STC7189-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7189-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que decidi\u00f3 la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones, la se\u00f1ora Mar\u00eda Saturia Rivera y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 2017-00017. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el \u00abprincipio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Mar\u00eda Saturia Rivera instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional \u00abcontenida en el Art. 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para 2001-2004\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 20 de noviembre de 2017, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la UGPP de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada el 19 de junio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. El 25 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por la se\u00f1ora Rivera y cas\u00f3 la sentencia atacada; en consecuencia, conden\u00f3 a la UGPP a reconocer y pagar la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001- 2004, a partir del 15 de enero de 2015, en cuant\u00eda inicial de $1.359.647 M\/cte, a raz\u00f3n de 14 mesadas anuales, junto con los incrementos anuales que se decreten y orden\u00f3 a pagar a la actora la suma de $143.542.528,38 M\/cte por el retroactivo causado desde el 15 de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2021, debidamente indexado\u00bb. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al ordenar \u00abreconocer y pagar una pensi\u00f3n colectiva a favor de la se\u00f1ora MAR\u00cdA SATURIA RIVERA, pasando por alto que no reuni\u00f3 el requisito del tiempo de servicios, antes del 31 de julio de 2010, se\u00f1alada en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 ni dio observancia a los criterios se\u00f1alados en el Acto Legislativo 01 de 2010 frente a su vigencia as\u00ed como la omisi\u00f3n de declarar la figura de la compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer aspecto, adujo que: i) el art\u00edculo 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo del ISS estableci\u00f3, de forma taxativa, que su vigencia finalizar\u00eda el 31 de octubre de 2004; y ii) en virtud de lo reglado en el acto legislativo 01 de 2005, en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas consagradas en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y en la sentencia de unificaci\u00f3n SU555-2014, la vigencia del pacto no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Y, sobre el segundo, indic\u00f3 que la Sala censurada, \u00abTeniendo el deber de revisar la vocaci\u00f3n de compartibilidad de la prestaci\u00f3n convencional que estaba reconociendo, omite declararla pasando por alto que ella opera por ministerio de la ley\u00bb y desconociendo el precedente en torno a la materia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. Destac\u00f3 que fue condenada a pagar el 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida a la demandante, cuando aquella solo debe cancelar \u00ablos mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES)\u00bb, dado que a la actora le fue reconocida su pensi\u00f3n de vejez por dicha entidad efectiva a partir del 3 de mayo de 2020. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz, porque tendr\u00eda que pagar la pensi\u00f3n reconocida, en el 100% que le fue impuesto. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y que se le ordene dictar una nueva providencia, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspenda la providencia atacada hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, en consideraci\u00f3n a que \u00abla providencia cuestionada, adem\u00e1s de ser razonable, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y al precedente jurisprudencial, que en casos an\u00e1logos tiene la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. En lo referente a la ausencia de pronunciamiento sobre la compartibilidad de la pensi\u00f3n extralegal, se\u00f1al\u00f3 que \u00abconstituye un problema jur\u00eddico que no fue ventilado a lo largo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 desestimar las pretensiones de la actora, pues el procedimiento seguido \u00abse ajust\u00f3 a la ley, se garantiz\u00f3 el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa a las partes en litigio, sin que se presentara vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de las mismas\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n- PARISS, y Colpensiones requirieron su desvinculaci\u00f3n del amparo, al configurarse la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que dentro de sus obligaciones no estaba la de atender lo solicitado por la parte accionante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional estim\u00f3 que deb\u00eda negarse el amparo, dado que \u00abno existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral 2017-00017 que pueda endilg\u00e1rsele al accionado\u00bb, y destac\u00f3 que lo pretendido por la UGPP era que \u00abpor v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 25 de agosto de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 19 de junio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Mar\u00eda Saturia Rivera, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que en el cargo no era motivo de controversia que la se\u00f1ora Rivera \u00abse vincul\u00f3 al ISS el 1 de agosto de 1990, cumpli\u00f3 20 arios de servicio el mismo d\u00eda y mes de 2010 y naci\u00f3 el 3 de mayo de 1963, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad, en la misma fecha de 2013\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por la recurrente, en el sentido que \u00abse hab\u00edan convenido unas condiciones convencionales desde antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional del a\u00f1o 2005\u00bb y que las mismas, contrario a lo sostenido por el Tribunal, s\u00ed pod\u00edan extenderse m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2005 e incluso de 2010, de acuerdo con lo pactado en el caso concreto. <\/p>\n
