STC6814-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6814-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01541-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ab[i]gualdad, cosa [j]uzgada y [j]usticia [m]aterial\u00bb, presuntamente conculcadas por la colegiatura repelida, dentro del expediente de amparo\/incidente de desacato n.\u00b0 \u00ab2019-00225\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a restar efecto al auto proferido por dicha corporaci\u00f3n, en sede de consulta, en el descrito decurso incidental; igualmente, la emisi\u00f3n de \u00abnuev[o] oficio\u00bb para el levantamiento de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2009-00654\u00bb, conocido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar. Por \u00faltimo, \u00abcompuls[ar] copias\u00bb para la investigaci\u00f3n de delitos de \u00abFRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD EN DOCU[M]ENTO PRIVADO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar se surti\u00f3 el incidente de desacato en comento, por solicitud del aqu\u00ed precursor Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o contra el estrado Tercero Civil Municipal de la misma urbe, a fin de procurar el cumplimiento del fallo proferido el 27 de enero de 2021 desde el Tribunal Superior ahora acusado, el cual, en impugnaci\u00f3n, hubo de otorgar el auxilio de tutela all\u00e1 pedido por aquel y, por ende, orden\u00f3 al prenotado despacho judicial, en forma perentoria, \u00abadelantar las gestiones necesarias a fin de (\u2026) hac[er] entrega de[ un] inmueble\u00bb, con ocasi\u00f3n del juicio de ejecuci\u00f3n arriba aludido, a su turno promovido por el extremo solicitante respecto a Orlando D\u00edaz. <\/p>\n
2. De la controversia provino, previo requerimiento a Rosario Elena Sierra Sierra, inspectora de Polic\u00eda de La Paz, Cesar (comisionada para la diligencia de \u00abentrega\u00bb) y a su \u00absuperior jer\u00e1rquico\u00bb, alcalde Mart\u00edn Guillermo Zuleta Mieles, providencia iniciadora y, posteriormente, interlocutorio de 17 de septiembre de 2021, por cuyo cauce el juez del circuito impuso arresto y multa a dichas personas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tales sanciones fueron revocadas por la corporaci\u00f3n ac\u00e1 fustigada en grado de consulta, mediante auto de 14 de febrero de la anualidad que transcurre. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El accionante Mart\u00ednez Cata\u00f1o critic\u00f3 que el Tribunal perseguido encontrara acatada la sentencia constitucional materia del desacato, pues, en estricto compendio, no fue cumplida la \u00abentrega\u00bb ordenada en su favor (como \u00abrematante\u00bb en el pleito ejecutivo) por cuenta de la inspectora de polic\u00eda, quien ha recurrido a enga\u00f1os y \u00abjugadas sucias\u00bb para dilatar la efectiva realizaci\u00f3n de esa diligencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se doli\u00f3 de que el fallador de primer grado de la acci\u00f3n de amparo que dio pie al incidente omitiera notificarlo de modo adecuado, del veredicto por \u00e9l dictado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. En paralelo, se desestimaron las \u00abMEDIDAS PROVISIONALES\u00bb suplicadas, con el prove\u00eddo de admisi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, adjunt\u00f3 copia digital del dossier disentido. Se atuvo a lo probado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad rindi\u00f3 informe sobre una anterior acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El despacho Segundo \u00eddem aport\u00f3 reproducci\u00f3n magn\u00e9tica de la demanda e incidente constitucionales aqu\u00ed recriminados. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El ente Tercero Civil Municipal ejusdem brind\u00f3 acceso al proceso ejecutivo relacionado en los antecedentes, y se mostr\u00f3 en contra del \u00e9xito de la clama, por ausencia de trasgresi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo propio hizo el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz (Cesar) frente a un litigio de pertenencia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias (\u2026) que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturoso el amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos plenarios, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez (\u2026) hubiera agotado en el interior del incidente (\u2026) esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb1 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01). <\/p>\n
Excepcionalidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12; citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
<\/p>\n
1. As\u00ed las cosas, y en primer orden, corresponde auscultar en sus cimientos el auto proferido el 14 de febrero de los corrientes por el Tribunal Superior de Valledupar, al ser el que, en grado jurisdiccional de consulta, acab\u00f3 por definir lo ata\u00f1edero a la conveniencia o no de las sanciones inicialmente impuestas dentro del incidente de desacato objeto de censura. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Para el caso en concreto, observa la Sala que m\u00e1s all\u00e1 de las v\u00e1lidas consideraciones que hace la primera instancia respecto del tr\u00e1mite de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela, y de su loable empe\u00f1o por lograr que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, proceda a enviar el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, a la Alcald\u00eda de la Paz, y comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, a fin de que la Inspecci\u00f3n comisionada materialice la orden emitida, adelantando la diligencia de entrega del bien inmueble rematado y haciendo la entrega material del inmueble a Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, tal y como se expres\u00f3 en el mandato proferido en la instancia del tr\u00e1mite principal, su decisi\u00f3n sancionatoria debe ser revocada, por cuanto se aprecia en el cuaderno de segunda instancia, que las entidades cuyos representantes fueron sancionados, finalmente se plegaron al cumplimiento de la comentada decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
