STC6820-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6820-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01602-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros Generales Suramericana S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Cali; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2019-00042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de representante judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 24 de marzo de 2022, mediante la cual el tribunal encartado revoc\u00f3 la prosperidad de su excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva; le extendi\u00f3 la condena indemnizatoria que en primer grado se le impuso a su asegurado \u2013y litisconsorte- (decisi\u00f3n que no es objeto de discusi\u00f3n) y adem\u00e1s de ello, de manera incongruente, orden\u00f3 el pago de intereses de mora a favor de los demandantes, desde el mes siguiente al d\u00eda en que se le formul\u00f3 el reclamo extrajudicial (conforme al art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio), y no desde la ejecutoria del fallo condenatorio, como expresamente se hab\u00eda reclamado en el libelo incoativo. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el numeral del fustigado prove\u00eddo en el que se reconocieron los r\u00e9ditos de mora y que, en su lugar, se adopte una nueva determinaci\u00f3n sobre el particular que se ajuste a lo pedido. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y recalc\u00f3 que sus actuaciones en ese litigio no trasgredieron derecho alguno de los all\u00ed intervinientes. <\/p>\n
2. Luis Felipe Hurtado Cata\u00f1o pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda dada la razonabilidad de la que, a su juicio, goza la providencia objeto de censura. <\/p>\n
3. La magistratura accionada retom\u00f3 la argumentaci\u00f3n que ofreci\u00f3 en la providencia objeto de censura como fundamento de la condena pecuniaria impuesta a la demandada por concepto de intereses de mora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Corte conceder\u00e1 el amparo en estudio, por encontrar configurado el yerro argumentativo que se le endilg\u00f3 a la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante precisar que el reclamo indemnizatorio principal que se elev\u00f3 en el libelo introductor del litigio que ac\u00e1 interesa, se acompa\u00f1\u00f3 de un pedimento accesorio del siguiente tenor: \u00abINTERESES: Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representen al momento del fallo, los que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Al abordar esa tem\u00e1tica en el fallo objeto de censura, el tribunal accionado se pronunci\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abfue objeto de reparo, que en la sentencia no se dispuso el pago de intereses moratorios a la aseguradora desde el momento en que se hizo la reclamaci\u00f3n extrajudicial o, en su defecto, desde el auto admisorio de la demanda o la pr\u00e1ctica de pruebas. Para resolver sobre ello, ha de observarse que impone el art. 1080 del Cco. que: \u201cEl asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, a\u00fan extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.\u201d A su turno, el art. 1077 establece que: \u201cCorresponder\u00e1 al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso.\u201d <\/p>\n
Pues bien, ciertamente hay que advertir inicialmente que, dentro de la reclamaci\u00f3n que se hizo el 12 de octubre de 2018, solo se solicitaron perjuicios inmateriales (morales y a la vida de relaci\u00f3n), ante lo cual la aseguradora present\u00f3 objeci\u00f3n aduciendo que, frente a la lesionada Natalia Arciniegas ya exist\u00eda indemnizaci\u00f3n seg\u00fan contrato de transacci\u00f3n suscrito con ella y, adem\u00e1s porque, en su criterio, ya se encontraba prescrita la acci\u00f3n respecto de sus familiares reclamantes, en la medida que ya hab\u00edan transcurrido 2 a\u00f1os de la prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Para esta Sala de Decisi\u00f3n, es claro que los argumentos expuestos por la compa\u00f1\u00eda de seguros en la objeci\u00f3n formulada, no fue seria ni fundada en los t\u00e9rminos previstos en el inciso 3\u00b0 del art. 1053 del C.co, como quiera que, finc\u00f3 su posici\u00f3n en una transacci\u00f3n realizada con una persona que no le hizo reclamo, pero adem\u00e1s porque desconoci\u00f3 la doctrina probable que se expuso con suficiencia l\u00edneas atr\u00e1s respecto del t\u00e9rmino prescriptivo que corre para la v\u00edctima que ejerce la acci\u00f3n directa, posici\u00f3n decantada desde antes de que se le hiciere la reclamaci\u00f3n, sin poner en duda siquiera, dentro de su objeci\u00f3n, la responsabilidad en cabeza de su asegurado, como tampoco la cuant\u00eda de los perjuicios referida por los solicitantes. <\/p>\n