En efecto, la Sala consider\u00f3 que el ad quem no tuvo en cuenta que era viable extender las cl\u00e1usulas convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, t\u00e9rmino establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas pensionales, acorde con la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que estableci\u00f3 que, en principio, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n que estaban rigiendo a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 manten\u00edan su vigencia hasta la fecha se\u00f1alada, salvo \u00aben los eventos en que las reglas pensionales se hayan suscrito antes de la expedici\u00f3n del acto legislativo y al 29 de julio de 2005 se encontraban en curso\u00bb, las cuales conservaban eficacia \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado\u00bb, por lo que cas\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, a fin de emitir sentencia de instancia, la Sala convocada se centr\u00f3 en analizar el alcance de la norma convencional en la que se sustentaba la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada por la se\u00f1ora Rivera, es decir, el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS y, al respecto, trajo a colaci\u00f3n lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL3343-2020, en cuanto a que \u00abla interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de dicha cl\u00e1usula es la que aqu\u00ed se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u00bb y, bajo esas consideraciones, sostuvo que el a quo realiz\u00f3 una deficiente interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la referida Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, al no tener en cuenta que la edad es un requerimiento de exigibilidad, que no de causaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que, si bien el instrumento extralegal 2001- 2004, en la cl\u00e1usula 2, previ\u00f3 una vigencia inicial del 1 de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004, tambi\u00e9n estatuy\u00f3 que quedaban a \u00absalvo los art\u00edculos que en la presente convenci\u00f3n se les haya fijado una vigencia diferente\u00bb. Por su parte, el referido art\u00edculo 98 extendi\u00f3 su eficacia hasta el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
En ese orden, luego de hacer menci\u00f3n a la sentencia CSJ SL5116-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, se\u00f1al\u00f3 que como a la actora se vincul\u00f3 con el extinto ISS el 1\u00b0 de agosto de 1990, cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicio ese mismo d\u00eda y mes de 2010 y al haber nacido el 3 de mayo de 1963, arrib\u00f3 a los 50 a\u00f1os de edad en la misma fecha de 2013, mucho antes del 31 de diciembre de 2017, le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, as\u00ed como a la mesada 14, toda vez que \u00abla prestaci\u00f3n se caus\u00f3 antes del 31 de julio de 2011, y es inferior a tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb, conforme lo dispuesto en el par\u00e1grafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que la se\u00f1ora Rivera le endilgaba al Tribunal, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la cl\u00e1usula convencional (art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS) se encontraba en vigor y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017, por lo que el cumplimiento de los requisitos all\u00ed exigidos pod\u00eda darse con posterioridad al 31 de julio de 2010, como se verific\u00f3 en este caso; sumado a que, como la trabajadora caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n antes del 31 de julio de 2011 y ten\u00eda una pensi\u00f3n inferior a 3 smlmv, era evidente que le asist\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada junto con la mesada 14, raz\u00f3n por la que cas\u00f3 la providencia del Tribunal y emiti\u00f3 la sentencia de instancia, aplicando el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo relativo al deber de pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional y a la omisi\u00f3n de la Sala accionada en resolver ese aspecto, resulta pertinente destacar que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral ha considerado que, al tratarse de un asunto que opera por disposici\u00f3n legal, no requiere declaraci\u00f3n judicial; aunado a que, para el efecto, la entidad respectiva debe solicitar la adici\u00f3n del fallo y, en todo caso, como lo indic\u00f3 la misma tutelante, dicho tema puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala considera que no puede el juez de tutela entrar a subsanar la falta de proposici\u00f3n de los instrumentos legales ni adelantarse a resolver un aspecto que puede ser sometido a conocimiento del competente, mediante la interposici\u00f3n del referido recurso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, al resolver un caso con alguna similitud, esto es, un recurso de revisi\u00f3n presentado por la UGPP contra el reconocimiento pensional contenido en las sentencias dictas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n, en el que se aleg\u00f3, entre otros, lo relativo a la falta de decisi\u00f3n sobre la compartibilidad en materia pensional, sostuvo: <\/p>\n
