STC6832-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6832-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01666-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Emma Juliana Urdinola Henao contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito del Programa OIT de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la libertad, debido proceso, estado social y democr\u00e1tico de derecho y los principios de legalidad, seguridad jur\u00eddica, estricta tipicidad, legalidad de la pena, proporcionalidad (prohibici\u00f3n de exceso y dignidad de las personas [SIC]\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se extracta que en contra de la accionante se adelant\u00f3 el proceso penal distinguido con radicaci\u00f3n 2011-00026 en el cual, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogot\u00e1, adscrito al Programa OIT, mediante sentencia de 13 de enero de 2012, la conden\u00f3 a 37 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n como determinadora del delito de homicidio agravado y autora de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 29 de noviembre del mismo a\u00f1o, alcanzando firmeza una vez la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria con auto de 27 de febrero de 2013. <\/p>\n
La condenada acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n al amparo de la causal 7\u00aa del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal1; sin embargo, tal herramienta fue desechada por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n con AP5785-2021 de 1\u00ba de diciembre, ratificado el pasado 2 de marzo cuando, a trav\u00e9s del AP840-2022, se resolvi\u00f3 desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n incoado. <\/p>\n
3. La promotora enfila su ataque contra las sentencias condenatorias, las que acusa de \u00abpresentar defecto material sustantivo -incongruencia entre los fundamentos de los considerandos y la decisi\u00f3n- y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n que desbordan el marco de acci\u00f3n de la constituci\u00f3n -omitir normas aplicables al caso- causal de procedibilidad de la acci\u00f3n que se estructura cuando la funcionaria que emite la decisi\u00f3n inaplica determinados postulados del texto superior y deja de aplicar disposiciones ius fundamentales [SIC]\u00bb. <\/p>\n
En efecto, dice, las autoridades judiciales pese a que la condenaron en calidad de determinadora del delito de homicidio, pasaron por alto \u00abla disposici\u00f3n normativa que regula la no comunicabilidad de circunstancias a los part\u00edcipes\u00bb frente a la causal de agravaci\u00f3n punitiva del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como de la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 58-10 ibidem. <\/p>\n
4. De la lectura de la demanda se extracta que lo pretendido es \u00abque se reconozca los considerandos de la decisi\u00f3n que fue lo que se debati\u00f3 y prob\u00f3 en juicio y lo acondicionen a la dosificaci\u00f3n punitiva y parte resolutiva de los fallos de primera y segunda instancia; lo probado en el juicio y esbozado en los considerados es que\u2026 fue determinadora del delito de homicidio y como no actu\u00f3 ni ideo la fase de la ejecuci\u00f3n la pena es la de la infracci\u00f3n homicidio simple y no homicidio agravado; o se apliquen los mandatos del legislador\u2026 se establezca nuevamente los par\u00e1metros de dosificaci\u00f3n punitiva y se imponga la pena que se\u00f1ala el tipo penal para la determinadora que no es otra que la del homicidio simple, no se le deben comunicar los agravantes [SIC]\u00bb <\/p>\n
Para ello, sostiene, deber\u00e1 el juez constitucional \u00abrealizar una nueva individualizaci\u00f3n de la pena, redosificaci\u00f3n la sanci\u00f3n penal a los par\u00e1metros legales; partiendo del delito de homicidio simple\u2026 mantener la pena en la del delito base y fijar el limite punitivo en el primer cuarto o cuarto m\u00ednimo, dadas la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad y la carencia de antecedentes penales [SIC]\u00bb. <\/p>\n
De forma \u00absubsidiaria\u00bb solicita se \u00abordene su libertad\u2026 inmediatamente\u00bb comoquiera que re\u00fane las exigencias consagradas en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal para \u00abser beneficiaria por el factor objetivo a la libertad condicional [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VUNCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado titular del despacho al que le correspondi\u00f3 la ponencia del auto por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n advirti\u00f3 que dicha decisi\u00f3n \u00abse adopt\u00f3 con fundamento en el art\u00edculo 184 inciso segundo de la Ley 906 de 2004, que prev\u00e9 la inadmisi\u00f3n\u2026 cuando se encuentren reunidos los requisitos formales y sustanciales requeridos para su estudio de fondo\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, solicit\u00f3 desestimar el resguardo por desatender \u00abel presupuesto general de inmediatez que exige que la demanda\u2026 se presente dentro de un t\u00e9rmino razonable\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la providencia inadmisoria de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n dijo que la Sala arrib\u00f3 a tal conclusi\u00f3n dado que \u00abel demandante\u2026 omiti\u00f3 acreditar la existencia de la variaci\u00f3n en el criterio que sirvi\u00f3 de fundamento para el fallo condenatorio\u00bb. <\/p>\n
