STC6952-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-002-2022-00148-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC6952-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00ba 11001-02-04-000-2022-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se desata la impugnaci\u00f3n de Gladys Sep\u00falveda Villareal y N\u00e9stor Yamid Camargo Sep\u00falveda, frente al fallo proferido el 8 de febrero de 20221 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que instauraron contra el Juzgado Segundo penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso Penal con CUI no. 68001-60-001-59-2020-05493-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los actores pidieron dejar sin valor y efecto la decisi\u00f3n tomada por el juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Bucaramanga el d\u00eda 14 de enero de 2022, con la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por la juez Quince Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, y concedi\u00f3 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos en favor de los implicados Lizarazo Revueltas. <\/p>\n
<\/p>\n
Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional tienen como fuente la investigaci\u00f3n penal adelantada por la Fiscal\u00eda 2 Seccional de Vida, contra los se\u00f1ores Nahum Manuel Lizarazo Revueltas y Jhoan Sebasti\u00e1n Lizarazo Revueltas por el presunto delito de Homicidio Simple en concurso con el porte ilegal de armas. <\/p>\n
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<\/p>\n
Por lo anterior, ante la mora del Tribunal para resolver la alzada, el defensor solicit\u00f3 la libertad de sus prohijados por vencimiento de t\u00e9rminos, conociendo en primera instancia el Juzgado 15 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa ciudad, quien en audiencia del 5 de noviembre de 2021 neg\u00f3 el petitum, se apel\u00f3 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento en audiencia adelantada el 14 de enero de 2022 revoc\u00f3 el auto y concedi\u00f3 la libertad de los procesados. Sin tener en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos regulada en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 317 del C. P. P. frente al recurso de apelaci\u00f3n cursante ante el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El juzgado accionado indic\u00f3 que el 14 de enero del a\u00f1o en curso revoc\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2021 y concedi\u00f3 la libertad de los procesado con fundamento en el marco jurisprudencial y bloque constitucional, por lo que su decisi\u00f3n no fue caprichosa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La magistratura de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga se\u00f1alo que resolvi\u00f3 el 18 de enero de 2022 la apelaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda y la defensa contra el auto que improb\u00f3 el preacuerdo, siendo notificada el 25 del mismo mes. Sostuvo que la mora en desatar el recurso es ante la desbordante carga laboral a su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n neg\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad del interlocutorio objetado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Recurrieron los actores apoy\u00e1ndose en los argumentos del libelo. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Desde ya se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la disposici\u00f3n cuestionada, al margen de que se comporta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por el despacho accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente, el auto proferido el 14 de enero de 2022 por la autoridad convocada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de la instrucci\u00f3n procesal que regula la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos (numerales 4\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 317 Ley 906\/2004), el marco jurisprudencial y el bloque de constitucionalidad referente al derecho de la libertad. Al respecto, el encartado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) de las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite se evidencia que los se\u00f1ores NAHUM MANUEL LIZARAZO REVUELTAS Y JOHAN SEBASTIAN LIZARAZO REVUELTAS suscribieron preacuerdo con la fiscal\u00eda, pero tal acto fue improbado en decisi\u00f3n del 29 de abril de 2021, determinaci\u00f3n que a\u00fan no se encuentra en firme, porque fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n y el mecanismo vertical a\u00fan no ha sido resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa situaci\u00f3n, impone aplicar al presente asunto lo dispuesto en los par\u00e1grafos 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004, seg\u00fan los cuales: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De lo anterior se extrae que, como el preacuerdo fue improbado durante su tr\u00e1mite, el aludido plazo se encontraba suspendido. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, dijo esta Corporaci\u00f3n (Sic) en CSJ AHP 7853 \u2013 2016 y CSJ AP3073 \u2013 2015, que \u00abuna sana interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo [2\u00ba] aludido permite concluir que hasta tanto no se lleve a cabo el control de legalidad del preacuerdo y el mismo eventualmente resulte improbado, los t\u00e9rminos se encuentran suspendidos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Y se expuso, adem\u00e1s, en CSJ AHP, 28 Ene. 2011, rad. 35739 (reiterada en CSJ AHP7853 \u2013 2016), que: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 317, par\u00e1grafo, de la Ley 906 de 2004, no habr\u00e1 lugar a la libertad conforme a lo preceptuado en el numeral 5\u00b0 de ese art\u00edculo, cuando exista un preacuerdo con un representante del Fiscal General de la Naci\u00f3n, pues los t\u00e9rminos se suspenden, los que solo se restablecer\u00e1n en los casos en que sea improbado el convenio, situaci\u00f3n que no ha sucedido en este evento. (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, seria del caso afirmar que para este momento procesal los t\u00e9rminos a\u00fan se encuentran suspendidos, pero ello vulneraria de manera flagrante los postulados constitucionales encaminados a proteger al individuo en sus libertades y derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre dicho concepto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia STP11607-2016, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c5.1. La garant\u00eda fundamental del plazo razonable en los procesos penales. <\/p>\n
En el marco del Estado de derecho, toda persona se\u00f1alada de ser responsable de una conducta punible tiene a su favor, adem\u00e1s del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, las garant\u00edas fundamentales a la contradicci\u00f3n, defensa, debido proceso y a ser juzgada dentro de un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
