STC6826-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6826-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2022-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le ordene al estrado criticado \u00abadmitir [su] acci\u00f3n pues cumpl[e] art 18 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo interpuso acci\u00f3n popular con el fin de ordenar \u00abdestru[ir] las escalas sobre la cra. 3\u00bb donde est\u00e1 ubicado un costado del Templo San Joaqu\u00edn en Risaralda y, en consecuencia, disponer \u00abel espacio p\u00fablico a la ciudadan\u00eda que se desplace en sillas de ruedas\u00bb, bajo el radicado 2022-00087, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas), quien el 7 de marzo de 2022 inadmiti\u00f3 el libelo, tras advertir que no se cumpli\u00f3 con las disposiciones de los art\u00edculos 1\u00b0, 3\u00b0 y 6\u00b0 del decreto 806 de 2020 pues no acredit\u00f3 la remisi\u00f3n de la demanda a la contraparte, sumado a que, no existe certeza contra quien se dirigi\u00f3 la acci\u00f3n, toda vez que, en los hechos mencion\u00f3 a el Almac\u00e9n del Caf\u00e9, sin embargo, en la notificaciones y pretensiones se refiere a el Templo San Joaqu\u00edn. <\/p>\n
2.2. Ante el actuar silente del promotor, el 16 de marzo siguiente el despacho rechaz\u00f3 el libelo; determinaci\u00f3n que mantuvo el 21 de abril de 2022. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el fallador encausado desconoci\u00f3 los art\u00edculos 14 y 18 de la Ley 472 de 1998 referente a cuando se desconoce el demandado, y sobre los requisitos de la demanda, convirtiendo su actuar en un exceso ritual manifiesto, por lo que pidi\u00f3, se ordene tramitar su acci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Anserma relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio censurado; destac\u00f3 que el la remisi\u00f3n de la demanda a la contraparte como lo establece el Decreto 806 de 2020 no corresponde a un exceso ritual manifiesto, pues es un presupuesto del debido proceso, adem\u00e1s \u00abno se aclar\u00f3 por el accionante la parte accionada, y es que no solo exist\u00eda en el escrito una imprecisi\u00f3n frente a su nombre o raz\u00f3n social, sino que adem\u00e1s frente a la direcci\u00f3n de notificaciones, pues la misma tampoco se establece con claridad\u00bb, relievando que, en el t\u00e9rmino para subsanar el promotor guard\u00f3 silencio, lo que conllev\u00f3 a su rechazo; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que, al margen de las dem\u00e1s causales de inadmisi\u00f3n, lo cierto es que el promotor deb\u00eda cumplir con la carga del envi\u00f3 de la demanda y sus anexos al demandado, conforme las disposiciones de los art\u00edculos 3\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 806 de 2020, de ah\u00ed que, el rechazo del libelo inicial no luce caprichoso <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
La remisi\u00f3n de la demanda a la contraparte como lo establece el Decreto 806 de 2020, no corresponde a un exceso ritual manifiesto, pues este es un presupuesto del debido proceso, el cual debe garantizarse no solo al accionante, sino a ambos sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal. Adicionalmente es el mismo decreto el que establece que aplica para la jurisdicci\u00f3n constitucional, lo que contempla por ende las acciones populares, que a pesar de tener un tr\u00e1mite c\u00e9lere, no por ello deben pasarse por alto requisitos normativos, que adem\u00e1s no conllevan a dilaciones del tr\u00e1mite, pues basta con acreditar que la contraparte recibi\u00f3 el escrito de la acci\u00f3n, en este caso en la direcci\u00f3n f\u00edsica dado que se desconoce por el accionante la electr\u00f3nica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como se advierte, lo anterior, no atenta contra el derecho sustancial y por el contrario corresponde a unas cargas m\u00ednimas exigibles a quien presente la acci\u00f3n. Aunado a ello, ni siquiera existi\u00f3 pronunciamiento al respecto por parte del accionante durante el t\u00e9rmino que ten\u00eda para subsanar, por el contrario, guard\u00f3 silencio, por lo que la consecuencia, no era otra que el rechazo de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgado enjuiciado interpret\u00f3 los medios suasorios del plenario, concluyendo que ante la ausencia de subsanaci\u00f3n del libelo inicial, lo procedente era su rechazo, esto, por cuanto entre otras, no cumpli\u00f3 con las cargas dispuestas en los art\u00edculos 3\u00b0 y 6\u00b0 del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
