STC6852-2022<\/p>\n
<\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
STC6852-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero (01) de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se procede a decidir la impugnaci\u00f3n propuesta por Luis Alfredo Castro Baron en su propio nombre y como agente oficioso de Ana Graciela Barajas Aguirre y Abel de Jes\u00fas Barahona Castro frente a la sentencia del 25 de octubre de 2021, proferida por la Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes instauraron en contra de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general de la Naci\u00f3n Francisco Roberto Barbosa Delgado y los particulares H\u00e9ctor Gonzalo \u00c1vila Barajas, Alfredo Castro Barajas y Adriana Castro Barajas <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante en la calidad mencionada present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de las autoridades judiciales y de los particulares relacionados. Frente a los primeros solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a no ser desaparecidos y sus derechos como v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada. Y frente a los \u00faltimos accionados, reclama el amparo de los derechos fundamentales de Ana Graciela Barajas Aguirre, a quien dice se le ha coartado de manera arbitraria su libertad. <\/p>\n
De lo expresado por el actor tanto en su escrito de tutela inicial como en la subsanaci\u00f3n presentada, se extractan tres puntos de protecci\u00f3n relevantes: <\/p>\n
1. Que se debe suspender el proceso de selecci\u00f3n de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde esta \u00faltima Corporaci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura relacionan como candidatos a los abogados: Miryam \u00c1vila Rold\u00e1n, Fernando Le\u00f3n Bola\u00f1os Palacios, Mar\u00eda Mercedes L\u00f3pez, Jorge Enrique Sanjuan Gelvez y Elka Venegas Ahumada. Dichos aspirantes, seg\u00fan el accionante presentan serios reparos morales, por lo que considera que se vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a no ser desaparecidos y sus derechos como v\u00edctima de desaparici\u00f3n forzada. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 igualmente que los magistrados Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier, Patricia Salazar Cuellar, Gerardo Botero Zuluaga, Rigoberto Echeverry Bueno, Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n, Fernando Castillo Cadena, Ariel Salazar Ram\u00edrez, Octavio Augusto Tejeiro Duque, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Clara Cecilia Due\u00f1as Quevedo y Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, omitieron dar respuesta al derecho de petici\u00f3n donde se solicitaba se abstuviera de elegir Fiscal General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. Y finalmente, en su condici\u00f3n de agente oficioso se\u00f1ala que por cuenta del Fiscal General de la Naci\u00f3n: Francisco Roberto Barbosa Delgado, y a los particulares: H\u00e9ctor Gonzalo \u00c1vila Barajas, Alfredo Castro Barajas y Adriana Castro Barajas de manera caprichosa se le ha privado de la libertad a la se\u00f1ora Ana Graciela Barajas Aguirre. <\/p>\n
Igualmente, en la petici\u00f3n de amparo constitucional solicita de manera subsidiaria \u201c\u2026 DECRETAR el estado de cosas inconstitucional de la Justicia en Colombia.\u201d Y \u201c2. Convocar a una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE por los medios legales y constitucionales, para plantear la reforma de la Justicia Colombiana.\u201d <\/p>\n
Los accionados dieron respuesta solicitando se negara el amparo solicitado. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que frente al presunto secuestro de la se\u00f1ora Ana Graciela de Barajas se adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n penal bajo el radicado No 110016000050202105893, la cual fue archivada por atipicidad de la conducta, sin que el accionante promoviera solicitud alguna frente a dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
En lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 dos razones fundamentales para solicitar la negativa al amparo, por un lado, que falta el requisito de subsidiaridad por considerar que el actor contaba con otros medios de judiciales para demandar la suspensi\u00f3n del proceso de elecci\u00f3n de magistrados vacantes, y segundo, por considerar que la Corporaci\u00f3n dio respuesta a las peticiones relacionadas con la elecci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Y por \u00faltimo, el Consejo Superior de la Judicatura invoca la negativa a la prosperidad de esta acci\u00f3n, por considerar que la confecci\u00f3n de la lista de aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia cumpli\u00f3 con todas las formalidades. <\/p>\n
