STC6922-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6922-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental la debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho judicial accionado al no declarar su p\u00e9rdida de competencia dentro del asunto antes referido y proferir decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de pertenencia que impetr\u00f3 contra Mauricio Yesid Moreno Mart\u00ednez, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 fallo desestimatorio el 24 de julio de 2019, el cual apel\u00f3 y el conocimiento del recurso correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa capital, quien \u00aben cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., perdi\u00f3 competencia [remiti\u00e9ndolo] al juzgado 6 civil del Circuito [siendo] recibido el d\u00eda 11 de febrero de 2021 [y] el d\u00eda 23 de abril de 2021 (\u2026) admite el recurso\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto de fecha 25 de agosto el [accionado] manifiesta que ha perdido competencia (\u2026) el 11 de agosto de 2021, acorde a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., sin embargo y pese a que el art\u00edculo dispone la p\u00e9rdida de competencia de forma autom\u00e1tica (\u2026) \u201cpone en conocimiento de las partes esa circunstancia por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, para los fines y efectos del canon 137 ibidem\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que conforme al precitado canon 121, [el 1\u00b0 de septiembre de 2021] su apoderada pidi\u00f3 \u00abse remitiera el expediente al juez (\u2026) que le sigue en turno, solicitud que fuera negada por el despacho [aduciendo que] fue presentada de manera extempor\u00e1nea, quedando saneada la posible nulidad alegada\u00bb, postura que mantuvo en sede de reposici\u00f3n el 23 de septiembre de 2021 y ratific\u00f3 el 4 de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Que \u00abpese a advertir la p\u00e9rdida de competencia, y en una clara vulneraci\u00f3n al debido proceso [el accionado], ha pretendido sanear el no haber dado cumplimiento al plazo dispuesto en la norma, apart\u00e1ndose de la facultad igualmente [all\u00ed] concedida [ya que] nunca emiti\u00f3 auto mediante el cual se prorrogara la competencia (\u2026), sin embargo, continu\u00f3 conociendo del mismo, y en funci\u00f3n de \u00e9ste, mediante providencia de fecha 15 de febrero de 2022, niega tener en cuenta las pruebas allegadas en la segunda instancia\u00bb, y en su lugar, \u00abel d\u00eda 25 de marzo [de 2022] adelanta audiencia de fallo (\u2026), confirmando en su totalidad el fallo de primera instancia (\u2026) basado en lo anotado por un comprador que nunca ha tenido acceso al inmueble (\u2026) y pese a que en la escritura p\u00fablica de compra entiende y acepta que el vendedor no tiene la posesi\u00f3n del inmueble y desconoce en poder de quien pueda estar\u00bb, e incurrir en otras \u00abimprecisiones\u00bb en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse declare que el Juez 6 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, ha perdido competencia para conocer del presente asunto desde el 11 de febrero de 2022 [y] en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G.P., se declare la nulidad de lo actuado, [y como consecuencia], remitir el expediente al juez que le sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, se opuso a lo pretendido al informar que la instancia a su cargo dentro del pleito cuestionado, \u00abfue resuelto con sentencia de fecha marzo 25 de 2022, siendo devuelto el expediente al [a-quo] el 29 de marzo de 2022\u00bb, y que el reclamante \u00abya instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela anterior por los mismos hechos relacionados con la presunta p\u00e9rdida de competencia del suscrito juez (\u2026), la que fuera negada en sentencia de 3 de noviembre de 2022, decisi\u00f3n confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (\u2026), en la sentencia de 2 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil Municipal de la misma capital, remiti\u00f3 el link a trav\u00e9s del cual se puede acceder al expediente digital con radicaci\u00f3n n\u00b0 2017-00437. <\/p>\n
