STC7195-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7195-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 8 de febrero de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por N\u00e9stor Gerardo Jurado Torres contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria de radicado 2021-00004-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que interpuso demanda de \u00abreducci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb en contra de Cindy Marsella Castro Campos, con el fin de que se \u00abdismin[uya] la cuota alimentaria que fue aprobada por [el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, el 8 de agosto de 2018, a favor de su hija menor]1, hasta el 25% del valor de lo que percibe el demandante por prestaci\u00f3n de servicios\u00bb2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho cuestionado -con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abdeclarar no probada la excepci\u00f3n propuesta [\u2026]\u00bb. Y, en consecuencia, concedi\u00f3 \u00abla reducci\u00f3n de la cuota de alimentos que [\u2026] N\u00e9stor Gerardo Jurado Torres debe pagar para su hija [\u2026] de la suma de $1.200.000 [\u2026], a la suma de $900.000 (sic), mensuales, que deber\u00e1 pagar, dentro de los primeros quince d\u00edas de cada mes, consignando el monto [\u2026] a [la demandada]\u00bb3. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, consider\u00f3 que el Juzgado de Familia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por cuanto \u00abdesconoci\u00f3 documentos que indicaban claramente que desde el a\u00f1o 2016 han variado ostensiblemente los ingresos tanto como persona natural, as\u00ed como de la empresa de la que [fue] propietario. Por otra parte, no tuvo en cuenta la certificaci\u00f3n suscrita por la [\u2026] Jefe de Recursos Humanos de la Empresa Jurado Torres, quien certifica [su] vinculaci\u00f3n laboral y valor devengado por prestaci\u00f3n de servicios. Adem\u00e1s, tampoco tuvo en cuenta que s\u00ed obraban medio probatorios que demostraban que ya no era el propietario del establecimiento de comercio\u00bb. Igualmente, \u00abdej\u00f3 de valorar las pruebas que demostraban la falta de necesidad de pagar una persona cuidadora a [su] hija, lo que impon\u00eda su eliminaci\u00f3n, para simplemente agregar ese valor como si se hubiera pactado una cuota alimentaria total, por valor de $1.200.000\u00bb. <\/p>\n
2.2. Asimismo, adujo que \u00abequivocadamente valor\u00f3 la prueba que demostraba que [su] padre es otro alimentario, neg\u00e1ndole el derecho que al respecto se encuentra establecido en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil y haciendo inferencias o suposiciones carentes de sustento\u00bb. Por \u00faltimo, \u00abtampoco tuvo en cuenta el hecho de que la demandada se hab\u00eda negado a cumplir con el acuerdo, en lo que ata\u00f1e al centro educativo pactado para tal fin, dejando inc\u00f3lume este aspecto y sin analizar si [est\u00e1] en capacidad o condiciones econ\u00f3micas para sufragar dicho gasto\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abal Juzgado accionado proferir una nueva decisi\u00f3n, en la que se establezca una reducci\u00f3n de la cuota alimentaria de [su] menor hija [\u2026], acorde y con base en los ingresos probados del suscrito […]\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado querellado, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa, anot\u00f3 que \u00abla sentencia de reducci\u00f3n de cuota alimentaria se produjo de acuerdo al an\u00e1lisis probatorio allegado y practicado, por lo [\u2026] que no puede afirmarse un actuar arbitrario [\u2026] que vulnere el debido proceso o desconozca los derechos fundamentales del accionante [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia ante el Tribunal de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que \u00abno se puede utilizar el mecanismo constitucional para resolver situaciones propias del proceso de alimentos, por ello no es pertinente debatir nuevamente situaciones propias que ya fueron definidas por la autoridad jurisdiccional conforme a un criterio ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo, al considerar que el Despacho accionado \u00abpara arribar a su decisi\u00f3n, expuso razonadamente los fundamentos que le sirvieron de base [\u2026]\u00bb. Por lo tanto, descart\u00f3 \u00abla presunta vulneraci\u00f3n que se le atribuy[\u00f3] [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 los argumentos esbozados en su demanda inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental alegado por el tutelante. Ello pues, estim\u00f3 que, al interior del juicio de marras, no se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n integral de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte que la providencia del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, pues el Despacho acusado, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 acceder a las pretensiones demandadas. Para ello, comenz\u00f3 por indicar el marco normativo que regula el respectivo juicio. Seguidamente, relacion\u00f3 cada una de las pruebas documentales en las que se sostuvo la pretensi\u00f3n de reducci\u00f3n de cuota alimentaria. Asimismo, describi\u00f3 lo manifestado por los extremos en litis al surtirse para estos el interrogatorio decretado. <\/p>\n
