STC6850-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6850-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto el 2 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Servio Tulio D\u00edaz Fajardo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Sandon\u00e1 y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2008-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por el auto de 3 de marzo de 2022, mediante el cual el fallador convocado confirm\u00f3 el rechazo de plano de la solicitud de nulidad que \u00e9l formul\u00f3 dentro del coactivo que en su contra adelanta el Banco Agrario, pese a estar acreditada, seg\u00fan lo dijo, su indebida notificaci\u00f3n a ese juicio. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mandamiento de pago, incluyendo la diligencia de remate llevada a cabo el 10 de marzo de 2021. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El fallador accionado manifest\u00f3 que la demanda de tutela solo se orienta a censurar lo actuado en primera instancia, pese a lo cual defendi\u00f3 la legalidad de lo decidido por el juez a quo. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sandon\u00e1 narr\u00f3 lo acontecido en el coactivo sobre el que versa esta actuaci\u00f3n; retom\u00f3 los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la providencia con la cual se desestim\u00f3 la solicitud de nulidad elevada por el accionante; y enfatiz\u00f3 que esa negativa obedeci\u00f3 principalmente a la pasividad del mismo convocante, quien no aleg\u00f3 oportunamente el vicio procesal del que ahora intenta prevalerse. <\/p>\n
3. El Banco Agrario se opuso a la prosperidad del resguardo, por considerarlo temerario (en consideraci\u00f3n a que ya se hab\u00eda propuesto una demanda de tutela anterior por los mismos hechos) y tambi\u00e9n por estimar que la providencia censurada no constituye una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Jorge Horacio Rosero Burgos, rematante en el aludido coactivo, dijo no tener mayor informaci\u00f3n sobre los hechos puestos de presente en la demanda de tutela. Agreg\u00f3 que ya se adelantaron las gestiones necesarias para registrar la adjudicaci\u00f3n a su favor del predio que fuere objeto de la garant\u00eda real ejecutada y que ha recibido amenazas del hoy accionante orientadas a evitar la materializaci\u00f3n de la almoneda. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras descartar el actuar temerario que el Banco Agrario le atribuy\u00f3 al actor (dado que para la \u00e9poca en que este \u00faltimo instaur\u00f3 su primera demanda de tutela, no se hab\u00eda proferido a\u00fan el auto que ahora es objeto de censura) la colegiatura de primer grado concedi\u00f3 el amparo por estimar que, el rechazo de plano \u2013por extemporaneidad- de la solicitud de nulidad elevada por el accionante, simplemente porque en el asunto ya se hab\u00eda aprobado la diligencia de remate, desconoce que cuando dicha petici\u00f3n de invalidez se sustenta en la falta o indebida notificaci\u00f3n, puede ser propuesta siempre que el proceso no haya terminado (conforme al art\u00edculo 134 del estatuto procedimental), como ocurre en este caso, donde los dineros recaudados por cuenta de la subasta, no se le han entregado al ejecutante. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el accionante, Jorge Horacio Roser Burgos y el Banco Agrario. El primero censur\u00f3 que no se hubiere accedido directamente a decretar la invalidez del juicio ejecutivo que se promueve en su contra. <\/p>\n
El rematante aleg\u00f3 que, aun cuando no se han entregado los dineros recaudados al extremo ejecutante, el proceso ya se encuentra concluido, lo que impide estudiar de fondo la solicitud de nulidad elevada por el aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
Y el Banco Agrario insisti\u00f3 en que las nulidades originadas con anterioridad a la fecha del remate, solo pueden ventilarse hasta antes del auto con el cual se apruebe la adjudicaci\u00f3n, lo cual refrenda la legalidad de la providencia que el tribunal dej\u00f3 sin efecto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela amerita realmente la concesi\u00f3n del amparo en los t\u00e9rminos dispuestos por la magistratura de primera instancia. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Contrario a lo que concluy\u00f3 el fallador constitucional a quo, esta Corporaci\u00f3n encuentra que la fustigada providencia judicial, mediante la cual el juzgador accionado confirm\u00f3 el rechazo de plano de la solicitud de nulidad planteada por el aqu\u00ed querellante, no constituye una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que se sustenta en una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como en una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, cabe memorar que el auto en comento se dict\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab\u2026de la revisi\u00f3n del expediente virtual arrimado por el juzgado de primer grado, se hayan las siguientes actuaciones: (i) el 10 de marzo de 2021, se llev\u00f3 a cabo audiencia de remate respecto al inmueble embargado y secuestro de propiedad del demandado ahora incidentalista. La indicada audiencia culmin\u00f3 adjudicando el bien al se\u00f1or Jorge Horacio Rosero Burgos al haber presentado postura dentro de t\u00e9rmino y por el valor ofertado; (ii) el 17 de marzo de 2021 el adjudicatario alleg\u00f3 memorial donde aporta constancias de consignaciones bancarias, conforme se orden\u00f3 en la diligencia de remate; (iii) el 26 de marzo de 2021 secretar\u00eda del juzgado de primera instancia fijo listado de traslado anot\u00e1ndose este asunto para correr traslado de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; (iv) el 07 de abril de 