STC7221-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7221-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de abril de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Silvia Helena P\u00e9rez Pel\u00e1ez contra el Juzgado Doce de Familia de la misma urbe. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-01304. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, a presentar y solicitar pruebas, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, alimentaci\u00f3n, salud, seguridad social, recreaci\u00f3n y vida, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1 -con providencia del 27 de enero de 20201- admiti\u00f3 la demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria promovida por Silvia Helena P\u00e9rez Pel\u00e1ez, como c\u00f3nyuge inocente, contra Andr\u00e9s Augusto Casta\u00f1eda Giraldo. Igualmente, en prove\u00eddo del mismo d\u00eda2, fij\u00f3 como cuota provisional de alimentos el equivalente al 30% de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
2.2. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Casta\u00f1eda Giraldo interpuso recurso de reposici\u00f3n3, el cual fue resuelto mediante auto del 6 de diciembre de 2021, donde se revoc\u00f3 la concesi\u00f3n de alimentos provisionales4. El Juzgado accionado profiri\u00f3 en la misma calenda dos providencias m\u00e1s. En la primera, fij\u00f3 el 10 de febrero de 2022 como fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso5. Y en la segunda, decret\u00f3 y neg\u00f3 algunas pruebas6. <\/p>\n
2.3. El apoderado de la aqu\u00ed accionante inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al auto que decret\u00f3 pruebas y solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n del que resolvi\u00f3 el medio impugnatorio planteado con antelaci\u00f3n7. <\/p>\n
2.4. Finalmente, el Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1 el 22 de marzo de 2022, dict\u00f3 cuatro autos resolviendo: i) confirmar la determinaci\u00f3n del 6 de diciembre de 2021 que decret\u00f3 las pruebas en el proceso8. ii) dejar sin valor el numeral segundo del prove\u00eddo del 9 de febrero de 2022 y, en su lugar, decretar las pruebas solicitadas en el escrito que descorri\u00f3 el traslado de las excepciones9. iii) dejar sin valor ni efecto la providencia del 6 de diciembre de 2021 en virtud de la aclaraci\u00f3n solicitada por P\u00e9rez Pel\u00e1ez, se\u00f1alando que en auto separado se resolver\u00e1 el recurso incoado contra el numeral 1\u00b0 del auto de 27 de enero de 202010. Y, en sinton\u00eda con el anterior, iv) revocar el se\u00f1alado numeral que hab\u00eda fijado alimentos provisionales, negando su concesi\u00f3n11. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, se duele la promotora que el estrado judicial refutado incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n porque no se le brind\u00f3 la protecci\u00f3n requerida al ser v\u00edctima de violencia intrafamiliar y porque no se decretaron las probanzas que ella consideraba id\u00f3neas para acreditar lo alegado en la causa inicial. Por otro lado, apuntal\u00f3 que las decisiones del juzgador configuraron defecto material o sustantivo, y f\u00e1ctico, por soslayar el principio de libertad probatoria y por no permitir que se practiquen pruebas pertinentes para demostrar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y la capacidad del alimentante. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto las decisiones del: i) 6 de diciembre de 2021 que decret\u00f3 las probanzas dentro de la causa, ii) 22 de marzo de 2022 que confirm\u00f3 el auto del 6 de diciembre de 2021 relacionado con el decreto de pruebas y iii) 22 de marzo de 2022 que revoc\u00f3 el numeral 1\u00ba de la providencia del 27 de enero de 2020 y neg\u00f3 la medida provisional de alimentos. En sinton\u00eda con lo anterior, pidi\u00f3 que se le ordene al Juzgado accionado que decrete las pruebas que fueron negadas y que resuelva nuevamente el recurso promovido contra el auto que fij\u00f3 los alimentos provisionales. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e112 manifest\u00f3 que mediante prove\u00eddos del 22 de marzo de 2022 resolvi\u00f3 las peticiones elevadas por la aqu\u00ed accionante. En este sentido, solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo por hecho superado. <\/p>\n
2. Andr\u00e9s Augusto Casta\u00f1eda Giraldo13 peticion\u00f3 que fuera negada la salvaguarda comoquiera que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas supralegales de la actora, espec\u00edficamente, no se prob\u00f3 la presunta violencia econ\u00f3mica enrostrada por aquella. En igual sentido, afirm\u00f3 que las decisiones a las que arrib\u00f3 la autoridad judicial accionada son razonables. Por \u00faltimo, apuntal\u00f3 que no se configur\u00f3 el defecto f\u00e1ctico y sustantivo alegado por la promotora. