STC6964-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00538-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril del 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julia Esther G\u00f3mez Morales contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 1 Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso 11001-31-05-009-2014-00671. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 que se revoque el fallo proferido por el Tribunal encartado y que se ordene proferir una nueva providencia que en su lugar deje sin efectos el traslado que realiz\u00f3 del r\u00e9gimen de prima media a un fondo privado. <\/p>\n
En sustento, sostuvo que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral para que se declarara que la afiliaci\u00f3n que realiz\u00f3 al R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad es nula porque no se le dio la debida informaci\u00f3n al momento de la vinculaci\u00f3n. Manifest\u00f3 que luego de obtener sentencia desfavorable en primera y segunda instancia, la Sala Laboral de esta Corte no cas\u00f3 la sentencia (20 oct. 2021) al determinar que exist\u00edan falencias t\u00e9cnicas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la convocante se quej\u00f3 de que el tribunal haya negado que la accionante es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial aplicable; y realiz\u00f3 una indebida distribuci\u00f3n de la carga de la prueba, as\u00ed como una deficiente apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. La Sala accionada y Colfondos S.A solicitaron la declaraci\u00f3n de improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, pues lo que esta busca es que por v\u00eda de tutela se acoja la interpretaci\u00f3n que esta predica; adem\u00e1s consider\u00f3 que no es aplicable el precedente en tanto no se presentan las mismas condiciones. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 apoyada en los argumentos iniciales y asegur\u00f3 que es sujeto de especial protecci\u00f3n al contar con 64 a\u00f1os y que en el amparo no se ataca la sentencia de casaci\u00f3n sino el fallo que resolvi\u00f3 la alzada; manifest\u00f3 que es desproporcional e inequitativo que el fondo de pensiones al momento de reconocer la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica lo haga por la suma de $1.028.734 mientras que de hacerlo en Colpensiones ser\u00eda de $ 4.163.377. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La negativa del amparo debe ser confirmada porque los reproches formulados contra la sentencia del tribunal resultan improcedentes al haberse insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad que aqu\u00ed impera. Ello, porque la actora contaba con otro mecanismo id\u00f3neo para rebatir lo que aqu\u00ed cuestiona, como lo fue el recurso de casaci\u00f3n, el cual fue desperdiciado por ella. <\/p>\n
Ciertamente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desestim\u00f3 el recurso extraordinario por errores insuperables de t\u00e9cnica, los cuales abord\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
En el presente caso, el recurso planteado presenta algunas impropiedades que comprometen su prosperidad. <\/p>\n
1. Tanto en el alcance de la impugnaci\u00f3n como en la sustentaci\u00f3n de los cargos, se acusa la sentencia de primer grado, lo cual resulta desacertado, pues es sabido que el recurso extraordinario solo persigue el control de legalidad de la decisi\u00f3n de segunda instancia dictada en un proceso ordinario, a no ser que se trate de la casaci\u00f3n per saltum, prevista en el art\u00edculo 89 del CPTSS, que no es la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se presenta. Este proceder se muestra desconocedor de la estructura del ordenamiento jur\u00eddico y de la funci\u00f3n extraordinaria que el legislador le atribuy\u00f3 al recurso de casaci\u00f3n, el cual se instituy\u00f3 con el fin de que la Corte verifique que la decisi\u00f3n de alzada est\u00e9 conforme a la ley y, en ese orden, la corporaci\u00f3n no tendr\u00eda, en principio, facultades para analizar directamente el fallo del a quo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por tanto, es evidente el desatino del casacionista al dirigir el ataque tambi\u00e9n contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2. En el alcance de la impugnaci\u00f3n se solicita a la Corte que case las sentencias de primera y segunda instancia. Esta formulaci\u00f3n del petitum del recurso extraordinario se aparta de lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo cuando, sobre su contenido precisa que se debe solicitar la casaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de segundo grado e indicar la actividad de la Corte en sede de instancia, es decir, si el fallo de primera debe, confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos \u00faltimos casos, qu\u00e9 debe disponerse como reemplazo (CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 24440). <\/p>\n
