STC6824-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01625-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bismark Andrade C\u00f3rdoba contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira y las las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-05850. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad e igualdad, presuntamente vulnerados por las corporaciones judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, fue procesado por los delitos de \u00abacceso carnal violento y lesiones personales dolosas\u00bb de los que fue absuelto en ambas instancias (por el Juzgado Sexto Penal del Circuito y Sala Penal, Tribunal Superior de Pereira, respectivamente), siendo la sentencia del ad quem objeto del recurso de casaci\u00f3n propuesto por la fiscal\u00eda y la representaci\u00f3n de la v\u00edctima. <\/p>\n
Expone que, mediante providencia del 11 de noviembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal cas\u00f3 el fallo de segundo grado para en su lugar condenarlo a la pena de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los punibles endilgados, decisi\u00f3n contra la cual, por tratarse de una primera condena, interpuso el recurso de impugnaci\u00f3n especial o de doble conformidad, actualmente en tr\u00e1mite. En ese mismo veredicto, la Sala Especializada libr\u00f3 orden de captura en su contra para el cumplimiento de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que, posteriormente, y atendiendo la petici\u00f3n que elev\u00f3 por intermedio de su abogado defensor, el 25 de marzo de 2021 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, suspendi\u00f3 la orden de captura hasta que la sentencia de condena quede en firme; determinaci\u00f3n que apelaron la fiscal\u00eda, el representante de la v\u00edctima y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Destaca que, el 18 de febrero de 2022 el Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, revoc\u00f3 el se\u00f1alado prove\u00eddo para en su lugar, negar la suspensi\u00f3n de la orden de captura librada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y es respecto de esta determinaci\u00f3n que el actor dirige la presente queja constitucional. <\/p>\n
Cuestiona que, en la referida decisi\u00f3n, el tribunal omiti\u00f3 valorar que, en ning\u00fan momento del proceso se le impuso medida de aseguramiento, por lo tanto, el que se haya dispuesto la captura de forma inmediata \u00abri\u00f1e flagrantemente con el derecho convencional y constitucional de la igualdad e inclusive con el de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el principio de favorabilidad, aduce que resulta aplicable lo previsto en el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000, que permite que la captura solo se ordene \u00abcuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuaci\u00f3n procesal se hubiera proferido medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u00bb, norma que ser\u00eda m\u00e1s favorable que el 450 de la ley 906 de 2004 (procedimiento que rige el tr\u00e1mite) que deja a discreci\u00f3n del operador judicial resolver sobre la libertad del enjuiciado una vez anunciado el sentido del fallo. <\/p>\n
Manifiesta que, pese a que en varios pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se indica que la orden de captura producto del proferimiento de sentencia condenatoria, aun sin que esta cobre ejecutoria, no vulnera la presunci\u00f3n de inocencia, alega que, \u00abdicha argumentaci\u00f3n ri\u00f1e con lo reglado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n, toda vez que en las decisiones [judiciales] debe prevalecer el derecho sustancial y los argumentos para negar lo pretendido son talanqueras de estricto orden procesal y no sustancial como lo es derecho al debido proceso, la favorabilidad, la igualdad y la libertad\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, se debe tener en cuenta el razonamiento contenido en la sentencia de tutela STC4969-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil que, en un asunto similar, concedi\u00f3 la salvaguarda para ordenar al tribunal all\u00ed accionado que resolviera sobre la libertad pronunci\u00e1ndose frente al tema de la favorabilidad atinente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 188 de la ley 600 en vez del 450 de la 906. <\/p>\n
De otra parte, reclama por el reconocimiento del derecho a la igualdad en el sentido que, es necesario que se proceda de la misma manera que en asuntos similares en los que se permiti\u00f3 al sentenciado continuar en libertad mientras su condena no ha adquirido firmeza. En dicho sentido trae a colaci\u00f3n lo acaecido en el proceso de \u00abIgnacio Pretelt Chaljub\u00bb ex magistrado de la Corte Constitucional, quien fue condenado y le negaron los subrogados penales, sin embargo, no se orden\u00f3 su captura \u00abhasta tanto no quede en firme la sentencia\u00bb pese a que los delitos por los que fue acusado \u00abtienen expresa prohibici\u00f3n de beneficios seg\u00fan el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal\u00bb; demanda que deber\u00eda ser tratado igual al exmagistrado mencionado. Finalmente, cita otros dos asuntos en los cuales, los condenados, ambos por delitos contra la integridad sexual de un menor de edad [2016-80230 y 2008-00455] tras ratificarse su sanci\u00f3n en segunda instancia, el tribunal \u00abno modific\u00f3 la orden de emitir la captura una vez ejecutoriada\u00bb, casos que se asemejan al suyo por tratarse de tr\u00e1mites de ley 906 de 2004. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, \u00abse ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira que […] deje sin efecto la decisi\u00f3n de 18 de febrero de 2022, y en su lugar, desate nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que revoc\u00f3 y neg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la orden de captura por favorabilidad, atendiendo la argumentaci\u00f3n que se expone [\u2026] y ordene la suspensi\u00f3n de la orden de captura librada [\u2026] hasta que se resuelva la impugnaci\u00f3n especial por parte de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