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo rogado por cuanto no se advierte la vulneraci\u00f3n de derechos alegada por la promotora, debido a que \u00abdesde el inicio procesal no se encontraban presentes la totalidad de los requisitos exigidos en la ley y jurisprudencia para la fijaci\u00f3n provisional de los alimentos\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abla parte demandada desvirtu\u00f3 la necesidad de los alimentos con base en la respectiva prueba documental, que no fue tachada, ni desvirtuada por la demandante\u00bb. Por otro lado, de cara al no decreto de algunas pruebas, rese\u00f1\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n se encuentra debidamente fundamentada y sustentada por la Juez, sin que el Juez constitucional pueda inmiscuirse para controvertir el juicio de valor que hizo el juez natural\u00bb. Apuntal\u00f3 que, trat\u00e1ndose del auto del 22 de marzo de 2022 que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas probanzas, \u00abla demandante puede interponer el recurso de reposici\u00f3n, para controvertir la negativa del decreto de las pruebas que le interesan, el que aqu\u00ed no acredit\u00f3 haber interpuesto contra tal decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de la actora, con ocasi\u00f3n de las determinaciones emitidas por la autoridad judicial accionada el 6 de diciembre de 2021 y 22 de marzo de 2022, pues, en su entender, no se le brind\u00f3 la protecci\u00f3n requerida al ser v\u00edctima de violencia intrafamiliar y porque no se decretaron las probanzas que ella consideraba id\u00f3neas para acreditar lo alegado en la causa inicial en relaci\u00f3n con la necesidad de los alimentos provisionales. <\/p>\n
2. Pues bien, se observa que el juzgado convocado -con providencia del 27 de enero de 2020- decret\u00f3 como cuota alimentaria provisional en favor de la demandante, se\u00f1ora Silvia Helena P\u00e9rez Pel\u00e1ez, el equivalente al 30% de un salario m\u00ednimo. No obstante, con auto del 22 de marzo de 2022, revoc\u00f3 esta determinaci\u00f3n sobre la base que no fue acreditada la necesidad de la alimentaria. Como fundamento de su decisi\u00f3n, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab2.- Sea lo primero se\u00f1alar que el legislador se\u00f1alo al c\u00f3nyuge como titular del derecho de alimentos conforme a lo establece el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C.C., por lo tanto sin lugar a dudas al estar acreditada el v\u00ednculo matrimonial entre las partes (fl.3 cdno.1) a la se\u00f1ora SILVIA HELENA P\u00c9REZ PEL\u00c1EZ le asiste el derecho de interponer la acci\u00f3n y solicitar alimentos provisional si acredita los presupuestos para ello en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 397 del C.G.P., esto es i). la capacidad econ\u00f3mica del demandado, como ii). la cuant\u00eda de las necesidades del alimentario, como quiera que no cuenta con presunci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Sobre los alimentos provisionales que son los que reclama la demandante, se tiene que los mismos pueden decretarse por el juez siempre que se le presente fundamento plausible (art\u00edculo 417 del C\u00f3digo Civil). (\u2026) <\/p>\n
Frente a la necesidad que tiene la demandante de recibir alimentos por parte de su c\u00f3nyuge, menester es decir que la carga que tiene la persona que los reclama se cumple con la afirmaci\u00f3n que haga de requerir de dicha ayuda por constituir su afirmaci\u00f3n una negaci\u00f3n indefinida y en raz\u00f3n de lo cual la carga de la prueba se invierte debiendo ser el demandado quien entre a demostrar que la peticionaria no los requiere por contar con bienes o ingresos suficientes para proveerse por s\u00ed misma la congrua subsistencia y a ello debe unirse la cuantificaci\u00f3n de la necesidad. (\u2026)\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEs decir, que la necesidad de los alimentos debe ser desvirtuada por el deudor de los mismos y entonces dicho lo anterior, junto con el escrito de recurso arrim\u00f3 certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Compa\u00f1\u00eda de los \u00c1ngeles S.A.S., expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 14 de octubre de 2021 del cual se advierte que es la se\u00f1ora SILVIA HELENA P\u00c9REZ PEL\u00c1EZ quien funge como su representante legal, empresa que a su vez tiene titularidad del veh\u00edculo de placas FPU-833 de marca BMW modelo 2019, de lo cual se puede inferir que cuenta con un patrimonio con el cual puede respaldar por lo menos su congrua subsistencia mientras se debate y se define de forma definitiva el objeto del proceso\u00bb14. (Se subraya) <\/p>\n
3. Asimismo, de cara al decreto de pruebas dentro de la causa principal, el estrado confutado -en providencia del 6 de diciembre de 202115- neg\u00f3 algunas de las probanzas solicitadas por la aqu\u00ed accionante, decisi\u00f3n que fue confirmada en auto del 22 de marzo de 2022, donde la C\u00e9lula judicial, luego de realizar una introducci\u00f3n relativa a la necesidad de la prueba, apuntal\u00f3: <\/p>\n
\u00abFrente a la prueba testimonial solicitada de entrada ha de indicarse que no es el medio probatorio conducente, ni pertinente para acreditar fehacientemente la necesidad de la alimentaria, ni la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, siendo prueba \u00fatil para ello la documental, con la que se acreditan los elementos para la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria. <\/p>\n
