STC7117-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7117-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01783-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez Urquijo, Jos\u00e9 Gustavo Polo Bonilla, Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez, Jes\u00fas Mar\u00eda Dur\u00e1n Urquijo, Jorge Eliecer y Alfonso Rodr\u00edguez Urquijo, \u00c1lvaro, Edgar y Yesid Vivas Urquijo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, que dicen vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, dejar sin efecto las \u00abprovidencias de fecha 22 de septiembre de 2021 y 30 de marzo de 2022, [dictadas por las sedes accionadas]\u2026 siendo [ellos] demandantes y demandados la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquet\u00e1 Ltda. -Coomotor Ltda.-, Nancy Guevara Toledo, Jaime Rocha Rodr\u00edguez, Auto Fusa S.A., Luis Miguel Reyes Rodr\u00edguez y Gil Isa\u00edas Granja Jaramillo\u00bb y, en consecuencia, \u00aborde[nar] proveer providencias de reemplazo que resuelvan conforme a derecho y con restauraci\u00f3n del derecho constitucional fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 28 de diciembre de 2007, se present\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito en el cual Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez Urquijo como pasajera del veh\u00edculo p\u00fablico con placas TBK-4921 sufri\u00f3 lesiones considerativas consistentes en la amputaci\u00f3n por aplastamiento del miembro superior izquierdo, adem\u00e1s de deformidades f\u00edsicas en su cuerpo y rostro, tras colisionar dicho automotor con el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico con placas SWL-0642. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en los rese\u00f1ados hechos, Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez Urquijo; Jos\u00e9 Gustavo Polo Bonilla; \u00c1lvaro, Edgar y Yesid Vivas Urquijo; Jorge Eliecer, Alfonso y Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Urquijo y Jes\u00fas Mar\u00eda Dur\u00e1n Urquijo, promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquet\u00e1 Ltda. \u2013 Coomotor Ltda., Nancy Guevara Toledo, Jaime Rocha Rodr\u00edguez, Auto Fusa S.A., Luis Miguel Reyes Rodr\u00edguez y Gil Isa\u00edas Granja Jaramillo. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de fallo del 22 de septiembre de 2021, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las s\u00faplicas, pues, de un lado, respecto de Olga Mart\u00ednez la responsabilidad reclamada deb\u00eda ser la contractual y no la extracontractual, toda vez que, al ser pasajera, mediaba un contrato de transporte, ahora, que atendiendo la responsabilidad contractual, aqu\u00e9lla estaba prescrita conforme las disposiciones del art\u00edculo 993 del C\u00f3digo de Comercio; y, por otra parte, porque Jos\u00e9 Polo no prob\u00f3 su legitimaci\u00f3n en su condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente de la v\u00edctimas, y los hermanos s\u00f3lo acreditaron el v\u00ednculo de familiaridad, pues no probaron la afectaci\u00f3n en su integridad moral y ps\u00edquica por el da\u00f1o causado a su hermana, adem\u00e1s, porque \u00abla vinculaci\u00f3n de aquellos, aunque indirecta, tiene la misma naturaleza, pues el \u201corigen sigue siendo el contrato\u201d, motivo por el cual no pod\u00edan ampararse en la responsabilidad extracontractual\u00bb; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 30 de marzo de 2022 por el Tribunal. