STC7202-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7202-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00776-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que H\u00e9ctor Moreno Rojas instaur\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00b0 1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso\u00bb, para que: \u00abse deje sin valor ni efecto la sentencia de casaci\u00f3n SL4466-2021 y se ordene a la autoridad accionada proferir nueva sentencia en la que se tenga como debidamente formulados los cargos tercero y cuarto de la demanda de casaci\u00f3n que [interpuso] y se proceda a desatar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto realizando el an\u00e1lisis de fondo sobre los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos expuestos en los cargos o se emitan las ordenes que considere m\u00e1s pertinentes y procedentes con miras a proteger [sus] derechos fundamentales conculcados\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura convocada en el ordinario laboral que le interpuso al Banco Caja Social para que se declarara \u00abque entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo vigente entre el 1 de septiembre de 1994 y el 25 de mayo de 2011; que el salario devengado durante los a\u00f1os 2008 a 2011 fue variable y que fue despedido sin justa causa\u00bb, no quebr\u00f3 la sentencia emitida el 1\u00b0 de marzo de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 la del a quo y absolvi\u00f3 al demandado (SL4466-2021, 21 sep.) <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con tal prove\u00eddo se incurri\u00f3 en \u00abv\u00edas de hecho al no tener por integradas las proposiciones jur\u00eddicas a los que se refieren los cargos cuarto y tercero que present\u00f3 con la demanda de casaci\u00f3n, neg\u00e1ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia al considerar mediante un excesivo ritual procesal y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n que los requisitos de t\u00e9cnica no se hab\u00edan cumplido, lo cual por el contrario, s\u00ed fueron formulados y atendidos como lo exig\u00eda la Corte para estudiar de fondo los cargos tercero y cuarto de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 se opuso al resguardo, atendiendo a que \u00abfueron desestimados los cargos tercero y cuarto ante las falencias de orden t\u00e9cnico advertidos, aspecto que no puede considerarse violatorio de derechos fundamentales, pues obedece precisamente a una imposibilidad formal derivada de las reglas legales propias de la demanda de casaci\u00f3n y que resultan imputables a la propia parte y que la Corte no tiene permitido corregir o subsanar\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Banco Caja Social pidi\u00f3 denegar el amparo por inexistente configuraci\u00f3n de defectos en la resoluci\u00f3n criticada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el gestor iterando los argumentos inaugurales, a\u00f1adiendo que la primera instancia constitucional se pronunci\u00f3 frente a temas que \u00abno fueron objeto de reproche\u00bb, cuando lo cuestionado fue que la accionada \u00abincurri\u00f3 en defecto al tener por no presentados debidamente los cargos 3\u00b0 y 4\u00b0 de la demanda de casaci\u00f3n y simplemente ahora la Sala de Casaci\u00f3n Penal hace afirmaciones sin un mayor an\u00e1lisis detallado de las v\u00edas de hecho que se presentaron como fundamento de la tutela instaurada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de la providencia opugnada, porque la directriz debatida no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, en cuanto al cargo tercero formulado por el precursor, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral confutada, refiri\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abA trav\u00e9s de esta acusaci\u00f3n, el censor pretende criticar la decisi\u00f3n del colegiado relativa al car\u00e1cter no salarial de la bonificaci\u00f3n de cartera, sin embargo, su planteamiento luce desacertado y evidencia errores de t\u00e9cnica que impiden su prosperidad, como se pasa a explicar: <\/p>\n
1. Tal como lo advierte la parte opositora, en este cargo se se\u00f1ala como v\u00eda de violaci\u00f3n la directa, sin embargo, para demostrar el quebranto de la ley se hace alusi\u00f3n a aspectos f\u00e1cticos y probatorios, al discutir que las pruebas aportadas acreditaban la habitualidad del pago por concepto de bonificaci\u00f3n de cartera; que se demostr\u00f3 que este rubro era reconocido por la actividad personal del demandante y en virtud del cumplimiento de la meta individual asignada; que la labor de cobro jur\u00eddico era una tarea misional del \u00e1rea de cartera y que en ella interven\u00eda el actor en raz\u00f3n a sus funciones; que esa bonificaci\u00f3n no depend\u00eda exclusivamente del recaudo judicial y que los testigos s\u00ed desvirtuaron el car\u00e1cter \u00abextrasalarial\u00bb de ese pago certificado por el demandado, planteamiento que es ajeno a la senda de ataque elegida. <\/p>\n