Por su parte frente a las pruebas denominadas por producir (oficiosa), el legislador estableci\u00f3 en el art\u00edculo 173 del C.G.P., indico en la parte final del inciso segundo que \u201c\u2026El juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente.\u201d <\/p>\n
Visto el escrito introductorio (fl.219 a 247) y el que descorri\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito (fl.296 a 302), se tiene que en ninguno fue advertido y menos allegado como anexo, prueba alguna que diera cuenta del agotamiento del derecho de petici\u00f3n que se hubiera tramitado en las entidades relacionas en el ac\u00e1pite donde se depreca tal probanza oficiosa; por lo tanto, no puede pretender la parte actora que sean tenidas en cuenta las advertidas diligencias (derecho de petici\u00f3n) que fuera allegadas fuera de la etapa procesal correspondiente (fls.303 a 321 y 332 a 433), pues con ello generar\u00eda una indebida prolongaci\u00f3n de la etapa de solicitud probatoria sino que constituir\u00eda en s\u00ed una vulneraci\u00f3n al debido proceso al demandado, e incumplimiento al principio de igualdad que debe otorgarle a las partes. <\/p>\n
Respecto a las pruebas consistentes en exhibici\u00f3n de documentos, en el exterior y trasladada que fueron negadas, no solo tienen la misma suerte que las oficiosas, pues por lo menos para las dos \u00faltimas no solo no fue acreditado su solicitud directa previa a las entidades correspondientes sino que conforme al fundamento por las cuales se solicitan, esto es \u201c\u2026establecer cu\u00e1l es el verdadero patrimonio de ANDR\u00c9S AUGUSTO CASTA\u00d1EDA GIRALDO.\u201d, lo cual resulta impertinente e inconducente para la finalidad de este proceso judicial la cual ya fue advertida, pues lo relacionado a la acreditaci\u00f3n de existencia de bienes en cabeza del demandado ser\u00e1 objeto de determinaci\u00f3n en el proceso correspondiente\u00bb16. (Se subraya) <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable17. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales). <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente18 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.19 <\/p>\n
4.3. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.20 <\/p>\n
5. Por otro lado, resulta menester indicar que tampoco se cumple con el presupuesto general de subsidiariedad, debido a que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, se est\u00e1 a la espera de que se fije nuevamente fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que a\u00fan cuenta la gestora para ejercer su defensa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes21. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se le recuerda que el fallo emitido en la controversia objeto de reproche no es una determinaci\u00f3n irreversible o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, \u00abde manera que nada le impide acudir nuevamente ante el juez de conocimiento a solicitar la revisi\u00f3n de la cuota alimentaria cuestionada\u00bb (STC287-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo relacionado con la presunta violencia intrafamiliar sufrida por la accionante, no se otea en el dossier procesal prueba alguna que d\u00e9 cuenta de ello, por tanto, ser\u00e1 dentro de la causa natural el escenario donde se deber\u00e1n debatir todas las alegaciones respectivas. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed argumentadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 495, archivo \u201cALIMENTOS 2019-01304 CUADERNO 1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 7, archivo \u201cALIMENTOS 2019-01304 CUADERNO 2 MEDIDAS CAUTELARES\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 5-25, archivo \u201cC1. Folios 251 \u2013 494\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 143 y 144. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 145 y 146. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 147 y 148. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem., 150-161. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 479-483. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem., 485. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 487-489. <\/p>\n
11\u0002 Folios 20-23, archivo \u201c03EscritodeTutela\u201d del expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 Folios 1-11, archivo \u201c08 MemorialAndr\u00e9sAugustoCasta\u00f1edaGiraldo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Folios 20-23, archivo \u201c03EscritodeTutela\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Folios 147 y 148, archivo \u201cC1. Folios 251-494\u201d del expediente digital. <\/p>\n
16\u0002 Ibidem., 479-483. <\/p>\n
17\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
18\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
19\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
20\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
21\u0002 Al respecto, esta Corte ha reiterado que \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7221-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7221-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64368\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}