STC7176-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7176-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02424-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de noviembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Yanny Asprilla G\u00f3mez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los Juzgados Noveno Penal del Circuito Especializado y Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2016-3308701 y en la acci\u00f3n de tutela 2021-02299-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablibertad condicional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa penal referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Producto de la captura ocurrida el 13 de mayo de 2009, el accionante, el 04 de abril de 2011, fue condenado por el Juzgado del Circuito Judicial del Dari\u00e9n, Rama Penal, La Palma de Panam\u00e1 a una pena de 104 meses de prisi\u00f3n por el delito de tr\u00e1fico internacional de drogas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, en el a\u00f1o 2016 se autoriz\u00f3 su traslado a Colombia. Por el tiempo de permanencia en el pa\u00eds centroamericano, le fueron descontados 401 d\u00edas de pena. <\/p>\n
2.3. El 9 de mayo de 2013, fue condenado a una pena principal de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por el delito de tr\u00e1fico de estupefacientes agravado. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, solicit\u00f3 la libertad condicional. Sin embargo, el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 24 de marzo de 2021- la neg\u00f3. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal censurado, -con fallo del 20 de septiembre del mismo a\u00f1o2- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que la ley m\u00e1s favorable es el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo penal, dado que los hechos por los que fue condenado corresponden al a\u00f1o 2005, por ello tiene derecho a la libertad condicional. No comparte el argumento del Tribunal atacado, pues adujo que cumple \u00abcon las cinco partes objetivas pero que no ha tenido un tratamiento adecuado dentro de mi sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se le conceda la libertad condicional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Procurador Judicial I Penal de Bogot\u00e13, sostuvo que \u00ablas decisiones cuestionadas, las mismas armonizan la valoraci\u00f3n de la conducta con el comportamiento del procesado en prisi\u00f3n y los dem\u00e1s elementos \u00fatiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad\u00bb. Solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e14, con relaci\u00f3n a la acci\u00f3n de tutela, exigi\u00f3 que \u00abla misma sea despachada de manera desfavorable, toda vez que, de una parte, la actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a este Despacho por reparto, en atenci\u00f3n a que la sentencia condenatoria fue proferida por un juzgado penal de Panam\u00e1, y de otra, porque este Juzgado no ha vulnerado ninguna garant\u00eda fundamental ni ha incurrido en alguna violaci\u00f3n por v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga5 manifest\u00f3 que el proceso de radicado 2016-33087, en el cual se emiti\u00f3 sentencia en contra del actor, \u00abno se tramit\u00f3 en este Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, sino que al parecer se adelant\u00f3 en el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb. En cuanto al proceso de radicado 2012-00011-00, relat\u00f3 que \u00abmediante sentencia N\u00b0 003 del 9 de mayo de 2013 se conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena principal de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, una vez en firme la decisi\u00f3n, la remiti\u00f3 al Juzgado competente en vigilar la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Por otro lado, inform\u00f3 que las penas impuestas en los procesos mencionados fueron acumuladas, y de ellas conoce el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e16, en lo atinente al principio de favorabilidad, afirm\u00f3 que \u00aben la providencia de segunda instancia se indic\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente frente a que hab\u00eda lugar a estudiar la aplicaci\u00f3n de tal prerrogativa, bajo los t\u00e9rminos de la Ley 1709 de 2014, otra cosa es que se haya concluido que no se cumpl\u00eda, por ahora, con los presupuestos para acceder a la libertad\u00bb. Pidi\u00f3 denegar por improcedente el amparo. <\/p>\n
5. El Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que el 24 de marzo de 2021 neg\u00f3 al querellante la libertad condicional, al tomar en consideraci\u00f3n la valoraci\u00f3n de la conducta punible exigida en el art\u00edculo 64 del C. P., modificada por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Resalt\u00f3 que dichas \u00abdecisiones, no configuran error judicial alguno que se enmarque dentro de las causales gen\u00e9ricas o espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, por lo que no se puede predicar de este despacho vulneraci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, inform\u00f3 que asumi\u00f3 la vigilancia de la pena impuesta al gestor. Mencion\u00f3 que en auto n\u00b01367 de 30 de julio de 2021 le neg\u00f3 la libertad condicional con fundamento en las razones plasmadas en el mismo prove\u00eddo. Decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior, quien desestim\u00f3 los argumentos del gestor. <\/p>\n