En este caso, al solicitar la casaci\u00f3n de ambas sentencias, el censor omite indicar c\u00f3mo se debe actuar en sede de instancia, esto es, si debe revocar, confirmar o modificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
3. En estricto sentido, en el primer cargo no se formul\u00f3 correctamente la proposici\u00f3n jur\u00eddica, dado que el recurrente se limit\u00f3 a acusar las decisiones de instancia por la \u00abv\u00eda directa en la modalidad de infracci\u00f3n directa, por no aplicar una norma a un hecho existente\u00bb. Ahora, aunque tal deficiencia puede superarse, dado que en la sustentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n se afirma que el Tribunal ha debido aplicar el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se advierte que el censor tambi\u00e9n desacierta al plantear la infracci\u00f3n directa de esta norma. <\/p>\n
Es sabido que este sub motivo de casaci\u00f3n opera cuando el juzgador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella, y, por tanto, deja de aplicarla para resolver la controversia. As\u00ed, en sentencia CSJ SL 6 jun. 2006, rad. 28.833 la Corte precis\u00f3 que el quebranto directo de la ley sustantiva en el concepto de infracci\u00f3n directa \u00abacontece cuando el juzgador entiende correctamente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, pero por ignorancia o rebeld\u00eda deja de aplicar las consecuencias jur\u00eddicas que las normas legales establecen para dicha situaci\u00f3n de hecho [\u2026]\u00bb <\/p>\n
En esa medida, no es posible endilgarle al juzgador de la alzada la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, en este caso, s\u00ed acudi\u00f3 a dicha disposici\u00f3n y expresamente se refiri\u00f3 a ella para establecer que la demandante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por contar con la edad prevista para tal efecto. De hecho, fue en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 que se remiti\u00f3 a la Ley 71 de 1988 para verificar la situaci\u00f3n pensional de la actora a la luz del r\u00e9gimen anterior contemplado en esta \u00faltima norma, para efectos de definir la procedencia de las pretensiones. <\/p>\n
Por tanto, con independencia de que resulte acertado sustentar la procedencia o no de la ineficacia del traslado en tales argumentos, lo cierto es que el Tribunal si aplic\u00f3 la norma denunciada, por lo que resulta inapropiado formular el ataque por infracci\u00f3n directa. Al respecto, en decisi\u00f3n CSJ SL 6 sep. 2012, rad. 39389 esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. Adem\u00e1s de la anterior impropiedad, debe resaltarse que, en el primer cargo dirigido por la senda directa, el censor alude a aspectos f\u00e1cticos al se\u00f1alar que no se tuvo en cuenta que la actora manten\u00eda una relaci\u00f3n laboral estable \u00abde carrera\u00bb y que este hecho, sumado a la edad, permit\u00eda considerar que le resultaba m\u00e1s favorable permanecer en el r\u00e9gimen de prima media que trasladarse al RAIS; aspecto que resulta ajeno a la v\u00eda de ataque elegida. <\/p>\n
Debe recordarse que cuando se acusa la sentencia por la v\u00eda jur\u00eddica, se parte de la aceptaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos definidos por el Tribunal a partir de los elementos probatorios del proceso y, por ende, lo que se busca es demostrar un error de tipo jur\u00eddico. Asimismo, cuando se acude a la senda indirecta, lo que se pretende demostrar es un error de hecho, esto es, una equivocaci\u00f3n del fallador de segundo grado por la errada valoraci\u00f3n de los elementos de acreditaci\u00f3n o por su falta de apreciaci\u00f3n, sin incluir controversias de \u00edndole jur\u00eddica. Por tanto, no es dable platear una mixtura de las dos v\u00edas de acusaci\u00f3n en sede extraordinaria. <\/p>\n
Ahora, al estudiar el segundo cargo, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
5. En el cargo segundo se acusa la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 por la v\u00eda directa en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida. Sin embargo, en el desarrollo del cargo se alude tanto a esta modalidad como a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la referida disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
As\u00ed, el censor asegura que \u00abla aplicaci\u00f3n de la norma debe corresponder con la teleolog\u00eda y el esp\u00edritu de la norma misma\u00bb y que en caso de duda en la \u00abhermen\u00e9utica de la norma\u00bb debe acudirse al principio in dubio pro operario, aspectos que se refieren al entendimiento de la disposici\u00f3n acusada; pero al mismo tiempo se se\u00f1ala que la \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb del mencionado art\u00edculo 36 desconoce la procedencia de la nulidad pretendida, los principios del sistema de seguridad social y los postulados constitucionales. <\/p>\n
