STC6823-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6823-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 30 de marzo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana del Pilar Ru\u00edz contra la Superintendencia de Sociedades, Mercader\u00eda S.A.S. el Ministerio de Trabajo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el amparo de sus derechos a la vida digna y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la \u00abSUPERINTEDENCIA DE SOCIEDADES\u2026 y\/o al agente interventor Dr. WILLIAM PARRA DUR\u00c1N para que en el t\u00e9rmino de 48 HORAS proceda con el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y dem\u00e1s erogaciones laborales que se [le] adeudan a la fecha\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 la promotora que tuvo una vinculaci\u00f3n laboral con la empresa Mercader\u00eda S.A.S., contrataci\u00f3n que se mantuvo hasta el 3 de enero de 2022, momento en el que se le \u00abtermi[n\u00f3] el contrato de manera unilateral sin justa causa, sin que hasta la fecha 10 de marzo de 2022 exista consignaci\u00f3n alguna o comprobante que certifique el pago de las [acreencias laborales], evidenci\u00e1ndose un retraso de m\u00e1s de dos meses en la obligaci\u00f3n y no pago de acreencias laborales\u00bb. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que con auto n\u00b0 2022-01-0139438360 de 18 de enero de 2022 la Superintendencia de Sociedades inici\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n de Mercader\u00eda S.A.S. \u00abdesignando como agente interventor al Dr. William Parra Dur\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que el 4 de enero de los corrientes inco\u00f3 petici\u00f3n ante la Jefe de Gesti\u00f3n Humana Regional de Mercader\u00eda S.A.S., donde solicita, entre otros, \u00abel pago de salarios y dem\u00e1s erogaciones laborales\u00bb, empero, dicha solicitud no fue contestada. <\/p>\n
2.4. Asever\u00f3 que el 25 de enero de 2022 con gu\u00eda de la empresa de mensajer\u00eda Interrapidisimo n\u00b0 700067999424 \u00abse entrega reclamaci\u00f3n laboral formal por parte del Ministerio de Trabajo por MORA E INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LIQUIDACI\u00d3N E INDEMNIZACI\u00d3N POR DESPIDO UNILATERAL SIN JUSTA CAUSA, a la\u2026 jefe de Gesti\u00f3n Humana Regional de Mercader\u00eda S.A. Nunca respondi\u00f3 sobre esta reclamaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que el 18 de febrero de 2020 le solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u00abse informe porque a pesar de los distintos requerimientos hechos por el Ministerio de Trabajo para pago de salarios y dem\u00e1s erogaciones laborales no han sido respondidos por parte de Mercader\u00eda S.A.S. Derecho de petici\u00f3n que fue respondido sobre este particular con informaci\u00f3n poco relevante y argumentando que este derecho de petici\u00f3n no proced\u00eda ante esa entidad\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el no pago de las acreencias laborales vulnera su m\u00ednimo vital y de su familia, toda vez que su esposo tiene una \u00abdependencia total y absoluta\u00bb con ella, as\u00ed como sus hijos \u00abno solo por la dependencia econ\u00f3mica y absoluta, sino por su condici\u00f3n aun de estudiantes, que se ha visto seriamente afectada por el no pago de salarios, prestaciones sociales y dem\u00e1s erogaciones laborales, todo esto a cargo de la empresa Mercader\u00eda S.A.S. intervenida por el Estado Colombiano (Superintendencia de Sociedades)\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que el 10 de febrero de 2022 solicit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n ante el Ministerio de Trabajo, inspecci\u00f3n municipal de Sogamoso, sin embargo, dicha cartera ministerial le manifiesta \u00abde manera verbal no tener competencia y que se recibir\u00eda el radicado m\u00e1s no se dar\u00eda respuesta alguna, ya que se Mercader\u00eda S.A.S. no hab\u00eda respondido el requerimiento anteriormente enviado no asistir\u00edan a ninguna audiencia y por tanto este tema Laboral se deber\u00eda manejar desde otra estancia judicial\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3 que con auto 2022-01-013943 de 18 de enero de 2022 admiti\u00f3 a la sociedad Mercader\u00eda S.A.S. al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de la Ley 1116 de 2006; que en su condici\u00f3n de juez del concurso no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, m\u00e1xime cuando lo discutido es una relaci\u00f3n laboral con Mercader\u00eda S.A.S.; que una vez admitida la reorganizaci\u00f3n los administradores deben tener en cuenta las limitaciones de los art\u00edculos 17 y 19 de la Ley 1116 de 2006, por lo que no podr\u00e1 hacer pagos o arreglos relacionados con las obligaciones