STC7119-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7119-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00964-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Tamem Mar\u00eda Nassar Bechara contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio \u00abresolver y continuar con el tr\u00e1mite previsto en el Art. 392 del C.G.P. de manera pronta\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Tamem Mar\u00eda Nassar Bechara formul\u00f3 demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra Inter World S.A.S.; el conocimiento del asunto lo asumi\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio, quien el 28 de mayo de 2021 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, decisi\u00f3n notificada a la sociedad convocada el d\u00eda 31 del mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la promotora el 15 de junio de 2021 Inter World S.A.S. contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, de las que descorri\u00f3 traslado el 23 de julio siguiente. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que el proceso desde esa data qued\u00f3 \u00ab\u00fanicamente pendiente la ritualidad procesal de fijar fecha y hora para audiencia de tr\u00e1mite enmarcada en el Art. 392 del C.G.P., concordante con los Art. 372 y 373 del mismo estatuto procesal\u00bb, sin que a la fecha exista tal pronunciamiento. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que \u00abla autoridad encartada ha incurrido en mora judicial por haber superado protuberantemente los t\u00e9rminos consagrados en el Art. 120 del C.G.P. y por lo tanto ha incurrido en vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales como son el debido proceso y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con auto n\u00b0 58387 de 13 de mayo de 2022 la Superintendencia prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallo, comoquiera que, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso el t\u00e9rmino para fallar culmina el 24 de junio de los corrientes, por lo que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino por 6 meses m\u00e1s desde esa data. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Industria y Comercio relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que con auto n\u00b0 58387 de 13 de mayo de 2022 prorrog\u00f3 la instancia hasta el 21 de diciembre de los corrientes; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, toda vez que, al tratarse de un asunto de protecci\u00f3n al consumidor debe ajustarse a la Ley 1480 de 2011 y dem\u00e1s normas concordantes, por lo que atendiendo las disposiciones del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandado cuenta con 1 a\u00f1o para decidir, prorrogable hasta por 6 meses; que, adem\u00e1s de estar en t\u00e9rmino para fallar, lo cierto es que a corte de 30 de abril de 2022 tiene 25.095 procesos para tramitar y fallar, por lo que tiene congesti\u00f3n judicial; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo rogado al considerar configurada una tardanza en el tr\u00e1mite impartido al asunto, pues las partes cumplieron con sus cargas a julio de 2021, sin que a la fecha, esto es, 10 meses despu\u00e9s, la Delegatura llamada a responder haya convocado a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no es de recibo el auto de 13 de mayo de 2022 con el que prorrog\u00f3 la instancia, sin resolver sobre la convocatoria de la referida diligencia \u00abexcus\u00e1ndose en un conteo estad\u00edstico del que no se puede deducir i) cu\u00e1ntas demandas de esas corresponden a un tr\u00e1mite verbal sumario ii) cu\u00e1les de est\u00e1s se encuentran con el contradictorio integrado, y desde cu\u00e1ndo y iv) cu\u00e1l es la distribuci\u00f3n actual de los asuntos, entre quienes ejercen funciones jurisdiccionales al interior de la Superintendencia\u00bb, relievando que, en otros asuntos, promovidos en esa data, ya exist\u00eda convocatoria para la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del Estatuto Procesal Civil, por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas, convoque a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro de la acci\u00f3n al consumidor n\u00famero 21-186456, instaurada por Tammen Mar\u00eda Nassar Bechara, en contra de Inter World S.A.S. la cual deber\u00e1 fijarse de tal forma que guarde armon\u00eda con los procesos que han sido tramitados en concomitancia a ese radicado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio insistiendo en su defensa tra\u00edda con la respuesta a la acci\u00f3n de tutela, pues, refiere, \u00abel Auto Nro. 64706 del 28 de mayo de 2021, que admiti\u00f3 la demanda presentada por el accionante, le fue notificado a la parte demandada el 31 de mayo de 2021, por lo tanto y conforme al Art 121 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Entidad se encuentra dentro de los t\u00e9rminos legales de emitir sentencia\u00bb, adem\u00e1s que, el 13 de mayo de 2022 dicho t\u00e9rmino para fallo lo prorrog\u00f3 por 6 meses. <\/p>\n
Destac\u00f3 que a 30 de abril de 2022 tiene 25.092 procesos en curso; que \u00absolo cuenta con 28 funcionarios hasta la fecha, as\u00ed las cosas, la capacidad instalada tanto en talento humano como en equipo operativo, da como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2000 proceso al mes. Finalmente, se debe tener en cuenta que en ese mismo lapso de tiempo se est\u00e1n admitiendo un promedio de 2300 demandas, con lo cual denotamos un mayor nivel de ingreso de procesos frente a lo que podemos gestionar para la finalizaci\u00f3n de los mismos\u00bb; que su proceder no se trata de un actuar arbitrario. <\/p>\n
