STC7215-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7215-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida, mediante apoderado, por el Municipio de Gachet\u00e1 -Cundinamarca contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, al Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1 y a los intervinientes del proceso laboral de radicado 20130000400. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y los principios de legalidad, publicidad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Las se\u00f1oras Nubia Mireya L\u00f3pez Martin y Mar\u00eda Fernanda Beltr\u00e1n L\u00f3pez, en su calidad de compa\u00f1era permanente e hija del fallecido Pedro Emilio Beltr\u00e1n Chala, instauraron demanda laboral contra el se\u00f1or Emigdio Alberto Novoa Calder\u00f3n, administrador del beneficiadero de ganado de Gachet\u00e1 y, en solidaridad, contra el Municipio de Gachet\u00e1-Cundinamarca, propietario del lugar, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre los se\u00f1ores Beltr\u00e1n Chala y Novoa Calder\u00f3n, desde el 1\u00b0 de abril de 2009 hasta el 24 de abril de 2011, fecha \u00faltima en que falleci\u00f3 el trabajador, y se reconocieran las prestaciones e indemnizaciones causadas. <\/p>\n
2.2. El 11 de abril de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1 declar\u00f3 la existencia del contrato de trabajo y conden\u00f3 a la parte demandada, decisi\u00f3n que fue confirmada, el 3 de marzo de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
2.3. El 11 de agosto de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por el Municipio de Gachet\u00e1 y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la entidad tutelante afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por no valorar adecuadamente el material probatorio allegado al proceso, lo que deriv\u00f3 en que no se tuviera apoyo probatorio en la decisi\u00f3n adoptada. Tampoco se \u00abtuvo en cuenta el impacto fiscal que tendr\u00e1 para el municipio de Gachet\u00e1 la condena en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la Sala convocada se fundament\u00f3 en unas pruebas insuficientes e inconducentes para establecer la legitimaci\u00f3n en la causa para demandar de la se\u00f1ora Nubia Mireya L\u00f3pez Mart\u00edn y sus hijas, pues la \u00abdeclaraci\u00f3n extra juicio no es el documento jur\u00eddicamente pertinente para acreditar la convivencia y\/o relaci\u00f3n de compa\u00f1eros permanentes\u00bb, as\u00ed como tampoco se acredit\u00f3 debidamente el parentesco que ten\u00eda el causante con sus hijas, en tanto era necesario que estuvieran reconocidas previamente a trav\u00e9s de un acto judicial como herederas. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque la sentencia proferida el 11 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, por no cumplirse con el postulado de la inmediatez y porque la decisi\u00f3n proferida era razonable, toda vez que \u00abfue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y los elementos probatorios acopiados, por lo que no resulta arbitraria ni desconocedora de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que, \u00absi bien el actor propone defectos en la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, lo cierto es que no los demuestra o acredita, en tanto, [\u2026], los argumentos esenciales de la sentencia acusada, por una parte, fueron estudiados al determinar la legitimaci\u00f3n que le asisti\u00f3 a la parte activa en el proceso laboral para presentar la demanda; y, por otra, los argumentos que refieren al parentesco entre las hijas y el trabajador causante, no fueron atacados ni desvirtuados\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte accionante, argumentando que no se analiz\u00f3 la falta de capacidad fiscal de la entidad territorial, para cumplir con lo ordenado. En ese orden, pidi\u00f3 que se \u00abrevise y detalle los hechos f\u00e1cticos planteados\u00bb, se revoque el fallo de tutela y se protejan sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la entidad accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala convocada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 11 de agosto de 2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido en su contra, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 3 de marzo de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal, por falta de t\u00e9cnica. <\/p>\n
2.1. Para ello, comenz\u00f3 por se\u00f1alar, respecto del primer cargo, que su ataque fue direccionado por la v\u00eda indirecta, por error de hecho, pero en su formulaci\u00f3n y demostraci\u00f3n, \u00abla censura le atribuye al juzgador de segunda instancia yerros relacionados con la tarifa legal probatoria, propios del error de derecho, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 87 del CPTSS, situaci\u00f3n que adem\u00e1s condujo as\u00ed mismo a realizar una inapropiada mixtura jur\u00eddica y f\u00e1ctica en la sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. No obstante, sostuvo que el Tribunal no incurri\u00f3 en error de derecho, toda vez que la demostraci\u00f3n del requisito de convivencia consagrado en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, respecto de la reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la compa\u00f1era permanente del asegurado o pensionado, no tiene \u00abtarifa legal\u00bb, como lo predicaba la recurrente, pues \u00abel legislador en el art\u00edculo 61 del CPTSS, estableci\u00f3 la facultad para los jueces de esta especialidad, formar libremente su convencimiento con aquellas probanzas que mejor lo persuadan, atendiendo las reglas de la sana critica\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en lo atinente a la acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de hijas del asegurado, afirm\u00f3 que dicha pretensi\u00f3n constitu\u00eda un hecho nuevo, que \u00abno fue planteado en el escrito de contestaci\u00f3n por parte del ente recurrente ni en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, circunstancia que est\u00e1 proscrita en casaci\u00f3n laboral, como bien lo enfatiz\u00f3 la Sala en sentencias CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36922, CSJ SL5179-2019, CSJ SL4822-2020, entre otras y, en esa medida, concluy\u00f3 que no era dable en \u00abesta sede extraordinaria modificar la contestaci\u00f3n de la demanda, puesto que con ello se vulneraria el derecho de defensa, contradicci\u00f3n y el debido proceso de los accionantes, al sorprenderlas con peticiones distintas a las excepcionadas inicialmente, alterando la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal definida en las instancias\u00bb, por lo cual el cargo deb\u00eda desestimarse. <\/p>\n
2.3. En cuanto al segundo cargo, advirti\u00f3 que la casacionista lo formul\u00f3 \u00abpor la v\u00eda de puro derecho, pero a su vez denuncia al Tribunal de no haber valorado algunas pruebas, por cuanto se abstuvo de tener en cuenta varios aspectos inherentes al contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado entre Emigdio Alberto Novoa Calder\u00f3n y el Municipio de Gachet\u00e1\u00bb, lo cual constituye una inexactitud, dado que mezcl\u00f3 indebidamente las v\u00edas directa e indirecta de violaci\u00f3n de la ley sustancial que son excluyentes; asimismo, destac\u00f3 que la entidad no determin\u00f3 los yerros f\u00e1cticos, ni explic\u00f3 respecto de cada prueba lo que se pretend\u00eda acreditar, ni c\u00f3mo influy\u00f3 en el fallo su falta de an\u00e1lisis y no identific\u00f3 con precisi\u00f3n cu\u00e1l fue el error de hecho. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que, en el hipot\u00e9tico evento de que la Sala entendiera que el planteamiento f\u00e1ctico solo constituye un sustento argumentativo del yerro hermen\u00e9utico de las normas que denuncia, el cargo tampoco saldr\u00eda avante, toda vez que \u00abla argumentaci\u00f3n del recurrente no concreta en qu\u00e9 consisti\u00f3 la violaci\u00f3n de la ley sustancial por parte del ad quem\u00bb; y, para el efecto, hizo \u00e9nfasis en el criterio expuesto en la sentencia CSJ SL3326-2019, en el sentido que \u00ab\u2018no son suficientes las acusaciones parciales, de tal suerte que es carga del recurrente en casaci\u00f3n destruir todos los soportes del fallo impugnado, pues aqu\u00e9l que se deje libre de cuestionamiento ser\u00e1 suficiente para mantener en pie la decisi\u00f3n que se impugna, que bien se sabe, llega al estrado casacional amparada con las presunciones de legalidad y de acierto, que deben ser derruidas por el impugnante\u2019\u00bb. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista -reiterados en sede de tutela- y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, en la t\u00e9cnica de la demanda de casaci\u00f3n, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal, al establecer que el planteamiento y desarrollo de los cargos conten\u00edan graves deficiencias t\u00e9cnicas, que compromet\u00edan su prosperidad y que no eran factibles subsanar por virtud del car\u00e1cter dispositivo del recurso de casaci\u00f3n, en la medida en que el casacionista incurri\u00f3 en el error de entremezclar las modalidades de violaci\u00f3n e incluy\u00f3 pretensiones que no hab\u00edan sido planteadas en las instancias pertinentes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante. <\/p>\n
En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022- 01). <\/p>\n
3.1. Adicionalmente, se advierte que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que la parte actora tuvo a su alcance, pues este no se present\u00f3 en debida forma; tal omisi\u00f3n inviabiliza, igualmente, el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, debe se\u00f1alarse que no corresponde al juez constitucional analizar los impactos econ\u00f3micos que la decisi\u00f3n cuestionada pueda tener en la entidad condenada, de un lado, porque dicho argumento no torna per se ilegal la determinaci\u00f3n adoptada y, de otro, porque el ente territorial intervino en el juicio, en el que debi\u00f3 alegar lo pertinente y ejercer, en debida forma, su derecho de defensa; no obstante, como se vislumbr\u00f3, no present\u00f3 en la oportunidad e instancia respectiva algunos de los reproches aludidos en sede de casaci\u00f3n y no formul\u00f3 de manera id\u00f3nea la demanda extraordinaria, por lo que dicha argumentaci\u00f3n no viabiliza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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