STC6841-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6841-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00489-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de marzo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Elina del Carmen Novoa de Mart\u00edn, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2013-00413. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abm\u00ednimo vital, (\u2026) trabajo [y] (\u2026) de asociaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que la gestora promovi\u00f3 declarativo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, en procura del reconocimiento de la prestaci\u00f3n de vejez y en subsidio la de invalidez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que otorg\u00f3 la pretensi\u00f3n principal. Determinaci\u00f3n que, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
Inconforme, la pasiva recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, al colegir que \u00abno pod\u00eda endilgarle de manera autom\u00e1tica a la administradora de pensiones la responsabilidad del reconocimiento pensional, por no haber iniciado la (sic) acciones cobro, sin antes haber verificado la existencia de la relaci\u00f3n laboral\u00bb. Posteriormente, en sentencia de instancia absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la promotora, \u00abes una injusticia\u00bb y vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que no se tuvo en cuenta lo adoptado en la SL3976 de 2011. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se \u00abconceda por parte de la [Corporaci\u00f3n enjuiciada], [la] pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de las providencias confutadas, realiz\u00f3 un recuento de las mismas y manifest\u00f3 que \u00abla sala resolvi\u00f3 el asunto, de conformidad con su jurisprudencia, cuando se presentan inconsistencias, incertidumbre, o duda en los per\u00edodos en los cuales se alega mora por parte del empleador, seg\u00fan la cual, cuando ello ocurre, el juzgador debe verificar, incluso, oficiosamente, la causa de esos per\u00edodos, a efectos de evitar un fraude al sistema y un grave perjuicio a la sostenibilidad financiera\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente se\u00f1al\u00f3 que \u00abno fue posible tener en cuenta el lapso se\u00f1alado por la demandante, como no cotizado por el exempleador Asociaci\u00f3n los Mil Amigos del Distrito, debido a la imposibilidad de establecer el contrato de trabajo como fuente de las cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, relat\u00f3 lo sucedido en el juicio e inform\u00f3 que \u00abha actuado conforme aparece dentro del tr\u00e1mite procesal que se acredita en el expediente, de conformidad con los hechos narrados en la tutela, sin que se haya vulnerado ning\u00fan derecho fundamental (\u2026), m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n de este Despacho que puso fin a la instancia, fue condenatoria\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones, se opuso a la prosperidad del resguardo y advirti\u00f3 que es \u00abimprocedente (\u2026) por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Corte Suprema de Justicia \u2013Sala Laboral, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra [disposiciones] judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abde la lectura de las decisiones dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se puede apreciar que ese \u00f3rgano resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, dando cabal respuesta a los cuestionamientos planteados por la parte accionante, como qued\u00f3 detallado en precedencia. Al revisar estos razonamientos, esta Sala no los encuentra arbitrarios o caprichosos, motivo por el cual, no encuentra justificaci\u00f3n para la intervenci\u00f3n del juez constitucional por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con el desconocimiento del derecho a la igualdad, expuso que \u00ablo aportado al expediente constitucional no acredita que la accionante haya sido discriminada por la autoridad demandada en relaci\u00f3n con otras personas. Cabe precisar al respecto que cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de manera individual, amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, en tanto sus efectos son exclusivamente inter partes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n y agreg\u00f3 que \u00abno se me puede castigar debido al error del que era mi empleador, no soy una persona con estudios o herramientas que para la data me permitieran haberme dado cuenta o tomar acciones para que se cancelaran dichos aportes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL3692-2020 y SL5691 de 2021, rad. 70665), por casar la resoluci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar las determinaciones sometidas a escrutinio de esta Corte, mediante las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada cas\u00f3 la sentencia del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno pod\u00eda endilgarle de manera autom\u00e1tica a la administradora de pensiones la responsabilidad del reconocimiento pensional, por no haber iniciado la (sic) acciones cobro, sin antes haber verificado la existencia de la relaci\u00f3n laboral\u00bb y en consecuencia absolvi\u00f3 a la all\u00ed demandada, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico formulado por Colpensiones, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00abdel art\u00edculo 24 de la Ley 100 de 1993, situaci\u00f3n est\u00e1, que condujo al [fallador] de segundo grado a aplicar indebidamente el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o y al mismo tiempo a comentar la infracci\u00f3n directa del literal l) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993 (literal adicionado por el art\u00edculo 2 de la Ley 797 de 2003)\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l recurrente admite las conclusiones f\u00e1cticas a las que arrib\u00f3 [el] Tribunal; de manera que lo que genera distanciamiento del censor con la [providencia] cuestionada, es la viabilidad jur\u00eddica para reconocer la pensi\u00f3n de vejez, a su cargo, como consecuencia de no efectuar las acciones de cobro, tendientes a obtener el recaudo de los periodos en que el empleador se constituy\u00f3 en mora, a pesar de que el demandante no prob\u00f3 la existencia del v\u00ednculo laboral para ese espacio temporal\u00bb. <\/p>\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abla omisi\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro por parte de las administradoras de pensiones, respecto de los aportes constituidos