Frente a la presente salvaguarda se\u00f1al\u00f3 que \u00abel apoderado de la accionante procura suscitar nuevamente un debate ya surtido en el proceso penal\u2026 sobre la calidad de determinadora y las circunstancias que agravaron el delito\u2026 por el que fue condenada Emma Juliana Urdinola Henao, a partir de sus personales consideraciones sobre las figuras jur\u00eddicas en menci\u00f3n\u00bb, lo que torna inviable la acci\u00f3n constitucional pues a ella se acudi\u00f3 \u00abcomo si se tratase de una instancia adicional con el fin de obtener una disminuci\u00f3n en la pena\u2026 y un beneficio que le permita recobrar la libertad\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto de uno de sus magistrados, se limit\u00f3 a indicar que la apelaci\u00f3n interpuesta por la ac\u00e1 gestora contra la sentencia que la declar\u00f3 penalmente responsable de homicidio agravado, en calidad de determinadora, fue resuelta \u00abel 29 de noviembre de 2012 en Sala de Decisi\u00f3n presidida para ese entonces por magistrado diferente\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 que ese despacho conden\u00f3 a Emma Juliana Urdinola Henao cuando hac\u00eda parte del Programa Especial OIT y que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a los juzgados penales del circuito de Cali una vez la sentencia alcanz\u00f3 firmeza, por virtud de lo ordenado en el Acuerdo PSAA08-4443. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que \u00ablo pretendido por la accionante\u2026 es improcedente ya que no puede la acci\u00f3n de tutela convertirse en una instancia adicional para discutir las decisiones judiciales, m\u00e1s cuando dentro del tr\u00e1mite procesal\u2026 la ciudadana\u2026 ejerci\u00f3 todos sus derechos pues hizo uso de los recursos legalmente establecidos\u00bb. <\/p>\n
5. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Procuradora Tercera Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal quien advirti\u00f3 que \u00ablos argumentos enunciados\u2026 ya fueron estudiados y resueltos por parte del juez de primera y segunda instancia y han sido rechazados por parte de esta Honorable Corporaci\u00f3n en reiteradas ocasiones\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, dijo compartir la argumentaci\u00f3n desarrollada por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para inadmitir la demanda de revisi\u00f3n \u00abpor cuanto\u2026 no se ha presentado en los t\u00e9rminos que [la] demandante se\u00f1ala, ninguna novedad jurisprudencial que [la] favorezca\u2026 y lo que busca es imponer su propia interpretaci\u00f3n soslayando la de la Corporaci\u00f3n de Cierre\u00bb por lo que solicit\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades judiciales convocadas lesionaron las garant\u00edas invocadas por Emma Juliana Urdinola Henao dentro del proceso penal que en su contra se adelant\u00f3, al condenarla como determinadora de homicidio agravado, sin tener en consideraci\u00f3n que, seg\u00fan su personal entendimiento, al determinador no se le pueden extender las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva ni de mayor punibilidad que cobijaron al autor. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la acci\u00f3n supralegal debe ser incoada dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, por lo que pasa a verse. <\/p>\n
Como se dijo, la queja constitucional de Urdinola Henao se dirige, esencialmente, contra la valoraci\u00f3n probatoria y el proceso dosim\u00e9trico de la pena pues, seg\u00fan dice, al haber sido condenada como determinadora del delito de homicidio, no pod\u00edan comunic\u00e1rsele las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva ni de mayor punibilidad que cobijaron al autor material de la conducta punible. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo cuestionado son las presuntas irregularidades en que incurrieron los juzgadores de instancia e incluso la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal que, seg\u00fan el decir de la gestora, no advirti\u00f3 el yerro cuando inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, debe entenderse que aquellas se consumaron con la emisi\u00f3n de la \u00faltima providencia mencionada, de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente, m\u00e1xime que no se atribuye lesi\u00f3n alguna a las providencias emitidas en sede de acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, es claro que la promotora tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que la providencia por medio de la cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, lo cual permiti\u00f3 la firmeza de la condena, data del 27 de febrero de 2013, mientras que esta salvaguarda fue incoada el pasado 18 de mayo, es decir, transcurridos m\u00e1s de nueve a\u00f1os desde su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo; sin embargo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la convocante que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria de que se otorgue la libertad condicional porque, seg\u00fan considera la promotora, re\u00fane las exigencias del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, baste con decir que la misma es improcedente comoquiera que tal solicitud debe ser formulada al juez ejecutor de la pena quien, una vez tenga a su disposici\u00f3n la documentaci\u00f3n exigida en el art\u00edculo 471 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, deber\u00e1 examinar el cumplimiento de los requisitos de orden objetivo y subjetivo para acceder a tal subrogado. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esta acci\u00f3n supralegal, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en el presente caso, tal situaci\u00f3n no fue acreditada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el amparo porque la gestora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; asimismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab(\u2026) La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: (\u2026) 7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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