STC7212-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7212-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01719-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Alfonso Herrera Caridad contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga que el accionado \u00abadecue su fallo conforme a los lineamientos legales, valoraci\u00f3n en debida forma del material probatorio obrante dentro del proceso, revocando la decisi\u00f3n tomada y haciendo una sentencia teniendo de presente la confesi\u00f3n del demandado y por ende la culpabilidad del mismo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Miguel Alfonso Herrera Caridad, Yessica Zenays Montiel Rinc\u00f3n y una menor instauraron proceso de responsabilidad civil contra Luis Eduardo Mar\u00edan Reyes, Tax Tabio SAS y QEB Seguros SA, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 2 de julio de 2021, en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras declarar probada la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima. <\/p>\n
2.2. Tras ser recurrida en apelaci\u00f3n dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en fallo de 4 de marzo de 2022 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que los falladores se equivocaron en las decisiones proferidas, en tanto que se demostraron los elementos de la responsabilidad civil -culpa, da\u00f1o y nexo causal- en el accidente de tr\u00e1nsito, pero estos no se interpretaron de forma correcta. <\/p>\n
2.4. Adujo que no se analiz\u00f3 la violaci\u00f3n al deber objetivo de cuidado; que el a-quo guard\u00f3 silencio en cuanto a la velocidad y el Tribunal afirm\u00f3 que no hab\u00eda prueba cient\u00edfica de la misma; y que en el interrogatorio el conductor demandado manifest\u00f3 que iba a una velocidad superior a 30km por hora, concretamente, entre 30 y 40 km por hora, lo que no se analiz\u00f3. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que dicha confesi\u00f3n relevaba a la parte de la prueba, lo que determinaba la culpabilidad; que se dej\u00f3 de lado la jurisprudencia aplicable; que no se tuvo en cuenta el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, en donde se indica que los conductores deben disminuir la velocidad, entre otras, en lugares de concentraci\u00f3n de personas y zonas residenciales y cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, lo que acontec\u00eda en el caso porque era un lugar residencial y las 12:30 am. <\/p>\n
2.6. Adujo que la culpa se pod\u00eda establecer por distintos medios de prueba conforme con el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso; que se present\u00f3 una concurrencia de culpas; y que no era cierto que la prueba cient\u00edfica fuese la \u00fanica determinante para la velocidad. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que la equivocaci\u00f3n se presentaba en la interpretaci\u00f3n que se efectuaba; y que la conclusi\u00f3n se apartaba de las posiciones jurisprudenciales sobre la culpa probada, presunci\u00f3n de culpa, confesi\u00f3n y libertad probatoria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 indic\u00f3 que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; que la sentencia se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto del acervo probatorio, bajo las reglas de la sana critica; que aplic\u00f3 los preceptos legales, la doctrina y jurisprudencia; que el accionante tuvo la oportunidad de participar en las distintas actuaciones; que la determinaci\u00f3n adoptada era coherente; y que la tutela no era un recurso adicional. <\/p>\n
2. Carlos Eduardo Gonz\u00e1lez Bueno, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de QBE Seguros SA, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 4 de marzo de 2022, tras hacer referencia a los hechos probados, las versiones del accidente y las pruebas recaudadas, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Viene asomando con claridad de esas inaugurales probanzas que el actor Miguel Alfonso ven\u00eda entonces montado a caballo cuando se dio la colisi\u00f3n con el autom\u00f3vil, y que tanto jinete como equino padecieron sendas lesiones; d\u00edgase a prop\u00f3sito que los puntos de afectaci\u00f3n en el cuerpo de aqu\u00e9l dif\u00edcilmente son explicativos del lugar donde se encontraba cuando se dio el choque -si montado en el semoviente o en el piso separado del animal buscando un estribo-, porque am\u00e9n de que los traumatismos se presentaron en zonas distintas y separadas de su humanidad (en cadera, muslo, cr\u00e1neo, rodilla izquierda, con una fractura al final de la ep\u00edfisis superior de la tibia), los mismos pudieron causarse en el primer impacto con el rodante, al momento de golpearse con las partes de este (capo o panor\u00e1mico), ser generadas con el mismo caballo y hasta en la ca\u00edda contra el asfalto… <\/p>\n
