STC6921-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6921-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2022-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 4 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nikolai y Santiago Velandia Gallo contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad y Fiduciaria La Previsora S.A., tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2001-00016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por los convocados al no hacer entrega efectiva de los dep\u00f3sitos judiciales ordenados pagar a su favor dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, dentro del ejecutivo de alimentos impetrado contra su progenitor, el Juzgado Primero de Familia de Armenia profiri\u00f3 sentencia el 27 de junio de 2019, ordenando \u00abmantener el embargo del 40% de la mesada pensional del se\u00f1or Jos\u00e9 Norbey Velandia Guill\u00e9n y colocarlos a disposici\u00f3n de[l] juzgado en la misma proporci\u00f3n, la cual deber\u00e1 consignarse como tipo 6, como cuota alimentaria en la cuenta del Banco Agrario de Colombia (\u2026) N\u00b0 630012033001\u00bb. <\/p>\n
Que desde esa data \u00abno hemos podido disponer de los t\u00edtulos correspondientes, ya que cada vez que nos acercamos al banco agrario, all\u00ed nos indican que no hay t\u00edtulos disponibles para nosotros\u00bb; que \u00aben varias oportunidades nos dirigimos al Juzgado para que oficie a Fiduciaria La Previsora, para que coloque a disposici\u00f3n los t\u00edtulos, pero a la fecha esto no ha sido posible\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abnos hemos visto afectados [pues] nos ha tocado sortear los gastos de estudio y sostenimiento mediante pr\u00e9stamos solicitados a amigos y familiares\u00bb. <\/p>\n
Que como la Fiduciaria La Previsora s\u00f3lo ha respondido que los pagos realizados por el Fondo Nacional del Magisterio, \u00abgeneraron rechazo en el portal web transaccional del Banco Agrario, por lo que los dineros se encuentran retenidos en el fondo (\u2026), pero no certifica el n\u00famero de cuenta que ellos tienen del juzgado ni remiten la relaci\u00f3n de descuentos (\u2026), el 08 de marzo [de 2022], se envi\u00f3 nuevamente un escrito [a esa entidad] para que certifique la cuenta y autorice los pagos, pero no se recibi\u00f3 respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, \u00abse ordene al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Armenia que haga las gestiones pertinentes para que Fiduciaria La Previsora, tenga la cuenta correcta\u00bb, y la Fiduciaria La Previsora, \u00abpara que ponga a disposici\u00f3n del juzgado los t\u00edtulos correspondientes (\u2026) en el menor tiempo posible\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Armenia, indic\u00f3 que \u00abmediante auto de fecha 22 de febrero de 2022 (\u2026) inform\u00f3 a las partes que no exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales pendientes de cobro dentro del presente asunto y a su vez se dispuso oficiar al pagador, con el fin de que informaran a favor de quien se estaban realizando las consignaciones; el d\u00eda 28 de febrero de 2022, se [expidi\u00f3] oficio dirigido a la Fiduprevisora comunicando el auto contentivo del requerimiento, asimismo, en \u00e9l se le indic\u00f3 al pagador nuevamente el c\u00f3digo del proceso, comunicaci\u00f3n que fue remitida mediante correo electr\u00f3nico de la misma fecha, sin que (\u2026) obre dentro del expediente respuesta alguna por parte de la Fiduprevisora\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abel proceso se encuentra debidamente creado en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia (\u2026). En consecuencia, de lo anterior no es cierto que el Juzgado hubiera sido pasivo respecto a la solicitud elevada por la parte accionante (\u2026)\u00bb, y remiti\u00f3 el link para acceder al respectivo expediente digital. <\/p>\n
