STC7162-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7162-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00191-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de mayo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Nelson Alexander Fern\u00e1ndez Romero le instaur\u00f3 a los Juzgados Quince de Familia y Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso basado en el principio no ser juzgado dos veces por el mismo hecho non bis in \u00eddem\u00bb, para que \u00abse FRACCIONE el titulo (\u2026) se devuelvan las sumas equivalentes a los alimentos de los a\u00f1os 2012 y 2.013 y parte del 2.014 fecha en que terminaron de descontar del sueldo percibido para ese entonces como tambi\u00e9n los gastos de educaci\u00f3n y mudas de ropa cobrados desde el a\u00f1o 2008\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Tercero de Familia de esta capital, en la demanda coercitiva de alimentos que le inco\u00f3 Mar\u00eda Isabel Sastre Rinc\u00f3n (n\u00ba 2011-00035), dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y le orden\u00f3 pagar \u00ab(\u2026) un total de cuota alimentaria adeudado a Marzo de 2.013 de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($ 4.584.921) m\u00e1s un total adeudado en mudas de ropa y educaci\u00f3n de DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCICENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 2.068.660) estas sumadas arrojan un valor total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MTE ($6.653.581.00)\u00bb (24 ag. 2012). <\/p>\n
El asunto pas\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia, quien lo termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n (20 oct. 2014) y dirigi\u00f3 oficios \u00ab(\u2026) a la Secretaria de Educaci\u00f3n Departamento de Cundinamarca que quien hacia el pago de las cuotas de alimentos ya que el sueldo percibido por el se\u00f1or NELSON ALEXANDER FERNANDEZ ROMERO hab\u00eda sido embargado [quien] hace pagos que se pueden evidenciar en recibos bancarios BANCOLOMBIA n\u00famero de cuenta 59674228630 de ahorros a nombre de MARIA ISABEL SASTRE RINCON pagos hechos como cuota de alimentos del menor hijo para ese momento que sumados son DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 2.200.000)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Quince de Familia de esta urbe, en la nueva \u00abdemanda ejecutiva de alimentos\u00bb que le promovi\u00f3 Sastre Rinc\u00f3n (n\u00ba 2018-00589), en la que est\u00e1 \u00abcobrando nuevamente de forma temeraria una parte de los alimentos y el total de gastos escolares, desconociendo que ya hab\u00edan sido demandados y pagados una vez otorg\u00e1ndose paz y salvo (anexo) por los deberes pendientes hasta el d\u00eda 20 de octubre del a\u00f1o 2014\u00bb, mand\u00f3 \u00abcontinuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (24 feb. 2020) y aprob\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n de costas procesales realizada por secretaria concediendo el cobro de lo no debido\u00bb (12 mar.), expediente que se remiti\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Quince de Familia y Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de su proceder en el \u00abejecutivo de alimentos 2018-00589\u00bb; el primero resalt\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el aqu\u00ed accionante no hizo uso de la oportunidad procesal destinada para solicitar pruebas y realizar pronunciamiento de los hechos y pretensiones de la demanda, por el contrario, guard\u00f3 silencio\u00bb y, el segundo, adujo que \u00ab(\u2026) el demandado no ha hecho uso de los recursos ordinarios en el proceso, incluso, no ha informado sobre el presunto pago de dineros que ac\u00e1 se ejecutan, y no puede por medio de una acci\u00f3n constitucional venir a manifestar que el Despacho no ha tenido en cuenta unos presuntos pagos que ni siquiera ha informado ni mucho menos venir a atacar un mandamiento de pago que fue librado hace aproximadamente 4 a\u00f1os, por lo que es evidente que no existe violaci\u00f3n al debido proceso por parte de [ese] funcionario judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias envi\u00f3 el enlace del radicado 2011-00035, mientras que el Tercero de Familia en Oralidad, refiri\u00e9ndose al mismo juicio, indic\u00f3 que \u00ab[ese] Juzgado correspondi\u00f3 el proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS promovido por MARIA ISABEL SASTRE RINC\u00d3N en contra de NELSON ALEXANDER FERN\u00c1NDEZ ROMERO, el cual fue remitido a los Juzgado de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias el 17 de enero de 2014, por lo que a la fecha no contamos con el expediente para darle mayor informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Procuradora 152 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1 y Mar\u00eda Isabel Sastre Rinc\u00f3n destacaron la \u00abimprocedencia\u00bb del amparo. