STC6834-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6834-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00375-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 10 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Reinel Santiago Sanguino contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2020-02317. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, vida e integridad f\u00edsica, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, fue procesado por los delitos de \u00abhomicidio culposo agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte ilegal de armas de fuego\u00bb respecto de los cuales lleg\u00f3 a un preacuerdo con la fiscal\u00eda del caso, consistente en la aceptaci\u00f3n de los cargos a cambio de fijar la pena en 60 meses de prisi\u00f3n, no se acordaron subrogados ni otros beneficios, los cuales se discutir\u00edan ante el juez de conocimiento en la audiencia del art\u00edculo 447 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, efectivamente, el 8 de julio de 2021, ante la Juez Tercera Penal del Circuito de C\u00facuta, tras la verificaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del preacuerdo presentado, se dio paso a la mencionada audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia, escenario en el cual, su defensor solicit\u00f3 se le mantuviera en prisi\u00f3n domiciliaria por su estado de salud y por tratarse de un adulto mayor (60 a\u00f1os). <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 24 de enero de 2022, el juzgado profiri\u00f3 la sentencia, en la cual, atendiendo el preacuerdo, impuso una pena de 60 meses de prisi\u00f3n, pero, pese a lo peticionado por la defensa en sede del art\u00edculo 447, neg\u00f3 la concesi\u00f3n de lo all\u00ed peticionado, es decir, la permanencia en prisi\u00f3n domiciliaria, por el contrario, dispuso su traslado a un centro carcelario. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, su defensor apel\u00f3 la sentencia, cuestionando no solo la negativa de la prisi\u00f3n domiciliaria, sino tambi\u00e9n otra serie de presuntas \u00abirregularidades\u00bb que viciar\u00edan de nulidad lo actuado. <\/p>\n
Critic\u00f3 con \u00e9nfasis la decisi\u00f3n de la juez a quo respecto a pronunciarse sobre la prisi\u00f3n domiciliaria, ya que entiende que, como el efecto en que se concede el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia es el suspensivo, \u00abcarec\u00eda de competencia para adoptar o ejecutar m\u00e1s determinaciones judiciales hasta tanto el superior resuelva\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, la decisi\u00f3n de trasladarlo a un centro de reclusi\u00f3n \u00abpone en riesgo su salud f\u00edsica y emocional, su integridad y la vida [\u2026] presentando continuos casos de hipertensi\u00f3n arterial y pulmonar alta, desestabilizaci\u00f3n de sus niveles de az\u00facar, adem\u00e1s de incertidumbre jur\u00eddica por el aceleramiento de su falladora antes de conocerse la apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se le ordene al juzgado accionado o en su defecto al magistrado del Tribunal Superior de C\u00facuta que le corresponda la ponencia, le permita \u00abesperar la decisi\u00f3n de segunda instancia, no dentro de la c\u00e1rcel modelo de C\u00facuta, sino en prisi\u00f3n domiciliaria, como se hallaba antes de todos los atropellos objeto de demanda constitucional, por v\u00eda de hecho y como mecanismo transitorio [\u2026] sin que sirva de pretexto [la respuesta del juzgado] que el despacho de primera instancia fallador pod\u00eda encarcelar al sentenciable, gracias al sentido del fallo y sentencia emitida, cuando sobre ello nunca se pronunci\u00f3, pudiendo verificar que en el sentido del fallo se respet\u00f3 la domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta explic\u00f3, luego de emitido el sentido del fallo y tras la solicitud de la defensa de Sanguino de dejarlo en prisi\u00f3n domiciliaria, consider\u00f3 necesario remitirlo a evaluaci\u00f3n al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que fueran evaluadas sus patolog\u00edas, las que adujo presentar; posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 dictamen del 31 de agosto de 2021 proveniente de esa entidad indicando que \u00ablas enfermedades no corresponden a un estado de grave enfermedad\u00bb, por lo tanto, dicho informe sirvi\u00f3 de soporte para negar la concesi\u00f3n de subrogados en raz\u00f3n de su supuesto estado de salud incompatible con la vida en reclusi\u00f3n. Resalt\u00f3 que actualmente el asunto se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, informa que dicha Corporaci\u00f3n, en efecto, conoce del proceso penal en segunda instancia desde el 15 de febrero de 2022, fecha en la cual fue repartido el proceso, el cual, no obstante, arrib\u00f3 a la secretar\u00eda el siguiente d\u00eda 18 de dichos mes y a\u00f1o. Por ello, precis\u00f3, actualmente se encuentra con el turno n\u00famero 031-2022-906, asignado para proferir decisi\u00f3n de segunda instancia, en virtud de lo establecido en la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
3. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoci\u00f3 que, ciertamente, por solicitud del juzgado aqu\u00ed accionado, el 31 de agosto de 2021 profiri\u00f3 el informe pericial n\u00ba. UBCUC-DSNTSANT-02753-2021 respecto de las condiciones de salud del actor. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El INPEC, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y el Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, ambos de C\u00facuta, manifestaron igualmente carecer de legitimaci\u00f3n por pasiva en relaci\u00f3n con las quejas elevadas por el actor, por lo que pidieron ser desvinculados. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida que el proceso del cual se queja el promotor se encuentra en tr\u00e1mite, y \u00abes al interior de la actuaci\u00f3n donde ata\u00f1e al demandante exponer su tesis frente a la supuesta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales aqu\u00ed deprecados o a la incorrecci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada y al tr\u00e1mite impartido por la juez\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n por parte del juzgado accionado en el sentido de decidir revocar la prisi\u00f3n domiciliaria al actor y disponer su reclusi\u00f3n en centro carcelario, ya que la misma cont\u00f3 con soporte normativo en los art\u00edculos 450 y 451 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y se fundament\u00f3 en el dictamen de Medicina Legal valorado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del quejoso, refutando el fallo de la Sala a quo por cuanto, seg\u00fan aduce, no se pronunci\u00f3 frente al problema jur\u00eddico concreto. En tal sentido insisti\u00f3 en recriminar que el tutelado se haya \u00abprecipitado en materializar la sentencia condenatoria de primera instancia [\u2026] pese a que cursaba en contra de la misma un recurso de apelaci\u00f3n concedido en el efecto suspensivo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la presente demanda atiende el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse dicho an\u00e1lisis, si la agencia judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el accionante al negarle \u2013 mediante sentencia del 24 de enero de 2022 \u2013 continuar en prisi\u00f3n domiciliaria hasta tanto no se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 pues, teniendo en cuenta el efecto suspensivo en que se concede la alzada, carec\u00eda, supuestamente, de competencia para pronunciarse al respecto. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de \u00e9se presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico expuesto por el quejoso en torno a la pertinencia jur\u00eddica o no de disponer su encarcelamiento de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004 y de la supuesta \u00abcarencia de competencia\u00bb para pronunciarse al respecto en raz\u00f3n del efecto suspensivo en que se concede el recurso de apelaci\u00f3n, el presente amparo se advierte improcedente por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que le es inherente. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como el mismo tutelante lo se\u00f1al\u00f3, contra la sentencia condenatoria proferida el 24 de enero de 2022 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta \u2013 que lo conden\u00f3 y neg\u00f3 subrogados penales \u2013, su defensor interpuso el recurso vertical, el cual fue concedido ante la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y, consultado por esta Sala el historial del proceso en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se observa que el mismo se encuentra a\u00fan pendiente de resoluci\u00f3n1. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en este evento, m\u00e1xime si los reproches que el gestor del amparo trae a esta senda excepcional, son los mismos que su apoderado plante\u00f3 en la alzada contra la sentencia condenatoria en cuesti\u00f3n, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
Al respecto, se ha indicado con suficiencia que, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n a problem\u00e1ticas que a\u00fan debe dirimir el juez ordinario en la instancia respectiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si se present\u00f3 apelaci\u00f3n contra el referido proferimiento, le corresponde primero resolverlo al ad quem de la causa en lo que fue objeto puntual del recurso, sin que sea viable anticiparse a la determinaci\u00f3n que aqu\u00e9l, en el marco de sus funciones, autonom\u00eda e independencia, pueda adoptar frente a la controversia. <\/p>\n
Por lo tanto, el que se encuentre en tr\u00e1mite el mencionado remedio vertical ante el Tribunal Superior de C\u00facuta, no solo convierte en prematura la s\u00faplica, sino que, resulta inviable que opere incluso como mecanismo transitorio, ya que, en estos eventos, el peticionario deber\u00e1 esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del competente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hasta que no se emita un pronunciamiento que resuelva sobre las alegaciones formuladas por la defensa del procesado, no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, por lo que habr\u00e1 de confirmarse la desestimaci\u00f3n del amparo, pero por las puntuales razones expuestas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La demanda tutelar se advierte prematura, y en consecuencia improcedente, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior de los juicios cuestionados, cuando las mismas est\u00e1n cursando y\/o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Historial proceso radicado 54001600113420200231701 \u2013 Reparto del proceso: 21\/02\/2022 A Magistrada Soraida Garc\u00eda Forero; 21\/02\/2022 Paso a despacho <\/p>\n
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