En efecto, sustentar la violaci\u00f3n directa de la ley en lo informado en debates f\u00e1cticos y pruebas resulta contrario a las reglas del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, dado que cuando se acusa la sentencia por esta senda, se parte de la aceptaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos definidos por el Tribunal a partir de los elementos probatorios del proceso y, por ende, lo que se busca es demostrar un error de tipo jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la censura hace una mixtura de las v\u00edas directa e indirecta de violaci\u00f3n de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por raz\u00f3n de que la primera lleva a un error jur\u00eddico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros f\u00e1cticos, por lo que su an\u00e1lisis debe ser diferente y su formulaci\u00f3n por separado. <\/p>\n
Tal como la Sala ya lo ha explicado, no le es dable al recurrente mezclar las dos v\u00edas de violaci\u00f3n de la ley sustancial pues cada una tiene su propia naturaleza, ya que est\u00e1n originadas en distintos desatinos cometidos por el fallador de segundo grado. (CSJ SL 9 abr. 2008, rad. 32195)\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido esgrimi\u00f3, <\/p>\n
\u00abAhora, si en raz\u00f3n a los aspectos f\u00e1cticos mencionados en el desarrollo del cargo y la referencia a algunos medios de prueba, esta Sala pudiese entender que la verdadera senda de ataque es la indirecta, ello tampoco dar\u00eda lugar a la prosperidad de la acusaci\u00f3n, como quiera que no se sustenta de manera adecuada. <\/p>\n
Sin embargo, en este caso el recurrente omite se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los errores de hecho en que pudo haber incurrido el sentenciador de la alzada, es decir, que hecho dio por cierto no estando probado, o qu\u00e9 encontr\u00f3 demostrado, pese a no estarlo, lo que impide a la Sala confrontar las conclusiones f\u00e1cticas del juzgador y de las que discrepa el impugnante (CSJ SL 15 jul. 1992, rad. 5137). <\/p>\n
Adicionalmente, las referencias probatorias a las que se alude en el desarrollo del cargo aluden en gran medida a lo declarado por los testigos, medio de prueba que no es apto en sede extraordinaria para edificar un yerro f\u00e1ctico protuberante y ostensible que d\u00e9 lugar al quebrantamiento de la sentencia que se impugna. En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 las pruebas calificadas en casaci\u00f3n son el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judiciales. Por tanto, no es dable acudir a la prueba testimonial para debatir las conclusiones del colegiado, sin que previamente se alegue y acredite un error en la valoraci\u00f3n de los medios que si resultan h\u00e1biles conforme la norma referida. <\/p>\n
Tampoco se advierte que en la demostraci\u00f3n del cargo se efect\u00fae una adecuada y suficiente confrontaci\u00f3n entre el defecto valorativo de las pruebas y la realidad procesal. Por el contrario, el recurrente plantea un an\u00e1lisis subjetivo de los hechos controvertidos para exponer las razones por las que considera que la bonificaci\u00f3n por cartera tiene incidencia o naturaleza salarial. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, se concluye que la argumentaci\u00f3n en esta acusaci\u00f3n se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia que a la dial\u00e9ctica que debe hacerse al plantear un cargo en casaci\u00f3n, pues lo planteado por el recurrente constituye afirmaciones gen\u00e9ricas e imprecisas, que no logran conformar una acusaci\u00f3n clara y contundente contra la decisi\u00f3n del Tribunal. Debe recordarse que la acusaci\u00f3n debe ser completa en su formulaci\u00f3n y suficiente en su desarrollo, esto es, que el planteamiento del censor conduzca a evidenciar la violaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
Por estas razones, el cargo se desestima\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, descendi\u00f3 al estudio del cuarto cargo y evalu\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abA trav\u00e9s de este cargo, formulado por la senda indirecta, el censor pretende cuestionar la decisi\u00f3n del colegiado en cuanto a la improcedencia de la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, la cual se sustent\u00f3 principalmente en que se hab\u00eda probado que el trabajador remiti\u00f3 informaci\u00f3n confidencial a un tercero a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico institucional y que, adem\u00e1s, ten\u00eda en su poder extractos de cuentas bancarias de clientes que conten\u00edan datos reservados. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala encuentra que la acusaci\u00f3n no se formul\u00f3 de manera correcta, pues no atiende del todo las reglas que debe cumplirse cuando el cuestionamiento se formula desde el punto de vista probatorio e incurre en algunas impropiedades que impiden su prosperidad. As\u00ed: <\/p>\n
En este caso, la parte recurrente olvida enlistar los errores de hecho en que pudo haber incurrido el colegiado, no refiere si las pruebas a las que alude en el desarrollo del cargo fueron mal valoradas o indebidamente apreciadas, y tampoco efect\u00faa una correcta y suficiente confrontaci\u00f3n entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. <\/p>\n
