STC6836-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6836-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de febrero de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hermes Alfaro Ruiz Mu\u00f1oz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y los Juzgados Primero y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en los procesos en sede de ejecuci\u00f3n de penas radicados n\u00b0 2005-00001 y 2013-07614. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acudi\u00f3 al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n tiene a su cargo la vigilancia de una pena acumulada de 171 meses, 22 d\u00edas y 12 horas de prisi\u00f3n, impuesta a Hermes Alfaro Ru\u00edz Mu\u00f1oz dentro del proceso con radicado interno 9823-1. En este asunto, el 29 de marzo de 2012 le fue concedido el subrogado de la libertad condicional (con periodo de prueba de 68 meses y 2 d\u00edas), que luego, el 2 de agosto de 2018, le ser\u00eda revocado \u00abpor incumplimiento de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de la capital del Cauca, asumi\u00f3 el conocimiento de la pena impuesta en el proceso con radicado n\u00ba 2013-07614, donde Ru\u00edz Mu\u00f1oz fue sentenciado a 94 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n por el delito de \u00abporte ilegal de armas de fuego\u00bb, sanci\u00f3n que comenz\u00f3 a descontar el 22 de diciembre de 2016. En esta causa, el 20 de abril de 2021 le fue concedida la libertad condicional, no obstante, fue dejado a disposici\u00f3n del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas por cuenta del proceso radicado interno n\u00ba 9823-1. <\/p>\n
El ac\u00e1 actor, elev\u00f3 solicitud ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n en la que pidi\u00f3 que \u00abse tuviera en cuenta, para el descuento de la condena que faltaba por ejecutar, el lapso transcurrido en per\u00edodo de prueba desde el 3 de abril de 2012 al 26 de junio de 2014\u00bb, fecha \u00faltima en la que fue condenado en el radicado n\u00ba 2013-07614-00; petici\u00f3n que fue desestimada por el despacho mediante auto del 28 de julio de 2021, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el 27 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Ruiz Mu\u00f1oz, principalmente cuestion\u00f3 estas \u00faltimas dos determinaciones, insistiendo en que, corresponde descontarse de la pena acumulada en el proceso n\u00ba 9823-1, \u00ablo comprendido entre 3 de abril de 2012 al 26 de junio de 2014, tiempo que correspondi\u00f3 al per\u00edodo de prueba otorgado en el marco del beneficio de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, alega tambi\u00e9n que, no le fue tenido en cuenta \u00abel tiempo que estuvo privado de la libertad desde 2013 hasta el 22 de diciembre de 2016\u00bb, fecha \u00faltima en que empez\u00f3 a cumplir la pena en la actuaci\u00f3n penal 2013-07614 por el punible de \u00abporte ilegal de armas de fuego\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se amparen sus derechos fundamentales y, como resultado de ello, se ordene a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas vinculados, descontar los tiempos reclamados de la pena que le falta por cumplir. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la colegiatura accionada explic\u00f3 que, ciertamente, confirm\u00f3 el auto del 28 julio de 2021 proferido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, por medio del cual se dispuso no tener por cumplido como sanci\u00f3n el tiempo que el sentenciado permaneci\u00f3 en periodo de prueba, concretamente, del 3 de abril de 2012, cuando sali\u00f3 en libertad condicional, al 26 de junio de 2014, cuando fue condenado en el proceso 2013-07614-00 pues, \u00abcuando se le otorg\u00f3 la libertad condicional al condenado, la pena impuesta fue suspendida, y una vez revocado el beneficio, el lapso que pas\u00f3 en per\u00edodo de prueba no puede ser considerado como tiempo de ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n inform\u00f3 que, vigila la condena impuesta al accionante el 26 de julio de 2014 por el delito de \u00abporte ilegal de armas de fuego\u00bb, en el asunto con radicado n\u00ba 2013 07614. Se\u00f1al\u00f3 que en ese proceso no se le impuso medida de aseguramiento por encontrarse detenido por otra causa, raz\u00f3n por la cual, solo comenz\u00f3 a descontar la pena all\u00ed impuesta el \u00ab22 de diciembre de 2016, luego de ser puesto en libertad en la causa 190001600072401200254 donde era sindicado\u00bb, y aunque el 20 de abril de 2021 cumpli\u00f3 requisitos para acceder a la libertad condicional, se dej\u00f3 a disposici\u00f3n de su hom\u00f3logo el Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas, que lo ten\u00eda requerido. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad indic\u00f3 que vigila la pena acumulada de 171 meses, 22 d\u00edas y 12 horas de prisi\u00f3n impuestas al accionante por los delitos de \u00abtr\u00e1fico de estupefacientes, estafa y falsedad en documento privado y acceso carnal violento\u00bb, bajo el n\u00famero de radicado interno 9823-1. Relacion\u00f3 las decisiones que ha tomado desde que acumul\u00f3 las sentencias, entre ellas la libertad condicional que concedi\u00f3 el 29 de marzo de 2012, y la revocatoria de la misma el 2 de agosto de 2018 por incumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la solicitud del encartado sobre el hecho de que se le deben reconocer 3 a\u00f1os que estuvo privado de la libertad por un \u00abproceso fantasma\u00bb, sostuvo que el accionante no ha realizado ninguna solicitud de este tipo ante el despacho. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 224 Judicial I penal de Popay\u00e1n, solicit\u00f3 que se declarara la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por cuanto las decisiones atacadas v\u00eda tutela se encuentran ajustadas a la Ley y las normas vigentes. <\/p>\n
5. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popay\u00e1n expuso que, conden\u00f3 al actor dentro del proceso con radicado n\u00ba 2013-07614 a la pena de 94 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n por el punible de \u00abporte ilegal de armas de fuego\u00bb, condena que vigila el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
6. El Fiscal 1\u00ba Local de Caloto pidi\u00f3 ser desvinculado de la actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta que los reclamos de la tutela se erigen frente a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas accionados. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que las determinaciones discutidas por el actor, adoptadas por las autoridades accionadas en sede de ejecuci\u00f3n de penas, se advierten razonables; as\u00ed mismo, agreg\u00f3 que el resguardo incumple el requisito de la subsidiariedad toda vez que, \u00abfrente a la solicitud de descuento de un periodo adicional en que el demandante estuvo privado de la libertad [\u2026] el actor no demostr\u00f3 que hubiera elevado solicitud concreta ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, insistiendo en los argumentos del escrito inicial respecto al tiempo de sanci\u00f3n que descont\u00f3 y que no ha sido considerado por los jueces de penas. Asegura que, en sus cuentas, hay 3 a\u00f1os que no le han sido reconocidos como pena cumplida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron la prerrogativa fundamental denunciada por el quejoso al negarle, (i) el reconocimiento del periodo entre el 3 de abril de 2012 a 26 de junio de 2014 como tiempo cumplido de la pena acumulada en el proceso rad. 9823-1; y, (ii) el descuento de 3 a\u00f1os que estuvo privado de la libertad desde el a\u00f1o 2013 hasta el 22 de diciembre de 2016. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia que negaron al actor el reconocimiento de un periodo comprendido entre los meses de abril de 2012 y junio de 2014 como pena cumplida al interior de la causa con radicado interno 9823-1, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 27 de septiembre de 2021 por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, Sala Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. La decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental suplicada, tras advertir que la determinaci\u00f3n atacada (27 de septiembre de 2021) que refrend\u00f3 la del juez a quo en torno a la improcedencia de reconocer al penado el tiempo que pas\u00f3 en libertad condicional (proceso 9823-1) como cumplido de la pena, se aprecia razonable y motivada. <\/p>\n
El tribunal, tras precisar que, en el expediente acumulado 9823-1 se le concedi\u00f3 la libertad condicional al sentenciado desde el 3 de abril de 2012 condicionado a un periodo de prueba de 68 meses y 2 d\u00edas, aclar\u00f3 que el consabido subrogado le fue revocado el 2 de agosto de 2018, \u00ab(\u2026) consecuencia del incumplimiento de la obligaci\u00f3n de presentar buena conducta durante el periodo de prueba, ante la comisi\u00f3n de un nuevo delito, los referidos m\u00e1rgenes de fechas, la Corporaci\u00f3n debe precisar [\u2026] lo atinente al momento procesal en el cual el juez ejecutor puede revocar el subrogado, a causa del incumplimiento del acta de compromiso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de lo anterior, y con apoyo en un precedente puntual de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, concluy\u00f3 que la petici\u00f3n del sentenciado no era viable, al establecerse que aqu\u00e9l, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) estando dentro del periodo de prueba, el cual se extingu\u00eda el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, el 18 de noviembre de 2013 cometi\u00f3 un nuevo delito, por el cual fue derrumbada su presunci\u00f3n de inocencia mediante sentencia de primera instancia del 26 de junio de 2014, que fue confirmada el 31 de julio de ese a\u00f1o, es decir, todo ocurri\u00f3 dentro del periodo de prueba. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, el paso a seguir era ordenar la ejecutoria inmediata de la sentencia, de conformidad con la previsi\u00f3n normativa del inciso segundo del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Penal, que constituye una sanci\u00f3n imperativa de orden legal, resultando de importancia precisar, que el tr\u00e1mite para llegar a tal fin, fue debidamente aplicado por el ejecutor, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 486 de la Ley 600 de 2000, el cual inici\u00f3 con el requerimiento previo y finaliz\u00f3 con la revocatoria del beneficio el 3 de agosto de 2018, que adquiri\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
Y, seguidamente complement\u00f3 que, con fundamento en el inciso segundo del canon 66 del c\u00f3digo penal que precisa que, de incumplirse alguno de los compromisos suscritos como condici\u00f3n del otorgamiento del subrogado, la sentencia deber\u00e1 ejecutarse inmediatamente, <\/p>\n
