STC7172-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7172-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00501-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida, mediante apoderado, por Ana Victoria Arrieta Canova contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado 2 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones y a las dem\u00e1s partes del proceso de radicado 2013-00559. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y \u00abbuena fe depositada en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por los despachos accionados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La gestora instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara el retroactivo pensional desde \u00abel mes de octubre de 2008, [\u2026], y hasta la fecha en que se hizo su reconocimiento, esto es, el mes de julio de 2013\u00bb, junto con la indexaci\u00f3n y la devoluci\u00f3n de todas las cotizaciones que no debi\u00f3 pagar. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia CSJ SL3882-2021 del 31 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que las autoridades judiciales cuestionadas incurrieron en desconocimiento de los precedentes judiciales verticales y horizontales, en especial, \u00ablos sostenidos por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral y por los tribunales del pa\u00eds, en cuanto a la inducci\u00f3n a error y pago de cotizaciones al Sistema General de Pensiones, as\u00ed como de las excepciones a la regla general consagrada en los arts. 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada incurri\u00f3 en defecto procedimental, por exceso de ritual manifiesto, dado que no estudi\u00f3 el fondo del recurso de casaci\u00f3n, pese a la evidente vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n proferida el 31 de agosto de 2021 y, en consecuencia, que se ordene emitir un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral cuestionada manifest\u00f3 que la recurrente \u00abhizo una mixtura indebida con aspectos f\u00e1cticos, planteando al respecto errores de hecho; lo que impidi\u00f3 el estudio de fondo del recurso, y su desestimaci\u00f3n por falta de t\u00e9cnica, y consecuencialmente, conllev\u00f3 a mantener en firme la decisi\u00f3n impugnada, dada su doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 2 Laboral del Circuito de Valledupar dijo que las pretensiones de la tutela no se dirig\u00edan contra sus actuaciones y que no se configur\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la tutelante. <\/p>\n
3. Colpensiones afirm\u00f3 que no se materializ\u00f3 \u00abdefecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb y que la acci\u00f3n de tutela era improcedente, porque no puede \u00abconstituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 ser desvinculado de la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez que no hizo parte en el proceso rebatido. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, por cuanto \u00abno puede la parte accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral de referencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y pidi\u00f3 proteger los derechos fundamentales invocados, al estimar que, en el presente caso, se debi\u00f3 estudiar de fondo la demanda de casaci\u00f3n, dado que las falencias del recurso \u00aberan subsanables\u00bb y deb\u00eda primar el derecho sustancial; adem\u00e1s, destac\u00f3 que uno de los magistrados de la Sala accionada salv\u00f3 el voto, aceptando que debi\u00f3 analizarse el caso particular y accederse a lo reclamado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 31 de agosto de 2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido contra Colpensiones, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
2. Sobre el particular se observa que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la ahora tutelante, la autoridad judicial reprochada expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal, por falta de t\u00e9cnica en el medio de impugnaci\u00f3n formulado. <\/p>\n
Al respecto, enfatiz\u00f3 que, en la demanda de casaci\u00f3n, la recurrente entremezcl\u00f3 indebidamente \u00ablas v\u00edas directa e indirecta de violaci\u00f3n de la ley sustancial que son excluyentes, cuando su formulaci\u00f3n y an\u00e1lisis deben ser diferentes y por separado, por raz\u00f3n de que la primera conlleva es a un error jur\u00eddico, mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros f\u00e1cticos\u00bb y, por tanto, el ataque era inviable, pues desconoc\u00eda lo expuesto por la Corte en la sentencia CSJ SL, 22 may. 2001, rad. 15748, en la cual se indic\u00f3 que \u00abDefecto t\u00e9cnico com\u00fan en los tres cargos planteados por la impugnante es el de mezclar aspectos estrictamente jur\u00eddicos y consideraciones de orden f\u00e1ctico o probatorio. Tal confusi\u00f3n de temas est\u00e1 proscrita en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en que se procura el quebrantamiento del fallo acusado por causales y reglas claramente delimitadas\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a los par\u00e1metros que estructuran una acusaci\u00f3n mediante la v\u00eda indirecta, se\u00f1al\u00f3 que tampoco cumpli\u00f3 con lo enunciado en la sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, pues \u00able corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores f\u00e1cticos, que deben ser evidentes; mencionar cu\u00e1les elementos de convicci\u00f3n no fueron apreciados por el juzgador y en cu\u00e1les cometi\u00f3 err\u00f3nea estimaci\u00f3n, demostrando en qu\u00e9 consisti\u00f3 \u00e9sta \u00faltima; explicar c\u00f3mo la falta o la defectuosa valoraci\u00f3n probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, puntualiz\u00f3 que, en cuanto a la inapropiada valoraci\u00f3n probatoria, era indispensable explicar respecto de cada una de las pruebas lo que se pretend\u00eda acreditar, c\u00f3mo influy\u00f3 en el fallo su falta de an\u00e1lisis e identificar con precisi\u00f3n cu\u00e1l fue el error de hecho, aspectos estos que no estaban claros en el presente caso. <\/p>\n
A su vez, puso de presente que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no era una tercera instancia y, por ende, no pod\u00eda presentarse en forma de alegatos, toda vez que deb\u00eda sujetarse a las m\u00ednimas formalidades previstas para su estimaci\u00f3n y acreditarse con suficiencia los yerros que se imputaban a la decisi\u00f3n, citando para el efecto el reiterado criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente contenido en la sentencia CSJ SL4281-2017. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n correspondiente, la normatividad que gobierna el asunto y la jurisprudencia en torno al tema debatido, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala consider\u00f3 motivadamente que la demanda de casaci\u00f3n carec\u00eda de t\u00e9cnica, en la medida en que la recurrente incurri\u00f3 en el error de entremezclar las modalidades de violaci\u00f3n, toda vez que, aunque orient\u00f3 su ataque por la v\u00eda directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida, en la demostraci\u00f3n del cargo incluy\u00f3 aspectos f\u00e1cticos, planteando al respecto errores de hecho, que no son propios de la senda que eligi\u00f3, pues ello es t\u00e9cnicamente inaceptable, en vista de que cada una es aut\u00f3noma e independiente, como reiteradamente lo ha manifestado la Corporaci\u00f3n, aunado a que no detall\u00f3 el yerro en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, ni el error del Tribunal en torno al argumento medular de la sentencia y formul\u00f3 su intervenci\u00f3n como alegatos de instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. <\/p>\n
En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022- 01). <\/p>\n
3.1. Igualmente, debe precisarse que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante y que dicha discrepancia no torna, per se, ilegal o manifiestamente arbitraria la decisi\u00f3n cuestionada, por lo que no es un argumento para acceder a la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, ha de resaltarse que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que la actora tuvo a su alcance, pues este no se present\u00f3 en debida forma; tal omisi\u00f3n inviabiliza, igualmente, el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
4. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos, \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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