STC6825-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6825-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00758-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de abril de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Caro Torres contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abinformaci\u00f3n veraz\u00bb, presuntamente vulneradas por el estrado judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al despacho accionado \u00abacatar el precedente proferido por el Juzgado 16 Civil del Circuito el 22 de junio de 2015 donde libr\u00f3 despacho comisorio para que se cumpla lo acordado por las partes en la conciliaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, \u00abacatar lo acordado por las partes en el acta conciliatoria suscrita el 18 de junio de 2013 en el proceso 2010-0581\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 \u00abdeclarar la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de entregar el inmueble reivindicable por [su] parte, por incumplimiento de la parte demandante a la condici\u00f3n a la que voluntariamente se someti\u00f3 en los t\u00e9rminos de la Ley 640\/01, art. 1\u00b0, par. 2\u00b0\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Bella Diva Caro de Rojas, Jos\u00e9 Delf\u00edn Caro Torres, Marybell y Dirley Hern\u00e1ndez Caro promovieron proceso reivindicatorio contra Miguel Antonio Caro Torres, tr\u00e1mite que termin\u00f3 en virtud de la conciliaci\u00f3n celebrada en audiencia de 18 de junio de 2013, adelantada por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, en prove\u00eddo de 22 de junio de 2015 se libr\u00f3 despacho comisorio con el fin de adelantar la diligencia de entrega, la que no se pudo realizar; luego, el 11 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad nuevamente accedi\u00f3 a la solicitud de entrega del bien objeto de la conciliaci\u00f3n, elevada por el extremo actor y dispuso que se librara despacho comisorio. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n, por lo que con auto de 5 de marzo de 2020 se mantuvo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en el referido auto de 5 de marzo se expuso que en la audiencia de conciliaci\u00f3n se hab\u00eda obligado a entregar el inmueble sin ninguna clase de condicionamiento, lo que difiere de lo acordado en la audiencia y se aparta del marco jur\u00eddico que la rige; que al afirmar que fue un acto incondicional de su parte, se cercena la literalidad y sentido del acta; y que dicha manifestaci\u00f3n es una \u00abv\u00eda de hecho con el contenido del acta conciliatoria que es un contrato bilateral donde [se] compromet[i\u00f3] a entregar el inmueble reivindicable a cambio que la accionante allegara un poder que, adem\u00e1s era una obligaci\u00f3n legal que los incumplidos deb\u00edan cumplir previamente so pena de invalidar la conciliaci\u00f3n\u00bb, en su sentir, \u00abignor\u00f3 as\u00ed, situaciones f\u00e1cticas y hechos jur\u00eddicos presentes en el acuerdo conciliatorio\u00bb, pues su entrega estaba condicionada a la entrega del referido mandato. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que el 22 de junio de 2021 el despacho accionado nuevamente accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de entrega del predio, comisionando para tal fin a la Alcald\u00eda Local; determinaci\u00f3n que mantuvo el 14 de septiembre siguiente, por lo que el 2 de noviembre de 2021 dispuso librar los despachos comisorios. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que las decisiones referidas a espacio quebrantaron sus garant\u00edas iniciales, toda vez que, no hab\u00eda lugar a ordenar la entrega del bien, habida cuenta de que, \u00aben el acta conciliatoria del 18 de junio de 2013 a la que no asisti\u00f3 la mitad de los demandantes convocados se pactaron tres condiciones: a) Que [\u00e9l] har\u00eda entrega \u201cdel inmueble\u201d a condici\u00f3n que la accionante allegara un poder proveniente de los demandantes que no asistieron; tal condici\u00f3n adem\u00e1s de personal era legal y la accionante la deb\u00eda cumplir en los t\u00e9rminos de la Ley 640\/01, art.1\u00ba, par.2\u00ba: b) Que no habr\u00eda \u201cninguna otra contraprestaci\u00f3n por ninguna de las partes\u201d en lo atinente a frutos, mejoras, etc.; c) Que la accionante allegar\u00eda un documento proveniente de los demandantes que no asistieron en el que se avalara el acuerdo conciliatorio\u00bb, sin embargo, \u00aben el expediente no consta que la accionante hubiera allegado el poder requerido\u2026 requisito sine qua non para la validez de la conciliaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que, insiste, no hay lugar a acceder a la entrega del predio, tras advertir ese supuesto incumplimiento. <\/p>\n