causadas con anterioridad al inicio del proceso, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, de ah\u00ed que, el pago de dichas acreencias solo se producir\u00e1n en los t\u00e9rminos y condiciones que se pacten en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n que se llegare a celebrar entre los acreedores externos e internos; que le indic\u00f3 a la promotora que el reconocimiento y pago de acreencias causadas con anterioridad a la apertura del proceso se debe agotar el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de votos, as\u00ed como la resoluci\u00f3n de objeciones, por lo que al no existir aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, a\u00fan no es posible determinar la fecha de pago de acreencias. <\/p>\n
2. William Parra Dur\u00e1n, en calidad de promotor designado para el proceso de reorganizaci\u00f3n, indic\u00f3 que contrario a lo manifestado por la gestora Mercader\u00eda S.A.S. est\u00e1 en proceso de reorganizaci\u00f3n y no de intervenci\u00f3n judicial; que la ley 1116 de 2006 establece las etapas procesales que deben surtirse, por lo que las partes tienen el deber y obligaci\u00f3n de atender el desarrollo de dicho proceso; que no cumple funci\u00f3n de representante legal, coadministrador ni de ordenador del pago, por lo que no es de su competencia acceder a las pretensiones de la convocante. <\/p>\n
3. Ministerio del Trabajo \u2013 Direcci\u00f3n Territorial de Boyac\u00e1 se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; anot\u00f3 que el 10 de febrero de 2022 Adriana del Pilar Ruiz solicit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n, momento en el que le explic\u00f3 a la promotora que lo recomendable era iniciar la declaraci\u00f3n de incumplimiento de contrato y el reconocimiento de las indemnizaciones a trav\u00e9s de la instancia, sin embargo, requiri\u00f3 a Mercader\u00eda S.A.S. (Almacenes Justo y Bueno); que nunca le inform\u00f3 su incompetencia a la gestora, por el contrario requiri\u00f3 previamente a la denunciada, por la programaci\u00f3n tan lejana de la audiencia; que su funci\u00f3n es la de vigilancia de las normas laborales y su cumplimiento, sin que est\u00e9 dentro de sus competencias el pago de prestaciones sociales; que Mercader\u00eda S.A.S. atendi\u00f3 su requerimiento, en el que inform\u00f3 que el 18 de enero de 2022 la Superintendencia de Sociedades la admiti\u00f3 al procedimiento de reorganizaci\u00f3n empresarial ordinaria, por lo que, las acreencias anteriores a esa data hacen formalmente parte del pasivo reorganizable, por ministerio de la ley, son deudas no sujetas de realizar ning\u00fan pago sin previa autorizaci\u00f3n del juez del concurso; que ante la respuesta recibida por Mercader\u00eda S.A.S., est\u00e1 preparando el paquete documental para ser remitido a la Coordinaci\u00f3n del Grupo PIVC-RCC, para que sea radicado e iniciar el tr\u00e1mite de averiguaci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
4. Mercader\u00eda S.A.S. inform\u00f3 que est\u00e1 en proceso de reorganizaci\u00f3n, que fue admitido por la SuperSociedades el 18 de enero de 2022; que la promotora tuvo una relaci\u00f3n laboral desde el 19 de diciembre de 2019 a 3 de enero de 2022, quedando pendiente solo el pago de la liquidaci\u00f3n, la que se encuentra dentro del pasivo reorganizable; que el 15 de marzo de 2022 dio respuesta a la petici\u00f3n formulada y al requerimiento de informaci\u00f3n enviado por el Ministerio del Trabajo; que en el proceso de reorganizaci\u00f3n pretende proteger los casi 20.000 empleos directos e indirectos que genera; que la promotora puede iniciar proceso judicial para pretender sus acreencias judiciales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional accedi\u00f3 parcialmente a lo pretendido, amparando el derecho de petici\u00f3n, al considerar que la contestaci\u00f3n dada por Mercader\u00eda S.A.S. fue incompleta, comoquiera que, si bien demostr\u00f3 que el 15 de marzo de 2022 dio respuesta, lo cierto es que, lo all\u00ed dicho, de cara al pago de la liquidaci\u00f3n fue muy gen\u00e9rica, pues no precis\u00f3 ni acredit\u00f3 \u00ab(i) alguna gesti\u00f3n concreta ante el promotor designado y\/o el juez del concurso con el fin de eventualmente requerir un pago anticipado tal y como dej\u00f3 entrever; (ii) aclarar a la interesada que su liquidaci\u00f3n se presentar\u00e1 como un cr\u00e9dito a ser tenido en cuenta en el proyecto de acuerdo de reorganizaci\u00f3n; (iii) cu\u00e1ndo se presentar\u00e1 el mencionado proyecto de acuerdo, a sabiendas que es una actuaci\u00f3n de su competencia conforme a lo dispuesto en el art. 24 de la L. 1116\/2006; (vi) el monto o cuant\u00eda que se reportar\u00eda en el mencionado proyecto\u00bb; raz\u00f3n por la que orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026a MERCADER\u00cdA SAS EN REORGANIZACI\u00d3N EMPRESARIAL que, en t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas, a favor de la aqu\u00ed amparada, complemente la respuesta que le entreg\u00f3 el 15 de marzo de 2022 de tal manera que a modo claro subsane las omisiones que se expusieron\u2026 <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, m\u00e1xime cuando la promotora no acredit\u00f3 ostentar una condici\u00f3n de madre cabeza de familia o que de ella dependan econ\u00f3micamente personas de quienes se pueda predicar la aludida condici\u00f3n, pues no prob\u00f3 que John Fredy Rojas Rinc\u00f3n fuera su esposo o compa\u00f1ero permanente, menos justific\u00f3 las razones por las que aqu\u00e9l sea su dependiente econ\u00f3mico, tampoco prob\u00f3 los hijos que podr\u00eda tener a cargo, c\u00f3mo est\u00e1 compuesto su n\u00facleo familiar, cu\u00e1les son los gastos en que incurre mensualmente y c\u00f3mo se cubren; relievando que, a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral la empleadora acredit\u00f3 que la tuvo al d\u00eda en los aportes de seguridad social y le entreg\u00f3 la carta de informaci\u00f3n para el retiro de sus cesant\u00edas, por lo que la accionante pudo acceder a sus ahorros por tal concepto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Superintendencia demostr\u00f3 la respuesta a la petici\u00f3n, resaltando que, si bien a la empresa le corresponde relacionar los cr\u00e9ditos a su cargo, Adriana del Pilar puede acudir al proceso de reorganizaci\u00f3n y \u00ab(i) realizar la presentaci\u00f3n de su cr\u00e9dito especificando su monto; (ii) solicitar al juez de concurso autorizaci\u00f3n para conciliar la obligaci\u00f3n o atendiendo lo establecido en el par. 4\u00ba del art. 17 de la L. 1116\/2006 permitir su pago anticipado de estimar que puede tratarse de una peque\u00f1a acreencia; (iii) objetar la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n que se haga de su cr\u00e9dito conforme a las previsiones del art. 29 de la L. 1116\/2006\u00bb, de ah\u00ed que, cuente con otros mecanismos ordinarios para hacer valer sus derechos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de conciliaci\u00f3n presentada al Ministerio del Trabajo es prematura, toda vez que, la misma se solicit\u00f3 el 11 de marzo de 2022 y la solicitud de amparo la formul\u00f3 el d\u00eda 25 del mismo mes y a\u00f1o, raz\u00f3n por la que est\u00e1 en t\u00e9rmino para ser atendida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora manifestando que \u00abla intenci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela pretend\u00eda que se protegieran [su] derechos fundamentales a la vida digna y al m\u00ednimo vital, con arreglo a lo dispuesto por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Jurisprudencia pero la presente fue tomada solo como un caso concreto e improcedente en el uso de la acci\u00f3n de tutela con fin del reconocimiento y pago de las acreencias laborales a que pudiera tener derecho la accionante y no a la vulneraci\u00f3n de [su] derechos a tener una vida digna y un m\u00ednimo vital dejando[la] nuevamente en estado de indefensi\u00f3n ante los accionados al no recibir protecci\u00f3n alguna por el Estado\u00bb, por lo que pidi\u00f3, revocar el fallo y ordenar a Mercader\u00eda S.A.S. que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas proceda con el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y dem\u00e1s erogaciones laborales que se [le] adeudan\u2026 \u00fanica forma legal y procedente de garantizar el amparo de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que le fallo impugnado refiri\u00f3 que el Ministerio de Trabajo \u00abse encontraba todav\u00eda en t\u00e9rminos para ser atendida para cuando se interpuso la acci\u00f3n de tutela y que el respectivo ministerio ten\u00eda hasta el d\u00eda 25 del mes de Marzo de 2022 para tomar decisiones sobre el tema, pero a la fecha 1 de abril de 2022 sigue sin realizar ninguna actuaci\u00f3n frente a la accionada Mercader\u00eda S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno pued[e] demostrar la dependencia econ\u00f3mica total de [sus] hijos y [su] esposo por la premura en la respuesta e impugnaci\u00f3n\u2026 [situaci\u00f3n que] no es relevante ya que el derecho a la vida digna y al m\u00ednimo vital es un derecho constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada, establece que, a trav\u00e9s de ella, Adriana del Pilar Ru\u00edz pretende se ordene a Mercader\u00eda S.A.S. el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales, sociedad que con auto n\u00b0 2022-01-013943 de 18 de enero de 2022 fue admitida a proceso de reorganizaci\u00f3n por la Superintendencia de Sociedades; pues, en su sentir, su contrato