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deducen, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de las probanzas allegadas al plenario, en la medida en que no se tuvo en cuenta que Olga Luc\u00eda \u00abdesde el a\u00f1o de 1991 convive de manera continua e ininterrumpida, bajo un mismo techo y a la manera de marido y mujer, con\u2026 Jos\u00e9 Gustavo Polo Bonilla, manteniendo con \u00e9ste una uni\u00f3n marital de hecho por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, de donde resulta su condici\u00f3n natural de compa\u00f1ero permanente y desde luego la legitimaci\u00f3n en causa activa para ser parte demandante en el ejercicio de esta acci\u00f3n jurisdiccional\u00bb, adem\u00e1s que, conforme la Ley 54 de 1990 se establece la libertad probatoria para acreditar la condici\u00f3n de compa\u00f1eros permanentes, raz\u00f3n por la que los testimonios de Jos\u00e9 Jaime Polo Bonilla y Argenis Garc\u00eda Ayala deb\u00eda ser atendidos, as\u00ed como los interrogatorios de las partes, con el fin de acreditar dicha relaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Indicaron que, en calidad de hermanos de la v\u00edctima, \u00abha[n] mantenido\u2026 una relaci\u00f3n estrecha de familiaridad, solidaridad, socorro y ayudas mutuas, aunque no convivan en un mismo domicilio y residencia\u00bb, adem\u00e1s que, por el solo parentesco \u00abel da\u00f1o moral deviene objetivamente al menos de la aflicci\u00f3n producida por las lesiones inferidas a su hermana, derivadas del accidente de tr\u00e1nsito en comento, donde se presumen, m\u00e1s a\u00fan cuando no medi\u00f3 prueba alguna que desvirtuara dichos perjuicios\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anotaron que Olga Luc\u00eda fue valorada por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, determinando un p\u00e9rdida definitiva de su capacidad laboral en un 61.15%, al tiempo que sufre una afectaci\u00f3n ps\u00edquica transitoria como secuela ps\u00edquica de los ocurridos con su integridad, situaciones que le impiden \u00abllevar una vida normalmente placentera, como lo es verbigracia el desarrollo de las actividades cotidianas de su vida familiar, las demandas propias de la vida sexual que son naturales a todo ser humano, las actividades de recreaci\u00f3n en p\u00fablico como pueden ser ba\u00f1arse en piscina p\u00fablica, realizar juegos, manejar medios o veh\u00edculos de tracci\u00f3n animal o mec\u00e1nica, etc.; constituy\u00e9ndose entonces un perjuicio fisiol\u00f3gico de seria entidad como parte de la indemnizaci\u00f3n pecuniaria civil extracontractual que se demanda\u00bb. <\/p>\n
2.7. Destacaron que los estrados judiciales \u00abdescono[cieron] las formas propias del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, al resultar incongruentes los fallos proferidos en primera y segunda instancia con el soporte f\u00e1ctico y sustantivo invocado con tajante claridad en la demanda, al presumirse la existencia de una contrato de transporte que no fue alegado, al desconocerse los medios de prueba arrimados al plenario y al desconocerse la existencia de los perjuicios materiales inferidos a los hermanos de la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez\u00bb, insistiendo en que, la acci\u00f3n incoada en contra de la Cooperativa De Motorista del Huila y Caquet\u00e1 Ltda., Nancy Guevara Toledo y Jaime Rocha, en calidad de empresa afiliante, propietaria y conductor del veh\u00edculo con placas TBK-492 donde ella se transportaba, fue la extracontractual, y no la contractual; de ah\u00ed que, demanda no requer\u00eda ser interpretada. <\/p>\n
2.8. Manifestaron que no pod\u00eda aseverarse que Olga Luc\u00eda \u00abconfes\u00f3 la existencia de un contrato de transporte, sobre la base de un hecho que no se afirm\u00f3 as\u00ed en la demanda, ni as\u00ed tampoco lo expres\u00f3 al deponer en el interrogatorio de parte que era una pasajera\u00bb, pues atendiendo el significado dado por la RAE, \u00abla condici\u00f3n de pasajero se predica de cualquier persona que se encuentra a bordo de un medio de transporte y que no forma parte de la tripulaci\u00f3n, sin que ello acarree de forma impl\u00edcita que se haya celebrado un contrato de transporte entre el viajero y el transportador\u00bb, sumado a que, la prueba para acreditar la existencia del contrato de transporte le correspond\u00eda a la parte demandada, sin la que la misma se haya probado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Seguros Generales Suramericana S.A. manifest\u00f3 que fue llamada en garant\u00eda por Auto Fusa S.A.; que a los promotores se les