La presente acci\u00f3n de tutela fue resuelta por la hom\u00f3loga Sala de Conjueces de Casaci\u00f3n Penal en decisi\u00f3n de octubre 25 de 2021 (STP 14214-2021) donde declar\u00f3 improcedente el amparo frente a cada uno de los tres puntos peticionados por las siguientes razones: frente al primer pedimento, esto es, la suspensi\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, indic\u00f3 falta el requisito de subsidiaridad, porque el art\u00edculo 9 del acuerdo PSAA16-10553 del 4 de agosto de 2016 reglamenta la convocatoria p\u00fablica para conformar la lista de aspirantes a magistrados de altas Cortes, establece la posibilidad que cualquier persona presente \u201c\u2026 sus observaciones y apreciaciones frente a los aspirantes inscritos en el plazo comprendido entre el 2 al 9 de junio de 2021, facultad que, seg\u00fan las evidencias allegadas al expediente, el accionante no ejerci\u00f3, teniendo la oportunidad de hacerlo\u2026\u201d Adem\u00e1s de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 el fallo, que en todo caso, contaba con el medio de control de nulidad electoral ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en caso de resultar elegido alguno de los controvertidos candidatos, seg\u00fan el dicho del actor. Igualmente, se destac\u00f3 en la decisi\u00f3n impugnada, que no se argument\u00f3, ni acredit\u00f3 la raz\u00f3n por la cual la primera petici\u00f3n de la acci\u00f3n vulnera los derechos fundamentales invocados en este medio constitucional. <\/p>\n
El segundo reclamo, esto es, la inconformidad presentada por no hab\u00e9rsele dado respuesta a los derechos de petici\u00f3n radicados ante esta Corporaci\u00f3n donde se solicitaba suspender la elecci\u00f3n del nuevo Fiscal General de la Naci\u00f3n; porque seg\u00fan el se\u00f1or Castro Bar\u00f3n, los magistrados al dejar sin respuesta el derecho de petici\u00f3n \u201c\u2026est\u00e1n incursos en los delitos de desaparici\u00f3n forzada del Sacerdote y capell\u00e1n de la Universidad Javeriana, ABEL DE JESUS BARAHONA CASTRO\u2026\u201d fue negada por carencia de objeto y considerar que el derecho fundamental de petici\u00f3n no fue violentado, pues la solicitud del accionante fue contestada oportunamente en oficio de diciembre 19 de 2019. <\/p>\n
Finalmente, la tercera pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela consistente en que a la se\u00f1ora Ana Graciela Barajas arbitrariamente se le ha restringido su libertad por el Fiscal General de la Naci\u00f3n y tres particulares m\u00e1s, fue igualmente negada por improcedente por considerar que para este tipo de petici\u00f3n existe la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, y se pone de presente la existencia de una investigaci\u00f3n penal que culmin\u00f3 con una causal de preclusi\u00f3n como lo es la atipicidad de conducta y \u201c\u2026 el accionante -en su calidad de v\u00edctima de estos hechos -podr\u00eda solicitar la reactivaci\u00f3n de la esta indagaci\u00f3n y all\u00ed hacer valer sus derechos como tal, siendo improcedente la tutela, precisamente por existir otro medio de defensa judicial ante el \u00f3rgano de persecuci\u00f3n del Estado \u2026\u201d <\/p>\n
Recurri\u00f3 el tutelante sin manifestar las razones de su inconformidad, presentando nuevamente un vasto escrito donde pr\u00e1cticamente se\u00f1ala los mismos argumentos de la acci\u00f3n de tutela y de su subsanaci\u00f3n; donde como dato final recalca que no fueron abordadas en el fallo impugnado \u201c\u2026 Los Conjueces de la Corte Suprema de justicia en su fallo, soslayaron las pretensiones y ni a ellas se refirieron, por lo cual han debido referirse las Pretensiones Subsidiarias , que fueron del siguiente tenor <\/p>\n
PETICIONES SUBSIDIARIAS <\/p>\n
1. DECRETAR el estado de cosas inconstitucional de la Justicia en Colombia.<\/p>\n
