STC7198-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7198-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00389-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Armando Monta\u00f1ez Bustos contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Justicia Transicional y la Fiscal\u00eda Octava Especializada de la Unidad de Bienes de Justicia y Paz adscrita a la mencionada Direcci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicado 2007-82778. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Del escrito presentado y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 la actuaci\u00f3n con radicado 110016000253200782778 y n\u00famero interno 41, a fin de perseguir los bienes del postulado Heidelberg Cristi\u00e1n Mendoza Angarita. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el accionante, que la Fiscal\u00eda Octava de la Unidad de Bienes de Justicia y Paz – Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, en la actuaci\u00f3n mencionada, solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo del dominio con fines de restituci\u00f3n de algunos inmuebles, entre ellos el predio denominado \u00abCafarna\u00fam\u00bb identificado con folio de matr\u00edcula n\u00ba 320-1206 de propiedad del aqu\u00ed accionante Armando Monta\u00f1ez Bustos. <\/p>\n
La audiencia se llev\u00f3 a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2017, en la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga decret\u00f3 la medida y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 25 de octubre de 2018 requiri\u00f3 el levantamiento de la mencionada cautela y una vez surtido el tr\u00e1mite de incidente de oposici\u00f3n, el Tribunal Superior nombrado, accedi\u00f3 a la petici\u00f3n el 18 de diciembre siguiente, tras determinar que la actuaci\u00f3n que se quer\u00eda proteger con la imposici\u00f3n de la medida hab\u00eda sido archivada en la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 19 de noviembre de 2019 la Fiscal\u00eda Octava de la Unidad de Bienes de Justicia y Paz – Direcci\u00f3n de Justicia Transicional reiter\u00f3 la solicitud de imposici\u00f3n de medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio, embargo y secuestro junto con sus construcciones y anexidades sobre el mismo predio con fines de reparaci\u00f3n, petici\u00f3n resuelta favorablemente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga en audiencia realizada el 14 de agosto de 2020. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que sin existir indicios nuevos o prueba alguna de vinculaci\u00f3n directa en los hechos criminales que le endilgan a Mendoza Angarita, el Tribunal incurriendo en una contradicci\u00f3n jur\u00eddica, impuso nuevamente medida cautelar sobre el inmueble de su propiedad, a pesar que dicha Corporaci\u00f3n ya hab\u00eda fallado a su favor el 18 de diciembre de 2018, desvirtuando los presupuestos para la medida solicitada y reconoci\u00e9ndolo como tercero de buena fe. <\/p>\n
En su sentir la materializaci\u00f3n de la nueva medida cautelar con base en los mismos supuestos que ya hab\u00edan sido estudiados, transgrede el principio de cosa juzgada y el debido proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es un campesino que adquiri\u00f3 dicho predio con el esfuerzo de su trabajo para el bienestar de su familia, sin embargo, en la actualidad tiene que pagar injustamente un arriendo para vivir en su propiedad, soportando la imposici\u00f3n de una medida que es totalmente improcedente. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que \u00absea levantada la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio impuesta sobre el predio Cafarna\u00fam el 18 de agosto de 2020\u00bb y \u00abse suspenda el cobro injusto del canon de arrendamiento sobre [su] propio predio, toda vez que no hay ning\u00fan tipo de prueba o indicio de responsabilidad que desvirt\u00fae su calidad de tercero de buena fe como ya lo reconoci\u00f3 el Tribunal de Justicia y Paz de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga rese\u00f1\u00f3 las actuaciones adelantadas en el asunto cuestionado e inform\u00f3 que el inmueble del peticionario fue presentado en dos ocasiones para ser cautelado, una con fines de restituci\u00f3n, medida que se levant\u00f3 por haberse archivado en la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras la actuaci\u00f3n que se quer\u00eda proteger con la imposici\u00f3n de la medida y, la segunda ocasi\u00f3n, con fines de reparaci\u00f3n luego de haberse probado los requerimientos legales, entre ellos, la vinculaci\u00f3n con el grupo armado ilegal. <\/p>\n
2. La Coordinadora del Grupo de Apoyo Legal de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, indicando que esa dependencia no ha tenido intervenci\u00f3n alguna, en el asunto cuestionado y, remiti\u00f3 por competencia el traslado de la acci\u00f3n de tutela a la Fiscal\u00eda 8 Delegada ante el Tribunal. <\/p>\n
3. Solange Cecilia Cort\u00e9s Ru\u00edz, Iv\u00e1n Leonardo Rinc\u00f3n Aconcha, Edwin Alirio Fuentes \u00c1lvarez, actuando en condici\u00f3n de Representantes Judiciales de Victimas de Justicia y Paz de la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Santander, pidieron declarar la improcedencia del amparo, teniendo en cuenta que el accionante no ha agotado los medios de defensa ordinarios dispuestos por el legislador. <\/p>\n
