STC6831-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6831-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marta M\u00f3nica, Francisco Alberto, Pedro Pablo y Andr\u00e9s Mauricio Astrauskas Acosta contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda y los intervinientes en el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre n\u00ba 2018-00077. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de relatar, con detalle, los pormenores de la referida actuaci\u00f3n, los convocantes manifestaron que la fustigada providencia fue objeto del recurso de casaci\u00f3n, remedio cuya concesi\u00f3n fue denegada por el tribunal (en auto de 3 de septiembre de 2020) y, despu\u00e9s por esta Sala, en sede de queja (en prove\u00eddo de 10 de febrero de 2021). <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijeron haber elevado ante el ad quem una solicitud de nulidad con el mismo prop\u00f3sito ac\u00e1 perseguido, la cual fue desestimada en autos de 24 de agosto y 6 de diciembre de 2021, lo mismo que el recurso de s\u00faplica que formularon contra el rechazo de plano de su petici\u00f3n de invalidez (7 de marzo de 2022). <\/p>\n
Destacaron, finalmente, que, con anterioridad a este nuevo tr\u00e1mite constitucional, ya hab\u00edan formulado una solicitud de amparo con miras a dejar sin efecto la cuestionada sentencia, pero que esa demanda de tutela primigenia fue negada \u2013por prematura- por la Corte (CSJ STC10231-2021, 12 ago.), en consideraci\u00f3n a que, para ese momento, el tribunal no se hab\u00eda pronunciado sobre la petici\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
3. Piden, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia objeto de censura; se declare la nulidad de todo lo actuado y se ordene remitir las diligencias a la jurisdicci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; consider\u00f3 que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de inmediatez que le es propio; recalc\u00f3 el proceder dilatorio del apoderado judicial de los accionantes; y manifest\u00f3 que la fustigada providencia no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda dijo atenerse a lo que se resuelva en esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. manifest\u00f3 que no es esta la primera demanda de tutela que promueven los accionantes contra el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre que ac\u00e1 interesa; que en dicho juicio se han garantizado los derechos fundamentales de los intervinientes; y que la sentencia objeto de censura no involucra v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S. se opuso a la pretendida salvaguarda, en consideraci\u00f3n a que el juicio que concierne a este tr\u00e1mite se adelant\u00f3 conforme a las pautas legales previstas para el efecto, incluyendo las atinentes a jurisdicci\u00f3n y competencia. <\/p>\n
5. HOCOL S.A. pidi\u00f3 desestimar el auxilio por no concurrir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad y por no existir la v\u00eda de hecho que se les atribuy\u00f3 a los juzgadores convocados. <\/p>\n
6. Ecopetrol S.A. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa al haber cedido los derechos litigiosos del juicio sobre el que versa esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
7. El abogado Andr\u00e9s Lombardo Vanegas Forero sostuvo que, a su juicio, la sentencia atacada no refleja ning\u00fan vicio procesal o sustancial que comprometa su legalidad, por lo que pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n rogada por los accionantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Aunque los actores fueron enf\u00e1ticos al se\u00f1alar que su solicitud de amparo se dirig\u00eda, \u00fanica y exclusivamente, frente a la sentencia de 11 de febrero de 2020, observa la Corte que no fue propiamente en esta \u00faltima providencia donde el tribunal encartado resolvi\u00f3 lo atinente a la irregularidad adjetiva que se invoc\u00f3 en el libelo incoativo de esta actuaci\u00f3n constitucional (falta de jurisdicci\u00f3n de los falladores de conocimiento). <\/p>\n
En tal sentido, la eventual consumaci\u00f3n de ese vicio fue estudiada (y desestimada) recientemente por la magistratura en autos de 24 de agosto de 2021 y 7 de marzo de 2022, mediante los cuales rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad que los ahora accionantes elevaron en esa actuaci\u00f3n con base en la falta de jurisdicci\u00f3n en la que ahora insisten. <\/p>\n
Fue justamente por ello que esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 prematura la solicitud de amparo que los hoy accionantes promovieron anteriormente con el mismo fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de esta nueva actuaci\u00f3n, cuando todav\u00eda no se hab\u00eda resuelto la solicitud de nulidad en comento. <\/p>\n