Mas lo que busca ponerse de relieve es que los relatos del mencionado demandante -desde el suministrado para el primer reconocimiento m\u00e9dico legal- no han guardado una mediana sincron\u00eda en aspectos fundamentales del hecho, pues inclusive al rendir su declaraci\u00f3n en este proceso Herrera Caridad a\u00f1adi\u00f3 datos m\u00e1s puntuales como la distancia que ten\u00eda de su caballo y, a su vez, la ubicaci\u00f3n de \u00e9ste con respecto a la v\u00eda. A lo que se suma una cuesti\u00f3n adicional: es que ninguna de esas pormenorizadas circunstancias planteadas por la parte actora ha encontrado eco en las pruebas oportunamente allegadas al proceso. <\/p>\n
Siguiendo el hilo argumentativo n\u00f3tese que si se efect\u00faa la revisi\u00f3n del bosquejo topogr\u00e1fico que hace parte del informe de tr\u00e1nsito, all\u00ed tampoco se encuentran elementos para reconocerle alguna veracidad a la tesis f\u00e1ctica de la parte actora; de hecho, aparte de la trayectoria que se dej\u00f3 registrada para el autom\u00f3vil (sentido Tabio Cajica) y su ubicaci\u00f3n final (sobre el and\u00e9n contiguo a ese sentido vial) no se perciben graficadas otras huellas, trayectorias o elementos que permitan analizar con mayor amplitud las circunstancias del choque. <\/p>\n
Empero, lo que s\u00ed resulta compatible entre los medios de convicci\u00f3n hasta ahora referenciados y lo consignado en el informe de tr\u00e1nsito es la hip\u00f3tesis del accidente, la cual fue codificada para el peat\u00f3n bajo el c\u00f3digo 411, que gen\u00e9ricamente define otros eventos de ocurrencia asignables a dicho part\u00edcipe vial y que aqu\u00ed se acompa\u00f1\u00f3 con la descripci\u00f3n \u201cinvasi\u00f3n del carril con semoviente bajo estado de embriaguez\u201d, hip\u00f3tesis que al paso que se aleja del cuadro f\u00e1ctico afincado por el demandante, refuerza una vez m\u00e1s la tesis que se viene hilvanando. <\/p>\n
Por supuesto que las conjeturas que plante\u00f3 la juez a- quo sirven por igual de sustento para desestimar la versi\u00f3n de la demanda; es as\u00ed que nada certifica la p\u00e9rdida del estribo ni encuadra l\u00f3gicamente la ubicaci\u00f3n de este con respecto a su peso, al caballo y a la v\u00eda; y si se reproduce mentalmente la secuencia del accidente a partir de lo contado por Herrera Caridad brotar\u00edan m\u00faltiples interrogantes, dado que no parece veros\u00edmil que habiendo visto con atenci\u00f3n la calzada antes de recoger el estribo expulsado, justo despu\u00e9s lo hubiera sorprendido el automotor, cuando se trataba de una v\u00eda recta -a\u00fan con poca iluminaci\u00f3n-. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es cuando menos ambiguo y confuso el relato del jinete respecto a la maniobra del taxista, de quien dijo que intent\u00f3 esquivar el caballo y luego lo impact\u00f3, empero, se sabe que el autom\u00f3vil gener\u00f3 lesiones en ambos y que, si bien algo borrosas, las fotograf\u00edas obrantes en la actuaci\u00f3n penal dejan ver que hubo unos da\u00f1os ostensibles en el veh\u00edculo concentrados en una sola zona (la parte anterior izquierda, donde qued\u00f3 comprometido el guardabarros, la farola, el capo, el vidrio panor\u00e1mico, el espejo retrovisor y vidrio lateral del mismo costado), esto, como respuesta a un primer impacto, hall\u00e1ndose justificaci\u00f3n para el da\u00f1o del eje derecho, que se produjo luego del choque del taxi con el and\u00e9n tras perder el control. <\/p>\n
Hasta aqu\u00ed, la \u00fanica tesis f\u00e1ctica que logra tomar fuerza tras valorar el acervo demostrativo de modo integral y bajo las reglas de la sana cr\u00edtica, es la de que el actor Miguel Alfonso Herrera Caridad guiaba varios equinos en direcci\u00f3n hac\u00eda Tabio, que estando montado en su caballo invadi\u00f3 el carril vial por donde transcurr\u00eda el autom\u00f3vil de placas p\u00fablicas WPT-835, gener\u00e1ndose en el momento una colisi\u00f3n que lesion\u00f3 simult\u00e1neamente tanto al jinete como al semoviente, dejando da\u00f1os manifiestos en el rodante, principalmente, en su parte anterior izquierda y averiado el eje anterior derecho tras estrellar justo despu\u00e9s el and\u00e9n. <\/p>\n
Dentro de la evaluaci\u00f3n de conducta del jinete es preciso aludir otro factor, de suyo important\u00edsimo, que encuentra cumplida confirmaci\u00f3n en el dosier y que viene a informar otro aspecto de su conducta; dice el reconocimiento m\u00e9dico legal sentado el 13 de mayo de 2016, en el ac\u00e1pite incapacidad m\u00e9dico legal, que Herrera Caridad presentaba \u201cembriaguez grado I\u201d, dictamen m\u00e9dico que qued\u00f3 acompa\u00f1ado de la referencia previa propia del examen f\u00edsico, seg\u00fan la cual Miguel Alfonso presentaba \u201caliento alcoh\u00f3lico evidente\u201d, siendo que ninguna reprobaci\u00f3n firme se hizo para rebatir ese estado de embriaguez bajo el cual se conduc\u00eda el directo afectado. Como que tampoco se fustig\u00f3 la ausencia del permiso que deb\u00eda portar el caballista en caso de ser sometido a alg\u00fan control por parte de la autoridad de polic\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, el panorama f\u00e1ctico