STC6869-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6869-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00063-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Amali Nader Chujfi contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e interesados en el proceso objeto de debate. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de radicado 66001310300420150102800. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y el escrito de tutela se establece que, el 23 de febrero de 2016, en el Juzgado accionado, se autoriz\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n empresarial de la accionante, que hab\u00eda sido aprobado por el 61.94% de la mayor\u00eda absoluta, en el que se pact\u00f3 como plazo m\u00e1ximo para pagar las acreencias el 21 de diciembre de 2030. <\/p>\n
El 16 de junio de 2021, la deudora present\u00f3 una reforma al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, suscrita por el 54.76% de los acreedores, modificando la cl\u00e1usula segunda, esto es, la que contiene la f\u00f3rmula de pagos, m\u00e1s no el plazo fijado hasta el 2030, con fundamento en que la pandemia le ocasion\u00f3 una disminuci\u00f3n en sus ingresos. El 28 de enero de 2022, se adelant\u00f3 la audiencia de confirmaci\u00f3n de la reforma del acuerdo, en la que el Juzgado indic\u00f3 que la presentada no era viable, en virtud de lo contemplado en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, pues fue aprobada por una mayor\u00eda del 54.76%, de los cuales el 36.53% correspond\u00eda a los acreedores internos y solo el 18.26% a los externos, por lo que el plazo para atender el pasivo no pod\u00eda ser superior a 10 a\u00f1os, contados desde que se realiz\u00f3 el acuerdo inicial, es decir, hasta el 2026. Dicha decisi\u00f3n fue confirmada en sede de reposici\u00f3n. <\/p>\n
A su vez, en la diligencia, se concedi\u00f3 a la deudora un t\u00e9rmino de 8 d\u00edas para que corrigiera la reforma en lo relacionado con los porcentajes de la graduaci\u00f3n de votos, de conformidad con la norma citada y para que expusiera los argumentos jur\u00eddicos y jurisprudenciales que fundamentaran su propuesta. Presentado el memorial, en el se reiteraron las alegaciones para la procedencia de lo solicitado, sin hacer la modificaci\u00f3n en el sentido indicado, por auto del 28 de febrero de 2022, el Despacho accionado resolvi\u00f3 \u00abno convalidar\u00bb la reforma propuesta. <\/p>\n
3. Respecto de la actuaci\u00f3n relatada, la parte actora sostuvo que la reforma pretendida no ampliaba el plazo inicialmente autorizado hasta el 21 de diciembre de 2030, \u00abpor lo que no ser\u00eda aplicable lo establecido en la aludida normativa\u00bb, en tanto la modificaci\u00f3n no pod\u00eda considerarse en forma independiente del acuerdo previamente aprobado hasta dicha fecha, sino como una continuaci\u00f3n del mismo; adem\u00e1s, que el Juzgado de conocimiento no pod\u00eda pretender que el convenio primigenio se cambiara \u00abreduci\u00e9ndose su plazo al a\u00f1o 2026 por considerar que su antecesora se equivoc\u00f3 al validar el acuerdo inicial\u00bb, pues esa decisi\u00f3n hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Censur\u00f3, adicionalmente, la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n controvertida por medio de auto, cuando lo procedente era adelantar la audiencia de conformaci\u00f3n, de que tratan los incisos 3 y 4 del art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar al accionado \u00abconvocar a la respectiva audiencia de confirmaci\u00f3n, sin que sean necesarias correcciones y\/o modificaci\u00f3n direccionadas a la reducci\u00f3n del plazo\u00bb; y, como pretensi\u00f3n subsidiaria, dado que la \u00faltima decisi\u00f3n se profiri\u00f3 por auto y no en audiencia, \u00abconvocar a la continuaci\u00f3n de la Audiencia de que trata el inciso 2 del Art. 35 de la Ley 1116 del 2.006, en concordancia con lo establecido en el Art. 2.2.2.13.3.8 del Decreto 1074 de 2015, para se tomen las medidas de saneamiento y emisi\u00f3n del fallo que a derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se\u00f1al\u00f3 que no era procedente la aprobaci\u00f3n de la reforma del acuerdo presentada, \u00abpues el t\u00e9rmino inicialmente concedido no acompasa con lo reglado\u00bb en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006. Sobre la no reanudaci\u00f3n de la audiencia de confirmaci\u00f3n de la reforma del acuerdo precis\u00f3 que aquella \u00abest\u00e1 reservada para cuando se presenta debidamente corregido el acuerdo dentro del plazo mencionado, lo que no se hizo por parte de la interesada, por consiguiente, no era necesario emitir el pronunciamiento aludido en audiencia\u00bb. <\/p>\n