Tal planteamiento resulta desacertado, dado que no es posible acusar de manera simult\u00e1nea la aplicaci\u00f3n indebida y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de un mismo precepto legal, pues son modalidades excluyentes. (\u2026) <\/p>\n
Frente al tercer cargo, dijo: <\/p>\n
6. En la tercera acusaci\u00f3n, aunque el recurrente incurre en el mismo dislate advertido en el cargo primero, esto es, no integrar en la proposici\u00f3n jur\u00eddica una norma sustancial del orden nacional que considere transgredida; se logra superar, dado que en la argumentaci\u00f3n se alude al art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. A pesar de eso, ello no implica que la acusaci\u00f3n pueda ser analizada de fondo, pues lo cierto es que, aunque se invoca la interpretaci\u00f3n errada de esa disposici\u00f3n legal, no se sustenta adecuadamente. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que cuando se acusa este sub motivo de violaci\u00f3n de la ley, se parte de que el Tribunal, en efecto, aplic\u00f3 la norma que se acusa, solo que le dio un alcance incorrecto. Partiendo de ello, al recurrente le compete efectuar una comparaci\u00f3n entre la comprensi\u00f3n que le otorg\u00f3 el colegiado a la norma con su verdadero y correcto entendimiento, para as\u00ed poner en evidencia su equivocado juicio interpretativo, para lo cual, es indispensable que en la sentencia se hubiese interpretado la disposici\u00f3n acusada. (\u2026). <\/p>\n
En este caso, el recurrente se limita a se\u00f1alar que una correcta intelecci\u00f3n debi\u00f3 tener en cuenta la improcedencia del traslado y la coherencia probatoria; que no hab\u00eda posibilidad de \u00abconstre\u00f1ir\u00bb un beneficio o derecho adquirido y que el cambio de r\u00e9gimen se deriv\u00f3 de un enga\u00f1o. Empero, no sustenta tales afirmaciones, no explica por qu\u00e9 una adecuada interpretaci\u00f3n de la norma hubiese conducido a concluir que el traslado de r\u00e9gimen no era procedente o v\u00e1lido. Tampoco se indica en el cargo cu\u00e1l fue el sentido que el Tribunal dio a la disposici\u00f3n acusada y por qu\u00e9 raz\u00f3n el censor lo considera errado, no se compara la comprensi\u00f3n efectuada en la sentencia impugnada con recto alcance del texto normativo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, pretende sustentar la equivocada hermen\u00e9utica del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en la coherencia del dicho de los testigos, que \u00e9stos informaron sobre las irregularidades que rodearon la entrega de la informaci\u00f3n, y en que no se hizo referencia al expediente administrativo. Aspectos probatorios que no guardan relaci\u00f3n con esta modalidad de violaci\u00f3n ni con la senda directa por la que se dirige el cargo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En lo que respecta al cuarto cargo, sostuvo: <\/p>\n
7. En el cuarto cargo no se formula una proposici\u00f3n jur\u00eddica, pues se limita a se\u00f1alar: <\/p>\n
Me permito invocar como causal de casaci\u00f3n contra las sentencias de primera instancia proferida por Juzgado Noveno (9) del Circuito de Bogot\u00e1 el d\u00eda catorce (14) de octubre de 2016 y la de segunda instancia correspondiente al fallo pronunciado por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, providencia fechada el 28 de febrero de 2017, por el hecho de ser violatoria de la ley sustancial por v\u00eda directa, como error de hecho descrita en el numeral primero (1\u00b0) del art. 87 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por haber incurrido las sentencias atacadas en flagrante error de hecho. (subraya del texto original) <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, es evidente que el cargo planteado carece de proposici\u00f3n jur\u00eddica, no siendo dable el estudio del ataque as\u00ed planteado, pues desconoce lo dispuesto en el literal a) del numeral 5 del art\u00edculo 90 del CPTSS, que exige indicar en la demanda de casaci\u00f3n, el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado. Se entiende por norma sustancial aquella que crea, modifica o extingue derechos (CSJ SL 2 sep. 2008, rad. 32385). <\/p>\n
As\u00ed, en este caso se omite denunciar las normas legales que consagran los derechos sustanciales pretendidos en el proceso, y si bien no es una exigencia de la casaci\u00f3n que se formule una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, s\u00ed se reclama que se\u00f1ale al menos una norma de car\u00e1cter sustancial del orden nacional, que el censor considere infringida por la sentencia que impugna, pero al no hacerlo, implica que el cargo se desestime. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
