STC7151-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7151-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00936-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. \u2013 BBVA Colombia S.A. le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, extensiva a Center Parking City S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El querellante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que \u00abi) Se deje sin efectos las decisiones proferidas por la [accionada] en audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones llevada a cabo el pasado 24 de enero de 2022 (\u2026) y mediante las cuales se le reconoci\u00f3 como acreedor quirografario por concepto de capital en la suma de $34.708.333.333\u00bb y \u00abii) Ordenar a la [accionada] adoptar las medidas necesarias para impedir que continu\u00e9 la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del BANCO\u00bb. <\/p>\n
En su opini\u00f3n con tal pronunciamiento se vulneraron sus prerrogativas esenciales, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al no tener en cuenta las pruebas aportadas de la garant\u00eda donde qued\u00f3 claro que la concursada en reiteradas oportunidades le reconoci\u00f3 la calidad de acreedor hipotecario y garantizado, situaci\u00f3n que ning\u00fan otro acreedor cuestion\u00f3, por tanto la deudora no pod\u00eda desconocer lo que reconoci\u00f3 expl\u00edcitamente en todo el proceso y mucho menos actuar en contra de ello, en atenci\u00f3n a la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, aunado a que \u00abdej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 43 de la ley 1116 de 2006 el cual consagra que los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios se asimilan a cr\u00e9ditos de la segunda y tercera clase\u00bb, por lo que debi\u00f3 \u00abno solamente aplicar la citada ley y reconocer el cr\u00e9dito como acreedor hipotecario sino adem\u00e1s reconocer el valor de la acreencia hasta por el monto de la garant\u00eda y de esta manera estimar la objeci\u00f3n pretendida\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
Center Parking City S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n se opuso al ruego, toda vez que \u00ablo que ten\u00eda que probar el accionante, era la oponibilidad de su garant\u00eda, no su existencia y para ello la Ley 1676 de 2013 y la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades son claras en establecer que se cumple con el requisito de oponibilidad en los casos de contratos de fiducia cuando la garant\u00eda es registrada en el Registro Nacional de Garant\u00edas Mobiliarias administrado por CONFEC\u00c1MARAS y en este caso no sucedi\u00f3 por lo que no se pod\u00eda otorgar prelaci\u00f3n de acreedor garantizado, pues no se cuenta con el requisito de oponibilidad para ello\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo porque la resoluci\u00f3n criticada no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas y la normativa que rige la materia. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor reiterando sus planteamientos inaugurales, agregando que \u00abes claro que la entidad accionada err\u00f3 de manera grave, pues pese a que estaba acreditado dentro del proceso que el BBVA ten\u00eda a su favor garant\u00eda fiduciaria sobre inmuebles y que la deudora lo hab\u00eda reconocido en tercera clase, procedi\u00f3 a graduar la acreencia en la quinta clase, haciendo caso omiso del art\u00edculo 43 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Center Parking City S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n, pidi\u00f3 se \u00abdeclare improcedente la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante en contra de la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la providencia emitida por la Superintendencia de Sociedades que \u00abdesestim\u00f3 la objeci\u00f3n presentada por BBVA Colombia S.A.\u00bb, se expusieron las razones para adoptar tal decisi\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Fue as\u00ed como esboz\u00f3, preliminarmente que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con el escrito de objeciones, el acreedor Banco BBVA S.A. solicit\u00f3 reclasificar la totalidad de la obligaci\u00f3n instrumentalizada en el pagar\u00e9 terminado con los n\u00fameros 3468 como obligaci\u00f3n garantizada en los t\u00e9rminos de la Ley 1676 de 2016. <\/p>\n