N\u00f3tese que en todo el desarrollo de su acusaci\u00f3n el censor omite se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los yerros ostensibles que le endilga al Tribunal, requisito previsto en el literal b) del numeral 5 del art\u00edculo 90 del CPTSS, referido a expresar cu\u00e1l o cu\u00e1les fueron los eventuales dislates de orden f\u00e1ctico en los cuales pudo incurrir el sentenciador de alzada. Tal disposici\u00f3n es clara en establecer lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] en caso de que se estime que la infracci\u00f3n legal ocurri\u00f3 como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas, citar\u00e1 \u00e9stas singulariz\u00e1ndolas y expresar\u00e1 qu\u00e9 clase de error se cometi\u00f3\u201d. <\/p>\n
Entonces, como la censura no individualiza los errores de hecho en que eventualmente pudo incurrir el sentenciador de alzada, es claro que su acusaci\u00f3n debe ser desestimada (AL2513-2021). No puede considerarse suficiente el planteamiento efectuado al momento de formular la proposici\u00f3n jur\u00eddica e indicar que la transgresi\u00f3n de las normas obedeci\u00f3 a un \u00aberror de hecho manifiesto al haber incurrido el Honorable Tribunal en una apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de la prueba documental, testimonial y pericial aportada al proceso sobre las cuales finc\u00f3 su decisi\u00f3n con relaci\u00f3n a la justeza del despido\u00bb, pues lo cierto es que no explica en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocaci\u00f3n y no puede entenderse o derivarse que fue lo que, a juicio del censor, el juzgador dej\u00f3 de establecer o dio por probado, sin estarlo (\u2026) . <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, al referirse a los testimonios, as\u00ed como al dictamen pericial, no se indica si fueron apreciados con error o se dejaron de valorar, y en todo caso, no se expone con claridad en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto valorativo, no explica c\u00f3mo la falta o defectuosa apreciaci\u00f3n probatoria condujo al Tribunal a incurrir en error. As\u00ed, debe recordarse que la demostraci\u00f3n de los errores debe \u00abestructurarse mediante un an\u00e1lisis razonado y cr\u00edtico de los medios de convicci\u00f3n, confrontando la conclusi\u00f3n de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SL 17 may. 2011, rad. 42037). <\/p>\n
Tal confrontaci\u00f3n entre las consideraciones del colegiado y lo que en verdad acreditan las pruebas a las que se alude en el cargo, no fue efectuada en debida forma ni de manera suficiente. En la acusaci\u00f3n se limita a exponer las razones por las cuales considera que no se configuran las justas causas del despido, pero omite indicar cu\u00e1les son las discrepancias desde el punto de vista probatorio; tampoco se ocupa de se\u00f1alar cu\u00e1l fue la equivocaci\u00f3n del juzgador, esto es, qu\u00e9 hechos dio por probados sin que as\u00ed lo informaran las pruebas, o cu\u00e1les circunstancias no fueron advertidas por el fallador pese a estar consignadas en ellas. <\/p>\n
2. El censor pretende sustentar su acusaci\u00f3n en pruebas no calificadas en sede extraordinaria, de las cuales tampoco afirma si fueron valoradas con error o no apreciadas. En efecto, gran parte del desarrollo del cargo se dedica a referir apreciaciones subjetivas sobre lo que, a juicio del recurrente, informa y acredita la prueba pericial decretada por el juez de primer grado. Sin embargo, este medio probatorio no es apto para estructurar un error f\u00e1ctico, que se insiste, tampoco fue formulado. <\/p>\n
Igual ocurre con los testimonios rendidos por Adriana Rivera Leguizamo y Cenen Garibello. Se recuerda que los yerros f\u00e1cticos solamente se pueden configurar por la indebida apreciaci\u00f3n o falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aptas en este recurso extraordinario, que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 son el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judiciales. Por tanto, no es dable analizar la prueba testimonial. <\/p>\n
La parte recurrente tambi\u00e9n pretende sustentar la existencia de un indicio por la supuesta omisi\u00f3n de la empleadora hoy demandada, de entregar al perito los documentos necesarios para esclarecer los hechos. Prueba esta que tampoco goza de la aptitud para ser abordada directamente en el recurso extraordinario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 (CSJ SL2893-2021, CSJ SL2618-2021, CSJ SL2381-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque se hace alusi\u00f3n a la \u00abprueba documental\u00bb aportada por la demandada, lo cierto es que no se identifica ni se relacionan puntualmente cu\u00e1les documentos aut\u00e9nticos son los que considera mal valorados o dejados de apreciar, lo que le impide a la Sala establecer las pruebas de esta naturaleza que la censura pretende que se analicen en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, se advierte que en el cargo se menciona el interrogatorio de parte, el cual solamente podr\u00eda ser abordado en la medida en que contenga una confesi\u00f3n. En este caso, el recurrente lo invoca para se\u00f1alar que el hecho que admiti\u00f3 no era el que constitu\u00eda la justa causa de despido; al respecto, y al margen de las impropiedades de t\u00e9cnica ya advertidas, esta Sala no encontrar\u00eda prosperidad en la acusaci\u00f3n con fundamento en la verificaci\u00f3n de esta prueba\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, <\/p>\n