Respecto de este t\u00f3pico tambi\u00e9n existe posici\u00f3n pac\u00edfica en la jurisprudencia de la Corte, de donde se destaca que: <\/p>\n
\u201csi el asegurado o beneficiario cumple los requisitos que le impone el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, desde ese momento surge para el asegurador la obligaci\u00f3n de pagar, dentro del mes siguiente, el monto del siniestro. Si el deudor no realiza pronunciamiento alguno, se entiende que tal omisi\u00f3n comporta aceptaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y, por tanto, la p\u00f3liza presta m\u00e9rito ejecutivo en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el numeral 3\u00ba del <\/p>\n
art\u00edculo 1053 ibidem. (\u2026) En caso de que el asegurador objete la reclamaci\u00f3n y el asegurado o el beneficiario promuevan un proceso en su contra para obtener el pago del seguro, entonces la compa\u00f1\u00eda aseguradora deber\u00e1 acreditar a trav\u00e9s de sus excepciones que aquella objeci\u00f3n era seria y fundada, en cumplimiento de la carga probatoria que le impone la parte final del art\u00edculo 1077, a cuyo tenor \u201cel asegurador deber\u00e1 demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad\u201d; y solo en el evento de que sus defensas prosperen estar\u00e1 eximido del pago de la prestaci\u00f3n. De ah\u00ed que al no demostrar en el proceso que su objeci\u00f3n fue seria y fundada, el ad quem estaba compelido a declarar \u2013como lo hizo\u2013 las consecuencias jur\u00eddicas de aquella culpa, lo que en modo alguno puede ser confundido con el tipo de responsabilidad objetiva al que hizo alusi\u00f3n el impugnante. Tampoco puede afirmarse que la obligaci\u00f3n surge a partir del momento en que el fallo de condena queda ejecutoriado, o que antes de esa fecha no exist\u00eda la obligaci\u00f3n, pues ese argumento solo ser\u00eda de recibo para las sentencias constitutivas y no as\u00ed para las declarativas de condena, dado que estas \u00faltimas, por referirse a momentos anteriores a aqu\u00e9l en que se pronuncian, tienen car\u00e1cter retrospectivo, tal como lo han aclarado jurisprudencia y doctrina en unidad de criterio.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas y, al no ser seria ni fundada la objeci\u00f3n presentada por Seguros Generales Suramericana S.A. como se dijo, deber\u00e1 cancelar los intereses moratorios sobre la condena impuesta a partir del mes siguiente a la reclamaci\u00f3n extrajudicial que le hicieren los ahora demandantes, esto es, a partir del 12 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
A partir de la anterior confrontaci\u00f3n, advierte la Corte que ciertamente la magistratura encartada incurri\u00f3 en una indebida motivaci\u00f3n en su fallo del pasado 24 de marzo, puesto que el estudio que all\u00ed efectu\u00f3 en punto a los intereses de mora que deb\u00edan reconocerse a los convocantes, se limit\u00f3 al contenido, alcance y aplicabilidad del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, pero nada dijo en cuanto al impacto o injerencia que en ese espec\u00edfico aspecto podr\u00eda tener el principio de congruencia previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso y los t\u00e9rminos en que los actores formularon su pretensi\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
Ese escenario f\u00e1ctico no sufri\u00f3 mayor alteraci\u00f3n con motivo de la solicitud de \u00abcorrecci\u00f3n, aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb que elev\u00f3 la aqu\u00ed convocante frente al fustigado fallo (con el mismo fundamento de su demanda de tutela), puesto que, al desestimar ese pedimento, la magistratura encartada, tras hacer expresa alusi\u00f3n a la inviabilidad de revertir decisiones judiciales a trav\u00e9s del mecanismo procesal escogido por la aseguradora, ofreci\u00f3 un contraargumento al planteamiento de dicha litigante, el cual nuevamente se orient\u00f3 a defender una armon\u00eda entre la sentencia y el art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, sin pronunciarse de fondo sobre la incidencia de los t\u00e9rminos en que se propuso la demanda. <\/p>\n
