STC7216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01764-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cooperativa de Transportadores R\u00e1pido Chicamocha contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal\u2026\u00bb; y que se \u00abreconozca el derecho que tiene\u2026 en ejercicio de la segunda instancia a que se tramite conforme lo ordena el Decreto 806 de 2020 del recurso de apelaci\u00f3n o en su defecto dar tr\u00e1mite a dicho recurso\u2026 que hab\u00eda sido sustentado ante el Juzgado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. V\u00edctor Manuel Joya Veloza, Mar\u00eda Inocencia Sandoval de Velandia, Mar\u00eda de Jes\u00fas Guerrero Aparicio, Ana Mariela Velandia Sandoval en nombre propio y de su menor hija, Blanca Ibeth Pinz\u00f3n Fonseca y Mar\u00eda Alejandra Rojas Pinz\u00f3n instauraron proceso de responsabilidad civil contra Julio Miguel D\u00edaz Garc\u00eda y la Cooperativa de Transportadores R\u00e1pido Chicamocha -Cootrachica Ltda, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, el que dict\u00f3 sentencia el 23 de abril de 2019, en la que se declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, tuvo como responsables civil y contractualmente de las lesiones y los perjuicios padecidos a los demandados y a la aseguradora llamada en garant\u00eda, imponi\u00e9ndoles las respectivas condenas. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, el Tribunal criticado admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n; con auto de 6 de noviembre de 2020 declar\u00f3 desiertos los recursos impetrados por Equidad Seguros O.C. y Cootrachica Ltda; y el 11 de marzo de 2022 modific\u00f3 el fallo emitido de primer grado, tras encontrar no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n invocada por la llamada en garant\u00eda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que el proceso inicio antes de la vigencia del Decreto 806 de 2020, por lo que deb\u00eda ajustarse al mismo, lo cual no ocurri\u00f3, en tanto que no le comunicaron a las partes, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, la admisi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada por no haberla sustentado, empero, s\u00ed lo hizo ante el juzgador de primer grado; que el 11 de marzo se dict\u00f3 sentencia sin tener en cuenta su recurso; que agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa, en tanto que se surtieron las instancias posibles; y que cumpl\u00eda con la inmediatez. <\/p>\n
2.5. Adujo que sustent\u00f3 de forma oral su apelaci\u00f3n ante el a-quo; que el tr\u00e1mite no se ajust\u00f3 al Decreto 806 de 2020; que sustent\u00f3 en el t\u00e9rmino legal, por lo que no debi\u00f3 declararse la deserci\u00f3n censurada; y que se deb\u00eda aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo inform\u00f3 que una vez culminado el tr\u00e1mite remiti\u00f3 el expediente al fallador de primer grado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que la promotora desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2020, con el que se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que impetr\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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