garantiz\u00f3 el debido proceso, simplemente, se profiri\u00f3 decisi\u00f3n distinta a lo pretendido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; indic\u00f3 que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 copia de las decisiones criticadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquet\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que contra la determinaci\u00f3n atacada no se formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; destac\u00f3 que las determinaciones de instancia no lucen arbitrarias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. QBE Seguros S.A., hoy Z\u00farich Colombia Seguros S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que si los promotores consideraban que no hubo pronunciamiento sobre la responsabilidad civil extracontractual, pudieron pedir adici\u00f3n de la sentencia; que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria ni quebrant\u00f3 garant\u00edas fundamentales, pues estuvo fundamentada en las probanzas allegadas al plenario, as\u00ed como a la normatividad aplicable al caso concreto, relievando que no hubo incongruencia en las sentencias, al analizar tambi\u00e9n la responsabilidad civil contractual; remiti\u00f3 copia de la sustentaci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n, as\u00ed como de los fallos de primera y segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Equidad Seguros Generales O.C. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que dicho amparo no prospera contra decisiones judiciales, ni es una instancia adicional del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal convocado, en la sentencia del 30 de marzo de 2022, que confirm\u00f3 la dictada el 22 de septiembre anterior por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, explic\u00f3 los motivos por los cuales no accedi\u00f3 a declarar la responsabilidad reclamada. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada, luego de analizar la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, en punto a la naturaleza de la responsabilidad civil aplicable al caso concreto, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026en relaci\u00f3n con Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez, la responsabilidad que podr\u00eda afirmarse frente a Coomotor Ltda., Nancy Guevara Toledo y Jaime Rocha Rodr\u00edguez, como sociedad transportista, propietaria y conductor de la buseta de placa TBK492, en su orden, ser\u00eda de orden contractual, dado el negocio jur\u00eddico de transporte celebrado con dicha sociedad. Respecto de los otros demandados (Auto Fusa S.A., Miguel Reyes y Gil Isa\u00edas Granja), requeridos por tener las mismas calidades en relaci\u00f3n con el bus de placas SWL064, el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable para ella y los dem\u00e1s demandantes es el extracontractual, puesto que no media ning\u00fan tipo de convenci\u00f3n, tambi\u00e9n ausente en la pretensi\u00f3n esgrimida por la parentela de la pasajera \u2013 y el se\u00f1or Polo \u2013 frente a los primeros convocados. Expliquemos esta variopinta configuraci\u00f3n. <\/p>\n
Fue en la misma demanda que se admiti\u00f3 que la se\u00f1ora Mart\u00ednez se \u201cencontraba al interior de la buseta de placas TBK-492\u201d (cdno. principal 1A, archivo 02, p. 124, hecho 5\u00ba); ella lo reconoci\u00f3, aunque ahora \u2013 al apelar- alega que ese hecho no significa que hubo contrato de transporte; sin embargo, su condici\u00f3n de pasajera fue aseverada en (i) el informe t\u00e9cnico rendido por medicina legal el 14 de febrero de 2008, en el que, a prop\u00f3sito del reconocimiento m\u00e9dico, se refiri\u00f3 que sufri\u00f3 un accidente \u201cen calidad de pasajera\u201d (cdno. ppal. 1A, archivo 01, p. 11), lo mismo que en (ii) la peritaci\u00f3n elaborada por el grupo de psiquiatr\u00eda y psicolog\u00eda forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la que se consign\u00f3 que la se\u00f1ora Mart\u00ednez sufri\u00f3 lesiones personales \u201ccuando colision\u00f3 