Ese \u00faltimo concepto comporta una doble dimensi\u00f3n de justicia: La primera, la expectativa de la comunidad -y por supuesto de las v\u00edctimas- de que los culpables sean castigados prontamente y, la segunda, no menos importante, el derecho de los inocentes a ser liberados lo m\u00e1s pronto posible de toda sospecha, as\u00ed como de cualquier cautela sobre su libertad personal y su patrimonio. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n es posible distinguir dos \u00e1mbitos de esa garant\u00eda: Por un lado, la duraci\u00f3n del proceso, en conjunto, hasta que se produzca una decisi\u00f3n judicial definitiva y, por otro, la permanencia del sujeto en detenci\u00f3n preventiva mientras se adelanta la investigaci\u00f3n o juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
El primero, como lo ha dicho la Corte Constitucional, con fundamento en los art\u00edculos 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, involucra la inobservancia de los t\u00e9rminos judiciales y, por tanto, en forma gen\u00e9rica, la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
El segundo, se resalta, tiene una conexi\u00f3n primaria con los derechos a la presunci\u00f3n de inocencia y libertad personal, por esa raz\u00f3n, en un sentido m\u00e1s estricto, se enuncia como el \u201cderecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Este \u00e1mbito del plazo razonable est\u00e1 consagrado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano, cuyas normas son las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. Art\u00edculo 9.3: Toda persona detenida o presa a causa de una infracci\u00f3n penal ser\u00e1 llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendr\u00e1 derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisi\u00f3n preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podr\u00e1 estar subordinada a garant\u00edas que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci\u00f3n de fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Art\u00edculo 7.5: Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendr\u00e1 derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que contin\u00fae el proceso. Su libertad podr\u00e1 estar condiciona da a garant\u00edas que aseguren su comparecencia en el juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
Tales disposiciones, como lo ha dicho esta Sala recientemente, – Sentencia de 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883 -2016- integran el bloque de constitucionalidad, por remisi\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual los derechos y deberes consagrados en ella se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y tambi\u00e9n a trav\u00e9s de lo dispuesto por el canon 94 ibidem, en el sentido de que la enunciaci\u00f3n de derechos y garant\u00edas efectuada por la Carta y los convenios internacionales vigentes no comportan la negaci\u00f3n de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De la mano con lo se\u00f1alado, se encuentra lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal, en decisi\u00f3n STP6504-2020 con radicaci\u00f3n n\u00b01267 \/ 111187, veamos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn este punto, necesario resulta advertir que en eventos como el que ac\u00e1 se estudia, donde una persona privada de la libertad acepta los cargos formulados en su contra, debe ser resuelto con la mayor prontitud posible, pues en caso que dicha manifestaci\u00f3n no sea aprobada por la autoridad competente, se deber\u00e1 retomar el curso normal del proceso y, con ello, se puede ver sometida a una excesiva limitaci\u00f3n de su derecho de locomoci\u00f3n, como acontece en el presente evento, donde el accionante ya ha estado recluido en centro carcelario por m\u00e1s de dos a\u00f1os y ahora se encuentra en riesgo de estarlo, al menos, un a\u00f1o m\u00e1s en virtud de la reactivaci\u00f3n de t\u00e9rminos a que se refiere el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 317 de la ley procesal penal. <\/p>\n
<\/p>\n
Importante es aclarar que, el hecho de existir una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos mientras se estudia la aprobaci\u00f3n o no de una aceptaci\u00f3n de cargos, un preacuerdo o la aplicaci\u00f3n de un principio de oportunidad, no significa que con el lo se est\u00e9 habilitando a los jueces para que conviertan las medidas de detenci\u00f3n preventiva, cuya naturaleza es provisional, en restricciones indefinidas atadas, \u00fanicamente, a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, pues con ello se estar\u00eda desconociendo derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. (negrilla nuestra) <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, en el interlocutorio objeto de escrutinio, el juzgador efectu\u00f3 el c\u00f3mputo del per\u00edodo transcurrido desde el momento que fueron privados de la libertad los inculpados, la presentaci\u00f3n del preacuerdo ante la autoridad judicial (15 de diciembre de 2020), hasta la fecha que resolver la alzada puesta en su conocimiento, estimando que hab\u00eda acontecido 350 d\u00edas de estar privadas de la libertad, sin que el alto Tribunal emitiera resoluci\u00f3n del reclamo, lo que superaba suficientemente los 120 d\u00edas establecidos en el art\u00edculo 317 numeral 5 del C.P.P., plazo razonable para que se resolviera sobre su libertad y la necesidad de mantener la cautela; sumado a ello advirti\u00f3 no encontrar maniobras dilatorias por parte de la defensa, por lo que no pod\u00eda desconocer las garant\u00edas fundamentales de los investigados. <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea, concluyo: \u00abEn consecuencia, es claro que desde ese momento en que se impuso la media de aseguramiento (25 de octubre de 2020) y a la fecha, el procesado cumple con el requisito para acceder a libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, esto inaplicando el art\u00edculo que suspende el proceso en raz\u00f3n a la decisi\u00f3n que improb\u00f3 el preacuerdo, dando prevalencia a los derechos de los procesados y aplicando la garant\u00eda constituci\u00f3n al de \u201cplazo razonable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden de ideas, la decisi\u00f3n cuestionada, as\u00ed eventualmente no se comparta, no puede ser tildada de caprichosa o infundada, ya que el juzgado dio razones entendibles de por qu\u00e9 resolvi\u00f3 como lo hizo y ello es prueba suficiente de que en este caso no existe una v\u00eda de hecho que deba ser enmendada en el campo constitucional; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC1261-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que el auto cuestionado descansa en un discernimiento razonable, no queda alternativa distinta a confirmar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 01 de marzo de 2022, no obstante, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 10 de mayo del presente a\u00f1o. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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