STC7187-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7187-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01598-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Freddy Leonardo G\u00f3mez Jaramillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva al Consejo Superior de la Judicatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto fustigado, as\u00ed como el actual titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3 y todos los integrantes del \u00faltimo registro de elegibles vigente para ese cargo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades encausadas al materializar los efectos de la condena penal impuesta en su contra a pesar de que, adujo, esa decisi\u00f3n no ha cobrado ejecutoria. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar que \u00abse d[\u00e9] tr\u00e1mite al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, interpuesto y sustentado oportunamente\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio penal seguido contra el accionante, como Juez Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, el 2 de septiembre de 2019 la Sala Penal del Tribunal convocado dict\u00f3 sentencia de primera instancia, en la cual lo conden\u00f3 a 21 meses de prisi\u00f3n, como responsable del punible de \u00ababuso de funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb; determinaci\u00f3n que el 9 de febrero \u00faltimo confirm\u00f3, como ad-quem, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, y all\u00ed se\u00f1al\u00f3, de forma expresa, que \u00ab[c]ontra [esa] decisi\u00f3n no procede recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n de tal fallo, que se remiti\u00f3 con constancia de ejecutoria al mentado Tribunal, el pasado 5 de mayo \u00e9ste emiti\u00f3 el correspondiente acto administrativo en el cual declar\u00f3 insubsistente al condenado, con sus consecuenciales ordenamientos. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el procesado se quej\u00f3, en concreto, de que se permitiera que la sentencia condenatoria aludida surtiera efectos (conllevando a su declaraci\u00f3n de insubsistencia, con la consecuente afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital), a pesar de no hallarse en firme, en tanto que, contra la misma, una vez fue debidamente notificado (pues inicialmente se le remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n a un correo electr\u00f3nico errado), formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sobre cuya procedencia no se ha efectuado pronunciamiento. <\/p>\n
Afirm\u00f3 interponer esta solicitud como mecanismo transitorio para mitigar el perjuicio irremediable derivado de su desvinculaci\u00f3n como juez de la Rep\u00fablica; y que aunque la Sala de Casaci\u00f3n Penal insistentemente ha indicado que frente a sus sentencias no procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la hom\u00f3loga Civil ha considerado lo contrario, por lo que debe disponerse su tramitaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando de la lectura de las normas que gobiernan la materia se extrae su patente viabilidad. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso porque esa autoridad \u00abcumpli\u00f3 con sus deberes de desatar el recurso de apelaci\u00f3n que propuso el accionante contra la sentencia que lo conden\u00f3\u2026 y est\u00e1 a la espera de resolver, de conformidad con el turno que le corresponde seg\u00fan el orden de ingreso, sobre la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida por [esa] misma Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el escrito a trav\u00e9s del cual el quejoso interpuso el aludido mecanismo extraordinario \u00abse encuentra a la espera del turno que le corresponde, seg\u00fan su orden de llegada, para ser resuelto\u00bb, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 63 A de la Ley 270 de 1996 (modificado por el canon 16 de la Ley 1285 de 2009), por lo que, en cuanto a ello, el reclamo constitucional insatisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que \u00ab[l]a ejecutoria de una sentencia en la que expresamente se anuncia, por virtud de la ley y de la jurisprudencia de [esa] Sala\u2026, que contra ella no procede ning\u00fan recurso, as\u00ed como la consecuente ejecuci\u00f3n de la pena, son cuestiones de tal objetividad que no pueden quedar a la merced de la interposici\u00f3n de un recurso -en este caso el de casaci\u00f3n- para dilatar, vali\u00e9ndose de un razonamiento eminentemente subjetivo y personal, el cumplimiento de las sanciones impuestas en un fallo de condena tras ser declarado responsable de la comisi\u00f3n de un delito\u00bb, de no olvidar que \u00abel