un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico en que se movilizaba de pasajera con otro veh\u00edculo\u201d (p. 13, ib.). Luego, si ella no lo neg\u00f3 a lo largo de los a\u00f1os que transcurrieron, si en la demanda, se reitera, reconoci\u00f3 que \u201cse encontraba al interior de la buseta de placas TBK-492\u201d (no se atribuy\u00f3 ninguna calidad especial o condici\u00f3n diferente a la de pasajera, que se descartar\u00eda en atenci\u00f3n al empleo que ten\u00eda para esa \u00e9poca), no puede hacerlo ahora sin contradecirse a s\u00ed misma, m\u00e1xime si no aporta ninguna otra explicaci\u00f3n que justifique el transporte el d\u00eda de los hechos. <\/p>\n
Por tanto, las pruebas refieren, sin duda, que la demandante era pasajera en el veh\u00edculo de placas TBK492; y si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, la responsabilidad frente a su transportador, el conductor y la propietaria (estos \u00faltimos por mandato del art\u00edculo 991 del C. de Co.) debe examinarse dentro del marco del contrato de transporte, que tiene formaci\u00f3n consensual y, por ende, se perfecciona con el solo acuerdo de las partes (C. de Co., art. 981, inc. 2\u00ba). No hay modo de ubicarse en el r\u00e9gimen de la responsabilidad aquiliana porque, seg\u00fan reconocido axioma jurisprudencial, en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son o quieren que sean, siendo claro, por tanto, que si media contrato todo el an\u00e1lisis tiene como punto de partida la determinaci\u00f3n del incumplimiento de los deberes de prestaci\u00f3n asumidos por la sociedad transportadora. En estas materias, entonces, no existe un derecho de elecci\u00f3n que autorice obrar a gusto del interesado, pues, aunque la justicia debe brindarle especial protecci\u00f3n a la v\u00edctima, no puede ella evadir el r\u00e9gimen que le es propio a la responsabilidad contractual, para situarse en otra esfera, la extracontractual, lo que desde luego repercutir\u00eda en la estructuraci\u00f3n de los elementos que le son propios a una y otra y, adem\u00e1s, en la prescripci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es por eso que dicha Corporaci\u00f3n, para la hip\u00f3tesis de incumplimiento de las obligaciones a cargo del transportador en los contratos de transporte de personas (conducirlas sanas y salvas al lugar de destino), ha destacado que \u201cgenera una responsabilidad fundada en el contrato\u201d, y que todos los da\u00f1os que sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de este, deber\u00e1n reclamarse por el mismo contratante \u201cmediante acciones provenientes del contrato (art. 993 C. Co.)\u201d. (Se subraya) <\/p>\n
Esa misma tipolog\u00eda de responsabilidad se predica del propietario y del conductor, por mandato del art\u00edculo 991 del estatuto mercantil, modificado por el art\u00edculo 9 del Decreto-ley 1 de 1990, dado que uno y otro responden solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte, por lo que, tambi\u00e9n en lo que a ellos concierne, no puede la se\u00f1ora Mart\u00ednez escapar al r\u00e9gimen inherente a ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Otro es el escenario que le corresponde a los restantes demandantes y, en cuanto a ellos, frente a todos los demandados, pues lo suyo es un caso de responsabilidad extracontractual, por no existir vinculo obligacional previo. <\/p>\n
Seguidamente, respecto a Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez, como v\u00edctima de la responsabilidad reclamada, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Respecto de la se\u00f1ora Mart\u00ednez, porque, como se adelant\u00f3, no es posible deducir responsabilidad extracontractual frente a Coomotor Ltda. y los se\u00f1ores Rocha y Guevara, quienes debieron ser cuestionados por la v\u00eda contractual. As\u00ed se deduce del referido art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, lo mismo que del art\u00edculo 36 de la Ley 336 de 1996 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pero si se aceptara, interpretando