\u2026Cabe destacar en cuanto al incidente de desacato, que es un tr\u00e1mite accesorio al de tutela, como una forma de obtener el cumplimiento de la sentencia[;] es decir que su fin principal es que la orden se realice y en forma secundaria imponer una sanci\u00f3n, dirigida m\u00e1s al logro de aquel objetivo, que al de punici\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[D]ebe observarse que el 24 de septiembre de 2021, (\u2026) la Oficina Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de La Paz Cesar, (\u2026) mediante escrito da respuesta al requerimiento del juzgado de primera instancia, y aporta copia del traslado del incidente de desacato hecho a la doctora Rosario Elena Sierra Sierra, en su condici\u00f3n de Inspector Central de Polic\u00eda de La Paz, Cesar, el 9 de septiembre de 2021 y copia de la DILIGENCIA DE ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE REMATADO mediante despacho comisorio No. 081 del 03 de agosto de 2020, fechado 9 de septiembre de 2021, en el que se evidencia que la servidora p\u00fablica comisionada cumpli\u00f3 a cabalidad con la orden impartida haciendo entrega real y material al se\u00f1or Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, del inmueble rematado, el d\u00eda 9 de septiembre de 2021, indic\u00e1ndole que la orden no era de desalojo[, sino] solo de entrega del bien inmueble rematado, y quien luego recibe a satisfacci\u00f3n. <\/p>\n
Agregando que si es necesario tener las evidencia fotogr\u00e1fica y videos tomados al momento de la diligencia se lo hagan saber v\u00eda WhatsApp, para ser aportados. <\/p>\n
Surge de lo expuesto que como la orden de tutela est\u00e1 encaminada a que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, proceda a enviar el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, a la Alcald\u00eda de la Paz, y comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, a fin de que la Inspecci\u00f3n comisionada materialice la orden emitida, adelantando la diligencia de entrega del bien inmueble rematado y haciendo la entrega material del inmueble a Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, tal y como se expres\u00f3 en el mandato proferido, lo que en efecto se realiz\u00f3 mediante diligencia de entrega del bien inmueble rematado el d\u00eda 9 de septiembre de 2021[;] se concluye que se encuentra cumplida la orden de tutela emitida el 27 de enero de 2021. <\/p>\n
\u2026As\u00ed las cosas, una vez que las autoridades cesan la omisi\u00f3n y se logra el cumplimiento de la orden, como ocurri\u00f3 en este caso, en que \u00e9l Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, envi\u00f3 el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, ordenando a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, que adelantara la diligencia de entrega del bien inmueble rematado al se\u00f1or Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, y que esta hizo entrega real y material del inmueble al incidentante conforme a la orden de tutela, es completamente v\u00e1lido abstenerse de hacer la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n inicialmente irrogada\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
2. Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo; lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido dispuso revocar las sanciones primigeniamente impuestas dentro del tr\u00e1mite incidental, luego de encontrar, en resumen, que los funcionarios all\u00ed implicados dieron cumplimiento a la orden de amparo inicial mediante la diligencia de 9 de septiembre de 2021, en la que \u2013a diferencia de lo aqu\u00ed sugerido\u2013 se llev\u00f3 a cabo la a\u00f1orada \u00abentrega del bien inmueble rematado\u00bb en el proceso de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Tales planteamientos son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De otro costado, e independientemente de las pautas especiales de procedencia de la acci\u00f3n de marras contra decursos de similar estirpe2, no se verifica que el precursor haya puesto de presente ante el juez de conocimiento (Segundo Civil del Circuito) el reproche ahora blandido acerca de su supuesta indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual manera, conviene advertir que \u00e9l, como interesado, tiene a su alcance elevar ante la autoridad judicial del caso de ejecuci\u00f3n, la petici\u00f3n atinente a que se emita \u00abnuev[o] oficio\u00bb para el levantamiento de medidas cautelares. <\/p>\n
Total, el implemento de la tutela fluye operante s\u00f3lo bajo la ausencia de medios \u00f3ptimos de protecci\u00f3n, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales (…), ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, de cara a la compulsa de copias pretendida y a las presuntas \u00abjugadas sucias\u00bb atribuidas, es de denotar que si el promotor del amparo considera que de parte de alguno de los intervinientes en el tr\u00e1mite criticado se han cometido conductas penal o disciplinariamente reprobables, a su alcance est\u00e1 acudir ante los organismos competentes, asumiendo la responsabilidad de ello. En lo tocante, se ha manifestado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026[E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871 y STC14669 de 2016; STC13994-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo consignado, ergo, conlleva a cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo deprecado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
2\u0002 En trat\u00e1ndose de la tutela contra tutela, esta Sala ha decantado: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026\u201cante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela\u2026, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u201d (expedientes 2006- 01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional\u2026 (\u00c9nfasis. CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01, reiterada en STC8097, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
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