\u00abLo primero que se debe destacar, es que del compendio probatorio y conforme lo se\u00f1al\u00f3 la UGPP en el libelo de revisi\u00f3n las autoridades judiciales que adelantaron el proceso y definieron el asunto materia de estudio, no tuvieron conocimiento durante el curso del tr\u00e1mite de la prestaci\u00f3n pensional por el riesgo de vejez que le otorg\u00f3 Colpensiones a la se\u00f1ora Maril\u00fa Aguirre, mediante Resoluci\u00f3n SUB-308 de 3 de enero de 2018, en la suma de $1.632.245, a partir del 10 de septiembre de 2017. <\/p>\n
Evidencia de lo anterior, es que el acto administrativo antes referido, tuvo lugar con posterioridad a la sentencia emitida por el tribunal, ya que se profiri\u00f3 el 14 de marzo de 2013, y si bien la providencia dictada por esta Corporaci\u00f3n fue posterior, ambas partes guardaron silencio en sede de casaci\u00f3n respecto de aquel hecho sobreviniente. <\/p>\n
Panorama procesal, que vale se\u00f1alar, justifica la raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 pronunciamiento alguno respecto de la compatibilidad o compartibilidad de aquellas prestaciones, pues dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento por las partes en su debida oportunidad a la Corte, pese a estar ambos facultados y obligados por la ley, si pretend\u00edan obtener la consecuencia jur\u00eddica ahora cuestionada\u2026 <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado que, la compartibilidad opera por ministerio de la ley, con el fin de que solo quede obligado al pago el mayor valor de la pensi\u00f3n primigenia a cargo del empleador a consecuencia del acuerdo convencional (CSJ SL2238-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta infundada la causal alegada, ya que se debe precisarse, que es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que internamente se concreten los efectos de la compartibilidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que correspond\u00eda al recurrente era solicitar la adici\u00f3n del fallo que ahora controvierte, pues la revisi\u00f3n no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar supuestas irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para el efecto\u00bb (SL1031-2022, radicaci\u00f3n interna 88138, providencia del 30 de marzo de 2022, se subraya). <\/p>\n
A su vez, en sentencia CSJ SL4335-20211, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, afirm\u00f3 que \u00abla jurisprudencia [\u2026] ha sido pac\u00edfica en cuanto a que esa figura opera por ministerio de la ley, sin que sea necesario declaraci\u00f3n judicial en ese sentido\u00bb y, en esa medida, estableci\u00f3 que dicha figura \u00abpuede ser aplicada por las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales, sin que sea necesario un pronunciamiento judicial previo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Igualmente, en pronunciamiento CSJ SL2576-20212, la referida hom\u00f3loga Laboral explic\u00f3 que \u00abuno de los soportes que relaciona la U.G.P.P., para la revisi\u00f3n, es el aplicativo \u2018Documento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018\u2019 en la que se cre\u00f3 la solicitud de estudio de revocatoria del acto que concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez y que, precisamente, dej\u00f3 evidenciado que la pensi\u00f3n convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS. Entonces (\u2026) es ella la obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogaci\u00f3n y bajo ninguna consideraci\u00f3n, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, observa la Sala que, si la entidad consideraba que la accionada omiti\u00f3 su deber de pronunciarse sobre un aspecto de la litis, debi\u00f3 hacer uso de la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, falencia que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, lo cual torna inviable el amparo invocado. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que, trat\u00e1ndose de un aspecto que opera por disposici\u00f3n legal no requiere declaraci\u00f3n judicial y, en todo caso, la accionante a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n aludido en la tutela. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n interna 86196, providencia del 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n interna 83340, providencia del 19 de mayo de 2021 <\/p>\n
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STC7189-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7189-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00310-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64338"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64338\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}