STC7196-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7196-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Rinaldi Fox Morillo obrando \u00aben causa propia y en virtud del mandato (\u2026) conferido por Fredy Enrique P\u00e9rez Fox\u00bb, instaur\u00f3 en contra de los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de la misma urbe, extensiva a Fabio Ochoa Marulanda, Rafael de Jes\u00fas Marimono Vergara y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00147. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor suplic\u00f3 la guarda de los derechos a la \u00abigualdad procesal\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y \u00abv\u00edas de hecho\u00bb para que \u00abse revoquen las providencias de 10 de septiembre de 2021 (…) y 16 de diciembre de 2021\u00bb, ordenando, en su lugar, \u00abse acepte al se\u00f1or Fredy P\u00e9rez Fox, como tercero poseedor con inter\u00e9s en las resultas del proceso\u00bb. <\/p>\n
Para soportar el ruego, adujo, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena cursa juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado iniciado por Fabio Ochoa Marulanda contra Rafael de Jes\u00fas Marimon Vergara, en cuyo desarrollo, con fundamento en el mandato conferido por Fredy Enrique P\u00e9rez Fox, pidi\u00f3 que se permitiera la intervenci\u00f3n de este \u00faltimo, por tratarse de la persona que viene ejerciendo la posesi\u00f3n sobre el predio materia del litigio. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, desconociendo dicha realidad, mediante auto de 10 de septiembre de 2021, se neg\u00f3 el pedimento, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Colegiatura recriminada (16 dic.), incurriendo en \u00abdefectos f\u00e1cticos, probatorios y sustantivos\u00bb, por cuanto hay \u00abserias dudas de la existencia del contrato de arrendamiento aportado\u00bb. <\/p>\n
Calific\u00f3 de contradictoria la determinaci\u00f3n del a-quo, porque \u00aben auto de la misma fecha (\u2026) se est\u00e1 admitiendo reforma de la demanda (\u2026) corriendo traslado de la misma, sin observar que al demandado no se le ha notificado la demanda en debida forma, ya que en dicho auto en la parte resolutiva se le corre traslado de la demanda por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, como si hubiese sido notificado del auto admisorio inicial, constituyendo lo anterior una irregularidad procesal por indebida notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y dijo atenerse a la motivaci\u00f3n expuesta en el respectivo interlocutorio. <\/p>\n
El Tercero Civil Municipal rese\u00f1\u00f3 la tramitaci\u00f3n cuestionada y corrobor\u00f3 que neg\u00f3 la participaci\u00f3n de quien arguy\u00f3 ostentar la posesi\u00f3n del bien ra\u00edz perseguido, en atenci\u00f3n a la naturaleza del pleito puesto a su consideraci\u00f3n y las pruebas allegadas con la demanda, de donde se deriva la titularidad del dominio en cabeza del actor y su calidad de arrendador respecto del convocado. <\/p>\n
Fabio Ochoa Marulanda se opuso al resguardo, argumentando que la calidad incoada como fundamento de la queja superlativa, es falaz. Aunado a ello, puso de relieve que las falencias supuestamente acaecidas en la lid deben ser alegadas por el interesado. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 la salvaguarda tras colegir que el suplicante carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar la protecci\u00f3n, por no ostentar \u00abinter\u00e9s leg\u00edtimo (\u2026) para invocar la garant\u00eda fundamental que alega, pues, no se cumple la exigencia procesal de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, bajo el entendido de que el poder conferido en el proceso g\u00e9nesis del cual se alega la vulneraci\u00f3n, no se extiende ni se traspasa a esta orbita constitucional tal como lo ha indicado la jurisprudencia en innumerables sentencias y tampoco es de recibo que el accionante pretenda agenciar derechos de quien no est\u00e1 demostrada la imposibilidad de ejercer su propia defensa\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el libelista endilgando al a quo un exceso ritual manifiesto al exigirle probar una condici\u00f3n que, en su opini\u00f3n, dimana del poder otorgado por su cliente en el litigio reprochado, en donde fue reconocido como su apoderado judicial, quedando \u00abhabilitada la competencia del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil, para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los Accionantes, el estudio de la garant\u00eda fundamental que alega, y el poder conferido dentro del proceso g\u00e9nesis del cual se alega la vulneraci\u00f3n, [el cual] s[\u00ed] se extiende y traspasa a esta \u00f3rbita constitucional, teniendo en cuenta que el apoderado viene ejerciendo poder dentro de dicho proceso y es quien ha venido actuando dentro del debate que hoy se pone en conocimiento del Juez constitucional, por lo tanto el apoderado representaba, en estricto sentido, el t\u00f3pico de la controversia\u00bb. <\/p>\n
Basado en esas disertaciones pidi\u00f3 revocar el veredicto de primer nivel, dictado con \u00abun apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia[ndo] conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb y, en su lugar, acceder a la ayuda superlativa implorada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la inviabilidad del socorro y, por ende, la confirmaci\u00f3n de la sentencia opugnada, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Respecto de la legitimaci\u00f3n para acudir a este sendero excepcional, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que, <\/p>\n
[P]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Precepto sobre el que la jurisprudencia constitucional ha esbozado: <\/p>\n
[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (STC3778-2021, citada en STC2708-2022, 10 mar., rad. 2022-00202). <\/p>\n
En el sub lite, el memorialista, quien se\u00f1al\u00f3, de forma inequ\u00edvoca, obrar \u00aben causa propia\u00bb tanto en el escrito introductor (Folio 1, archivo digital: primera instancia) como en el de impugnaci\u00f3n (Folio 131, ib), busca en realidad la custodia de derechos ajenos, pues discute la negativa de los despachos judiciales de primer y segundo grado, a reconocer la condici\u00f3n de \u00abtercero poseedor\u00bb de su cliente Fredy Enrique P\u00e9rez Fox, cuyo mandato, como bien lo coligi\u00f3 el a quo constitucional, est\u00e1 limitado a su representaci\u00f3n en el decurso g\u00e9nesis de esta s\u00faplica, lo que pone en evidencia que s\u00f3lo est\u00e1 facultado para cuestionar las resoluciones adoptadas en la lid objetada en nombre de aquella y, por ende, que carece de legitimaci\u00f3n en esta causa. <\/p>\n
Sobre lo antelado, esta Sala ha sostenido pac\u00edficamente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (STC1042-2019 citada en STC16315-2021, 1 dic., rad. 2021-04307). <\/p>\n
Tal circunstancia descarta, entonces, la \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb de Fox Morillo para refutar, por esta excepcional v\u00eda, la providencia adversa de los estrados querellados, frente a la solicitud elevada como abogado de P\u00e9rez Fox, con miras a obtener la revocatoria de tales pronunciamientos. <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 el prove\u00eddo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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