2. Convocar a una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE por los medios legales y constituciones, para plantear la reforma de la Justicia Colombiana.\u201d <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Analizado el recuento f\u00e1ctico en lo que corresponde a las tres peticiones presentadas como pretensiones principales y expuestas en la trazabilidad de esta decisi\u00f3n, prontamente advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede prosperar. <\/p>\n
No s\u00f3lo por faltar el requisito de subsidiaridad indicado por el A-Quo, que fue lo suficientemente ilustrado en las consideraciones del fallo de tutela impugnado, al indicar cada una de las opciones con las que contaba el actor para procurar la respuesta a cada una de sus peticiones y la defensa de los derechos que alega como conculcados, sino que adicionalmente, los hechos expuestos a lo largo de su escrito de tutela, de subsanaci\u00f3n y de impugnaci\u00f3n donde sustenta a su juicio los derechos fundamentales violentados – la vida, la salud, al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a no ser desaparecido y sus derechos como v\u00edctima de desaparici\u00f3n forzada- dicho relato f\u00e1ctico es el mismo que ha utilizado en la presentaci\u00f3n de un sin n\u00famero de tutelas ante la jurisdicci\u00f3n; donde en m\u00e1s de una oportunidad el juez constitucional le ha reconvenido por temeridad y le ha exhortado expresamente a abstenerse de utilizar indiscriminadamente esta acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
As\u00ed tenemos, la decisi\u00f3n tomada el 7 de junio de 2017 por esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC8044-2017 (rad 11001020300020170132400) <\/p>\n
\u00ab\u2026En consonancia con lo expuesto, y como raz\u00f3n adicional para la desestimaci\u00f3n del amparo, observa igualmente esta Sala que conforme a las respuestas y documentaci\u00f3n recibida, Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n ha promovido tutelas anteriores contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, la Polic\u00eda Nacional, el Alcalde Mayor de Bogot\u00e1, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, por los mismos hechos que ahora alega (ver: STP6148-2016, STP16479-2016, STP250-2017, STP17061-2016 y 2017-01023), sin que exista justificaci\u00f3n para entender la presentaci\u00f3n de esta nueva tutela, en la que, por lo dem\u00e1s, afirma \u00abatendiendo lo dispuesto por el Decreto 2591 de 10991, en su art\u00edculo 37, bajo la gravedad del juramento declaro que por estos mismos hechos e invocando iguales derechos y en contra de las mismas autoridades\u00bb (f. 123 y 124), motivo por el que debe se\u00f1alarse entonces, que el accionante incurri\u00f3 en temeridad, y en aplicaci\u00f3n a la consecuencia prevista en el citado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, se deber\u00e1n denegar esas pretensiones de la presente demanda\u2026\u00bb <\/p>\n
Igualmente, se encuentra la decisi\u00f3n proferida el 17 de julio de 2018 por esta Corporaci\u00f3n en auto ATP1433-2018 (rad 99602), donde se rechaza parcialmente la demanda de tutela y se indica: <\/p>\n
\u00ab\u2026 Lo anterior porque, verificado el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se advierte que, en pret\u00e9ritas oportunidades, LUIS ALFREDO CASTRO BARON ha presentado m\u00faltiples demandas de tutelas con id\u00e9nticas pretensiones a las que ahora invoca respecto de los hechos rese\u00f1ados en los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del ac\u00e1pite precedente (fundamentos de la acci\u00f3n). <\/p>\n
Estas actuaciones han sido conocidas por la Sala Cuarta del Consejo de Estado (proceso con rad. 11001-03-15-000-2017-01654-00, decisi\u00f3n del 10 de mayo de 2018) y las diferentes Salas de Casaci\u00f3n Civil, Laboral y Penal de esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de las providencias STC14436-2017, STP6148-2017, STL11854-2017, STL19360-2017, y STL7072-2018 todas ellas en las que, de manera un\u00e1nime se ha negado la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el actor, e inclusive se ha declarado la temeridad en el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional por parte de CASTRO BARON. <\/p>\n