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia y la Secretaria de Educaci\u00f3n de Cundinamarca alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto, \u00ab(\u2026) deviene impr\u00f3spera la acci\u00f3n constitucional, porque este mecanismo extraordinario y residual no fue instituido para desestabilizar los procedimientos judiciales, o para revisar las actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, ni mucho menos para resolver sobre una petici\u00f3n que el interesado debe primero presentar al juez de familia que conoce de la ejecuci\u00f3n de la sentencia proferida en el proceso ejecutivo radicado con el n\u00famero 2018-00589, pues de esa manera se vulnerar\u00eda el derecho fundamental al debido proceso que le asiste al ejecutante SEBASTI\u00c1N FERN\u00c1NDEZ SASTRE, actualmente mayor de edad, frente a lo cual debe tener la oportunidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n que le asiste, y para que sea el juez natural de la causa quien resuelva positiva o negativamente su petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el gestor con argumentos similares a los inaugurales, afirmando que s\u00ed cumpli\u00f3 con los \u00abrequisitos f\u00e1cticos\u00bb del resguardo supralegal, porque \u00abaqu\u00ed se acciona directamente al JUZGADO QUINCE (15) DE FAMILIA DE BOGOTA NUMERO DE PROCESO 2018-00-589 y JUZGADO TERCERO (3) DE FAMILIA BOGOTA NUMERO DE PROCESO 2011-000-3500 (\u2026) se puede inferir que en una y otra se libr\u00f3 mandamiento de pago contra NELSON ALEXANDER FERNANDEZ ROMERO padre del menor alimentario del entonces menor SEBASTIAN FERNANDEZ SASTRE es evidente que se vulnero el derecho fundamental del debido proceso tra\u00eddo en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica el cual establece que ninguna persona podr\u00e1 ser Juzgada y condenada dos veces por los mismos hechos situaci\u00f3n jur\u00eddica que se presenta en este caso toda vez que las cuotas alimentarias y de educaci\u00f3n de los a\u00f1os 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2.014, 2.015 y 2.016 a favor del menor fueron ejecutadas dos veces, se libr\u00f3 como esta evidenciado en las pruebas que existen dos (2) mandamientos de pago similares \u00b4por las mismas circunstancias f\u00e1cticas por lo cual amerita que se ampare el derecho fundamental al debido proceso por que como se demostr\u00f3 se juzg\u00f3 y conden\u00f3 dos veces por los mismos hechos al accionado y las dos sentencias se encuentran debidamente ejecutoriadas\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, que el a quo incurri\u00f3 en un evidente \u00abyerro jur\u00eddico si se tiene en cuenta que los derechos vulnerados son susceptibles de prueba como bien lo solicito el se\u00f1or magistrado ponente a los juzgados tutelados y una vez hechas las comparaciones se evidencia que cumple con los presupuestos facticos que expone la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia (\u2026)\u00bb, por lo que, en su criterio, con el veredicto constitucional de primer grado \u00abse estar\u00eda violando los art\u00edculos 29 y 84 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia los cuales invoco en pro de mis derechos que si nos los defiende la presente tutela no hay otro medio que lo haga posible viendo directamente afectado en mi patrimonio econ\u00f3mico al cual este despacho no le est\u00e1 dando ning\u00fan valor y que por otra parte considera esta parte fundamental tener en cuenta y debidamente procesadas las pruebas aportadas y o solicitadas por el despacho siendo la prueba el espiral que conlleve a un Resuelve justo\u00bb. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) no hay otra forma de interferir por los derechos aqu\u00ed violados (\u2026) no es procedente por que el aqu\u00ed accionante dio poder a un abogado que presento liquidaci\u00f3n lo cierto es que al abogado contratado no le expreso el contratante que ya hab\u00edan sido cobradas dichas sumas en anterior proceso ni conoci\u00f3 para ese momento el abogado que ya antes hab\u00eda sido demandado por el mismo de caso por cuanto fue contratado en un proceso judicial surtido en el que ya estaba condenado al pago (\u2026)\u00bb; ello, por cuanto, con la expedici\u00f3n del auto de 29 de junio de 2021 en el que se reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a su abogado \u00abFue hasta ese momento que el aqu\u00ed accionante evidencia que le est\u00e1n cobrando dos veces la misma cosa y que nunca se opuso ni desconfi\u00f3 del actuar del juzgado como representante del estado, sino hasta el momento en el que se orden\u00f3 hacer entrega de t\u00edtulos, y no por esto tiene el derecho la justicia ordinaria de ignorar a totalidad los preceptos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte la improcedencia de la salvaguarda, porque se inobservaron, sin justificaci\u00f3n valida, los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que, entre la fecha de las resoluciones que ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n en los procesos n\u00ba 2011-00035 (24 ag. 2012) y n\u00ba 2018-00589 (24 feb. 2020) y la formulaci\u00f3n de la demanda superlativa (2 mar. 2022), transcurrieron m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os desde la primera, y dos (2) a\u00f1os y seis (6) d\u00edas de la segunda, respectivamente; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n se llega respecto del prove\u00eddo que \u00abaprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas procesales\u00bb en el juicio n\u00ba 2018-00589 sobre el que tambi\u00e9n mostr\u00f3 inconformidad el precursor, pues entre su expedici\u00f3n (12 mar. 2020) y el reparto de esta guarda (2 mar. 2022), corrieron un (1) a\u00f1o, once (11) meses y dieciocho (18) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado, que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Ello, impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en algunos casos ha superado la ausencia de la exigencia temporal, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto, en la STC3949-2021 sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no sucede ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que lo asegurado por el impulsor, es que, con el auto de 29 de junio de 2021 en el que se reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a su apoderado \u00abFue hasta ese momento que el aqu\u00ed accionante evidencia que le est\u00e1n cobrando dos veces la misma cosa y que nunca se opuso ni desconfi\u00f3 del actuar del juzgado como representante del estado, sino hasta el momento en el que se orden\u00f3 hacer entrega de t\u00edtulos\u00bb, lo que no constituye raz\u00f3n v\u00e1lida para conjurar su desidia en la interposici\u00f3n de esta especial v\u00eda, o disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero (STC1919-2022), en la medida que es deber de las partes vigilar los procesos en los que intervienen. <\/p>\n
1.3.- Ahora bien, en lo atinente al pet\u00edtum enfocado a que \u00abse FRACCIONE el titulo (\u2026) se devuelvan las sumas equivalentes a los alimentos de los a\u00f1os 2012 y 2.013 y parte del 2.014 fecha en que terminaron de descontar del sueldo percibido para ese entonces como tambi\u00e9n los gastos de educaci\u00f3n y mudas de ropa cobrados desde el a\u00f1o 2008\u00bb, la tutela tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, porque, como lo advirti\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1 y lo ratific\u00f3 el mismo impugnante, no ha hecho uso de las herramientas id\u00f3neas, como solicitar directamente el fraccionamiento de los dep\u00f3sitos judiciales que aduce han sido cobrados en dos ocasiones ante el iudex de la causa civil, para que sea \u00e9ste quien se pronuncie al respecto, ello en atenci\u00f3n a que el juez constitucional no puede asumir facultades que le corresponden a aqu\u00e9l. <\/p>\n
Al efecto, la Colegiatura ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01, citada en STC8306-2021 y STC10202-2021). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo combatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7162-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7162-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00191-02 (Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de mayo de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64320","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64320"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64320\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}