STC7218-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7218-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01306-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 No\u00e9 Fl\u00f3rez Malag\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias -Meta-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, el 24 de agosto del a\u00f1o 2006, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas al accionante mediante sentencias del 15 de mayo de 1993 y del 15 de septiembre de 2003, proferidas por los Juzgados Veinticuatro Superior y Doce Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1. En consecuencia, le impuso una pena acumulada de 354 meses de prisi\u00f3n y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
2.1. El 2 de mayo de 2007, el referido Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja le concedi\u00f3 la libertad condicional y le fij\u00f3 un per\u00edodo de prueba de 130 meses de prisi\u00f3n. El procesado suscribi\u00f3 diligencia de compromiso el 9 de mayo siguiente. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2017, fue condenado por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 a la pena de 87 meses de prisi\u00f3n, por los delitos de hurto calificado y agravado, porte de armas de fuego o municiones y uso de menores de edad en la comisi\u00f3n de delitos, en el proceso con radicado 11001600001520170638500. <\/p>\n
2.3. Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (Meta) revoc\u00f3 la libertad concedida al tutelante, con fundamento en que no observ\u00f3 buena conducta durante el per\u00edodo de prueba de la libertad otorgada. <\/p>\n
2.4. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 23 de abril de 2020. <\/p>\n
2.5. El promotor censura que \u00abel Juzgado le revoc\u00f3 la libertad condicional, sin contar con la asistencia de un defensor, y sigue todav\u00eda sin tener dicha asistencia, pues desconoce qui\u00e9n es su defensor\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide \u00abdejar sin efecto legal alguno las providencias de primera instancia de fechas 22 de noviembre de 2019 y de segunda instancia del 23 de abril de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas -Meta- realizaron un recuento de las actuaciones surtidas a instancia y respaldaron la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablo \u00fanico que se pretende es insistir en puntos que ya fueron planteados ante los jueces ordinarios, con el \u00e1nimo de que el juez de tutela aborde nuevamente el debate\u00bb y que no se cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que las decisiones reprochadas fueron motivadas en los elementos de prueba allegados al proceso penal, \u00abque demostraron el incumplimiento del accionante de la obligaci\u00f3n contra\u00edda en el acta compromisoria consistente en conservar buena conducta\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la falta de defensa t\u00e9cnica alegada por el accionante en la fase de ejecuci\u00f3n, dijo que, \u00abmediante oficio J2-17993 del 15 de octubre de 2019, se corri\u00f3 traslado del art\u00edculo 486 de la Ley 600 de 2000 a la defensora Leuvis del Carmen P\u00e9rez Causil, para que en los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes presentara las explicaciones relativas al incumplimiento de la obligaci\u00f3n de preservar buena conducta en cabeza de su defendido [\u2026] las notificaciones efectuadas a la defensora del ahora accionante han sido acordes a lo establecido en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2000 [\u2026] por lo que no puede aducirse una falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado del actor insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito fundacional de la acci\u00f3n de tutela y se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abel factor inmediatez echado de menos por el juez de tutela de primera instancia, se descarta porque los efectos de la vulneraci\u00f3n se han mantenido en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se cumple con el principio de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la \u00faltima de las providencias recriminadas -23 de abril de 2020- y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -24 de junio de 2021-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
2.1. Frente al citado principio, ha de precisarse que, pese a que no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, aunque el actor adujo que \u00abhubo ausencia de defensa t\u00e9cnica, dado el tiempo transcurrido desde que se le concedi\u00f3 la libertad condicional (2 de mayo de 2007) hasta que fue revocada (22 de noviembre de 2019)\u00bb, lo cierto es que contra la referida decisi\u00f3n del 22 de noviembre de 2019, el tutelante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, el primero de los cuales fue despachado desfavorablemente el 7 de enero de 2020 y, el segundo, el 23 de abril siguiente, sin que se vislumbre impedimento alguno para acudir a la acci\u00f3n de amparo constitucional, m\u00e1xime que, para el efecto, no se requiere contar con la representaci\u00f3n de un profesional del derecho. <\/p>\n
3. Hechas las anteriores precisiones se confirmar\u00e1 la salvaguarda impetrada, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7218-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7218-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01306-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64365","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64365","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64365"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64365\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}