(\u2026) Por otro lado, no sobra advertir que en la aludida acci\u00f3n constitucional, tal como lo demuestra la copia de la providencia emitida por la Sala Civil, el 13 de septiembre de 2017, dentro del radicado STC14436-2017, el actor solicit\u00f3 que se adelantara la investigaci\u00f3n del desaparecimiento del sacerdote Abel de Jes\u00fas Barahona Castro; hecho relacionado, seg\u00fan el actor, con la presunta pol\u00edtica de desaparici\u00f3n forzada y falsos positivos judiciales perpetrados por el Estado, para despojarlo de los derechos sobre el bien inmueble o finca El Carmen, que se encuentra ubicada en el norte de la ciudad capital, y que en la actualidad es objeto de aprovechamiento por el Distrito con la implementaci\u00f3n de un terminal de transporte, lo mismo que el tema de los supuestos abusos que se estaban cometiendo en contra suya en la Personer\u00eda de Bogot\u00e1; es decir, id\u00e9nticas s\u00faplicas y fundamento f\u00e1ctico al planteado en la presente tutela, lo que adem\u00e1s queda confirmado con el hecho catorce (14) de este libelo, en donde indic\u00f3 claramente, que de all\u00ed en adelante se rese\u00f1aba el fundamento del amparo que se encontraba pendiente por resolver por parte de la Sala Penal de la Corte. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que la circunstancia de introducir modificaciones en cuanto a algunos hechos, no hace que esta nueva demanda de tutela difiera sustancialmente de la anteriormente promovida, y menos a\u00fan la habilita para que hoy nuevamente se someta a examen constitucional la misma problem\u00e1tica. <\/p>\n
Y destac\u00f3 la Hom\u00f3loga Sala: <\/p>\n
Aqu\u00ed debe recalcar la Sala, tal como lo indicaron varios de los magistrados de esta Corporaci\u00f3n al contestar el libelo, tanto de la Sala Civil como de la Sala Penal, que el accionante ha utilizado de manera desmedida la tutela para cuestionar todas las actuaciones judiciales y administrativas de las autoridades en las cuales, por alguna raz\u00f3n, se ha visto involucrado, persistiendo en una supuesta pol\u00edtica o complot de los organismos del Estado colombiano, para desaparecerlo, y seg\u00fan el quejoso, as\u00ed poder acceder sin ning\u00fan obst\u00e1culo, al disfrute de un bien inmueble ubicado en la parte norte de Bogot\u00e1 (\u2026) <\/p>\n
Y no s\u00f3lo eso, pues tambi\u00e9n se observa, que frente a todo tipo de actuaci\u00f3n en sede laboral (Personer\u00eda), familiar (Comisar\u00eda de Familia) y personal (relaci\u00f3n con los miembros de la Polic\u00eda Nacional), incluso en las acciones en donde es convocado, el actor efect\u00faa una mezcla de hechos y situaciones sin un verdadero hilo conductor del cual se pueda apreciar con claridad, cu\u00e1les son las verdaderas razones que fundamentan su petici\u00f3n de amparo, circunscribiendo todo, simplemente en la aludida pol\u00edtica o maniobra sistem\u00e1tica de persecuci\u00f3n de las autoridades para vulnerarle sus derechos fundamentales. (Destaca la Sala)\u2026\u00ab (resalto fuera de texto) <\/p>\n
Frente a la solicitud de amparo de los derechos fundamentales de Ana Graciela Barajas Aguirre, a quien dice, est\u00e1 arbitrariamente privada de la libertad y de quien act\u00faa como agente oficioso, se puede se\u00f1alar que bajo la misma modalidad y los mismos hechos1 present\u00f3 acci\u00f3n de tutela como agente oficioso de Margarita Bar\u00f3n de Castro y Julia Torres Calvo, y en donde se resolvi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela en decisi\u00f3n STP1485-2019 de la hom\u00f3loga Sala Penal de octubre 24 de 2019 (radicaci\u00f3n 107.119)2. <\/p>\n
En lo que se refiere a la situaci\u00f3n de la se\u00f1ora Ana Graciela Barajas Aguirre de quien se predica agente oficioso, \u00e9ste acredit\u00f3 dicha condici\u00f3n s\u00f3lo con algunos extractos de la historia cl\u00ednica que lo se\u00f1ala como el esposo de la misma y con una declaraci\u00f3n extrajuicio de diciembre 4 de 2018. Sin embargo, del historial del procesos judiciales, se identific\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela donde coincide el se\u00f1or Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n como el accionante, y que se tramit\u00f3 ante la Sala Penal de esta Corte bajo el radicado interno 121980 y con decisi\u00f3n STP1517-2022 de febrero 16 de 2022. De donde se extraen una serie de hechos acreditados que presentan una situaci\u00f3n diversa a la manifestada por el actor para poder fungir como agente oficioso.3 <\/p>\n
Por lo anterior, y en lo que se refiere a esta \u00faltimo pedimento de las pretensiones principal se debe confirmar la improcedencia no s\u00f3lo por falta del requisito de subsidiaridad, sino adem\u00e1s porque el se\u00f1or Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n no acredit\u00f3 legitimidad alguna para concurrir en nombre de dicha persona. <\/p>\n