2.6. Adujo que el despacho comisorio no cumple con las disposiciones del art\u00edculo 39 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, no es claro ni preciso, porque \u00abno subsumi\u00f3 los hechos probados a las normas jur\u00eddicas reguladoras de la situaci\u00f3n; por el contrario: lo que se evidencia es el comisorio es el resultado de la deformaci\u00f3n de los hechos, de la distorsi\u00f3n del precedente y del desacato de las normas jur\u00eddicas que regulaban el acuerdo conciliatorio\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que en ninguna parte del acta se consign\u00f3 que deb\u00eda hacer entrega de la totalidad del bien, pues se desbordar\u00eda la finalidad y naturaleza del proceso; que desde las excepciones puso en conocimiento que los demandantes no eran due\u00f1os de una parte que reclamaban, por lo que el estrado criticado no contaba con competencia para conceder m\u00e1s de lo que le pertenece al extremo actor; que tiene derechos sobre 1\/6 parte, por lo que si se dispone la entrega total del predio se incurre en v\u00eda de hecho; y que se le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio fustigado, sin embargo, el 17 de marzo de 2015 remiti\u00f3 las diligencias a los despachos de descongesti\u00f3n, por lo que inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 18 de julio de 2013 el accionante celebr\u00f3 conciliaci\u00f3n con los demandantes, en la que se oblig\u00f3 a la entrega de un inmueble, sin que la misma se hubiese condicionado; que el proceso se culmin\u00f3 en legal forma; que no puede reabrir el debate judicial; que por los mismos hechos el promotor formul\u00f3 2 acciones de tutela (2020-01086 y 2020-0444) que fueron denegadas; que la petici\u00f3n de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, pues ataca la conciliaci\u00f3n celebrada en el a\u00f1o 2013, que fue la que origin\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
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LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que pretendido por el quejoso es controvertir la orden de entrega del inmueble emitida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, situaci\u00f3n que qued\u00f3 zanjada en pret\u00e9ritas acciones de tutela (2015-01070-01; 2018-01487-01; 2019-01348-01) determinaciones que atendi\u00f3 el fallo supralegal 2020-00444-02, sin que el promotor haya demostrado la existencia de elementos de juicio novedosos o la ocurrencia de hechos distintos que modifiquen la situaci\u00f3n descrita por el gestor desde el libelo inicial y que justifique la presentaci\u00f3n del nuevo amparo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que si bien el 11 de enero de 2022 se actualiz\u00f3 el despacho comisorio para la pr\u00e1ctica de la diligencia, lo cierto es que dicha situaci\u00f3n no es un suceso nuevo, toda vez que, en \u00faltimas, es una actuaci\u00f3n encaminada a materializar la entrega del predio, que fue ordenada el 11 de febrero de 2020, reiterada en autos de 22 de junio y 2 de noviembre de 2021. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abel despacho comisorio n\u00b0 022 del 11 de enero de 2022 no tiene su g\u00e9nesis en el debido proceso, es decir, en la confrontaci\u00f3n de las evidencias probatorias con las normas como la misma Ley 640\/01, art. 1\u00b0, par. 2\u00b0 que dispon\u00eda la forma en que deb\u00eda allegarse el poder de las ausentes en al caso de ausencia de la mitad de los demandantes planteado por la conciliadora quien, por lo dem\u00e1s, no hizo cumplir la norma\u2026\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Analizada la demanda constitucional, encuentra la Sala que el promotor persigue cuestionar la legalidad del proceso reivindicatorio adelantado en su contra, que culmin\u00f3 con la conciliaci\u00f3n de 18 de junio de 2013, con la que el promotor se comprometi\u00f3 a realizar la entrega del fundo, y sus actuaciones posteriores de cara a la materializaci\u00f3n de la respectiva entrega, pues, en su sentir, en s\u00edntesis, dicho acuerdo conciliatorio estaba condicionado a la entrega de un poder de los restantes demandantes, la que no fue satisfecha, raz\u00f3n por la que no hay lugar a dicha entrega, sumado a que, dicho acto conciliatorio fue errado. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 primigenias acciones de tutelas soportadas en similares hechos, \u00faltima que fue confirmada su negativa por esta Corporaci\u00f3n el 30 de septiembre de 2020 (STC7926-2020), decisi\u00f3n que fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (T-8118939), por lo que est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