la demandada en beneficio de la v\u00edctima, que la pretensi\u00f3n de la se\u00f1ora Mart\u00ednez frente a su transportador y los obligados solidarios, debe examinarse con miramiento en el r\u00e9gimen de la responsabilidad contractual \u2013 pues un error en la nomenclatura no puede afectar el derecho -, habr\u00eda que concluir que la acci\u00f3n est\u00e1 prescrita, como lo alegaron Coomotor Ltda. y su llamada en garant\u00eda, toda vez que, seg\u00fan el art\u00edculo 993 del C\u00f3digo de Comercio (modificado por el art\u00edculo 11 del Decreto Ley 01 de 1990), \u201c[l]as acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos a\u00f1os\u201d. Por tanto, si el accidente ocurri\u00f3 el 28 de diciembre de 2007, dirigi\u00e9ndose la pasajera hacia Girardot en horas de la noche, resulta incuestionable que la acci\u00f3n prescribi\u00f3 ese mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2009, lo que torna extempor\u00e1nea la demanda que se radic\u00f3 el 12 de diciembre de 2012 (cdno. principal 1A, archivo 01, p. 110). <\/p>\n
Y, sobre la responsabilidad civil extracontractual de aqu\u00e9lla, frente a los dem\u00e1s demandados, dijo que: <\/p>\n
Y en lo que respecta a la reclamaci\u00f3n de ella frente a Auto Fusa S.A., Luis Miguel Reyes y Gil Isa\u00edas Granja, tampoco se abr\u00edan paso las pretensiones, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, porque en el proceso fue demostrada la culpa exclusiva del conductor del veh\u00edculo de placas TBK492, el se\u00f1or Jaime Rocha, como se deduce de la sentencia condenatoria \u2013 por preacuerdo – proferida el 22 de mayo de 2014 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibat\u00e9, que lo declar\u00f3 penalmente responsable como autor del delito de lesiones personales culposas y le impuso condena a la pena principal de 12 meses y 9 d\u00edas en prisi\u00f3n (continuaci\u00f3n cdno. principal, archivo 15, pp. 155 a 161), prueba a la que se a\u00fana el informe policial de accidentes de tr\u00e1nsito al que se incorpor\u00f3 un bosquejo topogr\u00e1fico, que consign\u00f3 como hip\u00f3tesis del accidente la no utilizaci\u00f3n de los carriles demarcados, pruebas todas con soporte en las cuales se puede afirmar que (i) antes del accidente, el veh\u00edculo de Coomotor Ltda. pas\u00f3 a transitar el carril contrario que correspond\u00eda al de ascenso hacia Bogot\u00e1; (ii) que el impact\u00f3 sucedi\u00f3 en ese carril, dado que todos los fragmentos de la colisi\u00f3n se ubicaron ah\u00ed; (iii) que el choque entre los veh\u00edculos se dio en la parte frontal izquierda de ambos; y (iv) que los dos automotores quedaron ubicados despu\u00e9s del choque en la v\u00eda que conduce hacia Bogot\u00e1, la buseta de Coomotor Ltda. en el carril derecho y el bus de Auto Fusa S.A. fuera de la carretera (cdno. principal 1A, archivo 01, pp. 8 y 9 y continuaci\u00f3n cdno. principal, archivo 15, p. 170). <\/p>\n
En este punto se recuerda que, \u201c[u]na vez se determine que la conducta es t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable, resulta obvio, adem\u00e1s, complementario el proceso civil que busque reparar los perjuicios causados, cuando aqu\u00e9llos no se reclamaron en la jurisdicci\u00f3n penal, por virtud de los efectos absolutos y erga omnes de la sentencia condenatoria penal.\u201d 4 (Se resalta y subraya). Este fallo disipa las dudas de los expertos Juan Manuel Garc\u00eda y Nelson Hern\u00e1ndez. Luego, si la culpa fue exclusiva del conductor del veh\u00edculo de placas TBK492, no hab\u00eda modo de formularle juicio de reproche al conductor \u2013 y al propietario – del bus vinculado a Auto Fusa S.A., que nada pod\u00eda hacer para evitar la invasi\u00f3n repentina del carril por el que transitaba. <\/p>\n