En escrito separado, alleg\u00f3 cumplimiento de fallo, con auto por medio del cual fij\u00f3 fecha para adelantar la audiencia del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso el 26 de mayo de 2022. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y circunscrita la Sala a los motivos de impugnaci\u00f3n, se advierte que, contrario a lo que concluy\u00f3 el fallador constitucional de primer grado, la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que, la supuesta demora que se ha suscitado en torno a la resoluci\u00f3n del proceso obedece a circunstancias objetivas y razonables, sumado a que, est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino para fallo conforme las disposiciones del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, el que, entre otras, no atendi\u00f3 el a quo constitucional, emerge que la tardanza en resolver el juicio de protecci\u00f3n al consumidor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la obligaci\u00f3n de respetar los turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo y alto c\u00famulo de asuntos que est\u00e1n pendientes de decisi\u00f3n (25.092 a 30 de abril de 2022), lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, raz\u00f3n le asiste a la autoridad querellada al indicar que est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso1, pues, para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, el a\u00f1o para dictar decisi\u00f3n dispuesto en dicha norma no hab\u00eda fenecido, toda vez que, el demandado se notific\u00f3 del auto admisorio el 31 de mayo de 2021, sumado a que, el 13 de mayo de los corrientes, el t\u00e9rmino para fallar se prorrog\u00f3 por 6 meses m\u00e1s, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n contempla dicha norma. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de igual contorno al ac\u00e1 fustigado, esta Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
Estudiada la inconformidad planteada, surge que la quejosa, estima que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental, por cuanto supuestamente la Superintendencia enjuiciada est\u00e1 en mora de emitir la decisi\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que inici\u00f3. <\/p>\n
3.- De las acreditaciones obrantes en el plenario, observa la Corte, en relaci\u00f3n con el amparo, lo siguiente: <\/p>\n
3.1.- Demanda incoada por la aqu\u00ed querellante en contra de Dentix Colombia S.A.S. el 12 de junio de 2018 (fls. 1-3, C.1). <\/p>\n
3.2.- Auto del d\u00eda 15 de ese mismo mes y a\u00f1o, por medio del cual se admiti\u00f3 el libelo, y se orden\u00f3 notificar a la sociedad demandada (fl. 4, Ibidem). <\/p>\n
3.3.- Memoriales enviados v\u00eda correo electr\u00f3nico los d\u00edas 16 y 25 de julio, y 21 de agosto de hoga\u00f1o, por parte de la tutelista a la entidad accionada, en que pide que se resuelva con prontitud el juicio de marras (fls. 6-8, Idem). <\/p>\n
3.4.- Interlocutorio de 12 de septiembre de esta calenda, por medio del cual se dio contestaci\u00f3n a las solicitudes allegadas, y se le inform\u00f3 a la petente que \u00abel expediente ha cumplido con el desarrollo de las etapas propias del proceso verbal sumario y, se emitir\u00e1 sentencia conforme al orden de reparto correspondiente por parte del Despacho\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso, esta entidad cuenta con un a\u00f1o para proferir sentencia, estando as\u00ed, dentro del t\u00e9rmino de ley las etapas que se est\u00e1n desarrollando\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue recurrida (fl. 31, ibid.). <\/p>\n
4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Corte que el amparo reclamado no est\u00e1 llamado a prosperar comoquiera que la doctrina asentada sobre el particular, determina que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de resguardo constitucional, son aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u00abde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC Abr. 29 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, Sep. 17 2013, rad. 00168-02). <\/p>\n
En tal sentido se ha expuesto que: <\/p>\n
[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC 19 sep. 2008 rad. 01138-00, reiterado en CSJ STC 25 feb. 2013, rad. 00003-01). <\/p>\n
En efecto, si bien la decisi\u00f3n pretendida a\u00fan no se ha proferido en el asunto sub judice, lo cierto es que, el despacho encartado, en auto 12 de septiembre de hoga\u00f1o, resolvi\u00f3 las solicitudes de la quejosa, y le manifest\u00f3 que se est\u00e1 cumpliendo con el procedimiento se\u00f1alado para esta clase de juicios, y adem\u00e1s, se encuentra en el t\u00e9rmino legal previsto por el art\u00edculo 121 del C.G.P. para dictar fallo, no denot\u00e1ndose injustificada la tardanza en el proferimiento de la sentencia, am\u00e9n que la demanda se radic\u00f3 tan solo el 12 de junio de esta anualidad, por lo que no se avizora que la misma se constituya en vulneradora del debido proceso invocado. (CSJ, STC13954-2018; 25 oct.; rad. 2018-01804-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, revocar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
No obstante lo anterior, si bien el art\u00edculo 7 \u00b0 del Decreto 306 de 1992 dispone que \u00abcuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u00bb, lo cierto es que, para el caso concreto, de forma ultraexcepcional y de manera restrictiva para \u00e9ste asunto de mora judicial, en pro de los principios de celeridad, econom\u00eda procesal y por cuanto la finalidad de la petici\u00f3n de amparo fue satisfactoria, se dispone que la decisi\u00f3n ac\u00e1 adoptada no afectar\u00e1 las determinaciones emitidas en la audiencia de 26 de mayo de 2022 y las que de ella deriven, por lo que dichas actuaciones se mantienen. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada, con la excepci\u00f3n atr\u00e1s expuesta, esto es, mantener las determinaciones adoptadas en la audiencia de 26 de mayo de 2022 y las que de ella se deriven, conforme lo all\u00ed considerado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso: Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n
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