2. Quien adujo ser la apoderada de los acreedores Johana Marcela Cardona, Jhon Fabio Su\u00e1rez Hern\u00e1ndez, \u00c1lvaro Su\u00e1rez Bol\u00edvar y Soraya Nader Chujfi manifest\u00f3 que para ellos lo m\u00e1s importante era que se materializara el pago de las obligaciones, raz\u00f3n por la que votaron positivamente la reforma. A\u00f1adi\u00f3 que la no convalidaci\u00f3n podr\u00eda acarrear la liquidaci\u00f3n de la deudora y, en tal sentido, dijo coadyuvar las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
3. Quien asever\u00f3 ser la apoderada de los acreedores Ignacio Antonio Cuartas Villegas, Andr\u00e9s Toro Henao, Aurentino Antonio Molina Soto y Salom\u00e9 Iza V\u00e9lez coadyuv\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n e indic\u00f3 que existe una interpretaci\u00f3n errada por parte de la falladora del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 21 de la Ley 1116 del 2006. <\/p>\n
4. Refinancia S.A.S. aleg\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de su parte y pidi\u00f3 que negar el amparo. <\/p>\n
5. Systemgroup S.A.S., Finesa S.A. y el municipio de Pereira solicitaron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el amparo, al encontrar que, aunque \u00abla decisi\u00f3n de la juzgadora ciertamente tiene sustento normativo\u00bb, \u00abla aplicaci\u00f3n rigurosa de esa disposici\u00f3n legal deriva en un exceso ritual manifiesto y en la vulneraci\u00f3n de una prerrogativa fundamental, en este caso el debido proceso de la accionante\u00bb. Argument\u00f3 que el acuerdo aprobado en el 2016, incluido el plazo inicial pactado, \u00abhizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y entonces, en la actualidad debe respetarse, m\u00e1xime porque nadie ha cuestionado su validez. En ese entendido, es un exceso ritual manifiesto apegarse a una disposici\u00f3n de car\u00e1cter adjetivo, cuya rigurosa aplicaci\u00f3n, est\u00e1 impidiendo el cumplimiento de ese acuerdo, y en todo caso, el goce de un derecho sustancial, cual es, la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb. En tal sentido, dej\u00f3 sin efectos las decisiones emitidas el 28 de enero y 28 de febrero de 2022 y orden\u00f3 al accionado convocar nuevamente \u00aba la audiencia prevista en el art\u00edculo 35 de la Ley 1116\/06, en la que se decidir\u00e1 de nuevo sobre la confirmaci\u00f3n de la reforma al acuerdo extrajudicial, siguiendo las directrices plasmadas en este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, indicando que \u00abla seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada se predica de la convalidaci\u00f3n del acuerdo inicial\u00bb, el cual no se desconoci\u00f3 ni dej\u00f3 sin validez, de forma que se mantiene, \u00abpero no se puede perder de vista que el tr\u00e1mite de reforma es una nueva actuaci\u00f3n\u00bb, independiente y frente a la cual se deben aplicar las pautas para su aprobaci\u00f3n, consagradas en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, \u00abpor lo que no se trata de una interpretaci\u00f3n de esta juzgadora\u00bb; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que esa norma contempla como excepci\u00f3n \u00abque la mayor\u00eda de los acreedores externos consientan en el otorgamiento de un plazo superior, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el hecho de que en la aprobaci\u00f3n del acuerdo anterior se haya desconocido el t\u00e9rmino legal no puede ser vinculante \u00abpara incurrir nuevamente en el error\u00bb, al admitir una reforma que no re\u00fane los requisitos normativos pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 28 de febrero de 2022, mediante el cual el Juzgado accionado no convalid\u00f3 la reforma del acuerdo de pagos presentada, toda vez que, en su criterio, no se le puede exigir que se fije un nuevo plazo para los pagos hasta el 2026, dado que desde el 2016 se encuentra ejecutoriada la autorizaci\u00f3n hasta diciembre de 2030. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n reprochada, se observa que, recibido el memorial requerido a la deudora en la audiencia previa de confirmaci\u00f3n de la reforma, el Despacho de conocimiento profiri\u00f3 el auto del 28 de febrero de 2022, que no convalid\u00f3 la propuesta presentada, \u00abpor no haberse dado cumplimiento a lo ordenado en el auto proferido en la audiencia\u00bb. Para ello, retom\u00f3 los argumentos planteados en la diligencia que adelant\u00f3 el 28 de enero anterior, en el sentido que, de acuerdo con el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, \u00abCuando los acreedores internos o vinculados detenten la mayor\u00eda decisoria en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, no podr\u00e1 preverse en el acuerdo ni en sus reformas un plazo para la atenci\u00f3n del pasivo externo de acreedores no vinculados superior a diez a\u00f1os contados desde la fecha de celebraci\u00f3n del acuerdo, salvo que la mayor\u00eda de los acreedores externos consientan en el otorgamiento de un plazo superior\u00bb1. Y que, revisado el acuerdo del 23 de febrero de 2016, se advirti\u00f3 que fue aprobado por una mayor\u00eda de acreedores internos, por tanto \u00abel plazo para la atenci\u00f3n del pasivo de los acreedores externos no vinculados, no pueden sobrepasar de diez a\u00f1os desde la celebraci\u00f3n de la validaci\u00f3n, es decir no puede pasar del a\u00f1o 2026 y como vemos el plan de pago de la reforma est\u00e1 establecido hasta el a\u00f1o 2030\u00bb. Indic\u00f3 que la reforma ahora presentada se hab\u00eda aprobado, igualmente, con una mayor\u00eda de acreedores internos, raz\u00f3n por la cual estaba sujeta al plazo de 10 a\u00f1os que culminar\u00eda en el 2026 y que, en ese orden, no era procedente la reforma mientras continuaran esos porcentajes de los derechos de voto, por lo cual otorg\u00f3 un t\u00e9rmino para corregir lo pertinente. Reiter\u00f3 su postura, en el sentido que \u00abno pod\u00eda concederse un t\u00e9rmino superior a diez (10) a\u00f1os contados a partir de la celebraci\u00f3n del acuerdo para atender el pasivo externo\u00bb, por disposici\u00f3n legal. Frente al particular, consider\u00f3 que, pese a que en la aprobaci\u00f3n del acuerdo inicial \u00abla juez de la \u00e9poca, de manera involuntaria perdi\u00f3 de vista dicha disposici\u00f3n y concedi\u00f3 el plazo aludido hasta el a\u00f1o 2030\u00bb, \u00abno podr\u00eda aprobarse la reforma pues el t\u00e9rmino inicialmente concedido no acompasa con lo reglado en el par\u00e1grafo segundo y por tanto dicha reforma, -no el acuerdo inicial- no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2026\u00bb. Precis\u00f3 que era \u00abclaro que el acuerdo inicial se encuentra en firme, y constituye cosa juzgada, pero ello no es \u00f3bice para que atendiendo a la solicitud de reforma, esta juzgadora desconozca la disposici\u00f3n en comento, como en el pasado se hizo\u00bb, lo cual no impide que se contin\u00fae con el plan de pagos autorizado hasta el a\u00f1o 2030, \u00abpero la reforma el despacho no la aceptar\u00e1 mientras que contin\u00faen esos porcentajes, porque claramente est\u00e1 desconociendo la norma\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, como en el escrito allegado por la deudora en el t\u00e9rmino otorgado para corregir no se subsan\u00f3 lo requerido, no se convalidar\u00eda la reforma. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, con independencia de que se pueda no compartir en su integridad, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normativa que gobierna el asunto. En efecto, el Juzgado accionado determin\u00f3 -motivadamente- que, al tenor del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, la reforma de un acuerdo de reorganizaci\u00f3n, seg\u00fan los porcentajes de aprobaci\u00f3n acreditados, estaba sujeta a un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os contados desde la fecha de celebraci\u00f3n del convenio. La anterior decisi\u00f3n la adopt\u00f3 por auto, despu\u00e9s de haberse surtido la audiencia de validaci\u00f3n citada. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios con respecto a lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial-. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone revocar el refutado y negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo invocado. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se subraya. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6869-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6869-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00063-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 31 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}