2. El Director Jur\u00eddico del Consorcio FOPEP 2019 \u2013 Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional, dijo que \u00abrevisada la base de datos (\u2026), se logr\u00f3 establecer, que los se\u00f1ores Nicolai Velandia Gallo y Santiago Velandia Gallo, mayores de edad (\u2026), no hacen parte de la n\u00f3mina del FOPEP, as\u00ed como tambi\u00e9n se logr\u00f3 establecer que el Consorcio FOPEP 2019 o el FOPEP, no est\u00e1n vinculado dentro de la presente acci\u00f3n, aclarando que el FOMAG y el FOPEP son dos entidades diferentes\u00bb, y acot\u00f3 que remit\u00eda la documentaci\u00f3n \u00abal correo electr\u00f3nico notjudicial@fiduprevisora.com.co y evitar as\u00ed una eventual nulidad sobreviniente por indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La colegiatura a-quo concedi\u00f3 el auxilio, aduciendo que \u00absi bien el Juzgado ha atendido cada una de las solicitudes y requerido al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio \u2013 Direcci\u00f3n de Prestaciones Econ\u00f3micas, cuya vocera y administradora es Fiduprevisora S.A., para que d\u00e9 cumplimiento a la orden de embargo (\u2026), lo cierto es que seg\u00fan informa el Fondo accionado el 8 de febrero de 2022 (\u2026), los descuentos se han realizado y consignado en la cuenta del Juzgado, pero han sido rechazado por el Banco Agrario [entonces], pese a las dos entidades accionadas han dado respuesta a las peticiones elevadas por la parte ejecutante, lo cierto es que cada una de ellas se ha limitado a endilgar la responsabilidad en la otra, sin que hasta el momento se ha ya solucionado el problema administrativo por el cual se gener\u00f3 el rechazo en el portal web transaccional del Banco Agrario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al juzgado y entidad pagadora accionada, \u00abque de manera coordinada y de acuerdo a sus competencias, en el t\u00e9rmino improrrogable de 2 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, realicen los tr\u00e1mites pertinentes ante el Banco Agrario, para solucionar el problema administrativo que gener\u00f3 el rechazo de los pagos realizados con destino al citado juzgado, en el portal web transaccional del banco, para que los dineros retenidos ingresen a la cuenta en el menor tiempo posible\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso Fiduprevisora S.A., persiguiendo que se ordene \u00abdesvincular\u00bb a esa entidad, o en su defecto, \u00abmodificar\u00bb el fallo para \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n [por] hecho superado\u00bb, aduciendo que \u00abmediante el radicado No. 20220160989011 del 03 de mayo de 2022\u00bb, remitido a los correos electr\u00f3nicos de cada uno de los accionantes, inform\u00f3 que \u00abexist[\u00eda] una problem\u00e1tica\u00bb en relaci\u00f3n con \u00abel pago y\/o consignaci\u00f3n de dep\u00f3sitos judiciales correspondiente a las n\u00f3minas de pensi\u00f3n (\u2026) del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ocasionada por la transici\u00f3n entre los despachos de descongesti\u00f3n y los permanentes [y por ello], la constituci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales (\u2026) correspondientes a los meses de abril del a\u00f1o 2020 hasta marzo del a\u00f1o 2022, presentaron rechazo en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia, por errores tipo 33, que corresponde a (n\u00famero de proceso no v\u00e1lido o no existe en tabla de procesos)\u00bb. <\/p>\n
Empero, que en atenci\u00f3n a oficio emanado por el juzgado \u00abel 28 de febrero de 2022, en el que se inform\u00f3 el c\u00f3digo \u00fanico de 23 d\u00edgitos e indica que la consignaci\u00f3n debe ir a nombre del primero de los demandantes, esta entidad ha adelantado todos los tr\u00e1mites correspondientes para efectuar el pago de los dineros objeto de reclamaci\u00f3n de conformidad con lo informado por el despacho. Dicho pago se ver\u00e1 reflejado en la cuenta del juzgado el pr\u00f3ximo 09 de mayo de la presente anualidad\u00bb, y que como tambi\u00e9n les adjunt\u00f3 \u00abla relaci\u00f3n de los descuentos efectuados al demandado (\u2026) hemos dado respuesta de fondo a cada uno de los requerimientos y solicitudes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los accionados vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por los actores, porque supuestamente (i) el Juzgado Primero de Familia de Armenia, ha omitido requerir al pagador de la entidad pagadora de la pensi\u00f3n del demandado para que ponga a su disposici\u00f3n los dep\u00f3sitos judiciales para su respectivo pago y, (ii) Fiduprevisora S.A., no ha respondido las peticiones por ellos elevadas, encaminadas a que gestione la ubicaci\u00f3n de los descuentos practicados al demandado y se posibilite el pago de las cuotas alimentarias a su favor. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primera instancia y, en su lugar, denegar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, toda vez que: (i) en relaci\u00f3n con la mora judicial endilgada al Juzgado Primero de Familia de Armenia, no se genera afectaci\u00f3n atribuible a esa autoridad; y (ii) frente a la omisi\u00f3n reclamada a Fiduprevisora S.A., se configura carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad surge en la medida en que, la actividad jurisdiccional que los quejosos echan de menos para hacer efectivo el pago de los alimentos, la misma, seg\u00fan da cuenta el expediente digital remitido por la autoridad criticada, ha sido desplegada a partir de la conciliaci\u00f3n aprobada el 27 de junio de 2019. <\/p>\n
En efecto, la foliatura muestra que con \u00aboficio No. 837\u00bb dirigido al pagador del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio \u2013 FOMAG el 4 de julio de dicha anualidad, el juzgado inform\u00f3 que, en la aludida providencia, se dispuso \u00abmantener el embargo del cuarenta por ciento (40%) de la mesada pensional\u00bb del demandado, por lo que tales dineros deb\u00edan \u00abconsignarse como tipo 6, como cuota alimentaria en la cuenta del Banco Agrario de Colombia de este juzgado No. 630012033001\u00bb. <\/p>\n
Luego, ante la solicitud presentada por los interesados, con \u00aboficio No. 1516\u00bb del 18 de diciembre de 2019, se requiri\u00f3 a dicho pagador \u00abinformaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n realizada con el oficio No. 837\u00bb, y en atenci\u00f3n a que la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Quind\u00edo dijo que el competente para tramitar dicha orden era la Fiduciaria de la Previsora S.A., el juzgado procedi\u00f3 a dirigir la orden e instrucciones para su consignaci\u00f3n a dicha entidad, conforme lo evidencia el \u00aboficio No. 0097\u00bb del 31 de enero de 2020. <\/p>\n
El expediente digital tambi\u00e9n da cuenta de que en atenci\u00f3n a las peticiones presentadas por los demandantes y a comunicaci\u00f3n emanada de la \u00abDirecci\u00f3n de Prestaciones Econ\u00f3micas del Magisterio\u00bb, mediante prove\u00eddo del 16 de abril de 2021, el despacho querellado orden\u00f3 oficiar a Fiduprevisora S.A, \u00abcon el fin que pongan a disposici\u00f3n de este Juzgado las cuotas de alimentos que al parecer se encuentran retenidas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, por cuanto FOMAG y la Fiduprevisora afirmaron que se ven\u00edan realizando los correspondientes descuentos por alimentos y tras ello su ubicaci\u00f3n en dep\u00f3sitos judiciales, con auto del 22 de febrero de 2022 el juzgado requiri\u00f3 de nuevo a esta \u00faltima para que aclarara \u00aba favor de qui\u00e9n se est\u00e1n haciendo los desembolsos respectivos o en qu\u00e9 cuenta se est\u00e1n consignado\u00bb, le indic\u00f3 \u00ablos 23 d\u00edgitos del proceso\u00bb, advirtiendo sobre \u00ablas acciones legales\u00bb que implicaba incumplir la orden judicial. <\/p>\n
Asimismo, el juzgado acredit\u00f3 que el 25 de febrero de 2022, realiz\u00f3 la \u00aborden de constituci\u00f3n\u00bb del proceso en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia, a fin de viabilizar el pago de las cuotas alimentarias que para dicho asunto sean puestas a disposici\u00f3n del juzgado, situaci\u00f3n que tuvo lugar con antelaci\u00f3n a que fuera instaurada esta salvaguarda -el 22 de abril de 2022-. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no es dable endilgar mora judicial en relaci\u00f3n con las gestiones adelantadas para hacer posible el recaudo y pago de los alimentos causados a favor de los querellantes, como tampoco que el juzgado hubiera dejado de responder los requerimientos por estos elevados al interior del juicio. <\/p>\n
Por tanto, en el presente asunto se incumple el presupuesto general para la procedibilidad del amparo, relativo a la relevancia constitucional de la cuesti\u00f3n discutida, pues para ello la jurisprudencia exige que \u00abest\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC10171-2020, 19 nov. 2020, rad. 00512-01, entre otras). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha reiterado que cuando no se est\u00e1 en presencia de una situaci\u00f3n que comprometa derechos de rango fundamental, el resguardo es improcedente ya que \u00e9ste requiere \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01). Resalta la Sala. <\/p>\n
