STC6963-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2022-00364-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC6963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00ba 11001-02-04-000-2022-00364-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C., extensiva a los intervinientes en el proceso con CUI no.110016000102018-00323-01. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 se deje sin valor y efecto la decisi\u00f3n tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el d\u00eda 9 de febrero de 2022, con la cual le neg\u00f3 la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, al configurarse una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la Ley procesal penal (Par\u00e1grafo del art\u00edculo 308 Ley 906 de 2004). <\/p>\n
<\/p>\n
Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional tienen como fuente la investigaci\u00f3n penal adelantada por la Fiscal\u00eda 11 adscrita a la Unidad de Fiscal\u00edas delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros. En audiencia del 18 de agosto de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, acogi\u00f3 la petici\u00f3n de la de la fiscal\u00eda e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al imputado en su lugar de residencia. La decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n confirmada el 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
Posteriormente, la defensa del promotor solicit\u00f3 la revocatoria de la medida de aseguramiento; empero, se resolvi\u00f3 de forma desfavorable, por lo que fue recurrida en reposici\u00f3n, ratific\u00e1ndose la misma. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo anterior, el actor considera se vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto en la decisi\u00f3n del 9 de febrero de 2022 se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, ante la interpretaci\u00f3n errada del par\u00e1grafo del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de 2004. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La magistratura de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que neg\u00f3 la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al accionante, al establecer que las pruebas adosadas a la petici\u00f3n no soportaron el cumplimiento de los presupuestos legales para desvirtuar los fundamentos por los cuales se le priv\u00f3 de la libertad al imputado. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor apoyado en los argumentos del libelo. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada porque la disposici\u00f3n cuestionada, al margen de que se comporta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por el despacho accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, el auto proferido el 9 de febrero de 2022 por la autoridad convocada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de la instrucci\u00f3n procesal que regula la revocatoria de la medida de aseguramiento (Ley 906\/2004 par\u00e1grafo), el marco jurisprudencial sobre el tema y el bloque de constitucionalidad referente al principio de inocencia, atendiendo los argumentos expuestos por el defensor y los elementos materiales probatorios aportados, los cuales no lograron probar la dispersi\u00f3n de los fundamentos que llevaron a la autoridad judicial a imponer la medida de aseguramiento al actor. <\/p>\n
<\/p>\n
Es importante resaltar que la magistratura hizo alusi\u00f3n sobre los t\u00f3picos que tuvo en cuenta el magistrado homologo para aplicar la medida privativa, y as\u00ed dirimir si desaparecieron los presupuestos legales y los fines constitucionales desarrollados en esa oportunidad; concluyendo que no se allegaron nuevos elementos materiales probatorios que desnaturalizaran las condiciones f\u00e1cticas que tuvieron g\u00e9nesis para imponer la medida cautelar, particularmente en lo que ata\u00f1e al peligro para la comunidad y la v\u00edctima. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, de la revisi\u00f3n efectuada a los audios de la audiencia realizada el 9 de febrero del a\u00f1o en curso, se evidencia que la funcionaria para negar la revocatoria, no solo analiz\u00f3 los presupuestos legales y fines constitucionales, sino tambi\u00e9n efectu\u00f3 el respectivo estudio de las pruebas aportadas por la defensa, entre ellas, los documentos y las entrevistas, los cuales fueron fr\u00e1giles en demostrar que desaparecieron las circunstancias f\u00e1cticas que llevaron al juez de garant\u00edas a ordenar la medida privativa, espec\u00edficamente, la valoraci\u00f3n aut\u00f3noma del peligro para comunidad y la v\u00edctima. Al respecto la encartada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) las m\u00faltiples entrevistas familiares allegadas que dan fe de sus reconocidas calidades profesionales, personales y acad\u00e9micas con arraigo conocido y ascendencia pol\u00edtica y social dentro de la regi\u00f3n, tal y como se constata de la documentaci\u00f3n allegada y conforme como lo indica la defensa, lo cierto es que preliminarmente se advierte o revela un presunto desconocimiento de los mandatos constitucionales y legales que deb\u00eda observar como Gobernador del Departamento del Cesar, pues dentro de sus funciones est\u00e1 el manejo impoluto de los recursos p\u00fablicos, mismos que eventualmente se ver\u00edan expuestos por la facultad de contrataci\u00f3n, tal y como ven\u00eda ocurriendo con el asunto de trato y no es que se est\u00e9 desconociendo el principio de presunci\u00f3n de inocencia que cobija al procesado, como tampoco que se anticipe su responsabilidad penal en los delitos acusados, simplemente se trata con la medida impuesta de evitar que la comunidad y las v\u00edctimas se vean nuevamente expuestas al manejo del patrimonio estatal sin observancia de los principios que gobiernan la contrataci\u00f3n p\u00fablica y que en principio fueron develados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a la hora de acreditar la inferencia razonable de autor\u00eda y participaci\u00f3n del inculpado sin que la evidencia documental y elementos materiales probatorios allegados por la defensa logre desacreditarla\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la Magistratura precis\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
De suerte que las entrevistas rendidas por familiares, empleados, amigos, dirigentes y personas reconocidas de dicha regi\u00f3n presentadas por la defensa como sustento de su petici\u00f3n, si bien detallan un perfil del procesado como una persona con claros principios morales \u00e9ticos profesionales y personales y ajeno a cualquier pr\u00e1ctica corrupta, no permiten desacreditar los fundamentos que en su momento consider\u00f3 el magistrado con funciones de control de garant\u00edas para imponer la medida de aseguramiento. <\/p>\n
<\/p>\n
Es as\u00ed como actualmente el procesado ostenta su calidad de aforado constitucional como gobernador del departamento del Cesar hasta el 31 de diciembre de 2023 lo cual se acredita incluso con la evidencia documental allegada por la defensa con precisas facultades enteras para disponer el ordenamiento del gasto p\u00fablico a trav\u00e9s de la v\u00eda de la contrataci\u00f3n bien de manera directa o delegada como ocurri\u00f3 en el caso. De esta forma en un claro ejercicio de ponderaci\u00f3n de los derechos comprometidos se tiene que manteniendo la medida cautelar que afecta su libertad se preserva la comunidad de una fuente de peligro inter\u00e9s superior colectivo que desplaza por ahora el personal individual.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, se advierte que el despacho accionado valor\u00f3 las pruebas aportadas conforme al marco normativo sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento y concluy\u00f3 que las mismas no desvirtuaron las consideraciones que conllevaron a que se le restringiera la libertad, destacando la influente jerarqu\u00eda que ostenta el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
Por ello, no podr\u00e1 endilgarse ninguna irregularidad a la decisi\u00f3n reprochada, precisamente porque el juzgador hizo un an\u00e1lisis global que exige este tipo de solicitudes, labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC1261-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo esas condiciones, las providencias cuestionadas descansan sobre criterios de interpretaci\u00f3n razonable y son fruto de un serio y juicioso an\u00e1lisis a la norma que rige la materia, sumado a la coherente evaluaci\u00f3n del material probatorio, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, al no observarse compromiso de los derechos fundamentales demandados, no queda alternativa distinta que confirmar el fallo impugnado por los motivos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
3 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6963-2022 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2022-00364-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC6963-2022 Radicaci\u00f3n N\u00ba 11001-02-04-000-2022-00364-01 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}