Como solicitud subsidiaria, el acreedor solicit\u00f3 reconocer dicha obligaci\u00f3n como cr\u00e9dito de tercera clase. En sustento de lo anterior, la acreedora indic\u00f3 que la obligaci\u00f3n contra\u00edda por la concursada y sus solidarias, se encuentra garantizada con un contrato de fiducia mercantil en garant\u00eda, bajo el cual se constituy\u00f3 el patrimonio aut\u00f3nomo FDB. <\/p>\n
Pruebas: Para la prosperidad de lo pretendido la acreedora aport\u00f3 copia del pagar\u00e9 terminado en los n\u00fameros 3468 por valor de $35.000.000.000; el contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Garant\u00eda celebrado entre el banco BBVA Colombia S.A., la sociedad concursada y otro; la comunicaci\u00f3n de 9 de agosto de 2017 en la que constan los aval\u00faos de los bienes fideicomitidos, certificado de garant\u00eda numero 0012017 expedido por la sociedad fiduciaria a favor del BBVA Colombia y el certificado de garant\u00eda mobiliaria identificado con folio terminado en los n\u00fameros 6800. <\/p>\n
En el t\u00e9rmino de traslado, la sociedad concursada se opuso a la solicitud principal relativa a la reclasificaci\u00f3n del cr\u00e9dito como obligaci\u00f3n garantizada, ello dado que la garant\u00eda invocada por el acreedor no se encuentra debidamente inscrita en el R\u00e9gimen de Garant\u00edas Mobiliarias, motivo por el cual dicha garant\u00eda no cumple con los criterios de oponibilidad exigido en la Ley 1676 de 2013. <\/p>\n
En igual sentido la deudora se opuso a la solicitud subsidiaria concerniente a reclasificar la obligaci\u00f3n como cr\u00e9dito de tercera clase, esto dado que dicha garant\u00eda no se encuentra debidamente registrada. <\/p>\n
Con lo anterior la concursada indica que la obligaci\u00f3n a cargo del BBVA Colombia S.A., se debe reconocer en la quinta clase de cr\u00e9ditos\u00bb (Audio 0:21:25 a 0:24:29 minutos). <\/p>\n
Precisado lo anterior, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00abSobre este punto se debe reiterar que la inscripci\u00f3n en el registro de garant\u00edas es una de las formas que contempla la Ley 1676 de 2013 para que una garant\u00eda sea oponible y en consecuencia surta los efectos frente a terceros. <\/p>\n
Si la garant\u00eda no se hace oponible, la consecuencia es la prevista en el art\u00edculo 901 del C\u00f3digo de Comercio, esto es, la misma no surte efectos de oponibilidad en el proceso concursal y tendr\u00e1 el mismo tratamiento de un acreedor quirografario. <\/p>\n
La oponibilidad no es un requisito creado por la Ley 1676 de 2013, sino que ha operado incluso desde la prenda convencional prevista en el C\u00f3digo de Comercio de 1971. <\/p>\n
As\u00ed la Ley 1676 de 2013 lo que cre\u00f3 fue un sistema registral nacional y digital, pero no las consecuencias jur\u00eddicas de la oponibilidad o no de las garant\u00edas. <\/p>\n
Por otra parte, y referente a la oponibilidad del contrato de fiducia, el art\u00edculo 123 de la Ley 1116 de 2006 estableci\u00f3 la necesidad de darle publicidad a los que constan en documento privado a fin de que se inscribieran en el registro mercantil del domicilio del deudor. <\/p>\n
Y esto era un requisito de oponibilidad frente a terceros sin el cual el contrato de garant\u00eda no surt\u00eda efectos frente a terceros como en el proceso concursal. Es as\u00ed como a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013, se estableci\u00f3 que, para efectos de oponibilidad y publicidad, al contrato de fiducia le aplicar\u00eda lo dispuesto en dicha ley. <\/p>\n
En ese sentido, los acreedores que contaban con ese tipo de garant\u00edas deb\u00edan migrar al nuevo sistema de registro, para lo cual deb\u00edan ce\u00f1irse a todas las normas de la materia <\/p>\n
En ese sentido el despacho advierte que el plazo previsto, tanto en la Ley 1676 como en el Decreto 400 de 2014, se refer\u00eda a un per\u00edodo de transici\u00f3n de que quien hab\u00eda hecho sus garant\u00edas oponibles al amparo de la legislaci\u00f3n anterior\u00bb (Audio 0:24:30 a 0:27:56 minutos). <\/p>\n