Ahora, respecto de la responsabilidad reclamada por los hermanos de la v\u00edctima, con apoyo en la jurisprudencia, consign\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto a los hermanos maternos de la se\u00f1ora Mart\u00ednez, quienes reclaman indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, es cierto que demostraron el parentesco, como se desprende de sus registros civiles de nacimiento. Sin embargo, la presunci\u00f3n de da\u00f1o edificada por la jurisprudencia sobre esa espec\u00edfica materia no tiene como soporte exclusivo el s\u00f3lo v\u00ednculo sangu\u00edneo, en este caso s\u00f3lo por parte de madre, sino que hunde sus ra\u00edces \u2013 principalmente – en los lazos afectivos que suelen dispensarse quienes pertenecen a un mismo clan o familia y que, por cuenta de la convivencia o de la cercan\u00eda y de los sentimientos que mutuamente se prodigan, resultan afectados por las adversidades de su parentela m\u00e1s pr\u00f3xima. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No se trata, pues, de reconocer un da\u00f1o por el s\u00f3lo hecho de la hermandad, dado que \u201c[e]l parentesco o el estatus de c\u00f3nyuge demuestran \u00fanicamente la relaci\u00f3n jur\u00eddica existente entre dos personas, pero del mismo no se deducen obligatoriamente relaciones de afecto entre aquellos. Las relaciones de afecto no tienen una correspondencia con las relaciones jur\u00eddicas, pues, pese a que estas existan, aquellas puede que nunca hayan existido: pi\u00e9nsese en familiares que no se conocen o en matrimonios por conveniencia migratoria; o incluso en aquellos que no se mantengan, con ocasi\u00f3n de una discusi\u00f3n o ante alguna separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges. (\u2026) Por ende, si de los mencionados estatus jur\u00eddicos no es dable concluir indefectiblemente relaciones de afecto o cercan\u00eda, mucho menos pueden tomarse aquellos como indicios necesarios de un agravio moral a favor de los perjudicados indirectos ante la muerte, lesi\u00f3n o privaci\u00f3n de la libertad de la v\u00edctima directa.\u201d <\/p>\n
Por tanto, aun cuando los testimonios de Jos\u00e9 Jaime Polo y Argenis Garc\u00eda Ayala refieren ciertas visitas y reuniones de algunos \u2013 no todos – de los hermanos maternos con la se\u00f1ora Mart\u00ednez, de esa prueba no es posible concluir un grado tal de cercan\u00eda y afecto entre ellos que permita presumir una congoja especial originada en las lesiones sufridas por Olga Mart\u00ednez. <\/p>\n
Luego, respecto de la responsabilidad reclamada por Jos\u00e9 Gustavo Polo, destac\u00f3 que: <\/p>\n
En lo que concierne al se\u00f1or Jos\u00e9 Gustavo Polo, basta decir que no se prob\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho, su condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, dado que, seg\u00fan el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 54 de 1990 (modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 979 de 2005), \u201c[l]a existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes se declarar\u00e1 por cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. Por escritura p\u00fablica ante Notario por mutuo consentimiento de los compa\u00f1eros permanentes. 2. Por acta de conciliaci\u00f3n suscrita por los compa\u00f1eros permanentes, en centro legalmente constituido. 3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia.\u201d <\/p>\n
Pero, aunque se hiciera abstracci\u00f3n de esa exigencia legal, tampoco se demostr\u00f3 la condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente derivada del \u201cdevenir cotidiano de la pareja que comparte su vida con la intenci\u00f3n de conformar una familia por la voluntad responsable de hacerlo\u201d. En rigor, no se acredit\u00f3 que el se\u00f1or Polo conviv\u00eda previamente con la se\u00f1ora Mart\u00ednez suministr\u00e1ndose un \u201cacompa\u00f1amiento espiritual permanente, apoyo econ\u00f3mico y vida en com\u00fan\u201d, sin que basten las declaraciones de Jos\u00e9 Jaime Polo y Argenis Garc\u00eda, quienes se limitaron a referir, de manera general, una convivencia desde 1991 (audiencia, mins. 10:16 y 51:22, respectivamente), pero sin exponer hechos concretos indicativos de una relaci\u00f3n de afecto especial, de una comunidad de vida permanente y singular, o de conductas que inequ\u00edvocamente revelen su intenci\u00f3n de formar una familia. Algo dijeron los testigos, pero sobre hechos posteriores al accidente. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que \u201cno es suficiente la simple aseveraci\u00f3n de que existi\u00f3 una comunidad de vida, para tenerla por demostrada, sino que era indispensable la rememoraci\u00f3n de datos concretos que le sirvieran de ilustraci\u00f3n y comprobaci\u00f3n, tales como la participaci\u00f3n en eventos sociales, acompa\u00f1amiento en momentos calamitosos y la fijaci\u00f3n de proyectos comunes, que indiquen la decisi\u00f3n inocultable de formar una familia, los cuales est\u00e1n ausentes en las narraciones de los deponentes\u201d <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En resumen: la se\u00f1ora Mart\u00ednez encamin\u00f3 mal su reclamaci\u00f3n frente a Coomotor Ltda., Nancy Guevara y Jaime Rocha, pues debi\u00f3 hacerlo por la senda de la responsabilidad contractual y no la extracontractual; y si se examinan sus peticiones bajo esa primera modalidad, habr\u00eda prescripci\u00f3n. Los dem\u00e1s demandantes no demostraron el da\u00f1o causado. En relaci\u00f3n con Auto Fusa Ltda. y los se\u00f1ores Reyes y Granja, ninguna responsabilidad les cabe en los hechos porque la culpa, seg\u00fan sentencia de un juez penal que caus\u00f3 ejecutoria e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fue toda del se\u00f1or Rocha. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el Tribunal valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que, respecto de la reclamaci\u00f3n de Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez contra Coomotor Ltda., Nancy Guevara y Jaime Rocha, lo procedente era incoar la responsabilidad civil contractual, lo que no hizo, sin embargo, estudiando las pretensiones desde esa acci\u00f3n, la misma estaba prescrita, conforme las disposiciones del art\u00edculo 993 del C\u00f3digo de Comercio; ahora, frente a la responsabilidad extracontractual que aqu\u00e9lla endilgo contra Auto Fusa Ltda., Luis Miguel Reyes y Gil Isa\u00edas Granja, tampoco sal\u00eda avante, comoquiera que, atendiendo el fallo del juicio penal, as\u00ed como, el informe policial del accidente de tr\u00e1nsito, lo ocurrido fue culpa exclusiva del automotor con placas TBK-492 donde se transportaba la promotora, raz\u00f3n por la que, no hab\u00eda lugar a impartir responsabilidad alguna contra aqu\u00e9llos. <\/p>\n
Por otro lado, respecto de los perjuicios reclamados por los hermanos de Olga Luc\u00eda, tampoco hab\u00eda lugar a impartir alg\u00fan tipo de condena, toda vez que, aqu\u00e9llos s\u00f3lo demostraron su parentesco con la v\u00edctima, y no la cercan\u00eda y afectos que permitieran presumir el da\u00f1o moral ocasionado por las lesiones sufridas por Olga Mart\u00ednez, relievando que, la simple consanguineidad no permite llegar a la condena pretendida. Ahora, respecto de Jos\u00e9 Gustavo Polo, no contaba con legitimaci\u00f3n para reclamar, pues no prob\u00f3 la Uni\u00f3n Marital del Hecho en su condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente (escritura de p\u00fablica ante notario por mutuo acuerdo de los compa\u00f1eros permanentes; o acta de conciliaci\u00f3n entre ellos; o sentencia judicial), menos el devenir cotidiano de la pareja que comparte su vida con la intensi\u00f3n de conformar una familia; de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a la prosperidad de las pretensiones. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conducido por Jaime Rocha Rodr\u00edguez, de propiedad de Nancy Guevara Toledo, afiliado a Coomotor Ltda. <\/p>\n
2\u0002 Conducido por Gil Isa\u00edas Granja Jaramillo, de propiedad de Luis Miguel Reyes Rodr\u00edguez, vinculado a Auto Fusa S.A. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7117-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7117-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01783-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}