implicar un \u201cincentivo\u201d t\u00e1citamente reconocido); son razones suficientes para que este despacho mantenga su determinaci\u00f3n y niegue el recurso horizontal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, la Sala observa que el juez de primer grado de la acci\u00f3n popular, expuso los motivos por los cuales no era procedente fijar agencias en derecho a favor del solicitante, los cuales encuentran asidero en la interpretaci\u00f3n jurisprudencial de las disposiciones contenidas en canon 38 de la Ley 472 de 1998 y en los art\u00edculos 365 y 366 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan las cuales el funcionario cognoscente puede abstenerse de reconocerlas o tasarlas de manera parcial, cuando aprecie que quien ser\u00eda el beneficiario, no realiz\u00f3 gestiones procesales que pudieran tenerse como \u00abcompensaci\u00f3n razonable de los esfuerzos de tiempo, dedicaci\u00f3n, diligencia y eficacia\u00bb (CE, Sala Plena, sent. 6 ago. 2019, rad. 2017-00036-01). <\/p>\n
Como acaba de verse, la motivaci\u00f3n expuesta no se torna arbitraria ni caprichosa, por consiguiente, no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, sino que, por el contrario, obedece a un criterio razonable que impide la prosperidad de la acci\u00f3n deprecada, pues reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el hecho de que el resultado de la actuaci\u00f3n criticada no se avenga a los intereses de una de las partes, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito del fallador constitucional. <\/p>\n
En ese sentido se ha sostenido que el fallador del amparo, \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en STC5517-2022, 6 may. 2022, rad. 01013-00); tambi\u00e9n, que este instrumento \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC976-2022, 3 feb. 2022, rad. 00535-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n confutada, hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al juez de conocimiento, como si este mecanismo fuera alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en relaci\u00f3n con la inadmisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por parte de la sala enjuiciada, toda vez que, en el marco de la acci\u00f3n popular, el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas no es susceptible de dicho medio de impugnaci\u00f3n y, por ende, el reproche que pudiera plantearse frente a dicha actuaci\u00f3n, deviene carente de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
N\u00f3tese que el estudio integral del presente asunto, implica una mirada panor\u00e1mica a lo actuado a\u00fan con posterioridad a la instauraci\u00f3n de la salvaguarda, de ah\u00ed que esta Corporaci\u00f3n encontrara que, mediante prove\u00eddo del 23 de mayo de 2022, el tribunal declar\u00f3 la improcedencia recurso vertical interpuesto por el querellante contra el auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas, y al revisarlo, advirtiera la inviabilidad del auxilio invocado, en tanto esa decisi\u00f3n se ajusta a derecho. <\/p>\n
En efecto, es necesario reiterar que lo relacionado con la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en las acciones populares, est\u00e1 comprendido totalmente en la Ley 472 de 1998 conforme lo dej\u00f3 sentado el estudio realizado por la Corte Constitucional en sentencia C-377 de 2002, siendo coherente con la postura asumida por el Consejo de Estado y por esta Sala, al se\u00f1alar que en temas como el de costas, la remisi\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso no abarca lo relacionado con dicho recurso, sino que refiere a los dem\u00e1s aspectos no contemplados en la normativa especial. <\/p>\n
Por ello, se ha dicho y reiterado que, en el marco de las acciones populares, al tenor de los art\u00edculos 26, 36 y 37 de la precitada Ley 472 de 1998, el recurso de apelaci\u00f3n solo procede contra la sentencia de primera instancia y el auto que decreta medidas cautelares previas. <\/p>\n
En las condiciones descritas, no se evidencia yerro que comprometa la legalidad de la actuaci\u00f3n reprochada al tribunal que fungi\u00f3 como ad quem, ni se evidencia que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya afectado derechos superiores del solicitante, raz\u00f3n por la que esta solicitud de amparo incumple el presupuesto general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional de la cuesti\u00f3n discutida, pues para ello se exige que \u00abest\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha indicado que, para la prosperidad de la tutela, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada entre otras en STC10171-2020, 19 nov. 2020, rad. 00512-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sostenido que cuando no se est\u00e1 en presencia de una situaci\u00f3n que comprometa derechos de rango fundamental, el resguardo es improcedente ya que \u00e9ste requiere \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido en precedencia, se denegar\u00e1 el auxilio, comoquiera que: (i) la actuaci\u00f3n judicial referida a la no fijaci\u00f3n de agencias en derecho al interior de la acci\u00f3n popular, no configura defecto de procedibilidad que amerite su correcci\u00f3n a trav\u00e9s del presente mecanismo jur\u00eddico, y (ii) la inadmisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, no comporta afectaci\u00f3n a prerrogativa alguna del reclamante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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