STC7200-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7200-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00831-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Omar G\u00f3mez Rodr\u00edguez frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Doce Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, y Promiscuo Municipal de Vista Hermosa (Meta), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, igualdad, trabajo, familia, vida, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abvivienda digna\u00bb, \u00abacceso a la tutela\u2026 [y] a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las sedes judiciales acusadas en el juico fustigado, con ocasi\u00f3n del secuestro del fundo La Esperanza y la programaci\u00f3n de la diligencia para su entrega a la secuestre designada en remplazo de quien ejerc\u00eda ese cargo. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al \u00abJuez Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, revocar el despacho comisorio en el sentido de desalojar a [su] familia de [su] predio\u2026; hasta tanto sea notificado en debida forma de la diligencia\u2026 y pueda presentar dentro de los presupuestos de derecho la oposici\u00f3n al secuestro y se emita la sentencia a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo promovido por Oscar Corredor Acero contra Inversiones Marshals Fashions S.A.S., el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 el secuestro del predio con folio inmobiliario Nro. 236-29305, denominado La Esperanza, el que, seg\u00fan acta de diligencia de 12 de noviembre de 2010, se materializ\u00f3 en esta data a trav\u00e9s del comisionado Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa, quien consign\u00f3 dejarlo a cargo del secuestre designado. <\/p>\n
2.2. Para el a\u00f1o 2016 se dispuso relevar al auxiliar de la justicia, por lo que otra vez se comision\u00f3 al despacho de Vista Hermosa pero, esta vez, para realizar la entrega del fund\u00f3 al nuevo secuestre; autoridad judicial que, tras varias diligencias, el 1\u00ba de febrero de 2018 consider\u00f3 haberla finalizado pero, previa solicitud de parte en cuanto a que u segmento del predio estaba siendo ocupado por un tercero y no fue entregada, el comitente Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 le devolvi\u00f3 el diligenciamiento al estrado promiscuo para culminar tal cometido. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el accionante, quien se reputa poseedor del predio La Esperanza, adujo que sus derechos esenciales vienen siendo conculcados desde noviembre de 2010, comoquiera que nunca fue notificado de diligencia judicial alguna sobre el referido inmueble, jam\u00e1s se llev\u00f3 a cabo el secuestro o la entrega del mismo, en tanto que el fundo jam\u00e1s fue individualizado ni alinderado, destacando que en la primera ocasi\u00f3n el juez y sus acompa\u00f1antes no se desplazaron hasta el lugar donde est\u00e1 ubicado, como se desprend\u00eda del acta respectiva, siendo evidente el irregular proceder de cara a lo consignado en ella al se\u00f1alar lo contrario, y que s\u00f3lo se enter\u00f3 de todo esto hasta el 14 de enero \u00faltimo, con ocasi\u00f3n de la vinculaci\u00f3n que se le hizo en una acci\u00f3n de tutela propuesta frente al comisionado por parte de la ejecutada en el juicio recriminado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa se\u00f1al\u00f3 que a pesar de haber materializado, desde el 1\u00ba de febrero de 2018, satisfactoriamente y sin oposici\u00f3n, la entrega del predio La Esperanza a la nueva secuestre, para la cual fue comisionado, lo cierto es que, previa solicitud de dicha auxiliar de la justicia respecto a que no le fueron entregadas 18 hect\u00e1reas del inmueble que estaban siendo ocupadas por el accionante, el comitente le devolvi\u00f3 el diligenciamiento para que \u00abse culminara tal cometido\u00bb, lo que dio lugar a que \u00aben la oportunidad se\u00f1alada para ello (28 de febrero de 2022) disponga el desalojo del se\u00f1or Omar G\u00f3mez Rodr\u00edguez, de su familia, bienes y semovientes\u00bb, porque \u00ab[a]s\u00ed lo ordena el comitente\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo no cuestionar la aludida comisi\u00f3n pero advertir que \u00e9sta \u00abno consulta al respecto las normas de procedimiento civil vigentes\u00bb, pero al no existir pronunciamiento frente al particular