9. Adem\u00e1s de los anteriores dislates, esta Corte debe precisar que a\u00fan de suponer que la verdadera senda de ataque en el cargo cuarto, fuera la indirecta dado que se hace alguna alusi\u00f3n a aspectos f\u00e1cticos, lo cierto es que el recurrente tambi\u00e9n habr\u00eda incumplido los deberes que le asisten cuando se plantea una acusaci\u00f3n por esta v\u00eda, esto es: precisar los errores de hecho, que deben ser evidentes; mencionar cu\u00e1les elementos de convicci\u00f3n no fueron apreciados por el juzgador y en cu\u00e1les cometi\u00f3 err\u00f3nea estimaci\u00f3n, demostrando en qu\u00e9 consisti\u00f3 esta \u00faltima; explicar c\u00f3mo la falta o la defectuosa valoraci\u00f3n probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
N\u00f3tese que en la sustentaci\u00f3n de su acusaci\u00f3n el censor omite se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los yerros f\u00e1cticos ostensibles que le endilga al juez de la alzada. Y al referirse a los medios de prueba, no se expone con claridad en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto valorativo, no explica c\u00f3mo la falta o defectuosa apreciaci\u00f3n probatoria condujo al Tribunal a incurrir en error y qu\u00e9 es lo que en verdad acredita o informan estos elementos, que ni siquiera individualiza, pues alude simplemente a documentos aut\u00e9nticos. As\u00ed, debe recordarse que la demostraci\u00f3n de los errores debe \u00abestructurarse mediante un an\u00e1lisis razonado y cr\u00edtico de los medios de convicci\u00f3n, confrontando la conclusi\u00f3n de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resoluci\u00f3n judicial\u00bb. (Sentencia CSJ SL 17 may. 2011, rad. 42037). <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3: <\/p>\n
11. Resulta evidente que la sustentaci\u00f3n de los cargos se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, que no corresponde con el prop\u00f3sito de la casaci\u00f3n del trabajo, pues lo planteado por el recurrente constituye afirmaciones gen\u00e9ricas e imprecisas, que no logran conformar una acusaci\u00f3n clara y contundente contra la decisi\u00f3n del Tribunal. Debe recordarse que la acusaci\u00f3n debe ser completa en su formulaci\u00f3n y suficiente en su desarrollo, esto es, que el planteamiento del censor conduzca a evidenciar la violaci\u00f3n denunciada. Al respecto, la Sala se pronunci\u00f3 en la sentencia CSJ AL1347-2020, rad. 85707, en donde se rememor\u00f3 la CSJ SL del 22 de nov. 2011, rad. 41076, en donde dijo: <\/p>\n
Es verdad averiguada que en el recurso de casaci\u00f3n no contienden quienes tuvieron la calidad de partes durante las instancias, ni la labor de la Corte en esta sede radica en descubrir a cu\u00e1l de ellas debe asignarle el derecho sustancial debatido, porque dicha pol\u00e9mica queda agotada al proferirse el fallo del juez de la alzada. Dentro del rol pedag\u00f3gico que tambi\u00e9n cumple la Corporaci\u00f3n, se ha insistido en que en el recurso extraordinario se enfrentan la decisi\u00f3n que se cuestiona, con la Ley sustancial, en perspectiva de analizar si con dicha providencia se infringi\u00f3 alguna norma jur\u00eddica creadora, modificadora, o extintiva, de una situaci\u00f3n jur\u00eddica particular y concreta. Pero ese ejercicio que la Constituci\u00f3n y la Ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, no puede ser desarrollado por iniciativa propia de este \u00f3rgano de cierre, sino que, al contrario, debe ser realizado de la mano de lo argumentado por el recurrente, en un discurso dirigido precisamente a derruir las motivaciones de la sentencia que combate, sin que el Juez de casaci\u00f3n pueda salirse del cauce trazado por el inconforme, dado el conocido car\u00e1cter rogado y dispositivo del recurso extraordinario. <\/p>\n
En el presente caso, la sustentaci\u00f3n del recurso no pasa de ser un alegato de instancia en el que brilla por ausente un discurso coherente dedicado a desvertebrar el eje fundamental del fallo gravado […] <\/p>\n
As\u00ed, el planteamiento del recurrente no logra conformar una acusaci\u00f3n clara y contundente contra la decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Pues bien, aunque se present\u00f3 la casaci\u00f3n, la tutelante omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debido proceso y no pueden ser suplidos de manera oficiosa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n extraordinario aludido, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por la colegiatura convocada, en tanto <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u201d (STC-12057-2020, entre otros). <\/p>\n
Por lo aqu\u00ed expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6964-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6964-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00538-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril del 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}