STC7186-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7186-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00144-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela instaurada por Carlos Arturo G\u00f3mez Pavajeau1, quien dice obrar en representaci\u00f3n de Alejandro Sanabria Moreno, Jos\u00e9 Manuel e Indalecio Pi\u00f1eros Moreno, \u00d3scar Mauricio Salazar Ricaurte, Damaris, Nansy, Jhon Jairo y Jos\u00e9 Vicente Li\u00e9vano Moreno, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Diciendo actuar en defensa de los precitados ciudadanos, el promotor suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se decretara \u00abla nulidad o se deje sin efectos jur\u00eddicos el auto proferido el d\u00eda 20 de abril de 2022\u00bb por la sede recriminada. <\/p>\n
Para soportar su ruego, adujo, en s\u00edntesis, que sus procurados son \u00abherederos leg\u00edtimos\u00bb de Ignacio e Indalecio Barrag\u00e1n, quienes \u00abhace m\u00e1s de 130 a\u00f1os\u00bb entraron en posesi\u00f3n de las fincas \u00abEl Rodeo\u00bb y \u00abEl Pedregal\u00bb del Municipio de Melgar, sobre las cuales se adelanta la expropiaci\u00f3n n\u00ba 2015-00128-00, en cuyo desarrollo, la Agencia Nacional de Infraestructura present\u00f3 queja tuitiva, concedida por esta Corporaci\u00f3n (STC3937-2021, 15 mar.), ordenando definir la Litis en el t\u00e9rmino de seis (6) meses, actuaci\u00f3n que no ha tenido lugar. <\/p>\n
Tras narrar diversas irregularidades que, en su sentir, han ocurrido en el juicio que origina esta acci\u00f3n e informar que las autoridades competentes ya tienen noticia de las mismas, critic\u00f3 que, mediante el prove\u00eddo ahora censurado, la juez cognoscente nombr\u00f3 un perito que llevara a cabo un estudio de t\u00edtulos, antes negado al demandado Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez (14 en. 2021), cuyo \u00fanico prop\u00f3sito es \u00abconvalidar\u00bb unos documentos \u00abespurios\u00bb, imponiendo el pago de la suma de $7.000.000.000, por concepto de honorarios al nuevo profesional. <\/p>\n
Para el libelista \u00abhuelga de bulto, nuevamente, que la citada JUEZ SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR (\u2026) mediante un auto de impulso del proceso que no admite recursos, termina concediendo lo solicitado por el demandado (\u2026) pues de manera indirecta autoriz\u00f3 el estudio de t\u00edtulos que tanto hab\u00eda rechazado en su primer pronunciamiento, reflejando una actuaci\u00f3n incongruente y violatoria del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el litigio en pugna e inform\u00f3 que el pronunciamiento rebatido fue objeto de los recursos ordinarios, a\u00fan en tr\u00e1mite. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Infraestructura dijo estar adelantando las gestiones a su alcance para salvaguardar el patrimonio p\u00fablico y los derechos de personas que pueden verse afectadas al no haber sido \u00abincluid[as] inicialmente en el proceso de adquisici\u00f3n\u00bb; sin embargo, precis\u00f3, no es de su resorte adoptar las determinaciones atacadas en el escrito genitor. <\/p>\n
Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres defendi\u00f3 la legalidad de la designaci\u00f3n combatida y puso de presente que el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 concluy\u00f3 que su finalidad es la de establecer la \u00abexistencia f\u00edsica, \u00e1rea precisa, colindancias anteriores y actuales, de los predios con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 366-3908 y 366-8611\u00bb y establecer qui\u00e9nes son sus propietarios, elemento de convicci\u00f3n que se encuentra decretado desde el 20 de abril de 2021. <\/p>\n
Los herederos de Fany Barrag\u00e1n Moreno e Ignacio Barrag\u00e1n Moreno indicaron que el remedio impetrado frente a la providencia materia de an\u00e1lisis, con fundamento en que \u00abse revivi\u00f3 y decret\u00f3 una prueba de estudios de t\u00edtulos que ya estaba resuelta mediante prove\u00eddo que se encuentra legalmente ejecutoriado\u00bb, est\u00e1 \u00aben v\u00eda de apelaci\u00f3n\u00bb ante el superior. <\/p>\n
