STC6829-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6829-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00682-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliverio Rojas Quintero contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2014-00129. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a un debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima trasgredidos por la demora de la magistratura encartada en garantizar el otorgamiento de las medidas afirmativas que, en su condici\u00f3n de ocupante secundario del predio objeto de disputa, le fueron concedidas en providencia de 5 de septiembre de 2017 (\u00abinmueble equivalente a la porci\u00f3n pose\u00edda respecto del inmueble restituido, la cual no pod\u00eda ser no superior a una Unidad Agr\u00edcola Familiar; ii) proyecto productivo que no exceda 40 SMMLV; iii) priorizaci\u00f3n de subsidio en modalidad de construcci\u00f3n de vivienda nueva\u00bb). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, el actor relat\u00f3 que, aunque con muchas demoras, la UAEGRTD ven\u00eda adelantando en su favor un proceso de compra de un predio ubicado en el municipio de Tamalameque (Cesar), pero justamente a causa de esas dilaciones injustificadas, los potenciales vendedores perdieron inter\u00e9s en la negociaci\u00f3n; que, en m\u00faltiples oportunidades, ha solicitado a los accionados el cumplimiento de la referida orden judicial y al no recibir respuesta satisfactoria, promovi\u00f3 una demanda de tutela ante la Corte para que se apremiara su acatamiento, la cual fue desestimada en fallo de 25 de noviembre de 2021, por estimarse que se hab\u00eda configurado un hecho superado con motivo del auto dictado por el tribunal encartado el 18 de noviembre anterior, en el cual inici\u00f3 un tr\u00e1mite de desacato previsto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996 en contra de dos funcionarios de la UAEGRTD, para que dieran inmediato cumplimiento a las mencionadas medidas afirmativas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, pese a esa actuaci\u00f3n, hasta la fecha no ha recibido ninguna de las prestaciones que le fueron reconocidas; y que mediante memorial del pasado 13 de febrero, requiri\u00f3 una vez m\u00e1s al tribunal accionado el cumplimiento de su providencia, sin que hasta la fecha haya respondido de fondo tal solicitud. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a los accionados que \u00abden cumplimiento irrestricto y perentorio a los fallos judiciales que reconocen y ordenan la entrega inmediata de la medida afirmativa reconocida\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi dijo haber cumplido a cabalidad con las obligaciones que ten\u00eda a su cargo en el juicio de restituci\u00f3n de tierras sobre el que versa la demanda de tutela, y que carece de competencia para pronunciarse sobre las irregularidades que all\u00ed se denuncian. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas pidi\u00f3 desestimar el auxilio, en consideraci\u00f3n a que no es esta la v\u00eda id\u00f3nea para procurar el cumplimiento de una sentencia judicial. Agreg\u00f3 que no es cierto que hubiera incumplido las obligaciones a su cargo, puesto que las demoras presentadas en el tr\u00e1mite de asignaci\u00f3n de ayudas, obedecieron principalmente a la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico en la zona donde el accionante pretend\u00eda obtener la adjudicaci\u00f3n de un predio. Se\u00f1al\u00f3 igualmente que el proceso de negociaci\u00f3n adelantado sobre el primer inmueble que escogi\u00f3 el convocante, fracas\u00f3 por razones \u00fanicamente atribuibles al potencial vendedor y que actualmente se adelanta un nuevo tr\u00e1mite de adquisici\u00f3n de una nueva heredad elegida por el querellante. <\/p>\n
3. El Banco Agrario enfatiz\u00f3 que las irregularidades puestas de presente en la demanda de tutela no le son atribuibles. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Tierras dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
5. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad y prontitud de las decisiones adoptadas con relaci\u00f3n a la demanda de tutela; recalc\u00f3 que ha obrado con la celeridad y diligencia que se lo permite la alta carga laboral que soporta actualmente; que el accionante sigue siendo beneficiario de las ayudas transitorias que se dispusieron en su favor, mientras se le asigna definitivamente un predio equivalente al que se le orden\u00f3 restituir; y que, en raz\u00f3n de las demoras que ha presentado ese proceso, abri\u00f3 un segundo incidente de desacato en contra de los funcionarios de la UAEGRTD, mediante auto de 25 de mayo de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores <\/p>\n
3. De la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, al juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Con posterioridad al d\u00eda en que el actor radic\u00f3 su demanda de tutela (1\u00ba de marzo de 2022), la magistratura querellada profiri\u00f3 el auto del pasado 25 de mayo, mediante el cual, frente a la insistencia presentada por el aqu\u00ed accionante, decidi\u00f3 abrir nuevamente el procedimiento sancionatorio previsto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996 en contra de los funcionarios que, en principio, ser\u00edan los responsables de acatar las \u00f3rdenes que fueron impartidas en favor del aqu\u00ed convocante. <\/p>\n