laboral fue terminado el 3 de enero de los corrientes, por lo que se debe disponer el pago inmediato de su liquidaci\u00f3n, con el fin de no vulnerar su m\u00ednimo vital y el de su familia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en tal premisa advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que, se torna prematuro, en la medida en que, auscultadas las diligencias allegadas a esta instancia, Mercader\u00eda S.A.S. ingres\u00f3 a reorganizaci\u00f3n empresarial conforme las disposiciones de la Ley 1116 de 2006, por lo que todas las acreencias, entre ellas, las laborales, causadas con anterioridad al 18 de enero de 2022 hacen parte del pasivo reorganizable, de ah\u00ed que, la accionante debe seguir el curso normal de las etapas del proceso de reorganizaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando seg\u00fan lo dicho Mercader\u00eda S.A.S., el 17 de marzo de 2022 present\u00f3 proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en el que incluy\u00f3, entre otras, a Adriana del Pilar Ruiz por valor de $1\u00b4999.845 por prestaciones laborales adeudas, raz\u00f3n por la que la acreencia reclamada por la gestora ya hace parte de la reorganizaci\u00f3n, por lo que, se insiste, debe esperar el curso normal de las etapas del proceso. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el proceso est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
A lo anterior debe agregarse que, conforme las probanzas allegadas al plenario, incluso, por la misma gestora, entre ellas, los pagos de los salarios anteriores, aportes a seguridad social y la carta de autorizaci\u00f3n para el retiro de las cesant\u00edas, permite inferir que para la fecha en la que present\u00f3 la solicitud de amparo, el m\u00ednimo vital no estaba comprometido, en raz\u00f3n a que pudo acceder a su ahorro por tal concepto ante la AFP Porvenir, fondo en el que est\u00e1 inscrita, sumado a que, no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, respecto del tr\u00e1mite solicitado ante el Ministerio del Trabajo, tampoco se evidencia ning\u00fan quebranto de garant\u00edas fundamentales, en la medida en que, conforme los medios allegados al plenario, tambi\u00e9n est\u00e1 en curso y siguiendo las etapas propias de la petici\u00f3n, por lo que la promotora debe esperar a tales resultas; en efecto, ante la petici\u00f3n de la gestora formulada el 10 de febrero de 2022, dicha cartera ministerial requiri\u00f3 a Mercader\u00eda S.A.S. (Almacenes Justo & Bueno), con el fin de que se pronunciara sobre lo dicho; que, ante tal petici\u00f3n, la empleadora lo hizo, raz\u00f3n por la que est\u00e1 preparando el paquete documental para ser remitido a la Coordinaci\u00f3n del Grupo PIVC-RCC, para que sea radicado e iniciar el tr\u00e1mite de averiguaci\u00f3n preliminar, raz\u00f3n por la que, se insiste, dicha actuaci\u00f3n est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, al margen de lo expuesto anteriormente, debe precisarse que los precedentes invocados por la actora con el fin de que le sean aplicados en punto al derecho al trabajo, m\u00ednimo vital e indefensi\u00f3n, (T-442\/2010; T-157\/2014; T-015\/2015 y T-118\/2017), es inviable tal petici\u00f3n, porque las determinaciones adoptadas por v\u00eda de tutela son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01); adem\u00e1s, porque los supuestos f\u00e1cticos all\u00e1 auscultados son diferentes a los ahora planteados, pues, el primero refiere sobre la suspensi\u00f3n del pago salarial y de cotizaciones al sistema de seguridad sin estar resuelto el contrato laboral, cuando la empleadora est\u00e1 intervenida judicialmente; el segundo fue un grupo de personas que se desempe\u00f1aban como vigilantes en distintas instituciones educativas del Departamento del Atl\u00e1ntico, quienes pretendieron el pago de horas extras, nocturnas, dominicales, compensatorios con recursos del sistema general de participaciones y su indexaci\u00f3n; el siguiente, desarrolla el derecho a la intimidad, buen nombre y honra, frente a unas publicaciones que se hicieron en una red social; y, respecto del \u00faltimo, analiz\u00f3 la indefensi\u00f3n, deberes del estado y de la sociedad frente a las v\u00edctimas de desastres naturales; de ah\u00ed que no es procedente dar aplicaci\u00f3n a dicho precedente. <\/p>\n
4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6823-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6823-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00552-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 30 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64248","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64248"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64248\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}