\u00abaunque el colegiado si aludi\u00f3 a que en el interrogatorio de parte el accionante acept\u00f3 que remiti\u00f3 un correo a Cenen Garibello, no fue en este supuesto en que sustent\u00f3 la existencia de los hechos endilgados en la carta de despido, sino en la evidencia de que en tal comunicaci\u00f3n remiti\u00f3 informaci\u00f3n privilegiada o confidencial, circunstancia que deriv\u00f3 de lo afirmado por los testigos Walter Hugo Velandia Ca\u00f1as, analista en asuntos penales y seguridad, y Azael Roberto Romero Vel\u00e1squez, gerente de operaciones. <\/p>\n
Por tanto, nada consigue el casacionista al discutir la confesi\u00f3n contenida en el referido interrogatorio, pues no fue a partir de ella que el colegiado estableci\u00f3 la comprobaci\u00f3n de las justas causas. <\/p>\n
4. Como se indic\u00f3, adem\u00e1s del dictamen pericial decretado por el juez de primer grado y el testimonio de Cenen Garibello, el Tribunal tambi\u00e9n fund\u00f3 su decisi\u00f3n sobre la existencia de los hechos motivo del despido, en las declaraciones de Walter Hugo Velandia Ca\u00f1as, analista en asuntos penales y seguridad, y Azael Roberto Romero Vel\u00e1squez, gerente de operaciones, pues encontr\u00f3 que ellos informaron que en la investigaci\u00f3n interna adelantada por el banco accionado, se advirti\u00f3 que el actor incurri\u00f3 en irregularidades en el manejo de informaci\u00f3n confidencial, la cual remiti\u00f3 a un tercero, mediante correo electr\u00f3nico, sin ninguna autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales medios de prueba, aunque no son calificados, han debido ser denunciados en casaci\u00f3n, pues fueron soporte del fallo impugnado; al no hacerlo, el an\u00e1lisis que el juzgador deriv\u00f3 de ellos se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
La Corte ha sostenido que, quien pretenda el quebrantamiento del fallo a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene la carga de controvertir y derruir todas las pruebas apreciadas por el Tribunal, los soportes que de ellas se desprenden y sobre los que est\u00e1 edificado el pronunciamiento que se cuestiona, ya que la falta de ataque de alguno de los medios de prueba o conclusiones que soportaron la decisi\u00f3n, conlleva que la providencia contin\u00fae sustentada y, por ende, que se mantenga inc\u00f3lume (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, a\u00fan de superar las deficiencias advertidas en la formulaci\u00f3n del ataque, la sustentaci\u00f3n probatoria del recurrente resulta insuficiente para demostrar su acusaci\u00f3n, por cuanto denunci\u00f3 pruebas no aptas en casaci\u00f3n para estructurar un yerro f\u00e1ctico y dej\u00f3 de cuestionar las conclusiones que el colegiado deriv\u00f3 de otros medios probatorios, como los testimonios antes referidos. <\/p>\n
5. Debe resaltarse que la forma como se desarrolla el recurso corresponde m\u00e1s a un alegato de instancia que a los requerimientos propios del recurso extraordinario, habida cuenta que \u00e9ste no solo debe cumplir con los requisitos meramente formales que permitan su admisi\u00f3n, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo l\u00f3gicos, que se muestren acordes con lo propuesto en el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que la recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia impugnada, tal como se se\u00f1al\u00f3 en sentencia CSJ SL, 2 mar. 2001, rad. 15026. <\/p>\n
As\u00ed, resulta evidente que la argumentaci\u00f3n en esta acusaci\u00f3n m\u00e1s se asemeja a un alegato de instancia que a la dial\u00e9ctica que debe hacerse al plantear un cargo en casaci\u00f3n. Por todas las razones se\u00f1aladas, esta acusaci\u00f3n se desestima\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Corporaci\u00f3n avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el accionante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiteradas STC12044-2021, STC13808-2021 y STC15534-2021). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el prove\u00eddo refutado, destacando que para la Sala es procedente el respeto por \u00ablas decisiones judiciales\u00bb, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que \u00abla tutela depend[a] de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo\u00bb (STC13808-2021, 14 oct.), lo que aqu\u00ed no sucede, tesis que se viene aplicando desde la fecha en que se present\u00f3 dicho cambio de posici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7202-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7202-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00776-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64351","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64351"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64351\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}