1. La Fiscal 36 de la Unidad CAIVAS relacion\u00f3 lo acontecido en la investigaci\u00f3n y causa penal que se le adelant\u00f3 a Andrade C\u00f3rdoba. En cuanto a los cuestionamientos del actor y en concreto sobre la supuesta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, se\u00f1al\u00f3 que la comparaci\u00f3n que plantea \u00abes equivocada si se tiene en cuenta que por la categor\u00eda de Magistrado de la Corte Constitucional del enjuiciado, el procedimiento a aplicar, como en efecto ocurri\u00f3, era el de la ley 600 de 2000 mientras que el se\u00f1or Bismark al no tener fuero, le era aplicable la normatividad de la ley 906, procedimientos totalmente dis\u00edmiles e incompatibles en su estructura, adem\u00e1s de que se trata de delitos completamente diversos\u00bb. Agreg\u00f3 que, respecto a la alusi\u00f3n de la sentencia de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u00abno expone cu\u00e1l es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del caso citado, ni la situaci\u00f3n jur\u00eddica, ni se mencionan cu\u00e1les fueron las razones por las cuales el tribunal de Medell\u00edn dispuso la libertad del acusado, ni cual fue el derecho fundamental violado en trat\u00e1ndose de una tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Judicial Penal I 231 indic\u00f3 que, no podr\u00eda decirse que todos los recursos se encuentren agotados, debido a que se encuentra en tr\u00e1mite el de la impugnaci\u00f3n especial, escenario en donde \u00abpudiera eventualmente ser absuelto o confirmada la condena, corriendo la misma suerte la orden de captura\u00bb A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, la determinaci\u00f3n de negar la suspensi\u00f3n de la orden de captura se encuentra motivada y tiene fundamento en pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. La Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n de la Hom\u00f3loga Especializada, inform\u00f3 que la ponencia de la impugnaci\u00f3n especial formulada por la defensa del procesado Andrade C\u00f3rdoba le fue asignada por reparto, sin embargo, la queja constitucional no est\u00e1 dirigida contra el procedimiento que se surte al interior de dicha Sala, por lo que solicita se declare que no ha existido vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno por parte de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
4. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada en el caso del ac\u00e1 accionante, y expuso las razones jur\u00eddicas que llevaron a dicho tribunal a revocar la decisi\u00f3n del juez a quo y negar la suspensi\u00f3n de la orden de captura librada contra el procesado. De otra parte, sostuvo que las alegaciones del gestor del amparo \u00abse enmarcan en una interpretaci\u00f3n propia del principio de favorabilidad penal y no, en fundamentos legales y jurisprudenciales que permitan justificar dicha postura. Sobre ello, llama la atenci\u00f3n el hecho que el mismo abogado [del accionante] reconoce la existencia de la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte, sin embargo, solicita que por favorabilidad se aplique una interpretaci\u00f3n opuesta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas, al revocar la decisi\u00f3n de suspender la orden de captura contra el ac\u00e1 accionante (auto de 18 de febrero de 2022), librada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal que lo conden\u00f3 (en sede de casaci\u00f3n) a la pena de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal violento y lesiones personales dolosas\u00bb, y no aplicar al caso lo previsto en el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000 por favorabilidad respecto del canon 450 de la ley 906 de 2004; as\u00ed como, por evidenciarse un trato desigual en relaci\u00f3n con otros asuntos similares en los que no se dispuso la captura hasta tanto la sentencia no cobre ejecutoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Preliminarmente, el tribunal accionado, examin\u00f3 las razones que tuvo el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira para suspender la orden de captura de Andrade C\u00f3rdoba, acogiendo como jurisprudencia aplicable los casos del exmagistrado de la Corte Constitucional Pretelt Chaljub y el de la sentencia de tutela STC4969-2020 de esta Sala, y puntualiz\u00f3 que, no pod\u00edan entenderse como tales, y adem\u00e1s, que le era exigible un mayor rigor argumental de cara a explicar por qu\u00e9 dichos pronunciamientos, uno en sede ordinaria penal (regido por la ley 600 de 2000) y otro de tutela, constitu\u00edan precedentes judiciales de ineludible observancia. <\/p>\n