Si bien es cierto la acci\u00f3n de tutela se reviste de cierta informalidad para invocar el amparo a los derechos fundamentales propios y presuntamente vulnerados, cosa contraria sucede cuando se act\u00faa a nombre de un tercero, debido a que en este evento se precisa de ciertas exigencias para habilitar la actuaci\u00f3n del agente. El art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala: <\/p>\n
\u00ab…Legitimidad e inter\u00e9s. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se puede agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.\u201d <\/p>\n
Como se indic\u00f3 en la decisi\u00f3n arriba se\u00f1alada, esta Corporaci\u00f3n ha establecido: <\/p>\n
\u00ab\u2026i) Que la norma legitima para que incoe la acci\u00f3n de amparo, solamente a la \u201cpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, quien puede hacerlo de manera directa o por medio de representante, bien que \u00e9ste sea judicial o un agente oficioso. <\/p>\n
ii) Si se trata de representante judicial, que obviamente ha de ser un profesional del derecho, surge la obligaci\u00f3n de demostrar la existencia del correspondiente mandato, en la medida en que por tratarse de derechos fundamentales se requiere de poder especial. <\/p>\n
iii) En el evento que se act\u00fae como agente oficioso, adem\u00e1s de manifestar tal circunstancia en la solicitud, debe acreditarse la indefensi\u00f3n del titular de las garant\u00edas cuya tutela se demanda\u2026\u00bb <\/p>\n
Luego de revisar el expediente, no se avizora prueba alguna que valid\u00e9 la condici\u00f3n de agente oficioso de la se\u00f1ora Ana Graciela Barajas Aguirre. Raz\u00f3n por la cual al mismo no le asiste legitimaci\u00f3n alguna que habilit\u00e9 su actuaci\u00f3n en esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Para finalizar, no se puede olvidar que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala como uso indebido de la tutela, la existencia de duplicidad de acciones por las mismas partes, por los mismos hechos e id\u00e9ntico objeto. Y al respecto ha aseverado esta Corte: <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026\u00bb <\/p>\n
En la presente solicitud de amparo se advierte la narraci\u00f3n de una cantidad de hechos sin hilvanaci\u00f3n alguna, con m\u00faltiples acusaciones y elucubraciones, que adem\u00e1s han servido de base argumentativa a un n\u00famero plural de tutelas presentadas por el mismo actor, donde s\u00f3lo modifica algunos hechos y vincula a alguna entidad diferente. Por lo que al existir aspectos f\u00e1cticos y puntos transversales en las diferentes acciones de tutela, en especial la situaci\u00f3n que presenta como v\u00edctima de desaparici\u00f3n forzada, los mismos han sido resueltos en otras instancias y declaradas improcedentes. Con el agravante que el actor constitucional a pesar de su calidad de abogado, no hace advertencia alguna de la existencia de las actuaciones judiciales previas. Muy por el contrario, del escrito de tutela y bajo la gravedad de juramento declara \u00ab\u2026que por estos mismos hechos e invocando iguales derechos y en contra de la misma autoridad no se ha promovido por mi parte otra Acci\u00f3n de Tutela\u2026\u00bb <\/p>\n
El proceder descrito encuadra en un comportamiento de abuso del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, y se puede entender como una conducta temeraria del mismo. A prop\u00f3sito de las decisiones en las que se encuentra involucrado el actor (ATP-1433-2018), se dijo: <\/p>\n
\u00ab\u2026Frente a ello, esta Sala no puede volver a pronunciarse sobre aspectos que ya fueron decididos por otro juez constitucional, y que materializan la figura de la cosa juzgada constitucional, la cual ha sido explicada, entre otras, en sentencias STL4810-2016 y STL19360-2017 (\u2026) Si la Sala se dispusiera a efectuar una nueva valoraci\u00f3n del tema, generar\u00eda otro pronunciamiento sobre una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, y de paso, abrir\u00eda la puerta al abuso del derecho en el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, la cual, como ya se dijo, tiene como \u00fanico objetivo la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales lesionados o amenazados, mas no la intervenci\u00f3n indiscriminada del juez constitucional. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que la circunstancia de introducir modificaciones en cuanto a algunos hechos, no hace que esta nueva demanda de tutela difiera sustancialmente de la anteriormente promovida, y menos a\u00fan la habilita para que hoy nuevamente se someta a examen constitucional la misma problem\u00e1tica\u2026\u00bb <\/p>\n