2021 le es notificado al juzgado de primer grado, auto admisorio de una acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or Servio Tulio Diaz Fajardo presentada en su contra, donde solicitaba se declarara \u201cla nulidad por indebida notificaci\u00f3n de todas las actuaciones posteriores al auto de mandamiento de pago\u201d y por lo tanto, \u201cdejar sin efectos la diligencia de remate y todas las actuaciones posteriores incluida la adjudicaci\u00f3n del inmueble\u201d; (v) el 15 de abril de 2021, le es notificada al juzgado de primera instancia la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto dentro de la tutela radicada bajo el No. 2021-00071-00, donde se declar\u00f3 improcedente la misma al considerar que el accionante no present\u00f3 el incidente de nulidad dentro de los t\u00e9rminos previstos por el C.G.P., y que aun as\u00ed, \u201cel actor cuenta con el mecanismo de defensa judicial establecido en el art. 455 del C. G. del P., toda vez que lo aunado en escrito de amparo puede ser alegado como una irregularidad que eventualmente, puede afectar la validez del remate, dado que el bien a\u00fan no se ha adjudicado, a pesar de que ya se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate\u201d; (vi) el 21 de abril de 2021, el apoderado de la parte demandante solicit\u00f3 se le hiciera entrega del producido del remate; (vii) el 25 de mayo de 2021, le es notificado al juzgado de primer grado el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Pasto dentro de la acci\u00f3n de tutela, confirmando lo ya resuelto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto; (viii) el 27 de mayo de 2021 se emiti\u00f3 auto con el que resolvi\u00f3 \u201caprobar el remate llevado a cabo el d\u00eda diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), diligencia en la cual se le adjudic\u00f3 al se\u00f1or Jorge Horacio Rosero Burgos, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 5.265.770, el bien se\u00f1alado en el correspondiente aval\u00fao\u201d, entre otros ordenamientos; y (ix) finalmente encontramos que con escrito presentado en el mes de junio de 2021, la parte demandada present\u00f3 el incidente de nulidad objeto de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo el recuento f\u00e1ctico procesal del presente asunto, v\u00e1lidamente puede afirmarse que la solicitud de nulidad fue presentada extempor\u00e1neamente, pues no se hizo previo al auto de 27 de mayo de 2021 mediante el cual se aprob\u00f3 el remate y por lo tanto dej\u00f3 en firme la adjudicaci\u00f3n hecha al se\u00f1or Jorge Rosero Burgos. T\u00e9ngase en cuenta que, documentalmente se haya acreditado que el demandado ten\u00eda conocimiento del asunto desde el 07 de abril de 2021, pues en esa fecha le fue comunicado al juzgado de primer grado la admisi\u00f3n de la tutela con la que se pretendi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado, mientras que la solicitud data del mes de junio de 2021, dejando as\u00ed pasar la oportunidad procesal que contempla la norma y que incluso le fue puesta de presente por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto en el fallo de tutela ya mencionado\u00bb. <\/p>\n
A partir de esa fundamentaci\u00f3n, para la Corte es claro que el auto objeto de censura involucra realmente dos fundamentos jur\u00eddicos plenamente diferenciables, de los cuales al menos uno respalda su razonabilidad. <\/p>\n
Ciertamente, el juzgador de la causa no solo se apoy\u00f3 en la pauta temporal prevista en el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso (para cuya aplicaci\u00f3n le habr\u00eda bastado con resaltar que la solicitud de nulidad se elev\u00f3 con posterioridad al proferimiento del auto con el cual se aprob\u00f3 la diligencia de remate), sino que tambi\u00e9n exalt\u00f3 que el accionante ten\u00eda conocimiento del proceso ejecutivo, por lo menos, desde el 7 de abril de 2021 (cuando todav\u00eda no se hab\u00eda dictado el prove\u00eddo aprobatorio de la subasta), y pese a ello solo radic\u00f3 su pedimento de invalidaci\u00f3n en el mes de junio siguiente, cuando incluso ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto de 27 de mayo, con el cual el juez de conocimiento \u2013una vez tuvo noticia de la desestimaci\u00f3n de la demanda de tutela que antecedi\u00f3 a este nuevo tr\u00e1mite constitucional- aprob\u00f3 finalmente la adjudicaci\u00f3n hecha en favor de Jorge Horacio Rosero Burgos; esto, se insiste, sin protesta alguna del se\u00f1or D\u00edaz Fajardo. <\/p>\n
Bajo ese entendido, en este asunto en particular no ofrece incidencia la discusi\u00f3n atinente al momento hasta el cual pod\u00eda formularse una solicitud de nulidad por falta o indebida notificaci\u00f3n del extremo ejecutado, en recaudos en los que ya se surti\u00f3 y aprob\u00f3 el remate del bien embargado. Al margen de las consideraciones que pudieran ofrecerse sobre ese particular, lo cierto es que en el litigio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, el rechazo de plano de la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3 el ejecutado, tambi\u00e9n se finc\u00f3 en la depuraci\u00f3n del eventual vicio procesal, por falta de invocaci\u00f3n oportuna, raciocinio este que, a partir de los elementos de juicio que componen el expediente de este tr\u00e1mite constitucional, encuentra razonable sustento en los art\u00edculos 135 y 136 del C\u00f3digo General del Proceso, que en ese orden prev\u00e9n que \u00abEl juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad (\u2026) que se proponga despu\u00e9s de saneada (\u2026)\u00bb y que \u00abLa nulidad se considerar\u00e1 saneada (\u2026) cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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