2.1. De cara al an\u00e1lisis llevado a cabo, sostuvo que lo pretendido \u00abpor el demandado no encuentra soporte probatorio, dado que apoya su argumento en copias de las declaraciones renta de a\u00f1os anteriores a 2020, copias de documentos que por s\u00ed mismas no soporten la afirmaci\u00f3n de que hoy haya pasado de empresario a empleado por prestaci\u00f3n de servicios, menos a\u00fan, que la sociedad de que da cuenta las copias de los registros tributarios, ya no le pertenezca o que haya variado la condici\u00f3n societaria con su exclusi\u00f3n absoluta de la misma, tampoco se acredita con tales documentos, cu\u00e1les pueden ser sus actuales ingresos mensuales, puesto que las citadas copias corresponden a los a\u00f1os 2019 y anteriores a la tasaci\u00f3n de la medada cuya reducci\u00f3n se depreca; lo que se si se encuentra admitido es que hoy es padre de un segundo alimentario a quien debe el aporte integral para la cobertura de sus necesidades, lo que no puede ser desconocido por el Despacho\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora, frente al aporte que adujo pact\u00f3 a favor de su progenitor, el Juzgado indic\u00f3 que \u00absi bien, existe la obligaci\u00f3n respecto de los hijos a los padres ante la necesidad del tal prestaci\u00f3n, este tipo de obligaci\u00f3n no puede excluir la de primer orden como son los cr\u00e9ditos por alimentos para los hijos, en tal virtud, no le pueden ser oponibles para restar capacidad de pago respecto de la mesa alimentaria a que por mandato constitucional y legal se est\u00e1 obligado en primer orden, por lo que el acuerdo que pueda haber suscrito el demandante con su progenitor al respecto, es exigible entre estos, adem\u00e1s de resultar un tanto incompresible, su argumento de que s\u00f3lo recibe ingresos por la suma de $1\u2019200.00, en modalidad de \u201cprestaci\u00f3n de servicios\u201d de los que presumiblemente debe pagar un porcentaje por Salud y Pensi\u00f3n, pero aun as\u00ed, dice pagar y encontrarse al d\u00eda con la cuota de alimentos que el mismo ofreci\u00f3, para con su padre por suma mayor de $ 500.000, es decir, mucho m\u00e1s del 50% de lo que afirma devenga, afirmaci\u00f3n poco compresible; no obstante, tal argumentaci\u00f3n no puede ser atendido para restar a la prestaci\u00f3n alimentaria que el actor debe a su hija por quien demanda, luego tal prueba no puede ser valorada en apoyo de las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.3. En relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n formulada por la demandada, -titulada \u00abincumplimiento de demandante con la cuota alimentaria fijada judicialmente a favor de su menor hija\u00bb-, la cual fue impetrada con fundamento en el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 20064, se\u00f1al\u00f3 que no puede accederse a la misma, dado que al examinar la hermen\u00e9utica del precepto citado, concluy\u00f3 que \u00abes aplicable para los casos de incumplimiento en la tantas veces mencionada, prestaci\u00f3n alimentaria, que no es este el caso, en el que se predica insuficiencia econ\u00f3mica para continuar con la cobertura del aporte de mesada, no de no pago en la misma, luego la precitada sanci\u00f3n legal no puede serle oponible al demandado para desestimar su pretensiones [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados (documentales y testimonios). <\/p>\n
3.1. Para esta Corporaci\u00f3n, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio5. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente6 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-7. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto8. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 8 a 12 del archivo PDF \u00ab01. 202100004 digital\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 59 a 64 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab24. 202100004 sentencia 23 de nov\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligaci\u00f3n alimentaria que tenga respecto del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente no ser\u00e1 escuchado en la reclamaci\u00f3n de custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre \u00e9l o ella (\u2026). <\/p>\n
5\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
7\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
8\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
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