STC7194-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7194-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00506-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Gloria Ospina Rom\u00e1n frente al fallo proferido el 22 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La tutelante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al acceder a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n propuesta frente a la sentencia que dispuso la reliquidaci\u00f3n de su mesada pensional. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[d]eclarar que por la caducidad de la acci\u00f3n es improcedente la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite judicial propuesto en revisi\u00f3n por la UGPP en [su] contra\u00bb y \u00ab[o]rdenar corregir el yerro en las fechas de ejecutoria de la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la actora le promovi\u00f3 a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social – Empresa Industrial y Comercial del Estado, pretendiendo la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, el 9 de febrero de 2006 el Juzgado Primero Laboral de Armenia accedi\u00f3 parcialmente a sus pretensiones, concluyendo que para liquidar esa asignaci\u00f3n debi\u00f3 tenerse en cuenta el 75% de su salario que no el 85% reclamado, fij\u00e1ndola, entonces, en $6.272.810,76; decisi\u00f3n que el 12 de octubre siguiente modific\u00f3 el Tribunal Superior de ese lugar en cuanto a incluir en el ejercicio matem\u00e1tico la bonificaci\u00f3n de servicios, obteniendo una pensi\u00f3n inicial de $6.357.304,73; determinaci\u00f3n \u00faltima que la Sala especializada en lo laboral de esta Corte, el 24 de febrero de 2009, no cas\u00f3. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 12 de junio de 2018, con apoyo en el literal b) del precepto 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP inco\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n frente al fallo dictado por el ad-quem el 12 de octubre de 2006, cuestionando que aquel reconocimiento contrari\u00f3 los c\u00e1nones 6\u00ba del Decreto 546 de 1971, 32 del Decreto 1045 y 58 del Decreto 1042, los dos \u00faltimos de 1978, al incluir las primas de servicios y de vacaciones devengados por Ospina Rom\u00e1n en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, \u00aben cuant\u00eda superior a una doceava parte de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Finalmente, con sentencia del 6 de octubre de 2021, tras hallar infundada la excepci\u00f3n de caducidad que plante\u00f3 la quejosa, la Corporaci\u00f3n acusada declar\u00f3 probada la causal de revisi\u00f3n, invalid\u00f3 la rese\u00f1ada providencia del Tribunal, modific\u00f3 la del Juzgado, \u00aben el sentido de fijar como primera mesada a favor de la demandante, a partir del 4 de septiembre de 2001, la suma de $6.205.713,69\u00bb, y se abstuvo \u00abde ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que con esa \u00faltima decisi\u00f3n la sede judicial accionada \u00abincurri\u00f3 en violaci\u00f3n al debido proceso, al desconocer la aplicaci\u00f3n de la caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb, la que, en su sentir, oper\u00f3 el 30 de marzo de 2014, como all\u00ed lo aleg\u00f3 ella y lo reconoci\u00f3 el Magistrado que salv\u00f3 su voto, por haber transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde la ejecutoria de la sentencia que accedi\u00f3 a la reliquidaci\u00f3n de su asignaci\u00f3n pensional, como lo impone el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, de forma gen\u00e9rica, observar \u00aberror en la fecha de ejecutoria de la sentencia, lo que puede cotejarse con las fechas del aplicativo de la consulta a los procesos de la rama judicial\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abdecidi\u00f3 el conflicto con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley y con fundamentos jur\u00eddicos que distan de ser arbitrarios o violatorios de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP deprec\u00f3 declarar \u00abla IMPROCEDENCIA de la tutela\u2026 por cuanto\u2026 la decisi\u00f3n tomada por la\u2026 SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL fue acertada, por cuanto no se incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario las mismas se ajustaron al ordenamiento legal\u00bb; aunado a que no puede la quejosa \u00abpretender usar[la]\u2026 como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, despu\u00e9s de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al hallar ajustada a un criterio razonable la determinaci\u00f3n fustigada, comoquiera que \u00ab[e]st[\u00e1] fuera de lugar\u2026 la cr\u00edtica de la accionante dirigida a se\u00f1alar que en el caso examinado la acci\u00f3n de revisi\u00f3n se present\u00f3 extempor\u00e1neamente. En lo