en mora del empleador, supone el incumplimiento al deber legal establecido en el art\u00edculo 24 de la Ley 100 de 1993, lo que deviene en que sean responsables por el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n al afiliado, en los t\u00e9rminos de ley\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que lo establecido en las sentencias SL069-2018 y SL1624-2018 debe interpretarse en armon\u00eda con el literal l) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como con lo dispuesto en los art\u00edculos 15 y 17 ib\u00eddem, y sobre ello indic\u00f3 que \u00ablas cotizaciones de un asegurado al sistema, se generan con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n efectiva del servicio o en otras palabras la existencia de una relaci\u00f3n laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abpara que pueda hablarse de mora patronal, se requiere la existencia de una relaci\u00f3n laboral que as\u00ed la genere, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad autom\u00e1tica ante los reportes de falta de pago por parte del empleador reflejados en la historia laboral\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[N]o puede el juez entrar a convalidar periodos con una aparente mora patronal, sin tener la certeza de que en estos el trabajador haya tenido vigente un v\u00ednculo laboral, puesto que la omisi\u00f3n del empleador en reportar la novedad de retiro, no puede conllevar de manera autom\u00e1tica e inexorable a tener como efectivamente cotizado esos periodos, como se dijo en l\u00edneas anteriores, dado que no solo podr\u00eda conllevar a cargarle o imputarle al sistema pensional, un n\u00famero de semanas no cotizadas por el asegurado, sino a declarar la existencia de un contrato de trabajo, con las consecuencias que ello acarrea; lo que adem\u00e1s supone un claro desconocimiento a un principio medular del ordenamiento jur\u00eddico del trabajo, como lo es el de la primac\u00eda de la realidad sobre las formas\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, coligi\u00f3 que \u00abante el reporte de mora del empleador Asociaci\u00f3n los Mil Amigos del Distrito, el Tribunal no pod\u00eda endilgarle de manera autom\u00e1tica a la administradora de pensiones la responsabilidad del reconocimiento pensional, por no haber iniciado la acciones cobro (sic), sin antes haber verificado la existencia de la relaci\u00f3n laboral, generadora de esas supuestas cotizaciones no canceladas por parte del empleador\u00bb. De esta manera declar\u00f3 fundado el cargo. <\/p>\n
Posteriormente, en sede de instancia, la Corporaci\u00f3n enjuiciada manifest\u00f3 que \u00abprocede la Corte a decidir el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 la parte demandada, quien pretende ser absuelta de las condenas impuestas por el juez de primer grado, consistentes en el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, bajo los par\u00e1metros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, consider\u00f3 que \u00abel problema puesto a consideraci\u00f3n de la Sala, consiste en determinar si conforme a lo que se encuentra acreditado en el proceso la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez antes se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, con apoyo en lo preceptuado en la SL3285-2021, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[P]ara tomar en favor de la demandante como efectivamente cotizados los periodos con la Asociaci\u00f3n los Mil Amigos del Distrito, resulta necesario la comprobaci\u00f3n de la existencia de la relaci\u00f3n laboral que los gener\u00f3, pues en el plenario no existe certeza sobre la permanencia de la relaci\u00f3n contractual, y por lo tanto de la continuidad de la afiliaci\u00f3n de la accionante como cotizante por parte de la referida entidad; ello por cuanto, si bien la actora afirm\u00f3 que, estuvo vinculada a la Asociaci\u00f3n \u00ablos Mil Amigos\u00bb desde el 1\u00ba de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998, y que este empleador s\u00f3lo efectu\u00f3 el pago de las cotizaciones a pensi\u00f3n durante un mes, revisada la historia laboral que figura a folios 24-32 y 71-74, se constata que cuenta con un total 524.57 semanas de cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre este aspecto, la autoridad convocada destac\u00f3 que \u00abel operador judicial no puede darle validez a \u00ab unos per\u00edodos con una aparente falta de relaci\u00f3n laboral \u00bb, y no existiendo pruebas en el proceso donde se demuestre que efectivamente la demandante prest\u00f3 sus servicios bajo un contrato de trabajo durante el periodo por ella afirmado, no es posible contabilizar los dem\u00e1s periodos reclamados a efectos de reconocer la pensi\u00f3n de vejez deprecada, ya que, \u00abel simple registro de las cotizaciones en la historia laboral no conlleva, de manera autom\u00e1tica e inexorable, a tener como efectivamente cotizado esos per\u00edodos\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n expuso que \u00abal adelantarse una depuraci\u00f3n de los aportes que se reflejan en la historia laboral y teniendo en cuenta las semanas acreditadas con los tarjetas de comprobaci\u00f3n de derecho, se tiene que el accionante complet\u00f3 un total de 993.72 semanas de las cuales solo 295.35, fueron en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, por lo que no caus\u00f3 el derecho a la pensional regulado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, concedido por el juez de primer grado\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Luego, arguy\u00f3 que la accionante tampoco tiene derecho a la prestaci\u00f3n de vejez prevista en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 puesto que \u00abpara la fecha en que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad (1 de noviembre de 1998), dicha norma exig\u00eda 1000 semanas, y para ese entonces solo contaba con un poco m\u00e1s de 500; as\u00ed como, para el a\u00f1o 2008, anualidad que refleja la \u00faltima cotizaci\u00f3n, requer\u00eda 1125 semanas, conforme al art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el precepto normativo antes se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el estrado encartado revoc\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y en consecuencia absolvi\u00f3 a Colpensiones de todo lo pretendido en su contra. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, puesto que no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 20 de mayo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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