En dicho prove\u00eddo, la colegiatura encartada se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abMediante auto del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) esta Sala inici\u00f3 el tr\u00e1mite consagrado en el art\u00edculo 59 de ley 270 de 1996 y como consecuencia dispuso se informara a los se\u00f1ores CLAUDIA JULIANA MELO ROMERO (Coordinadora Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional COJAI) JUAN PABLO PARRA ROJAS (L\u00edder Equipo Administraci\u00f3n COJAI-Fondo), funcionarios de la UAEGRTD encargados del cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales que su omisi\u00f3n en el cumplimiento de las medidas definitivas y transitorias de ocupaci\u00f3n secundaria a favor del se\u00f1or OLIVERIO ROJAS QUINTERO que su incumplimiento acarrear\u00eda multa de hasta 10 Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes. En virtud de lo anterior se les concedi\u00f3 un t\u00e9rmino para que dieran las justificaciones del caso, luego de lo cual se pasar\u00eda a resolver si habr\u00eda lugar o no a la imposici\u00f3n de la respectiva sanci\u00f3n. <\/p>\n
Mediante informe presentado por el L\u00edder Coordinador del Grupo COJAI de la UAEGRTD, da cuenta de las gestiones que se adelantaron encaminadas a materializar la compra del predio \u201cEl Lago\u201d a trav\u00e9s del cual se ejecutar\u00eda la medida afirmativa a favor de OLIVERIO ROJAS QUINTERO, sin embargo, en el mismo informe se manifest\u00f3 que el propietario de aludido inmueble desisti\u00f3 de la venta. <\/p>\n
Adicional a ello, se allega con el mismo informe acta de reuni\u00f3n sostenida con el ocupante secundario, su apoderado judicial y un representante de la Defensor\u00eda del Pueblo, mediante la cual se ventilaron las dificultades que se han presentado en relaci\u00f3n con la materializaci\u00f3n de las medidas, incluso abri\u00e9ndose a la posibilidad de explorar otras alternativas de cumplimiento, tal como se evidencia de los extractos contentivos en el acta de reuni\u00f3n Por auto del pasado 27 de febrero, se abstuvo de continuar el tr\u00e1mite sancionatorio debido a las diligencias que ven\u00edan adelant\u00e1ndose por parte del Fondo hoy Grupo COJAI de la UAEGRTD, no obstante a ello, est\u00e1 Sala requiri\u00f3 nuevamente a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras sobre el cumplimiento de la medida de ocupaci\u00f3n secundaria a favor de OLIVERIO QUINTERO, sin que se hubiera remitido informe alguno. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que, no obra informe adicional que d\u00e9 cuenta de gestiones adicionales encaminadas a la materializaci\u00f3n de las medidas afirmativas del ocupante secundario, pues solo se indica el fracaso tr\u00e1mite relacionado con la adquisici\u00f3n del predio \u201cEl Lago\u201d, sin que al d\u00eda de hoy se tenga informaci\u00f3n alguna sobre los avances de la ejecuci\u00f3n de la medida afirmativa que viene reconocida; ahora bien, aun cuando del resultado de la reuni\u00f3n antes rese\u00f1ada el apoderado del opositor OLIVERIO ROJAS QUINTERO, se comprometi\u00f3 allegar documentaci\u00f3n relacionada sobre el predio \u201cLa Esmeralda\u201d como opci\u00f3n de compra, ello no es \u00f3bice para que la entidad encargada de materializar la orden no desplegara ninguna actividad adicional. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, si bien en oportunidad anterior se dispuso el inicio del tr\u00e1mite sancionatorio con base en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996, a fin de garantizar cada una de las etapas se impartir\u00e1 tr\u00e1mite incidental dada la eventual sanci\u00f3n que pueda llegar a imponerse, en esta oportunidad se dar\u00e1 apertura de incidente sancionatorio contra los se\u00f1ores MARCELA IN\u00c9S LOPERA LONDO\u00d1O en calidad del Coordinadora GRUPO COJAI y JUAN PABLO PARRA ROJAS (L\u00edder Administraci\u00f3n del Grupo Fondo COJAI), ambos funcionarios de la UNIDAD DE LA RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de ello, por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas se corre traslado a los citados funcionarios para que ejerzan su derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren pertinentes. <\/p>\n
Producto de lo anterior, y seg\u00fan la alternativa propuesta por la UNIDAD DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS encaminada a viabilizar y propender por el cumplimiento de la medida afirmativa de ocupaci\u00f3n secundaria que viene reconocida desde el a\u00f1o 2017, se ordenar\u00e1 a la UNIDAD DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS que de manera inmediata informe al ocupante secundario OLIVERIO QUINTERO y a su apoderado judicial, sobre las distintas opciones y alcances de las alternativas encaminadas a determinar la modalidad que se muestre m\u00e1s eficaz para garantizar la medida que como ocupante secundario le fuera reconocida. Culminado el dialogo propuesto y contando con la autorizaci\u00f3n y aval del ocupante secundario y su apoderado judicial se informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n a fin de autorizar la eventual modificaci\u00f3n de la medida afirmativa\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la Sala, con el anterior pronunciamiento se super\u00f3 la eventual mora judicial que se hubiera podido atribuir al accionado sobre ese particular, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el amparo, porque actualmente no existe transgresi\u00f3n de derechos fundamentales que amerite o habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6829-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6829-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00682-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliverio Rojas Quintero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64253","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64253\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}