(\u2026) [d]esde la norma en cita, es dable concluir, que tanto en el supuesto del inciso primero, como en el segundo, el alcance de la ejecuci\u00f3n de la sentencia, es respecto de aquello que hubiere sido objeto de suspensi\u00f3n; no obstante, el recurrente preconiza la tesis seg\u00fan la cual, debe ten\u00e9rsele en cuenta un a\u00f1o y medio que alcanz\u00f3 a ejecutar como periodo de prueba en este asunto, en otras palabras, se le abone todo el tiempo transcurrido desde el 3 de abril de 2012 cuando sali\u00f3 al disfrute de la libertad condicional, hasta el momento en que result\u00f3 condenado por el delito de Porte Ilegal de armas de Fuego. <\/p>\n
Ahora bien, resulta claro que el entendimiento del actor, no se ajusta al tr\u00e1mite a seguir sobre la ejecuci\u00f3n que demanda el art\u00edculo 66 de la Ley 599\/00, norma que dispone la ejecuci\u00f3n en la totalidad del periodo de prueba que haya sido impuesto, lo regulado en la norma procesal, no es que se ordene la ejecuci\u00f3n de la sentencia, en lo que le resta por cumplir, sino en la totalidad de lo que fue suspendida. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una vez dispuesta la revocatoria del subrogado, originada a su vez, en el incumplimiento de las obligaciones, la \u00fanica posibilidad que prev\u00e9 la ley para ese momento es la ejecuci\u00f3n de la pena de ah\u00ed que a partir del contenido de los art\u00edculos 66 de la Lay 599 de 2000, 486 de la Ley 600 de 2000, y la Jurisprudencia en cita, sin dubitaci\u00f3n alguna, es dable concluir que el tr\u00e1mite previsto que dispone la ejecuci\u00f3n de la sentencia, implica de suyo la ejecuci\u00f3n en el tiempo que le fue suspendida. <\/p>\n
Precisamente, uno de los compromisos que se adquieren para gozar del subrogado es observar buena conducta, no cometer nuevo delito, dentro de un t\u00e9rmino cierto, de ah\u00ed que, su inobservancia da lugar a esa sanci\u00f3n, mientras que lo opuesto generar\u00eda la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n al t\u00e9rmino del periodo de prueba. <\/p>\n
Por \u2000\u00faltimo, predica el recurrente que existe otro tiempo adicional que ha sido ejecutado donde al parecer fue \u201cabsuelto\u201d, sin embargo, tal hip\u00f3tesis no aparece acreditada en este plenario (\u2026) por lo tanto, como quiera que las decisiones relacionadas con la ejecuci\u00f3n de la pena, son susceptibles de ejecutoria formal y no material, una vez cuente con la carga de la prueba sobre el tiempo que asegura le es favorable o entregue informaci\u00f3n concreta al Juez ejecutor, podr\u00e1\u2000 solicitar de nuevo la variaci\u00f3n del tiempo que lleva ejecutado, si es que a \u2000\u00e9l tiene derecho\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo rese\u00f1ado, como se anticip\u00f3, la protecci\u00f3n constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo manifestado por el querellante, el auto recriminado no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada, respecto de la resoluci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n
En todo caso, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la magistratura acusada, como aquella, en principio se observa sensata, carente de arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que, se reitera, no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. En lo atinente, se ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 La subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, prohijando lo razonado por la Sala a quo en torno a la queja respecto a que los jueces de penas no le han reconocido al accionante 3 a\u00f1os de tiempo f\u00edsico privado de la libertad, en efecto, se constat\u00f3 que aqu\u00e9l no acredit\u00f3 en estas diligencias haber dirigido puntualmente solicitud en dicho sentido a los funcionarios de esa especialidad, especificando el lapso que afirma estuvo recluido y que no advierte abonado a ninguno de los procesos que cursan en esa sede, aspecto que corroboraron los accionados al responder a esta salvaguarda. <\/p>\n
Es decir, sin haberse puesto de manifiesto tal circunstancia, los jueces de la causa no estar\u00edan llamados a responder por alegaciones que no se formularon al interior del proceso, sino que, vinieron a exponerse a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
De manera que, aspirar a que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna, lo que impide al juez de tutela inmiscuirse en las decisiones proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho que tuvieron lugar en el proceso o emprender debates que no fueron suscitados por los interesados en la etapa pertinente. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, se impone ratificar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
6.1. La decisi\u00f3n que neg\u00f3 descontar a la pena vigilada el periodo que el accionante estuvo en libertad condicional, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6.2. No es ante el juez constitucional sino ante el competente, para el caso, los jueces de ejecuci\u00f3n de penas, a quienes debe formular la solicitud de reconocimiento del tiempo que estuvo f\u00edsicamente privado de la libertad como parte cumplida de las sanciones penales que le fueron impuestas, ya que la improcedencia del resguardo se aviene no solo por el desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir agotar en el escenario litigioso las alegaciones que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 18 de mayo de 2022. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 20 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6836-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6836-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00290-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64260"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64260\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}