3. Mauricio Yesith Moreno Mart\u00ednez, en su calidad de demandado en el juicio cuya actuaci\u00f3n se revisa, solicit\u00f3 denegar el auxilio al considerarlo como un nuevo acto de dilaci\u00f3n al cumplimiento de lo resuelto por los jueces de instancia, as\u00ed como a lo definido en acci\u00f3n de tutela anterior (rad. 2021-00345), en la que se declar\u00f3 su improcedencia. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Tras advertir que en el caso examinado no se configuraba temeridad, en tanto que en esta acci\u00f3n se incorporaron hechos no contemplados en acci\u00f3n anterior, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada al considerar tanto la resoluci\u00f3n de segunda instancia dentro del juicio de pertenencia, como lo determinado en relaci\u00f3n con la alegada falta de competencia del juzgado, \u00abno resultan antojadizas ni arbitrarias, que justifique la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, pues las mismas obedecen a lo dispuesto legal y jurisprudencialmente\u00bb, y que las discrepancias \u00abrecae sobre aspectos relacionados con la interpretaci\u00f3n de los medios de prueba (\u2026), disentimiento de orden subjetivo que excede el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del auxilio para reiterar los argumentos de su demanda tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor dentro del juicio de pertenencia n\u00b0 2017-00437, en tanto: (i) desestim\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia y nulidad de lo actuado que plante\u00f3 con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y, (ii) confirm\u00f3 el fallo denegatorio de pretensiones dentro del mencionado pleito ordinario, o si, por el contrario, tales decisiones denotan razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, hab\u00eda cuenta que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con la informaci\u00f3n que se extracta de las piezas procesales adosadas al expediente, esta Sala confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo, comoquiera que las determinaciones objeto de censura se muestran jur\u00eddicamente razonables y, por tanto, lejos est\u00e1n de constituir yerro espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantarlas. <\/p>\n
N\u00f3tese que si bien insisti\u00f3 en la inviabilidad de la nulidad \u00abpor darse saneamiento\u00bb, ya que \u00abpor auto del 25 de agosto de 2021, puso en conocimiento de las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, que el plazo para decidir de fondo la segunda instancia en el presente asunto hab\u00eda fenecido, traslado que finaliz\u00f3 el d\u00eda 31 de agosto de 2021, sin que las partes se hubieran pronunciado al respecto\u00bb, y se adujo la sentencia C-443 de 2019 y otras emanadas de esta Corporaci\u00f3n, el razonamiento inicialmente descrito resulta suficiente para convalidar la competencia en el despacho encartado, m\u00e1xime si en esa misma oportunidad -25 de marzo de 2022-, procedi\u00f3 a dictar la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
En ese sentido, recu\u00e9rdese que dentro de los argumentos que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido para declarar saneada la nulidad cuando ya se hab\u00eda proferido el fallo echado de menos, est\u00e1 el que es innecesario desgastar la administraci\u00f3n de justicia anulando esa actuaci\u00f3n y pasando el asunto a otro funcionario judicial para que la renovara, por cuanto tal proceder ri\u00f1e con el principio de \u00abdar prevalencia al derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y replicado en el canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ STC15542-2019, 14 nov. 2019, rad. 03608-00). <\/p>\n
3.2. Ahora, respecto a los reproches al fallo mediante el cual el sentenciador ad quem aval\u00f3 la denegaci\u00f3n de pretensiones dentro del proceso de pertenencia impetrado por el hoy tutelante, tampoco se advierte desafuero que amerite su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, porque para llegar a dicha conclusi\u00f3n, el querellado se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que no se muestra arbitraria ni caprichosa. <\/p>\n
En efecto, no se aprecia desface en el an\u00e1lisis probatorio recaudado dentro del proceso que conlleve un defecto f\u00e1ctico -como lo enfatiza el actor-, tampoco sustantivo o de otra \u00edndole, sino una decisi\u00f3n basada en un criterio jur\u00eddicamente razonable; en ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que eran infundados los reparos del actor frente a la no configuraci\u00f3n de los presupuestos requeridos para su pretensi\u00f3n, pues no prob\u00f3 que hubiera ejercido \u00abun tiempo m\u00ednimo de usucapi\u00f3n de ejercicio de esa posesi\u00f3n id\u00f3nea de 10 a\u00f1os\u00bb, ni \u00abla manera en que ingres\u00f3 al inmueble, pues lo hizo a partir de un acto