Seguidamente, sobre la favorabilidad invocada por el procesado respecto de las normas en contraste, admitiendo que en espec\u00edficos eventos pod\u00eda darse una aplicaci\u00f3n ultraactiva de una regulaci\u00f3n procesal anterior o derogada por ser m\u00e1s beneficiosa, aclar\u00f3 que ello no quer\u00eda decir que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ocurriera en la totalidad de las hip\u00f3tesis en que el int\u00e9rprete pensara que pod\u00eda estar ante institutos parecidos o semejantes, pues si eso fuese as\u00ed un n\u00famero alto de instituciones procesales resultar\u00eda aplicable en uno y otro sistema, perdi\u00e9ndose de vista que los dos sistemas obedecen a una teleolog\u00eda constitucional diferente, aunque en ambos existan figuras como el fiscal, el juez de conocimiento y el defensor. Sin embargo, una interpretaci\u00f3n como esa no es razonable si se tienen en cuenta las particularidades normativas que tiene cada sistema y que indican que son completamente diferentes\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, adujo, tiene soporte en pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que en proceso con radicado 59850 indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201csobre la posibilidad de aplicar la favorabilidad de un estatuto a otro de la Corte ha sido insistente en sostener que cada proceso debe sujetarse, en principio, a las normas del sistema que lo regula [\u2026] y que la aplicaci\u00f3n favorable de un determinado instituto, que es regulado de manera diversa en los dos c\u00f3digos, solo es posible si no desconoce la estructura conceptual del sistema llamado a gobernar la respectiva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, la Sala ha establecido que la aplicaci\u00f3n por favorabilidad de una norma de un estatuto procesal a otro puede hacerse siempre que no implique la adopci\u00f3n de soluciones asistem\u00e1ticas e inadmisibles, que choquen con las instituciones intr\u00ednsecas o inherentes al sistema de enjuiciamiento al que pretenden trasladarse. <\/p>\n
De ese modo, el traslado de disposiciones de un estatuto procesal a otro, solo es posible en la medida que no comparten afectaci\u00f3n de lo vertebral de cada sistema, esto es, de aqu\u00e9llos rasgos que le son esenciales e inherentes y sin los cuales se desnaturalizar\u00edan tanto sus postulados como sus finalidades. <\/p>\n
Imperioso resulta recordar que cada sistema penal cuenta con su propia especificidad, en el marco de una sustancialidad y l\u00f3gica que han de preservarse durante toda la actuaci\u00f3n, precisamente, para garantizar el debido proceso. En ese sentido, no puede perderse de vista que la Ley 600 de 2000 es un modelo mixto con tendencia inquisitiva, mientras que la Ley 906 de 2004 es un sistema con tendencia acusatoria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, sobre la tem\u00e1tica, exist\u00eda adem\u00e1s un pronunciamiento del Alto Tribunal Constitucional, que mediante fallo de exequibilidad, declar\u00f3 el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004 ajustado a la Constituci\u00f3n, decisi\u00f3n que el juez de primera instancia pas\u00f3 por alto. Tras rese\u00f1ar los apartes esenciales de dicho fallo, precis\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn el marco de la l\u00f3gica jur\u00eddica, los argumentos expuestos por la Corte Constitucional respaldando el contenido del art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004, son aplicables con mayor raz\u00f3n a la Corte Suprema de Justicia cuando, en ejercicio del recurso de casaci\u00f3n, casa una sentencia de segunda instancia y profiere un fallo de reemplazo condenando a la persona procesada, pues, aunque dicho fallo pueda ser atacado a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n especial, la Corte puede hacer uso de dicha norma para ordenar la detenci\u00f3n inmediata del proceso con miras a hacer efectiva la sentencia. Esto demuestra que el juez tom\u00f3 una decisi\u00f3n que se opone a la sentencia de constitucionalidad que declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004; en otras palabras, declar\u00f3 la validez constitucional de dicha norma legal. Pese a conocer esta sentencia, el juez de primera instancia no explic\u00f3 los fundamentos jur\u00eddicos para apartarse de la sentencia C-342 de 2017, siendo esta una carga argumentativa a la que estaba obligado en su providencia. No hay una sola l\u00ednea del auto apelado dedicado a exponer este razonamiento\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de mantenerse una interpretaci\u00f3n como la del juez a quo, el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004 no resultar\u00eda aplicable en ning\u00fan evento, por cuanto si bien esa norma faculta al juez para ordenar en el fallo, la detenci\u00f3n inmediata del proceso cuando esta sea necesaria, librando orden de encarcelamiento, tal norma no tendr\u00eda efecto en ning\u00fan caso, porque seg\u00fan el a quo, habr\u00eda que esperar a la ejecutoria del fallo, extendiendo el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000 a los procesos regidos por la ley 906 de 2004. Esto es igual a derogar una regla legal con una decisi\u00f3n judicial y equivale a pasar por alto una sentencia de constitucionalidad y ello es inadmisible en un r\u00e9gimen democr\u00e1tico\u00bb. <\/p>\n
Luego, exhort\u00f3 al juez penal a ser m\u00e1s cuidadoso al momento de adoptar ese tipo de determinaciones, pues, termina <\/p>\n