Sea el momento para advertirle al se\u00f1or Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n, que el ejercicio desmedido de la tutela puede tener repercusiones en su contra, por lo cual se le exhortar\u00e1 para que se abstenga de acudir a su uso de manera indiscriminada, pues esta acci\u00f3n est\u00e1 instituida para la protecci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n o de la amenaza de los derechos fundamentales de las personas, y de ninguna manera para su abuso. <\/p>\n
Ahora, frente a la solicitud del estudio de las pretensiones subsidiarias donde se persigue el decreto de un estado de cosas inconstitucional en la justicia colombiana y que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente por los medios legales y constitucionales para plantear una reforma a la justicia en Colombia, se advierte anticipadamente la inviabilidad de las mismas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
El anterior requerimiento no s\u00f3lo no es procedente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, sino que adem\u00e1s no tiene ning\u00fan tipo de desarrollo argumentativo y probatorio; y si bien la acci\u00f3n de tutela goza de menor rigurosidad que las acciones judiciales tradicionales, lo cierto es que el actor constitucional tiene una carga m\u00ednima en su reclamo que va m\u00e1s all\u00e1 de solicitarla como una mera y escueta pretensi\u00f3n subsidiaria. No justific\u00f3 la relevancia constitucional del asunto, ni siquiera present\u00f3 el discurso que desarrolle o explique cuales son los derechos fundamentales violentados de forma masiva y recurrente. <\/p>\n
Igualmente, dichas s\u00faplicas y en especial la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no es del resorte o de las competencias asignadas a esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela. Para ello, existe un procedimiento legalmente establecido no s\u00f3lo como un mecanismo de ejercicio de la participaci\u00f3n ciudadana vertida entre otras en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y Ley 134 de 1994, sino tambi\u00e9n en protecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico colombiano. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la inconformidad del accionante, la ausencia de argumentaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de las pretensiones subsidiarias, as\u00ed como el alcance y contenido de estas no comportan la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, ni se enmarcan en las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. Por lo que la protecci\u00f3n deprecada tendr\u00e1 que denegarse. <\/p>\n
III. RESUELVE <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de octubre 25 de 2021 proferida por la Sala de Conjueces de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuesta en esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones subsidiarias de la demanda de tutela instaurada por Luis Alfredo Castro Baron. <\/p>\n
TERCERO: EXHORTAR al accionante, para que se abstenga de acudir de manera indiscriminada al uso de la acci\u00f3n de tutela, instituido para la protecci\u00f3n de la real amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, no para su abuso. <\/p>\n
CUARTO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
QUINTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez en firme. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
MIQUELINA OLIVERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUN\u00c9VAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DARIO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 STP1485-2019: \u201c Asegura el libelista que el motivo de su desaparici\u00f3n, obedeci\u00f3 al inter\u00e9s de unas personas para despojarlo de la propiedad de la finca denominada \u201cEl Carmen\u201d, ubicada al norte de Bogot\u00e1, terrenos donde hoy en d\u00eda funciona el Terminal Sat\u00e9lite del Norte y unos parqueaderos del Sistema Transmilenio. Sostiene que las se\u00f1oras Margarita Bar\u00f3n de Castro y Julia Torres Calvo, de quienes tambi\u00e9n es familiar, se encuentran secuestradas por sus hijos con fines de desaparici\u00f3n forzada, ello con el objetivo de ocultar el despojo del referido predio. <\/p>\n