Celmira Vargas Moreno corrobor\u00f3 la existencia de mecanismos \u00abjudiciales\u00bb ya utilizados frente al auto aqu\u00ed confutado, lo cual, dijo, torna improcedente el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el resguardo tras colegir que el suplicante carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de Jos\u00e9 Manuel e Indalecio Pi\u00f1eros Moreno, \u00d3scar Mauricio Salazar Ricaurte y Damaris Li\u00e9vano Moreno, por cuanto, pese a ser requerido, no alleg\u00f3 el mandato especial que lo facultara en tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Por otra parte, aunque encontr\u00f3 satisfecho el mencionado presupuesto, en relaci\u00f3n con Alejandro Sanabria Moreno, Nansy, Jos\u00e9 Vicente y Jhon Jairo Li\u00e9vano Moreno, evidenci\u00f3 que ninguno de ellos se encuentra reconocido como parte ni tercero con inter\u00e9s en la lid rebatida, donde, en observancia a la directriz de esta Corporaci\u00f3n, en su debida oportunidad \u00abse determinar\u00e1n los derechos\u00bb que les puedan asistir a quienes reclaman su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que la decisi\u00f3n refutada fue replicada y el recurso no ha sido desatado, aunado a que no evidenci\u00f3 anomal\u00edas que justificaran la intromisi\u00f3n de esta \u00abespecial justicia\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el memorialista endilgando a la Colegiatura un exceso ritual manifiesto al exigirle acreditar una condici\u00f3n que sus pupilos no han logrado obtener, pero que, en su opini\u00f3n, refulge palmaria, pues son comuneros de una de las herederas reconocidas en el pleito y sus garant\u00edas han sido mancilladas por particulares, \u00abautoridades judiciales\u00bb y administrativas, entre ellas, la falladora censurada, quien \u00abse tapa los ojos, los o\u00eddos y se margina de toda percepci\u00f3n e intuici\u00f3n, racionalidad y razonabilidad\u00ab poniendo en peligro, adem\u00e1s, el \u00abpatrimonio p\u00fablico, (\u2026) la moral p\u00fablica, (\u2026) la buena fe p\u00fablica y (\u2026) la confianza p\u00fablica en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Basado en esas disertaciones pidi\u00f3 revocar el fallo del Tribunal y, en su lugar, dando prevalencia al \u00abderecho sustancial sobre las formas por las formas\u00bb, acceder al auxilio, solicitud que reiter\u00f3 posteriormente, enfatizando en el fenecimiento de los plazos concedidos por esta Corte para la definici\u00f3n del litigio e, incluso, de aquel previsto en el canon 121 del ordenamiento procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la inviabilidad del socorro y, por ende, la confirmaci\u00f3n de la sentencia rebatida, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
\u00ab[P]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Precepto sobre el que la jurisprudencia constitucional ha esbozado: <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (STC3778-2021, citada en STC2708-2022, 10 mar., rad. 2022-00202). <\/p>\n
En el sub lite, el gestor, quien dice obrar como apoderado principal de Jos\u00e9 Manuel e Indalecio Pi\u00f1eros Moreno, \u00d3scar Mauricio Salazar Ricaurte y Damaris Li\u00e9vano Moreno, no cuenta con poder especial otorgado por ellos para el presente tr\u00e1mite, lo que pone en evidencia que s\u00f3lo est\u00e1 facultado para procurar los intereses de los restantes accionantes. <\/p>\n
1.2.- No obstante, en cuanto a los \u00faltimos, es necesario recabar que para refutar por esta v\u00eda las resoluciones emitidas en un \u00abproceso\u00bb y las gestiones emprendidas en aqu\u00e9l, adver\u00f3 esta Sala, de tiempo atr\u00e1s, hay que tener en cuenta, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrillas ajenas al texto), STC9841-2021, reiterada en STC4778-2022, 21 abr., rad. 2022-00462. <\/p>\n