4. Vladimir Mart\u00edn Ramos Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, manifest\u00f3 que contrario a lo afirmado por Armando Monta\u00f1ez Bustos, en el asunto debatido no existe cosa juzgada, como quiera que las medidas cautelares vigentes tienen ahora otra finalidad distinta la reparaci\u00f3n, as\u00ed como unos argumentos y elementos materiales probatorios diferentes. <\/p>\n
5. El Procurador 5 Judicial II Penal A.V. destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela formulada no cumple los requisitos generales de procedibilidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, al estimar el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, por cuanto la censura se produjo m\u00e1s de una a\u00f1o y medio despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Por otra parte, advirti\u00f3 que no concurr\u00edan los presupuestos para establecer la existencia de cosa juzgada, puesto que, si bien el inmueble de propiedad del aqu\u00ed reclamante fue presentado en dos ocasiones para la imposici\u00f3n de la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio, embargo y secuestro, en la primera se realiz\u00f3 con fines de restituci\u00f3n y, en la segunda, de reparaci\u00f3n, lo que implic\u00f3 una sustentaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria diferente. <\/p>\n
Con todo, precis\u00f3 que el accionante pod\u00eda promover un incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar tal y como lo hizo contra la determinaci\u00f3n de 12 de diciembre de 2017, pero en esta oportunidad demostrado su condici\u00f3n de tercero de buena fe exento de culpa en atenci\u00f3n a que se solicit\u00f3 con fines de reparaci\u00f3n, de conformidad a lo estipulado en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005, modificado por le Ley 1592 de 2012. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, sin exponer los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la subsidiariedad y la inmediatez. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Armando Monta\u00f1ez Bustos pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se levante la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio decretada el 14 de agosto de 2020 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga sobre el inmueble de su propiedad denominado \u00abCafarna\u00fam\u00bb e identificado con folio de matr\u00edcula n\u00ba 320-1206, as\u00ed como la suspensi\u00f3n del cobro de los c\u00e1nones de arrendamiento sobre el mismo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de entrada se advierte el fracaso del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos mencionados anteriormente, circunstancia que imposibilita el estudio de fondo del asunto. <\/p>\n
3. Lo anterior teniendo en cuenta, de una parte, que el se\u00f1or Monta\u00f1ez Bustos quien pretende el levantamiento de la medida decretada el 14 de agosto de 2020, present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela el 24 de febrero de 2022, super\u00e1ndose el t\u00e9rmino de seis (6) meses, estimado por esta Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a esta especial jurisdicci\u00f3n, sin que haya dado a conocer alguna causa para justificar tal demora, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado, <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, y recientemente en STC1526-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, cuenta la posibilidad de promover un incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 20051, escenario en el cual puede ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y obtener su cometido, probando su condici\u00f3n de tercero de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado que la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC13040-2016, STC322-2021, STC10499-2021 y, STC1526-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201cART\u00cdCULO 17C. INCIDENTE DE OPOSICI\u00d3N DE TERCEROS A LA MEDIDA CAUTELAR. Art\u00edculo adicionado por el art\u00edculo 17 de la Ley 1592 de 2012: En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinci\u00f3n de dominio en virtud del art\u00edculo 17B, el magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, a instancia del interesado, dispondr\u00e1 el tr\u00e1mite de un incidente que se desarrollar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Presentada la solicitud por parte del interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos, el Magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas convocar\u00e1 a una audiencia dentro de los cinco (5 d\u00edas siguientes en la cual el solicitante aportar\u00e1 las pruebas que pretenda hacer valer y cuyo traslado se dar\u00e1 a la Fiscal\u00eda y a los dem\u00e1s intervinientes por un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas h\u00e1biles para que ejerzan el derecho de contradicci\u00f3n. Vencido este t\u00e9rmino e magistrado decidir\u00e1 el incidente y dispondr\u00e1 las medidas a que haya lugar. <\/p>\n
<\/p>\n
Si la decisi\u00f3n del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenar\u00e1 el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio continuar\u00e1 su curso y la decisi\u00f3n ser\u00e1 parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz. <\/p>\n
<\/p>\n
Este incidente no suspende el curso del proceso\u201d. <\/p>\n
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