esencial, porque, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala\u2026 en la sentencia reprochada, la UGPP ten\u00eda hasta el 12 de junio de 2018 para promover ese recurso, fecha en la que efectivamente lo hizo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la gestora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales a\u00f1adi\u00f3 que el juzgador constitucional de primera instancia pas\u00f3 por alto que \u00abel d\u00eda 11 de junio de 2018, era mi\u00e9rcoles y no\u2026 festivo\u00bb, por lo que, contrario a lo concluido por la autoridad encausada, \u00abel plazo m\u00e1ximo para presentar la demanda de revisi\u00f3n se encontraba en el rango del 12 de junio de 2013 al 11 de junio de 2018, toda vez que los 5 a\u00f1os para que operara la caducidad se cumplieron el 12 de junio de 2018 y la disposici\u00f3n no se\u00f1ala cinco (5) a\u00f1os y un d\u00eda, sino s\u00f3lo el t\u00e9rmino de cinco (5 ) a\u00f1os, como reza la sentencia SU427 de 2016 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha, espec\u00edficamente, a la de hallar infundada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n que la quejosa inco\u00f3 frente a la demanda de revisi\u00f3n propuesta por la UGPP frente a la sentencia que accedi\u00f3 a la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En efecto, en cuanto a esa espec\u00edfica tem\u00e1tica, consign\u00f3 que, \u00aben lo atinente a la caducidad de la revisi\u00f3n, ha de acotarse que la Corte Constitucional en sentencia CC SU427-2016, luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, precis\u00f3 que para dicha entidad el t\u00e9rmino se contar\u00eda a partir del 12 de junio de 2013, data en la que asumi\u00f3 la defensa judicial de CAJANAL\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras validar esa afirmaci\u00f3n con cita textual de la providencia aludida, indic\u00f3 que tal \u00ab[d]octrina Constitucional\u2026 se acompasa con la l\u00ednea de pensamiento de [esa] Sala, para quien \u00abaunque el art\u00edculo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 se deber\u00eda presentar dentro de los 5 a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, la Corte Constitucional en sentencia CC SU 427 de 2016, luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, dej\u00f3 por sentado el principio seg\u00fan el cual el t\u00e9rmino de caducidad frente a esta Unidad deb\u00eda contarse a partir de la data en que asumi\u00f3 la defensa judicial\u00bb.(CSJ SL1019-2021)\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en ello, a continuaci\u00f3n, de manera categ\u00f3rica concluy\u00f3 que \u00abcomo la demanda que contiene la revisi\u00f3n se recibi\u00f3\u2026 el 12 de junio de 2018\u2026, es pertinente declarar que ello ocurri\u00f3 dentro del t\u00e9rmino previsto para el efecto\u00bb; por lo que carec\u00eda \u00abde viabilidad jur\u00eddica lo afirmado por la convocada a juicio cuando indica que la revisi\u00f3n esta caducada dado que la misma tuvo lugar el d\u00eda 29 de agosto de 2018, puesto que lo que aconteci\u00f3 en esa fecha fue la admisi\u00f3n de esta \u00faltima\u00bb; de donde no pod\u00eda \u00absalir avante la excepci\u00f3n de caducidad, en la medida que como se vio, la revisi\u00f3n se propuso dentro de los t\u00e9rminos indicados por la Corte Constitucional para el efecto\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n atacada responde a una interpretaci\u00f3n acorde a las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, en consonancia con la sentencia SU427-2016, en la cual la Corte Constitucional, \u00aben lo atinente a la caducidad de la revisi\u00f3n\u00bb auscultada, precis\u00f3 que para la UGPP \u00abel t\u00e9rmino se contar\u00eda a partir del 12 de junio de 2013, data en la que asumi\u00f3 la defensa judicial de CAJANAL\u00bb, encontrando que en el caso concreto la acci\u00f3n no caduc\u00f3 porque la demanda respectiva se instaur\u00f3 los mismos d\u00eda y mes del a\u00f1o 2018, siendo pertinente anotar que, contrario a lo aducido por la reclamante, el 11 de junio de tal anualidad s\u00ed fue d\u00eda feriado, por lo que el plazo se extendi\u00f3 hasta el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, resultando abiertamente desafortunada la nov\u00edsima alegaci\u00f3n que trajo en la impugnaci\u00f3n en cuanto a que tal lapso feneci\u00f3 en esa \u00faltima fecha porque \u00abera mi\u00e9rcoles y no\u2026 festivo\u00bb, manifestaci\u00f3n que seguramente edific\u00f3 en el lapsus en que incurri\u00f3, seg\u00fan se desprende de su escrito, al tener en cuenta el mes de julio de ese a\u00f1o que no el de junio, como correspond\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las manifestaciones de la censora, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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