3.2. Del hecho superado. <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica tiene lugar en relaci\u00f3n con el \u00abdescuido o negligencia\u00bb que los quejosos enrostraron a Fiduprevisora S.A., por no haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juzgado en audiencia del 27 de junio de 2019, consistente en realizar los descuentos peri\u00f3dicos de la pensi\u00f3n del demandado y ubicar los dineros en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, a efectos de que estos fueran cancelados oportunamente a los beneficiarios. <\/p>\n
Ello, porque conforme a lo acreditado por la referida entidad, mediante comunicaci\u00f3n fechada el 3 de mayo de 2022, respondieron integralmente la petici\u00f3n elevada por los demandantes, procediendo a explicar las razones para no haber puesto a disposici\u00f3n del juzgado las cuotas alimentarias, relacionar los descuentos practicados al demandado como lo hab\u00edan deprecado los interesados, y precisar la soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica surgida para llevar a cabo la \u00abconstituci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, Fiduprevisora S.A, \u00abactuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que el \u00abrechazo en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia\u00bb, se produjo por \u00aberrores tipo 33, que corresponde a (n\u00famero de proceso no v\u00e1lido o no existe en tabla de procesos)\u00bb, y que fue remediado a partir del \u00aboficio No. 00090\u00bb librado por el Juzgado Primero de Familia de Armenia \u00abel 28 de febrero de 2022\u00bb, en el cual \u00abse inform\u00f3 el c\u00f3digo \u00fanico de 23 d\u00edgitos e indica que la consignaci\u00f3n debe ir a nombre del primero de los demandantes [y que] dicho pago se ver\u00e1 reflejado en la cuenta del juzgado el pr\u00f3ximo 09 de mayo de [2022]\u00bb, quedando \u00abactualizado la informaci\u00f3n en nuestro sistema (\u2026), con el fin que en adelante no se generen m\u00e1s rechazos y se vean reflejados de manera mensual a la cuenta del juzgado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00aba partir de la n\u00f3mina correspondiente al mes de mayo [de 2022] se modifica el registro de embargo y se dejar\u00e1 un[o] solo por el 40% a favor de NIKOLAI VELANDIA GALLO (\u2026), a fin de que el pago salga a nombre del primer demandante como ordena el despacho, toda vez que el archivo plano de pago de dep\u00f3sitos judiciales no permite duplicidad de l\u00edneas de pagos con las mismas partes procesales; es decir, no es posible que a favor de Nikolai Velandia Gallo se realicen dos pagos cada uno por el 20%\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la Sala establece que m\u00e1s all\u00e1 de la tardanza para atender lo reclamado, el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque de acuerdo a lo explicado se est\u00e1 ante una carencia actual de objeto por hecho superado, pues \u00abestando en curso la tutela\u00bb -como lo exige el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991-, la entidad querellada tramit\u00f3 la petici\u00f3n que los demandantes echaban de menos, emitiendo una respuesta completa y que brinda soluci\u00f3n definitiva a la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la invocaci\u00f3n de la presente salvaguarda. <\/p>\n
Sobre la figura jur\u00eddica en comento, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dejado sentado que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado y en su lugar la protecci\u00f3n ser\u00e1 denegada, porque respecto a la censura contra el juzgado, este no incurri\u00f3 en la omisi\u00f3n endilgada y por ende no afect\u00f3 los derechos fundamentales invocados; y en relaci\u00f3n con Fiduprevisora S.A., las circunstancias descritas como vulneradoras de sus prerrogativas, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado, y en su lugar DENIEGA el amparo solicitado por Nikolai y Santiago Velandia Gallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6921-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6921-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2022-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}