\u2026 [en el] proceso reivindicatorio contra Miguel Antonio Caro Torres, tr\u00e1mite que termin\u00f3 en virtud de la conciliaci\u00f3n celebrada en audiencia de 18 de junio de 2013, adelantada por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, en prove\u00eddo de 11 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad accedi\u00f3 a la solicitud de entrega del bien objeto de la conciliaci\u00f3n, elevada por el extremo actor y dispuso que se librara despacho comisorio. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n, por lo que con auto de 5 de marzo de 2020 se mantuvo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el auto de 5 de marzo de los corrientes expuso que en la audiencia de conciliaci\u00f3n se hab\u00eda obligado a entregar el inmueble sin ninguna clase de condicionamiento, lo que difiere de lo acordado en la audiencia y se aparta del marco jur\u00eddico que la rige; que al afirmar que fue un acto incondicional de su parte, se cercena la literalidad y sentido del acta; y que dicha manifestaci\u00f3n \u00abmutila lo acordado en lo referente a las contraprestaciones\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que los demandantes que asistieron a la audiencia se comprometieron a allegar poder de los que no se hicieron presentes por hallarse en el exterior, en tanto que se iba a disponer el derecho en litigio, empero, en el expediente no obra prueba de que ello hubiere ocurrido, por lo que no pueden exigir cumplimiento alguno. <\/p>\n
2.5. Adujo que en ninguna parte del acta se consign\u00f3 que deb\u00eda hacer entrega de la totalidad del bien, pues se desbordar\u00eda la finalidad y naturaleza del proceso; que desde las excepciones puso en conocimiento que los demandantes no eran due\u00f1os de una parte que reclamaban, por lo que el estrado criticado no contaba con competencia para conceder m\u00e1s de lo que le pertenece al extremo actor; que tiene derechos sobre 1\/6 parte, por lo que si se dispone la entrega total del predio se incurre en v\u00eda de hecho; y que se le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, toda vez que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por el accionante Miguel Antonio Caro Torres, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, esta Sala ha resuelto distintas tutelas formuladas por el gestor entorno al proceso criticado y especialmente frente a la conciliaci\u00f3n celebrada el 18 de junio de 2013, precis\u00e1ndose en la primera de ellas que: <\/p>\n
\u2026tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el juez constitucional de instancia, el proceso reivindicatorio a que se ha hecho referencia termin\u00f3 por conciliaci\u00f3n el 18 de junio de 2013, audiencia en la que el se\u00f1or Miguel Antonio Caro Torres se comprometi\u00f3 a hacer entrega del inmueble pretendido a las demandantes \u00absin ninguna otra contraprestaci\u00f3n por ninguna de las partes\u201d\u2026, situaci\u00f3n que conlleva a la Sala a determinar que no solo no se cumple aqu\u00ed tampoco con el presupuesto de la inmediatez, pues el proceso se encuentra terminado 22 meses antes de reclamarse la protecci\u00f3n\u2026, sino que a estas alturas cualquier cuestionamiento de la parte aqu\u00ed inconforme carece de soporte suficiente que permita variar lo resuelto, como quiera que, como quedo visto, fue el propio actor quien concili\u00f3 la situaci\u00f3n que hoy reprocha (STC7829-2015, 19 jun. 2015, rad. 2015-01070-01). <\/p>\n
Posteriormente, en nueva petici\u00f3n de resguardo en la que cuestion\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa en la que aleg\u00f3 que no se acredit\u00f3 la titularidad de los demandantes respecto de todo lo que se reclamaba y no se pod\u00eda entregar una parte del fundo, se le indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto fue incoada tard\u00edamente el 31 de julio pasado, esto es, luego de m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os de emitida la providencia censurada, superando el t\u00e9rmino de seis (6) meses estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n\u2026 Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo (STC11495-2018, 7 sep. 2018, rad. 2018-01487-01) <\/p>\n
Y en ulterior tutela, cuestion\u00f3 la celebraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del acuerdo conciliatorio de 18 de junio de 2013, as\u00ed el prove\u00eddo con el que resolvi\u00f3 de manera negativa la solicitud de nulidad por indebida representaci\u00f3n respecto de dos de los demandantes, y el auto que rechaz\u00f3 la alzada frente a esta \u00faltima providencia, frente a lo que se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026que no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos deprecados, toda vez que no se satisface el principio esencial que orienta la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a saber, la inmediatez. <\/p>\n
En efecto, se evidencia que las decisiones atacadas datan del 18 de junio de 2013, 2 de julio de 2014 y 8 de noviembre de 2018; circunstancias que ponen de relieve que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de 6 a\u00f1os frente a la primera providencia, 5 a\u00f1os respecto de la segunda y, 8 meses en cuanto a la \u00faltima, siendo palpable que dichos t\u00e9rminos superan ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3. No obstante lo anterior y, respecto a la censura que realiz\u00f3 el tutelista en cuanto al acuerdo conciliatorio celebrado el 18 de junio de 2013, resulta pertinente se\u00f1alar que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto\u2026 <\/p>\n