Acto seguido, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abAhora bien, de conformidad con el art\u00edculo 2.2.2.4.1.41 del Decreto 1074 de 2015, un acreedor que no inscribi\u00f3 su garant\u00eda en los plazos se\u00f1alados en las normas mencionadas no pierde su derecho sobre su garant\u00eda, ni ello implica que se contin\u00faan aplicando las normas anteriores, pues en realidad el efecto es que la garant\u00eda se hace oponible desde la fecha en que se realiz\u00f3 el nuevo registro. <\/p>\n
As\u00ed, quien inscribi\u00f3 la garant\u00eda dentro de las oportunidades previstas en la ley, mantiene su prelaci\u00f3n desde la fecha inicial en que se hizo oponible su registro bajo el sistema de registro original del C\u00f3digo de Comercio, pero no implica que el acreedor no pueda ejercer los derechos contemplados en el art\u00edculo 50 de la Ley 1676 de 2013, pues ello equivaldr\u00eda a una sanci\u00f3n legal que no est\u00e1 en la ley. <\/p>\n
(\u2026) Por eso, seg\u00fan el art\u00edculo 2.2.2.4.2.58 del Decreto 1074 de 2015, en aquellos casos donde teniendo la obligaci\u00f3n de inscribir la garant\u00eda en el Registro de Garant\u00edas Mobiliarias no lo hizo antes de la inscripci\u00f3n del formulario de ejecuci\u00f3n concursal, la acreencia ser\u00e1 reconocida en quinta clase, ese y no otro, es el efecto establecido en la ley para la demora en la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que de conformidad con el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1676 de 2013, se deba dar el mismo tratamiento a todas las operaciones garantizadas, siempre que la garant\u00eda se haya hecho oponible seg\u00fan las normas aplicables al tipo de bien. <\/p>\n
En este caso, bajo estudio, el despacho debe resaltar que una vez consultado el Registro de Garant\u00edas Mobiliarias, no se observa la inscripci\u00f3n de la garant\u00eda reclamada por el acreedor. De manera que, a la luz de lo regulado en el Decreto 1676 y del Decreto \u00danico Reglamentario 1074 de 2015 y la jurisprudencia de esta delegatura, la garant\u00eda reclamada por el Banco BBVA no se hizo oponible al concurso de acreedores en los t\u00e9rminos ya se\u00f1alados y por ello, no se estimar\u00e1 la objeci\u00f3n relativa a la reclasificaci\u00f3n del cr\u00e9dito en favor de este acreedor (Audio 0:27:56 a 0:31:44 minutos). <\/p>\n
Ahora bien, frente a la anterior disposici\u00f3n el ente bancario inco\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb en atenci\u00f3n a que \u00abyerra el despacho al mencionar que no existe ese registro de la garant\u00eda, pues en el escrito de objeci\u00f3n que se present\u00f3, se alleg\u00f3 el folio electr\u00f3nico con n\u00b0 de inscripci\u00f3n 20170920000026800 con fecha y hora de inscripci\u00f3n previa a la fecha de admisi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad concursada y en ese sentido se encuentra inscrita esta garant\u00eda\u2026\u00bb (Audio 1:05:40 minutos), refutaci\u00f3n que fue despachada desfavorablemente, al apreciarse que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) analizados los argumentos presentados por el recurrente y los documentos obrantes en el expediente, el despacho confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n tomada, toda vez que se evidenci\u00f3 que existe un registro de garant\u00eda mobiliaria que corresponde a otro bien dado en garant\u00eda y no hay prueba alguna del registro de la garant\u00eda fiduciaria que es la que de alguna manera se est\u00e1 discutiendo en desarrollo de esta diligencia, por lo tanto queda confirmada la decisi\u00f3n respecto a este punto\u00bb (Audio 1:25:54 a 1:29:49 minutos). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el ente tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad convocada en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
Ahora, que el libelista disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su criterio, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo discernido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7151-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7151-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00936-01 (Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de mayo de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}