En aquella oportunidad, dijo la Sala, \u00abAhora bien, en el presente asunto los gestores acusan la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 por incurrir en v\u00eda de hecho en raz\u00f3n a que dicha autoridad no era la competente para conocer del asunto, toda vez que la empresa demandante es de naturaleza mixta y presta servicios p\u00fablicos, circunstancias que a su juicio daban lugar a que la facultad para dirimir el pleito estuviera a cargo de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; sin embargo, fueron los mismos gestores quienes informaron que por dicha circunstancia promovieron incidente de nulidad, sin que el mismo se hubiera decidido a\u00fan, circunstancia que se corrobor\u00f3 con el reporte de consulta de procesos existente en la p\u00e1gina web de la rama judicial. Significa, entonces, que la situaci\u00f3n jur\u00eddica aqu\u00ed expuesta est\u00e1 pendiente de definirse y, por ende, no es posible provocar la injerencia constitucional implorada. Lo contrario, ser\u00eda anticiparse a la decisi\u00f3n que le corresponde a adoptar el Tribunal\u00bb (CSJ STC10231-2021, 12 ago.). <\/p>\n
En tal escenario, el estudio de la Corte se circunscribir\u00e1 a verificar la legalidad de lo decidido por el tribunal, y espec\u00edficamente enfocado en el auto que se dict\u00f3 en sede de s\u00faplica, por ser el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Al revisar la referida providencia, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que la misma se sustenta en una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como en una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la querellada sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00absi la parte inconforme consideraba que hab\u00eda existido alguna nulidad procesal en la actuaci\u00f3n surtida, debi\u00f3 entonces antes de proferirse sentencia de segunda instancia alegar su inconformidad bajo los par\u00e1metros que exige la ley, es decir, enarbolando las nulidades procesales de manera expresa, empero, son los mismos recurrentes quienes dicen no haberlo hecho o que en ning\u00fan momento ha existido pronunciamiento al respecto, por ende, si as\u00ed obraron en la actuaci\u00f3n procesal y no alegaron las supuestas irregularidades oportunamente su comportamiento las convalid\u00f3; es que, si en gracia de discusi\u00f3n se dieran por configurados los aspectos enrostrados los mismos no se originaron en la sentencia y por ello no pod\u00edan alegarse con posterioridad a la misma sino antes. <\/p>\n
Entonces, tomando en consideraci\u00f3n el propio dicho de los recurrentes y si con anterioridad nada refutaron o no exteriorizaron por la v\u00eda de la nulidad procesal alguno de los descontentos que ahora se alegan, la invalidez pregonada respecto de las causales del C\u00f3digo General del Proceso invocadas se encuentra saneada; en otras palabras, actu\u00f3 la parte inconforme en el proceso sin proponerlas, de ah\u00ed que sobrevenga su rechazo atendiendo la parte final del canon 135 ib\u00eddem; rec\u00e1lquese que dado el principio de preclusi\u00f3n que rige en materia de nulidades procesales las mismas deben formularse en tiempo o de lo contrario la situaci\u00f3n viciada se entiende saneada y el curso del proceso debe seguir, salvo que sea un aspecto insaneable lo que aqu\u00ed no ocurre (Leer par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 C.G.P.). <\/p>\n
Y hay m\u00e1s, pues siendo estrictos la causal primera de nulidad procesal enlistada en el canon 133 ejusdem que habla de falta de <\/p>\n
jurisdicci\u00f3n o de competencia, se estructura es cuando el juez act\u00fae despu\u00e9s de declarar alguna de esas dos situaciones (falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia), pero, como aqu\u00ed ello no ha acontecido e incluso es lo que piden los petentes, refulge indiscutible que lo alegado no encuadra toda vez que en ning\u00fan momento se actu\u00f3 con posterioridad a una declaratoria de tal naturaleza. <\/p>\n
Esos razonamientos fueron tra\u00eddos a colaci\u00f3n en las consideraciones de la sentencia de primera instancia y, para rematar, tambi\u00e9n fueron nuevamente abordados y estudiados juiciosamente para responder a uno de los reparos concretos en el fallo de segundo grado que defini\u00f3 la controversia y el cual se encuentra en firme, es m\u00e1s, respecto a esta \u00faltima determinaci\u00f3n se elev\u00f3 por uno de los aqu\u00ed recurrentes en la audiencia de oralidad solicitud de adici\u00f3n pero frente a un tema jur\u00eddico totalmente diferente al que ahora se refuta, lo que hace entonces m\u00e1s inconsistente lo alegado\u00bb. <\/p>\n
En esos raciocinios no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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