7. La Magistrada Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de memorar sus actuaciones al interior de otra acci\u00f3n constitucional presentada por el quejoso, expuso que \u00abno ha incurrido en conductas, bien sea por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, que menoscaben los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama el accionante, pues las determinaciones censuradas, no fueron emitidas en el tr\u00e1mite constitucional a cargo de la Sala presidida por la suscrita, dentro del cual, justamente se ampar\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, resolvi\u00f3 negar el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abaunque la acci\u00f3n cumple los presupuestos generales de procedibilidad, no existe defecto alguno en el auto dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de septiembre pasado, que le neg\u00f3 la libertad condicional. Esto porque dicha corporaci\u00f3n si examin\u00f3 las distintas normatividades que regulan ese instituto a efecto de determinar la m\u00e1s favorable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los mismos argumentos planteados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 20 de septiembre de 2021, con el cual se confirm\u00f3 la negativa de la solicitud de libertad condicional implorada. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con providencia del 20 de septiembre de 2021, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, al referirse sobre el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 79 de la Ley 600 de 2000, determin\u00f3 que a los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad les corresponde conocer de \u00abla aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, resalt\u00f3 que, en consideraci\u00f3n del principio de legalidad, \u00abel art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que el rito por el que debe adelantarse una actuaci\u00f3n penal corresponde al vigente para la fecha de los hechos que lo originaron en igual sentido lo se\u00f1ala el art\u00edculo 6\u00ba ib\u00eddem, sin embargo, precisa que: \u201cLa ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuaci\u00f3n, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, determin\u00f3 que \u00ablas normas procesales con efectos sustanciales se hallan dentro de aquellas susceptibles de ser amparadas por el principio de favorabilidad\u00bb ello, apoyado en fall\u00f3 con radicado 26831 del 15 de mayo de 2008, proferido por la homologa Sala de Casaci\u00f3n Penal, en concordancia con la providencia SP369 de radicado 55990 del 17 de febrero de 2021 de la misma Corporaci\u00f3n, en la que precis\u00f3 que \u00abla favorabilidad constituye una excepci\u00f3n a la regla general seg\u00fan la cual las leyes rigen hacia el futuro y no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia. En tales condiciones, el cumplimiento de ese principio resulta ineludible para los funcionarios judiciales, a quienes frente al tr\u00e1nsito o coexistencia de leyes les corresponde en cada caso concreto verificar su procedencia y aplicaci\u00f3n, toda vez que sin excepci\u00f3n debe preferirse la ley favorable\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, trajo a colaci\u00f3n el auto AP6738 del 11 de octubre de 2017, con el cual se condicion\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio a la verificaci\u00f3n de los siguientes criterios \u00abi) que las figuras jur\u00eddicas enfrentadas tengan regulaci\u00f3n en las dos legislaciones; ii) que se prediquen similares presupuestos f\u00e1ctico-procesales y iii) que con la aplicaci\u00f3n beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se le da cabida al instituto favorable\u00bb. Por lo tanto, puntualiz\u00f3 que en \u00abel presente asunto los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2005 en Buga \u2013Valle-, adelant\u00e1ndose el proceso bajo el imperio de la Ley 600 de 2000, pues en el citado Distrito Judicial la Ley 906 de 2004 empez\u00f3 a regir el 1\u00b0 de enero de 2006\u00bb. <\/p>\n
2.4. En raz\u00f3n a lo anterior, resalt\u00f3 que el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 890 de 2004, se\u00f1alaba que \u00abEl juez podr\u00e1 conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible; cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. En todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada al pago total de la multa y de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la modificaci\u00f3n del mencionado art\u00edculo al tenor de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, en los apartados que se subrayan \u00abEl juez podr\u00e1 conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. En todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada al pago total de la multa y de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o se asegure el pago de ambas mediante garant\u00eda personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo de pago. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendr\u00e1 como per\u00edodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres a\u00f1os, el juez podr\u00e1 aumentarlo hasta en otro tanto. PAR\u00c1GRAFO. La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima, cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del art\u00edculo 38 de la Ley 599 de 2000\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente destac\u00f3 que el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, introdujo una variaci\u00f3n respecto de la posibilidad de la concesi\u00f3n de la libertad condicional \u00abprevia valoraci\u00f3n de la conducta punible (\u2026) 1. (\u2026) haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. 2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. 3. Que demuestre arraigo familiar y social. Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n, la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso su concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci\u00f3n mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendr\u00e1 como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres a\u00f1os, el juez podr\u00e1 aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario\u00bb. Con base en ello, consider\u00f3 que \u00able asiste raz\u00f3n al apelante al sostener que le es m\u00e1s favorable la aplicabilidad de lo dispuesto en el referido art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, tal como, efectivamente, procedi\u00f3 la se\u00f1ora Juez Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad\u00bb. Por tanto, enfatiz\u00f3 que, el aqu\u00ed accionante \u00abcumple con el factor objetivo, ya que, fue condenado, producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica, a la pena de 264 meses y 24 d\u00edas, correspondiendo las 3\/5 partes a 158 meses y 26 d\u00edas, monto que ya super\u00f3, pues a la fecha en que la primera instancia resolvi\u00f3 el requerimiento hab\u00eda descontado un total de 163 meses (entre tiempo f\u00edsico y redenciones), se acredit\u00f3 su arraigo y la no imposici\u00f3n del pago de emolumento alguno por concepto de da\u00f1o y perjuicios. De all\u00ed que la discusi\u00f3n se contrae a la valoraci\u00f3n de la conducta\u00bb. <\/p>\n
2.6. Frente al estudio realizado por el A-quo, expres\u00f3 que \u00abel estudio del \u00faltimo requisito, cuyo fin es establecer si existe o no la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena; en ese orden, concluy\u00f3 que, debe analizarse la conducta del sentenciado durante el tratamiento penitenciario junto al comportamiento delictivo desplegado. \u2026En el caso concreto estim\u00f3 la necesidad de seguir ejecutando la sanci\u00f3n, pues tal como lo resalt\u00f3 el Juez de Panam\u00e1, la conducta del procesado fue grave, toda vez que con su actuar provoc\u00f3 desconfianza en los connacionales al tratar de traficar una cantidad de coca\u00edna, cuyo peso se aproxim\u00f3 a una tonelada\u00bb. Record\u00f3 que el accionante sustent\u00f3 su pedimento de libertad condicional \u00aben raz\u00f3n a que se hallan satisfechos los requisitos, pues ha cumplido m\u00e1s de las tres quintas partes de la pena, adicionalmente, demostr\u00f3 su arraigo social y familiar, aunado a que su comportamiento en reclusi\u00f3n ha sido ejemplar, lo cual indica un proceso resocializaci\u00f3n eficiente, sin que sea viable negarle el beneficio deprecado, \u00fanicamente con fundamento en la valoraci\u00f3n hecha respecto a la gravedad de la conducta punible y, menos a\u00fan que el juez de ejecuci\u00f3n de penas se ocupe de dicho aspecto\u00bb. <\/p>\n
2.7. Sin embargo, destac\u00f3 que, en el caso particular, \u00abla valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta realizada fue expresamente determinada en el fallo proferido por el Juez del Dari\u00e9n-Las Palmas de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, as\u00ed como lo manifestado por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Buga\u00bb. En l\u00ednea con lo dicho, advirti\u00f3 que \u00abel comportamiento del se\u00f1or YANNY ASPRILLA G\u00d3MEZ durante el tiempo en que ha estado recluido tampoco resulta claro, pues, por ejemplo, nada se advierte en torno al a\u00f1o 2019, esto es, si labor\u00f3 o no con fines de redenci\u00f3n y, en uno u otro evento qu\u00e9 sucedi\u00f3\u00bb. Insisti\u00f3 en que \u00abla gravedad de la conducta se torna evidente en cuanto reincidi\u00f3 en su comportamiento y, s\u00f3lo al momento en que se le extingui\u00f3 la sanci\u00f3n irrogada por el Juez de Panam\u00e1 y, advertida la condena que le hab\u00eda sido impuesta por el Juez de Buga, resolvi\u00f3 instar la acumulaci\u00f3n de la pena, no obstante que \u00e9sta \u00faltima hab\u00eda sido emitida el 9 de mayo de 2009\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por lo anterior, manifest\u00f3 que \u00abresulta evidente la gravedad de la conducta aunado a de tenerse en cuenta, lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo Penal, seg\u00fan el cual, la prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n social, son las finalidades que operan en el momento de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n, lo cual refuerza la idea de que tales exposiciones hacen parte del an\u00e1lisis que debe atender el fallador\u00bb. Asimismo, concluy\u00f3 que \u00abtodo lo expuesto es indicador de la proclividad a delinquir y del grave da\u00f1o ocasionado con su conducta, la cual, por dem\u00e1s, trascendi\u00f3 las fronteras de nuestro pa\u00eds, as\u00ed las cosas, la valoraci\u00f3n conjunta de los presupuestos operantes, no permite, por ahora, hacer un pron\u00f3stico fiable de reincorporaci\u00f3n a la vida en sociedad\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.7 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente8 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.9 <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.10 <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-18. Anexo DEMANDA.pdf. Carpeta 1 120763REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-15. Anexo 01SegundaInstancia.pdf. Carpeta 120763 PRIMERA. OneDrive_2022-03-04 (1).zip <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-8. Anexo CONTESTACION TUTELA 120763.pdf. Carpeta 120763 PRIMERA. OneDrive_2022-03-04 (1).zip <\/p>\n
4\u0002 Folio 1. Anexo Respuesta tutela Yanny Asprilla.pdf <\/p>\n
120763.pdf. Carpeta 120763 PRIMERA. OneDrive_2022-03-04 (1).zip <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-3. Anexo Correo_ jdo 1 especializado Buga.pdf. Carpeta 120763 PRIMERA. OneDrive_2022-03-04 (1).zip <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-2. Anexo RAD. 2021-02424-00 RESPUESTA TUTELA.pdf. Carpeta 120763 PRIMERA. OneDrive_2022-03-04 (1).zip <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
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STC7176-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7176-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02424-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}