En el caso que nos ocupa, las s\u00faplicas de Alejandro Sanabria Moreno, Nansy, Jos\u00e9 Vicente y Jhon Jairo Li\u00e9vano Moreno, no est\u00e1n llamadas a prosperar, porque carecen de \u00ablegitimaci\u00f3n en causa por activa\u00bb, ya que, como se desprende del an\u00e1lisis del dossier, quien funge como demandante en el juicio de expropiaci\u00f3n n\u00ba 2015-00128 es la Agencia Nacional de Infraestructura y como demandados Inversiones Gonz\u00e1lez Paris Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres, no ostentando la calidad de terceros interesados los aqu\u00ed quejosos. <\/p>\n
Aunque los precursores arguyen que su \u00abinter\u00e9s\u00bb radica en que \u00abson los leg\u00edtimos herederos de los se\u00f1ores Ignacio e Indalecio Barrag\u00e1n (\u2026) poseedores y propietarios de las fincas \u201cEl Rodeo\u201d y \u201cEl Pedregal\u201d\u00bb, perseguidas en expropiaci\u00f3n, tales aseveraciones resultan insuficientes para debatir actuaciones originadas en un proceso del que \u00abno son parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido\u00bb, siendo ese decurso el escenario donde deber\u00e1 discutirse si tienen o no la calidad que aducen. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, esta Magistratura ha se\u00f1alado que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb. (STC2076-2020, citada en STC16649-2021 y STC4778-2022, Ob. Cit.). <\/p>\n
Lo anterior impide analizar el fondo del asunto instado, esto es, si se quebrantaron o no los atributos b\u00e1sicos requeridos, en el paginario reprochado. <\/p>\n
2.- Vale la pena destacar que, como lo ponen de presente los mismos querellantes en la demanda superlativa, en el escrito de impugnaci\u00f3n y en el memorial recibido por la Presidencia de esta Corporaci\u00f3n, adosado a esta tramitaci\u00f3n el 7 de junio \u00faltimo, en la actualidad existen diversas \u00abactuaciones de tipo penal, disciplinario y administrativo en curso, las cuales tienen como finalidad verificar los hechos denunciados en esta guarda, por lo que ser\u00e1 en el marco de cada una de ellas que se definan los aspectos con los cuales hay inconformidad, pues los quejosos no pueden pretender que a trav\u00e9s de esta excepcional y sumaria v\u00eda, se diriman conflictos que, en todo caso, ya est\u00e1n en manos de las entidades legal y constitucionalmente facultadas para resolverlos. <\/p>\n
3.- En lo que concierne con la expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso para la emisi\u00f3n del fallo en la comentada tramitaci\u00f3n, adem\u00e1s de su fracaso por las razones que se acaban de expresar, se advierte que se trata de circunstancias f\u00e1cticas no esgrimidas en el libelo inaugural y, por tanto, no controvertidas en la primera instancia, lo cual impide a esta Colegiatura a adoptar cualquier pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
As\u00ed lo ha reiterado la Sala, al resolver asuntos semejantes, donde, ante aspiraciones novedosas en sede de alzada, ha sostenido que: \u201c(\u2026) la aspiraci\u00f3n encaminada a \u00absuspender de manera transitoria\u00bb la directiva debatida, no hizo parte de los alegatos de la demanda superlativa, por lo que constituye un hecho nuevo sobre el que esta Sala no puede pronunciarse sin trasgredir el \u00abderecho de defensa\u00bb de los dem\u00e1s intervinientes (\u2026)\u201d (STC4751-2022). <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 el prove\u00eddo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 T\u00e9ngase en cuenta que, de conformidad con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[e]n ning\u00fan caso podr\u00e1 actuar simult\u00e1neamente m\u00e1s de un apoderado judicial de una misma persona\u00bb, de suerte que debe entenderse que la queja constitucional fue presentada, \u00fanicamente, por el mencionado profesional del derecho. <\/p>\n
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