que se ha logrado esclarecer acorde con los medios de prueba revela, como conclusi\u00f3n preliminar, el notable e indiscutible influjo que tuvo la actividad del afectado directo Miguel Alfonso Herrera Caridad en la producci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, en resumen: se desplazaba a caballo pasada la medianoche sobre una v\u00eda con poca visibilidad y guiando otros semovientes sin ninguna medida de precauci\u00f3n, sabi\u00e9ndose del potencial de peligro que ofrecen estos animales por su tama\u00f1o y envergadura; cumpl\u00eda adem\u00e1s esa exigente actividad en estado de embriaguez, aumentando naturalmente el riesgo que de suyo ya tiene la conducci\u00f3n de caballos, y a la postre invadi\u00f3 el carril por donde transcurr\u00eda el taxista, todo lo cual muestra, it\u00e9rese, la evidente incidencia de su conducta en la producci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Precisando que: <\/p>\n
Lo que sigue es averiguar si del contexto investigado se desprende alguna circunstancia que determine, de su parte, la participaci\u00f3n del conductor del autom\u00f3vil en la secuencia causal, en tanto que la posibilidad de imputar en un todo la responsabilidad del accidente a este ha quedado descartada conforme con lo ya expuesto. En ese sentido, hay lugar a anticipar que dentro de los elementos f\u00e1cticos que se ha propuesto analizar el tribunal no aflora ninguna situaci\u00f3n capaz de estructurar un reproche, que perfilado en sentido jur\u00eddico, sea atribuible a Luis Eduardo Mar\u00edn Reyes. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica se tiene que con su recurso la parte demandante ha perseverado en un componente que estimaron en grado sumo determinante del da\u00f1o y que consideraron cabalmente probado, no otro que el relacionado con la velocidad que llevaba el automotor. Sin embargo, con poco que ha fijado la vista esta colegiatura en ese aspecto de la lid, coligi\u00f3 que no es posible articular en funci\u00f3n del mismo un juicio atributivo de incidencia causal, atendidas en su conjunto las dem\u00e1s situaciones, como para pensar siquiera en un escenario de concurrencia. <\/p>\n
A fin de explicarlo es menester indicar que la v\u00eda de doble sentido donde se present\u00f3 la colisi\u00f3n fue efectivamente situada, seg\u00fan el informe de tr\u00e1nsito, dentro de un \u00e1rea rural, del orden municipal y en un sector residencial; luego, no est\u00e1 en discusi\u00f3n que el l\u00edmite de velocidad para este sector es de m\u00e1ximo 30 km\/h acorde con el mandato previsto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 74 del CNTT. <\/p>\n
Ahora, lo que no resulta pac\u00edfico probatoriamente dentro del caso es la velocidad a la que se movilizaba el taxi antes de experimentar el choque con el jinete, mediando como \u00fanica evidencia la declaraci\u00f3n del conductor de aquel rodante, quien a lo sumo atest\u00f3 que se desplazaba a unos 30 o 40 km\/h, medio de convicci\u00f3n que as\u00ed contemplado deviene insuficiente para inferir la vulneraci\u00f3n del referenciado mandato de tr\u00e1nsito, si en la cuenta se tiene que el rango inferior marcado por Mar\u00edn Reyes acompasa con el del l\u00edmite m\u00e1ximo de circulaci\u00f3n autorizado para esa clase de ruta. <\/p>\n
En esa medida, asoma una nota distintiva de este caso con aquel que otrora juzg\u00f3 el tribunal, cuya sentencia han citado los recurrentes para respaldar sus alegatos, a saber, el pleito que entonces se decidi\u00f3 estaba abastecido con elementos de convicci\u00f3n suficientes para, en funci\u00f3n de los datos y circunstancias subyacentes, aplicar formulaciones matem\u00e1ticas para calcular la velocidad que llevaba el automotor que se vio involucrado en esa causa, informaciones de las que no hace gala esta tramitaci\u00f3n, frustrando cualquier intento de argumentaci\u00f3n consistente que verse sobre la velocidad del taxi. <\/p>\n
Ergo, la invocaci\u00f3n de ese pronunciamiento judicial tampoco resulta de recibo para el fin que propone la censura, todo lo m\u00e1s cuando se tiene que cada reclamo judicial comporta un variado conjunto de matices jur\u00eddicos, f\u00e1cticos y probatorios, de modo que no es factible simplemente transpolar una conclusi\u00f3n de una decisi\u00f3n a otra, menos cuando esta es propia del \u00e1mbito factual del caso. <\/p>\n
En el descrito orden de ideas se impone la desestimaci\u00f3n de la alzada y, por esa senda, corresponde ratificar el juzgamiento que imparti\u00f3 la juez a-quo, confirmando \u00edntegramente el fallo combatido. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia cuestionada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7212-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7212-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01719-00 Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Alfonso Herrera Caridad contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64360\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}