En este orden de ideas, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es de precisar que, en casos con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, esta Sala dej\u00f3 dicho, entre otros, que: <\/p>\n
Sobre el particular, de la revisi\u00f3n del plenario se observa que el Juzgado accionado el 30 de junio de 2021, resolvi\u00f3 inadmitir la acci\u00f3n popular por presentar varias falencias relacionadas con la omisi\u00f3n de dar cumplimiento a lo establecido por el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020. Adicionalmente, requiri\u00f3 al actor para que definiera contra que entidad dirig\u00eda su pretensi\u00f3n. Para ello, otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas. <\/p>\n
Ante la ausencia de pronunciamiento, el Despacho accionado, mediante auto de 14 de julio de 2021, opt\u00f3 por rechazar la acci\u00f3n popular. Inconforme, el actor y su coadyuvante interpusieron recurso de reposici\u00f3n. No obstante, la mentada autoridad, en prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021, resolvi\u00f3 no reponer, en consideraci\u00f3n a que \u00ab\u2026el fundamento de los mismos se circunscribe a apreciaciones propias de los recurrentes, pues, el actor popular solo se limita a mencionar que cumple con el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, sin tener presente lo estatuido por el inciso 4\u00b0 del Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 6, en el entendido que la exigencia de presentar la demanda y anexos para reparto en forma simult\u00e1nea con el env\u00edo a la parte demandada por medio electr\u00f3nico o, de no conocerse este, de manera f\u00edsica, se requiere en cualquier jurisdicci\u00f3n, incluyendo obviamente las acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00ab[L]o expuesto por la coadyuvante no es suficiente para reponer la decisi\u00f3n tomada, toda vez que la base de sus argumentos enfocados al supuesto ejercicio de una vulneraci\u00f3n a la comunidad por parte de la demandada por una posible omisi\u00f3n no puede analizarse sin antes efectuar el tr\u00e1mite pertinente bajo el debido proceso y este solo se satisface en este momento procesal con la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020, que el aparte puntual dice: \u201c(\u2026) el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y sus anexos a los demandados. (\u2026)\u201d. Norma que fue instituida para cualquier tipo de demanda.\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no se puede recibir como irrazonable. Ello pues, fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto en torno al tema debatido -requisitos actuales de la demanda en acciones populares-. En efecto, se comprob\u00f3 que el actor omiti\u00f3 por completo acatar lo ordenado en el prove\u00eddo que inadmiti\u00f3 su demanda, dejando pasar el t\u00e9rmino de tres d\u00edas otorgado por la ley para subsanar los defectos anotados. Por tanto, lo que correspond\u00eda era rechazar la demanda, como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Y es que ciertamente, enfoc\u00f3 su acci\u00f3n constitucional a diferir de la postura del despacho enjuiciado frente a la aplicaci\u00f3n o no del Decreto 806 de 2020, para el estudio de los requisitos de la demanda en acciones populares. Sin embargo, se aclara que existieron otros motivos para el rechaz\u00f3 de la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
En este orden de ideas, se insiste, tales inferencias no pueden ser recibidas como irrazonables, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun., rad. 2016-01050; STC17205-2019, 16 dic. 2019, rad. 2019-04126-00). <\/p>\n
Por supuesto, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01; STC17205-2019, 16 dic. 2019, rad. 2019-04126-00). (STC13697-2021, 14 oct., rad. 2021-000340-01). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6826-2022 Magistrado ponente STC6826-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2022-00089-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64251\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}