STC6821-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6821-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01639-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Residencial Trapiche P.H. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el juicio que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La propiedad horizontal accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal \u00abdejar sin valor ni efecto alguno la sentencia proferida el 21 de octubre de 2021 dentro del proceso verbal de responsabilidad Civil Contractual promovido por\u2026 el Conjunto Residencial Trapiche P.H. y contra la entidad demandada Constructora Alfredo Amaya H. C\u00eda. S.A.S. por configurarse una v\u00eda de hecho en dicho fallo y en su defecto se profiera un nuevo fallo, confirmando la sentencia de primera instancia de calenda 11 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Conjunto Residencial Trapiche P.H. present\u00f3 demanda contra a la Sociedad Alfredo Amaya C\u00eda. S.A.S., con la finalidad de reconocer los perjuicios derivados por los da\u00f1os o defectos de las zonas comunes, tales como humedades de los ascensores, falta de servicio de acueducto, ausencia de sistema de anti-incendios y la no construcci\u00f3n de los parqueaderos de visitantes, pese a estar incluidos en los planos, pues como constructora de la unidad residencial incumpli\u00f3 lo pactado. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, quien con fallo de 11 de diciembre de 2020 accedi\u00f3 a las pretensiones, condenando a la demandada a pagar al Conjunto Residencial la suma de $1\u00b4031.877.552 por las obras de reparaci\u00f3n a efectuarse en las \u00e1reas comunes de la copropiedad. <\/p>\n
2.3. El 21 de octubre de 2021 el Tribunal, en sede de alzada, revoc\u00f3 el referido fallo para, en su lugar, desestimar lo pedido, declarando oficiosamente probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de acreditaci\u00f3n del contrato a partir del cual se pretende la responsabilidad alegada, pues \u00abla demanda adolece de identificar con claridad a partir de qu\u00e9 v\u00ednculo contractual pretende derivar la responsabilidad de la pasiva, sin referir si quiera su naturaleza, pues seg\u00fan parece deriva la misma de los m\u00faltiples contratos de compraventa celebrados por los copropietarios con la constructora y vendedora del proyecto inmobiliario, contratos todos que, deben acreditarse con la correspondiente solemnidad de la escritura p\u00fablica, por ser ad-substanciam actus (art. 1857 del C.C.) y, no del simple registro o de licencias de construcci\u00f3n, pues resultan inconducentes para ese prop\u00f3sito, como tampoco aport\u00f3 la escritura de constituci\u00f3n de la propiedad horizontal y de su reglamento, por lo que si bien se prob\u00f3 la existencia de las partes involucradas, no se acredit\u00f3 el v\u00ednculo jur\u00eddico que se reporta como incumplido\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 un defecto f\u00e1ctico, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del procedente, toda vez que, no se atendi\u00f3 la sentencia SC563-2021 de esta Corte, \u00abdonde se sienta jurisprudencia haciendo alusi\u00f3n sobre la responsabilidad civil del constructor y precis\u00f3 quien est\u00e1 legitimado para demandarlo, en el marco de un proceso judicial promovido por un conjunto residencial constituido en propiedad horizontal contra el constructor de la propiedad\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n refiere sobre la legitimaci\u00f3n para demandar \u00abque la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de propiedad horizontal, se caracteriza por reconocer que en esta forma especial de propiedad son esenciales, entre otros elementos, la confluencia de bienes privados y comunes. El r\u00e9gimen actual (Ley 675 de 2001), se caracteriza por establecer un r\u00e9gimen de coexistencia del derecho de propiedad exclusiva de unos bienes de dominio particular y un derecho proporcional de copropiedad que los titulares de aquellos ejercen en los bienes comunes. Por lo dem\u00e1s, es distintivo de esta regulaci\u00f3n la creaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica sui generis, cuya funci\u00f3n es la administraci\u00f3n de los bienes comunes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el Tribunal tuvo como argumento que la escritura de constituci\u00f3n de la propiedad que se mencion\u00f3 en la demanda no fue aportada, consideraci\u00f3n que no comparte, comoquiera que, \u00abdicha escritura es p\u00fablica y cualquier persona puede acceder a ella; adem\u00e1s, que no fue objeto de inadmisi\u00f3n de la demanda, para que se hubiera allegado. Por su parte, la persona jur\u00eddica del Conjunto Trapiche tiene a su cargo administrar los bienes comunes; y que, adem\u00e1s, dicha persona jur\u00eddica tiene a su cargo los asuntos de inter\u00e9s com\u00fan de los propietarios de bienes privados\u00bb, raz\u00f3n por la que, concluye, que \u00abla persona jur\u00eddica administradora de la propiedad horizontal, s\u00ed est\u00e1 autorizada para custodiar y defender los