2\u0002 En el presente asunto, tras revisar el libelo introductorio y sus anexos, no se encontr\u00f3 prueba alguna que acreditara la condici\u00f3n de indefensi\u00f3n de las se\u00f1oras Bar\u00f3n de Castro y Torres Calvo, sencillamente se observa que el accionante realiza una serie de afirmaciones para justificar su condici\u00f3n de agente oficioso, pero no allega elemento alguno que respalde su dicho, motivo por el cual, al tenor de lo dispuesto en el citado art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, no es posible otorgarle legitimidad para que intervenga en representaci\u00f3n de las referidas damas. <\/p>\n
3\u0002 4.2. De los elementos de prueba obrantes en la presente acci\u00f3n de tutela se puede constatar el contenido de las decisiones proferidas por la Comisar\u00eda de Familia de Suba, y que son objeto de inconformidad por parte del actor, as\u00ed: <\/p>\n
4.2.1. El 16 de abril de 2021, se impuso en contra del se\u00f1or LUIS ALFREDO CASTRO BAR\u00d3N (demandante en la presente tutela), y a favor de ANA GRACIELA BARAJAS AGUIRRE, ALFREDO CASTRO BARAJAS, LUIS FERNANDO CASTRO BARAJAS y DANIEL SANTIAGO ANAYA CASTRO, la medida de protecci\u00f3n No. 019-21[footnoteRef:11]. En ella, se orden\u00f3 al agresor abstenerse de realizar cualquier acto de violencia verbal, sexual, ps\u00edquica, escandalo, amenaza entre otras; am\u00e9n de prohibirle el ingreso al lugar de residencia donde se encuentran los protegidos. [11: MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N DEFINITIVA – 019-21] Igualmente, se le orden\u00f3 hacer entrega de los objetos personales a la se\u00f1ora ANA GRACIELA BARAJAS AGUIRRE, los cuales mantiene retenidos sin consentimiento. <\/p>\n
4.2.2. De la anterior diligencia el se\u00f1or LUIS ALFREDO CASTRO BAR\u00d3N, fue debidamente notificado a trav\u00e9s de su correo personal luisalfredocastro@yahoo.es, y por intermedio del INPEC, dada la condici\u00f3n de privado de la libertad en la que se encuentra en prisi\u00f3n domiciliaria. Tal y como se registr\u00f3 en el acta de fecha 16 de abril de 2021[footnoteRef:12]. [12: Ib\u00eddem folio 3. ] <\/p>\n
4.2.3. Teniendo en cuenta que el se\u00f1or LUIS ALFREDO CASTRO BAR\u00d3N, aparentemente incumpli\u00f3 con las \u00f3rdenes proferidas por la Comisaria en la medida No. 019-21, la se\u00f1ora ANA GRACIELA BARAJAS AGUIRRE, present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
(\u2026) 4.2.5. Superado lo anterior, el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, el 30 de agosto de 2021, neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales pretendidos; no obstante, el 4 de octubre de la misma anualidad, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n; y, en consecuencia, orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia de Suba, ejecutara las acciones tendientes para hacer cumplir la medida definitiva de protecci\u00f3n que se referencia. <\/p>\n
(\u2026) 4.2.7. Evacuadas todas y cada una de las etapas previstas en la diligencia y al constatar que el se\u00f1or CASTRO BAR\u00d3N, persisti\u00f3 en el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, la Comisaria en su decisi\u00f3n, dispuso como medida complementaria en contra del infractor, el desalojo de manera inmediata del inmueble ubicado en la calle 156 No. 92-56 apartamento 521 interior 6 del barrio el salitre de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Tambi\u00e9n remiti\u00f3 al Juzgado 33 Penal Municipal y al Juzgado 4 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, para que trasladaran al se\u00f1or LUIS ALFREDO CASTRO BAR\u00d3N (condenado por estafa), a un lugar diferente de residencia, teniendo en cuenta la calidad de privado de la libertad que tiene en prisi\u00f3n domiciliaria. (\u2026)\u201d <\/p>\n
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STC6852-2022 SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N STC6852-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero (01) de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se procede a decidir la impugnaci\u00f3n propuesta por Luis Alfredo Castro Baron en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64267","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64267"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64267\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}