\u00ab(\u2026) abriendo un espacio procesal adicional para plantear cierta controversia contra el fallo de la Corte, pese a que, Andrade C\u00f3rdoba hab\u00eda interpuesto un recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de la Corte en el sentido de plantearle a este Tribunal que no se hiciera efectiva la captura hasta que no estuviera ejecutoriado el fallo y la Corte profiri\u00f3 auto de fecha 2 de junio de 2021, en el cual consider\u00f3 que el fallo no era reformable ni revocable por el mismo juez que lo emiti\u00f3, lo que quiere decir que si la Corte se hab\u00eda tomado el trabajo de emitir un auto sobre el tema de la captura ordenada en la sentencia, no pod\u00eda el juez de segunda instancia poner en entre dicho las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Si el juez hubiese le\u00eddo la sentencia de casaci\u00f3n en la que se orden\u00f3 la captura, de manera razonada, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que ning\u00fan condicionamiento hizo la Corte al cumplimiento de la orden de captura y si dicho tribunal no impuso condiciones de ning\u00fan tipo con menor raz\u00f3n lo podr\u00eda hacer un juez de inferior jerarqu\u00eda que no cuenta con la prerrogativa de revisar las decisiones del superior funcional\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se revela prima facie la v\u00eda de hecho que el censor pregona del tribunal accionado, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9l en la providencia recriminada no se advierten arbitrarias o caprichosas, ni se hallan desprovistas de soporte legal o jurisprudencial, pues adem\u00e1s, lo resuelto encuentra consonancia no solo con pronunciamientos puntuales de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que precisan que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004 no vulnera la presunci\u00f3n de inocencia, sino tambi\u00e9n con la sentencia C-342 de 2017 de la Corte Constitucional que evalu\u00f3 la exequibilidad del referido precepto legal con la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a esa postura, mientras no se observe infundada, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
En tal sentido, se ha sostenido que el juez de la causa est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para exponer y resolver de acuerdo a la interpretaci\u00f3n que le otorga al contexto procesal que se le pone de presente, de modo que el resguardo solo se abre paso, si \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, surge evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo, por intermedio de su apoderado, se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, es menester resaltar que, que la sola divergencia conceptual no habilita la protecci\u00f3n constitucional, porque esta acci\u00f3n no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4.1. Finalmente, frente al planteamiento relacionado con el derecho a la igualdad, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se reconoci\u00f3 un determinado beneficio a otro procesado, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma lleve a diferentes conclusiones seg\u00fan el contexto particular que se estudia, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable; adem\u00e1s, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones. <\/p>\n
Adicionalmente, el caso que trae el actor para el contraste \u2013 el del exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub \u2013, no puede tenerse como precedente judicial a fin de hacer extensivos sus efectos a su causa, principalmente porque difiere en que, el del citado exfuncionario, es un asunto regido por la ley 600 de 2000. <\/p>\n
Y, en cuanto a los otros dos procesos que menciona el gestor como referencia (2016-80230 y 2008-00455), de tr\u00e1mites de ley 906 de 2004 y relacionados tambi\u00e9n con delitos contra la integridad sexual de las personas, se trata de valoraciones que efect\u00faan otros jueces o magistrados en otros escenarios y que corresponden a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma les otorgan a las situaciones analizadas y que no constituyen tampoco, en estricto sentido, un precedente jurisprudencial que sirva de derrotero para todos los eventos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son necesariamente vinculantes. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
4.2. Por otra parte, respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n de la sentencia de tutela STC4969-2020 de esta Sala, basta con se\u00f1alar que, no solo porque los presupuestos f\u00e1cticos y decisorios all\u00ed expuestos no guardan identidad con el presente, sino porque lo resuelto al tratarse de una acci\u00f3n de tutela tiene efectos inter partes, no tiene la virtualidad de ampliar sus consideraciones a la situaci\u00f3n que ahora plantea el interesado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consecuencia de lo analizado en precedencia, es la negativa del resguardo porque: <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. No se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda esencial consagrada en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por el supuesto desconocimiento de precedentes jurisprudenciales dado que, al margen de coincidir los pronunciamientos referidos en la tem\u00e1tica tratada, las decisiones y casos ponderados no constituyen la inobservancia enrostrada, por cuanto, corresponden a una valoraci\u00f3n concreta y particular de esos contextos judiciales espec\u00edficos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6824-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01625-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bismark Andrade C\u00f3rdoba contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64249"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64249\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}