En el caso sub judice, se observa que el querellante present\u00f3 con anterioridad acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, en relaci\u00f3n con el litigio de car\u00e1cter reivindicatorio identificado con radicado n\u00ba 2010-00581 y, en la que finalmente pretendi\u00f3 restar efectos jur\u00eddicos a la conciliaci\u00f3n que se celebr\u00f3 entre las partes el 18 de junio de 2013 y, con ocasi\u00f3n de la cual se dio por terminado dicho tr\u00e1mite. Ahora bien, el actor promovi\u00f3 la actual demanda constitucional basado en los mismos supuestos f\u00e1cticos y, solicitando se tutele sus derechos fundamentales\u2026 al debido proceso y defensa, que considera vulnerados debido a que se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al mencionando acuerdo conciliatorio, no obstante, que no consinti\u00f3 tal acto. <\/p>\n
En ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada en la sentencia STC7829-2015 proferida el 19 de junio de 2015, en lo concerniente al aspecto relacionado con el acuerdo conciliatorio adiado del 18 de junio de 2013. Lo anterior, ya que existe identidad de partes, hechos y pretensiones\u2026, pues cierto es que, realizando una interpretaci\u00f3n de las acciones de tutela en comento, se colige que lo que pretende el accionante en \u00faltimas es que se revoque la conciliaci\u00f3n celebrada el 18 de junio de 2013\u2026 <\/p>\n
5. Ahora bien, y en cuanto al auto emitido por el Despacho querellado el 2 de julio de 2014, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 \u00abdeclarar no probada la nulidad del numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 140 del C.P.C.\u00bb, en efecto, se advierte que tal decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en la falta de \u00abinter\u00e9s jur\u00eddico al incidentante para invocarla\u00bb, pues dicha causal de nulidad \u00absolo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb, en la medida en que la ausencia de poder a la que se alude tan s\u00f3lo afectar\u00eda a quienes no comparecieron a la audiencia, pero no al tutelista, quien se resalt\u00f3 \u00abmanifest\u00f3 su consentimiento al suscribir el acuerdo conciliatorio logrado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado y, en punto al prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2018, por medio del cual la autoridad judicial accionada rechaz\u00f3 de plano la apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 en contra la providencia del 11 de agosto de 2017, se observa que como sustento de tal determinaci\u00f3n se consider\u00f3 que dicho recurso era \u00abimprocedente, extempor\u00e1neo e inoportuno\u00bb y, que como quiera que el auto recurrido hab\u00eda resulto una reposici\u00f3n, no era susceptible de ning\u00fan recurso de acuerdo con lo normado en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 318 del C.G. del P\u2026 <\/p>\n
6. En ese orden de ideas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del tutelista se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad judicial cuestionada se bas\u00f3 para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha\u2026 (CSJ STC12119-2019, 9 sep. 2019, rad. 2019-01348-01). <\/p>\n
Se trata, entonces, de quejas constitucionales reiteradas, lo que basta para su rechazo, pues se pretende restarle efectos a la conciliaci\u00f3n celebrada el 18 de junio de 2013, particularmente, en lo atinente a la entrega del inmueble, siendo los autos criticados de 11 de febrero y 5 de marzo de 2020 la reiteraci\u00f3n de lo ya consolidado, sin que las leves diferencias entre los iniciales ruegos y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes\u2026 <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, seg\u00fan lo verificado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, se itera, su excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, m\u00e1xime cuando en el prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2021 (prove\u00eddo del que gestor se refiere a un nuevo pronunciamiento, pues mantuvo el de 22 de junio de 2021), el estrado enjuiciado resalt\u00f3 que \u00abel despacho no acceder\u00e1 a la reposici\u00f3n planteada, en virtud de que los temas ahora tra\u00eddos a colaci\u00f3n, fueron objeto de debate durante el proceso, solo basta con ver los autos de 31 de mayo de 2018 (fol 318); 8 de noviembre de 2018 (fol 355); 15 de octubre de 2019 (fol. 380); 11 de febrero de 2020 (fol. 389); 5 de marzo de 2020 (Fol. 392); 23 de febrero 2021 (Fol. 419), entre otros; am\u00e9n de las sendas tutelas presentadas por el se\u00f1or Caro en contra del despacho, las que le han sido negadas en su totalidad\u00bb; de ah\u00ed que, frente a los ligeros cambios entre una petici\u00f3n y otra, reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6825-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6825-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00758-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}