En la mencionada oportunidad, la magistratura encartada dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo anterior, advi\u00e9rtese que los fundamentos que dieron lugar a esa decisi\u00f3n se encuentran plasmados en la providencia, en observancia del precedente de la Corte Suprema que all\u00ed fue citado, adem\u00e1s de la jurisprudencia horizontal de este Tribunal que tambi\u00e9n as\u00ed lo ha referido en asuntos de similares contornos, como el prove\u00eddo de fecha 27 de noviembre de 20201 en el que se dispuso: \u201csin que valgan en contrario los argumentos expuestos por la apelante SEGUROS DEL ESTADO S.A., relacionados con la falta de pretensi\u00f3n espec\u00edfica en este sentido en la demanda, y que solo existir\u00eda constituci\u00f3n en mora, con la ejecutoria del fallo declarativo de responsabilidad y ante el incumplimiento del pago en el t\u00e9rmino indicado, pues como viene de verse, es una sanci\u00f3n que procede frente al incumplimiento de la obligaci\u00f3n del asegurador, as\u00ed se realiza la ley, y se trata de una sentencia declarativa, pues declara hechos anteriores a la sentencia, raz\u00f3n por la cual tiene efectos retrospectivos\u201d (Subraya de la sala). Destacase adem\u00e1s que, la providencia que trae a colaci\u00f3n la apoderada judicial en su escrito da cuenta de una situaci\u00f3n distinta en la medida que trata de la reclamaci\u00f3n que hace directamente el asegurado, no la v\u00edctima y, dentro del marco judicial, estudi\u00e1ndose all\u00ed si proced\u00eda el cobro de intereses a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda o posteriormente\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, la colegiatura de segundo grado no expuso argumentos para explicar por qu\u00e9 la literalidad de la pretensi\u00f3n elevada en la demanda no deb\u00eda alterar las pautas temporales previstas en el citado canon 1080 del C\u00f3digo de Comercio. Esto, pese a que por lo menos la literalidad del ac\u00e1pite de pretensiones del libelo incoativo, parec\u00eda reflejar que no era intenci\u00f3n de los demandantes obtener un reconocimiento econ\u00f3mico por r\u00e9ditos de mora, por todo el lapso que contempla ese canon; situaci\u00f3n que dista significativamente del precedente jurisprudencial que se cit\u00f3 en la segunda de las aludidas providencias, en la cual \u2013seg\u00fan all\u00ed se anot\u00f3- ten\u00eda como prop\u00f3sito resolver un litigio en el que la demanda guardaba total silencio sobre intereses moratorios. <\/p>\n
Con tal proceder, la corporaci\u00f3n convocada se relev\u00f3 injustificadamente de los deberes de argumentaci\u00f3n que le imponen los art\u00edculos 280, 281 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso y, con ello, transgredi\u00f3 el derecho a un debido proceso de la actora, por lo que, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, resulta necesario invalidar la providencia atacada, pero \u00fanicamente para que el tribunal analice all\u00ed, con detenimiento, todas las aristas que guarden relaci\u00f3n con la fecha a partir de la cual deben calcularse los r\u00e9ditos de mora reconocidos en favor de los demandantes. <\/p>\n
Es importante resaltar que, para ese cometido, la colegiatura deber\u00e1 adoptar la decisi\u00f3n a la luz de los elementos de juicio que obren en la foliatura y conforme a las pautas legales y jurisprudenciales que resulten aplicables al asunto, entre ellas, los art\u00edculos 1080 del C\u00f3digo de Comercio, 94 y 381 del estatuto procesal vigente y los pronunciamientos que frente a casos relacionados ha emitido esta Corporaci\u00f3n (SC5217-2019, STC8573-2020, STC10144-2020, entre otros). <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al tribunal encartado respecto al periodo de causaci\u00f3n de los r\u00e9ditos de mora impuestos a los convocados del juicio de responsabilidad civil que concierne a esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el derecho a un debido proceso de los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto su fallo de 24 de marzo de 2022, dictado en el proceso declarativo con radicado n\u00ba 2019-00042, y emita nuevamente su prove\u00eddo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6820-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6820-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01602-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros Generales Suramericana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}