voluntario de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa [pues] ella como due\u00f1a [le] permiti\u00f3 habitar en ese inmueble y jur\u00eddicamente denotan un acto de mera tolerancia, seg\u00fan lo que ense\u00f1a la jurisprudencia es un comienzo de una estad\u00eda sobre una cosa no como poseedor sino como mero tenedor\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abs\u00ed bien es cierto esa condici\u00f3n de mero tenedor, la ley le permite que en un momento determinado pueda llegar a exhortar un derecho derivado de la posici\u00f3n\u00bb, lo cual no demostr\u00f3, sin que tal deficiencia pudiera atribuirse al testimonio \u00abdel secuestre\u00bb, comoquiera que \u00abno se utiliz\u00f3 por parte de la juez de primer grado para dirimir o concluir acerca de las estructuras del inmueble o de si se hab\u00eda hecho cierta o tal reforma al inmueble, la juez lo tom\u00f3 como un punto de apoyo para otras reflexiones en el sentido de definir puntalmente que en el espectro del tiempo, esto es entre el 2007 y 2017, el se\u00f1or \u00d3scar no era la \u00fanica persona que habitaba en el inmueble\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 el valor probatorio otorgado al testimonio de Luis Fernando Moreno Mart\u00ednez (hermano del demandante), \u00abporque a partir de [este] comienza a auscultarse que aproximadamente hacia el a\u00f1o 2012, est\u00e1 en el interregno de 2007 a 2017, Santiago fue la \u00fanica persona que se present\u00f3 para vender el inmueble tratando de vend\u00e9rselo al se\u00f1or Mauricio Yesid Moreno\u00bb; situaci\u00f3n que apoy\u00f3 en la prueba trasladada incorporada al proceso y que la misma no fue rebatida oportunamente, por lo que \u00ablas actuaciones judiciales que se llevaron a cabo en Juzgado Tercero y Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 porque en una forma consecuente atienden una causalidad directa con el inmueble\u00bb, siendo as\u00ed que el interesado no prob\u00f3 el \u00ab\u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb del predio. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n dada por la falladora de primera instancia a las declaraciones de terceros, indic\u00f3 que \u00abes perfectamente viable que el juez de instancia acoja los criterios de un extremo de testigos, bien los de cargos o los de descargos. Eso s\u00ed se le exige que si los desprecia indique las razones legales y de acuerdo con las reglas probatorias que lo lleva a despreciar tales testificales, y es que en frente a esa regla as\u00ed lo cumpli\u00f3 la jueza de primera instancia (\u2026), no le dio el alcance a esos testimonios de Luis Hernando, Alfonso Ca\u00f1izales, Antonio S\u00e1nchez Godoy de la se\u00f1ora Amalia porque ya existiendo un vac\u00edo bastante fuerte en punto de que no era solamente Oscar qui\u00e9n habitaba el inmueble, sino que tambi\u00e9n lo hac\u00eda con el Se\u00f1or Santiago\u00bb. As\u00ed, tras revisar los distintos medios de prueba, concluy\u00f3 que la \u00abambig\u00fcedad\u00bb evidenciada, imped\u00eda establecer de manera \u00abn\u00edtida [y] sin mayor esfuerzo [la] posesi\u00f3n exclusiva en el usucapiente\u00bb. <\/p>\n
3.3. En ese orden, es inviable el amparo cuando, como en este caso, ninguna de las actuaciones fustigadas desencadenan en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues tanto lo resuelto de cara a la supuesta p\u00e9rdida de competencia contenida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, como la definici\u00f3n de la instancia en el juicio criticado, no revelan desmesura sino solo una divergencia conceptual que, conforme a los precedentes de esta Corte, es insuficiente para abrir paso al auxilio implorado, ya que: <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC3481-2022, 23 mar. 2022, rad. 00810-00, entre otras). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada en STC13270-2021, 7 oct. 2021, rad. 00807-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, y en esas circunstancias se hace necesario reiterar que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC14727-2021, 3 nov. 2021, rad. 00186-01). <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad convocada, y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no fue establecida como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, por cuanto las determinaciones reprochadas no son producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendar a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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