bienes comunes reconocidos como verdaderos actos de administraci\u00f3n. En una palabra, la persona jur\u00eddica del Conjunto\u2026 y la administradora de la propiedad horizontal, est\u00e1 dotada no solo de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pasiva, sino dado el caso, de inter\u00e9s para actuar. Y as\u00ed lo manifest\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-563 de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que cumple con el presupuesto de inmediatez, toda vez que, la jurisprudencia constitucional permite flexibilizar dicho requisito, m\u00e1xime cuando al caso concreto, no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; que el 11 de diciembre de 2020 accedi\u00f3 a las pretensiones, sin embargo, dicha decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal el 21 de octubre siguiente; que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir el presupuesto de inmediatez, toda vez que, la decisi\u00f3n criticada data del 21 de octubre de 2021; que dicha determinaci\u00f3n no luce arbitraria, pues est\u00e1 ajustada a una valoraci\u00f3n conjunta de los medios suasorios allegados al plenario. <\/p>\n
3. Alfredo Amaya H. C\u00eda. S.A.S. manifest\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el requisito de inmediatez, pues la sentencia censurada fue emitida el 21 de octubre de 2021, sin que tal tardanza est\u00e9 justificada; que la decisi\u00f3n del Tribunal no luce arbitraria, adem\u00e1s, no existe el supuesto desconocimiento del precedente pues el fallo SC563-2021 \u00abtrata sobre un caso en el cual una copropiedad alega el incumplimiento del contrato de obra del conjunto, es decir, que se pudo evidenciar en dicho contrato el incumplimiento de algunas de las obligaciones adquiridas, sin embargo, en el presente caso la accionante NO PRESENT\u00d3 CONTRATO existente entre las partes, por lo que no aplicar\u00eda el precepto judicial mencionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se dirige contra la sentencia que dict\u00f3 el 21 de octubre de 2021 el Tribunal acusado, que revoc\u00f3 la que dict\u00f3 el 11 de diciembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, en el juicio de responsabilidad civil contractual aqu\u00ed recriminado, promovido por la accionante contra Alfredo Amaya H C\u00eda. S.A.S. (rad. 2019-00069). <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, anticipa la Sala el fracaso del resguardo impetrado, pues carece de actualidad, comoquiera que, desde el momento en que se dict\u00f3 sentencia con el que termin\u00f3 el proceso fustigado, esto es, el 21 de octubre de 2021 y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar -el 19 de mayo de 2022-, transcurri\u00f3 m\u00e1s de seis a\u00f1os, super\u00e1ndose el lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3 la gestora, atinente a que el ad quem querellado valor\u00f3 erradamente el caudal probatorio acopiado, tuvo a su alcance el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia criticada, conforme lo contempla el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso y siguientes, atendiendo que, el inter\u00e9s para recurrir que le fue adverso superan los $1\u00b4031.877.552 (condena favorable en primera instancia y desestimada en segunda instancia, sumado a ser la pretensi\u00f3n principal de la demanda) mecanismo al que no acudi\u00f3, conforme se verific\u00f3 en el registro de actuaciones. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Al respecto, en reciente pronunciamiento, en un caso con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, la Corte dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, muy pronto se advierte la inviabilidad de la salvaguarda, porque la sentencia emitida por la Sala Civil- Familia del Tribunal C\u00facuta el 27 de agosto del 2021 que por esta v\u00eda extraordinaria se ataca, qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue controvertida por el accionante a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pese a que se dict\u00f3 en el tr\u00e1mite de un proceso declarativo en el que la cuant\u00eda de las \u00abpretensiones\u00bb, la cuales ascienden a $2.526.846.308, sobrepasando con ello, el tope m\u00ednimo del inter\u00e9s fijado por la ley para su procedencia, de conformidad a lo instituido en los art\u00edculos 334 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese orden, tuvo la oportunidad de exponer en la Lid ordinaria, los reparos que ahora esboza en este medio excepcional, y no lo hizo. De ah\u00ed que, ante el desaprovechamiento de ese medio, debe soportar las consecuencias adversas que su proceder. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026)\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Lo anterior en virtud de que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta supralegal impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6821-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6821-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01639-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Residencial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}