por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en una acci\u00f3n de tutela previa en la que se le exigi\u00f3 llevar a cabo la diligencia, no tuvo \u00abopci\u00f3n distinta\u2026 que proceder seg\u00fan lo ordenado\u00bb; y que, respecto al secuestro practicado en el a\u00f1o 2010, \u00abse observan algunas falencias\u2026 las cuales no [l]e corresponde discutir o cuestionar\u00bb, en tanto que, en su sentir, era el juez constitucional quien deb\u00eda determinar su validez, \u00abquedando claro que un tr\u00e1mite inadecuado impide el ejercicio de los derechos de terceros\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abha actuado de conformidad con los fundamentos legales y reglamentarios aplicables a la actuaci\u00f3n\u00bb; histori\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed surtido, del que destac\u00f3 que el 17 de noviembre de 2020 \u00aborden\u00f3 devolver el despacho comisorio 851 al Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa (Meta), con el fin de que realizara la entrega del bien cautelado… a la nueva secuestre designada, el cual fue devuelto mediante el oficio OCCES20-GB0764, sin que a la fecha se tenga conocimiento de las resultas de la diligencia, m\u00e1s all\u00e1 de las manifestaciones de la parte demandante en el proceso frente a los retrasos que ha presentado la entrega\u00bb. <\/p>\n
3. Inversiones Marshals Fashions S.A.S. se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque, en su sentir, a esta han precedido 5 acciones del mismo linaje \u00abcon los mismos hechos, pruebas y pretensiones\u00bb, buscando \u00abdesconocer los fallos judiciales, el derecho que [ella] tiene\u2026 a que se [le] respete la propiedad privada, igualmente las medidas cautelares de estado que tiene el citado predio La Esperanza\u00bb; adem\u00e1s, ese inmueble \u00abno puede ser objeto de posesi\u00f3n alguna, pues\u2026 tiene medida cautelar estatal de protecci\u00f3n a la propiedad privada, en aplicaci\u00f3n de la Ley 1448 del 2011 y sus Decretos reglamentarios\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 ser propietaria del citado fundo, del que, asever\u00f3, \u00abvarias personas han intentado y siguen intentando apropiarse\u2026 con falacias y argucias\u00bb; que en el juicio criticado es a ella a quien vienen afectando sus derechos esenciales desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os y que, incluso, \u00abpara que el comisionado\u2026 cumpla la comisi\u00f3n\u2026 ha sido necesario tutelar el debido proceso, pues este siempre se ha resistido a cumplir en debida forma la diligencia\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n por \u00abno haber vulnerado derecho alguno al solicitante\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado V\u00edctor Manuel Ladino Covaleda expres\u00f3 no ser \u00abel apoderado del se\u00f1or Omar G\u00f3mez Rodr\u00edguez, raz\u00f3n por la cual solicit[\u00f3]\u2026 [lo] desvinculen de la presente actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD tambi\u00e9n deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno est\u00e1 legitimada para realizar las gestiones tendientes a restablecer los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados\u00bb; aunque, precis\u00f3, que respecto del predio objeto de la pluricitada diligencia se le present\u00f3 solicitud de inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – RTDAF, la que se halla \u00aben inicio de estudio formal[,] seg\u00fan lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n No. RT 02163 del 7 de septiembre de 2020 de la Direcci\u00f3n Territorial Meta de la UAEGRTD, la cual est\u00e1 recopilando el material probatorio necesario que permita adoptar la determinaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n o no de la solicitud en el RTDAF, como requisito de procedibilidad para interponer la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras ante la Jurisdicci\u00f3n Civil Especializada en esa materia\u00bb. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda Sexta Delegada para Asuntos Civiles II, adscrita a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, indic\u00f3 que para establecer la viabilidad del resguardo deb\u00eda sopesarse si estaban satisfechos los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia; e igualmente, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor cuanto no se se\u00f1al\u00f3 un actuar u omisi\u00f3n de parte de funcionario adscrito a la misma relacionado con los hechos materia de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abla discordia propuesta por el quejoso, en la actualidad, no ha sido puesta en conocimiento del funcionario judicial competente, autoridad que, en principio, es la llamada a efectuar el pronunciamiento correspondiente frente a las denuncias ventiladas en este tr\u00e1mite constitucional, y de la cual deriva la afectaci\u00f3n de sus derechos principales, esto es, la ausencia de notificaci\u00f3n de la diligencia de secuestro sobre el predio que dice poseer, adelantada el 12 de noviembre de 2010, actuaci\u00f3n que el quejoso afirma haber conocido solo en el transcurso de la presente anualidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales; enfatiz\u00f3 que le era incomprensible la conclusi\u00f3n del Tribunal a-quo en cuanto a la insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad cuando precisamente lo que aleg\u00f3 en la demanda de amparo fue que s\u00f3lo hasta el pasado mes de enero, cuando estaban fenecidas las oportunidades para presentarse ante el fallador ordinario, se enter\u00f3 de todas las actuaciones irregulares que aqu\u00ed denunci\u00f3, por lo que, iter\u00f3, el resguardo debe conced\u00e9rsele como mecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con apoyo en tales premisas, de entrada, advierte la Sala el fracaso de la solicitud de amparo y, por ende, de la impugnaci\u00f3n propuesta, por la misma raz\u00f3n expuesta por el a-quo constitucional para denegar la protecci\u00f3n, esto es, por no satisfacerse el presupuesto de la subsidiariedad, por lo que la decisi\u00f3n opugnada habr\u00e1 de confirmarse. <\/p>\n
Lo anterior, porque el juez de tutela est\u00e1 imposibilitado de ocuparse, de primera mano, de la problem\u00e1tica propuesta, en la medida en que el gestor no acredit\u00f3 haber agotado ning\u00fan tipo de petici\u00f3n ante el Juzgado accionado, al interior del juicio cuestionado, exponiendo los reparos tra\u00eddos en la demanda de amparo, especialmente, el hecho que s\u00f3lo hasta el mes de enero de este a\u00f1o se enter\u00f3 de las circunstancias que aduce irregulares, lo que le corresponde hacer antes de acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, aduciendo y demostrando all\u00ed los motivos que justifican sus solicitudes, sin que resulte viable que, como lo pretende, el juzgador constitucional se anticipe a los pronunciamientos que por ley le compete emitir a los falladores naturales. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario, al interior del proceso fustigado, las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Pertinente se muestra agregar que, de los hechos narrados por el recurrente y muy a pesar de sus alegaciones, no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, como qued\u00f3 dicho, al no haberse agotado aun ante el juzgador natural la discusi\u00f3n en torno a las situaciones denunciadas en la demanda de tutela, respecto de ellas, obviamente, por la misma inacci\u00f3n del reclamante, no se cuenta con pronunciamiento y decisi\u00f3n definitiva por parte del fallador ordinario, en tanto que, s\u00f3lo de llegarse a acreditar ante \u00e9ste que le asiste raz\u00f3n al censor, agotadas las etapas respectivas, ello conllevar\u00eda a retrotraer la actuaci\u00f3n que fustiga y, de esta manera, se itera, de asistirle raz\u00f3n, podr\u00eda ejercer all\u00ed su derecho de defensa, efectuando los dem\u00e1s planteamientos que inapropiadamente trajo en el escrito tutelar. <\/p>\n
Se destaca que, fuera de las manifestaciones del quejoso, ning\u00fan medio probatorio, siquiera sumario, trajo para demostrar su dicho, y que las documentales adosadas, antes de dar cuenta de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, familiar o de relaci\u00f3n alguna de \u00e9l con el predio, solamente refieren como ocupante del mismo al ciudadano Quenedi Osorio Sierra, quien, valga anotar, acorde con los registros del sistema de gesti\u00f3n judicial, aparece como gestor de varias acciones de este linaje en las cuales le fue denegada la protecci\u00f3n que invoc\u00f3 bajo similar situaci\u00f3n a la que aqu\u00ed denunci\u00f3 G\u00f3mez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo atr\u00e1s dicho, se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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