art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 autoriza al juez de conocimiento a ordenar la privaci\u00f3n de la libertad -es decir, la ejecuci\u00f3n de la pena-, desde el mismo momento en el que se anuncie el sentido del fallo condenatorio\u00bb; por lo que \u00abla decisi\u00f3n del Tribunal de Antioquia de ejecutar la pena impuesta en el fallo que conden\u00f3 a\u2026 G\u00d3MEZ JARAMILLO no se advierte contraria a la ley ni constitutiva de una causal de procedibilidad espec\u00edfica de la acci\u00f3n de tutela que se promueve contra una decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal, \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb; o denegar la protecci\u00f3n \u00abpor improcedente\u2026[,] porque no ha afectado, desconocido o vulnerado los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia tambi\u00e9n solicit\u00f3 despachar adversamente la petici\u00f3n de amparo porque \u00abno ha incurrido en violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales incoados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en la resoluci\u00f3n mediante la cual declar\u00f3 insubsistente al quejoso se encuentran los motivos que lo obligaron a proceder de tal forma, con apoyo cardinal en \u00abel numeral 6 y par\u00e1grafo del art\u00edculo 150 de la ley 270 de 1996 Estatuaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb; disposiciones normativas por las que le era imposible \u00absupeditar el cumplimiento de sus deberes legales impuestos por una ley estatutaria a eventuales interpretaciones acerca de posibles recursos que fueron descartados por la Sala Penal de la\u2026 Corte\u2026, m\u00e1xima instancia de cierre en materia penal, en el cuerpo de la sentencia de segunda instancia que decidi\u00f3 el asunto\u00bb. <\/p>\n
4. La abogada Gladys Quintero Zuluaga, quien actu\u00f3 como apoderada del procesado en la causa penal criticada, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial conferido por \u00e9ste para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite excepcional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. Por un lado, en torno a la discusi\u00f3n frente a la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto contra la sentencia mediante la cual la Sala Penal permanente de esta Corte confirm\u00f3 la condena que le impuso al accionante el Tribunal a-quo, el reclamo supralegal resulta presuroso, toda vez que dicha Corporaci\u00f3n a\u00fan no se ha pronunciado al respecto, lo que impide que el juzgador constitucional pueda ocuparse de ello, acorde con el presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este mecanismo excepcional. <\/p>\n
En casos con alguna simetr\u00eda al de ahora, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (CJS STC, 3 jul. 2015, rad. 00229-01; reiterado, entre otros, en STC10789-2015 y STC3950-2016, 1\u00b0 abr. 2016). <\/p>\n
2.2. De otra parte, comoquiera que, como lo reconoce el censor, en \u00faltimas, su reclamo se enfila contra la materializaci\u00f3n de los efectos de la sentencia penal condenatoria en su contra a pesar de su falta de ejecutoria, se concluye que el ruego tutelar tampoco puede prosperar porque, en verdad, resulta dirigido contra el acto administrativo de 5 de mayo de 2022, a trav\u00e9s del cual el Tribunal convocado lo declar\u00f3 insubsistente, siendo indiscutible que contra esa resoluci\u00f3n cuenta con otros mecanismos de defensa. <\/p>\n
En efecto, esta herramienta excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar determinaciones como la referida a espacio, pues el gestor tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar su nulidad, conforme al precepto 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, siendo ese el escenario id\u00f3neo para discutir su legalidad; situaci\u00f3n que configura, entonces, la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.3. Sumado a lo anterior, contando el actor con la acci\u00f3n atr\u00e1s referida, muy a pesar de sus alegaciones, la salvaguarda no se abre paso ni siquiera como mecanismo transitorio, pues es indiscutible que en ese escenario tiene la oportunidad de reclamar, en cualquier tiempo, el decreto de medidas provisionales encaminadas a mitigar el hipot\u00e9tico agravi\u00f3 que se le causa, en los t\u00e9rminos de los preceptos 229 a 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluso, la suspensi\u00f3n del acto administrativo aqu\u00ed criticado, mediante el cual se dispuso la declaraci\u00f3n de insubsistencia que aduce irregular. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente la presente solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
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