STC7225-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7225-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Betsayda Villota Eraso -Juez Segunda Promiscuo Municipal de Villa de Leyva- contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efectos la sentencia de 30 de agosto de 2021 emitida por la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y por no haber sido impugnada, se declare en firme la sentencia de tutela de primera instancia de fecha 23 de julio de 2021, emitida por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Manuel Mu\u00f1oz Cuenta instaur\u00f3 tutela contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva cuestionando la decisi\u00f3n de 20 de mayo de 2021, con la que se revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena que le hab\u00eda sido otorgada en la sentencia de 26 de octubre de 2020 y se orden\u00f3 su captura. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja, el que en sentencia de 23 de julio de 2021 concedi\u00f3 el ampar\u00f3, dej\u00f3 sin efectos el auto de 20 de mayo de 2021 y las actuaciones derivadas del mismo, concediendo la libertad y orden\u00e1ndole al despacho acusado que se abstuviera de proferir decisi\u00f3n cuya competencia estuviere reservada para los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. <\/p>\n
2.3. Tras ser impugnada dicha decisi\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, el 30 de agosto siguiente, la confirm\u00f3 y dispuso compulsar copias penales y disciplinarias para que se investigara la conducta de la Juez ante la evidente constataci\u00f3n de la tipicidad objetiva. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que se emiti\u00f3 fallo desconociendo los requisitos de postulaci\u00f3n y legitimaci\u00f3n, en tanto el abogado que represent\u00f3 al accionante no ten\u00eda atribuci\u00f3n para impugnar, pues no alleg\u00f3 el poder correspondiente. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el escrito contentivo del recurso no desarroll\u00f3 los motivos de inconformidad contra la sentencia constitucional de primer grado; y que en contravia de la presunci\u00f3n de inocencia y los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, se dispuso compulsarle copias ante la evidente constataci\u00f3n de tipicidad objetica, lo que implic\u00f3 un prejuzgamiento y an\u00e1lisis de la tipicidad. <\/p>\n
2.6. Adujo que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto y org\u00e1nico; que la Corporaci\u00f3n acusada se adelant\u00f3 al estudio de la conducta sin escuchar descargos y sin conocer las actuaciones de la causa penal; que se le cercen\u00f3 la posibilidad de demostrar que no exist\u00eda la aludida tipicidad objetiva; y que el Tribunal estaba imposibilitado de efectuar estudio de fondo alguno. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con los presupuestos jurisprudenciales para criticar un fallo de tutela, en tanto que no acredit\u00f3 que el fallo censurado fuese producto de un acto enga\u00f1oso, ilegal y\/o falaz, lo que tampoco se observaba; que la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n la tutela atacada, lo que configuraba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, por lo que cualquier debate que se pretendiera aducir entorno a las determinaciones adoptadas al interior de la actuaci\u00f3n eran impertinentes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que pese a que se probaron los hechos no se emiti\u00f3 fundamento para rechazar los mismos; que el fallador se extralimit\u00f3 en sus funciones; que la tipicidad de una conducta se encontraba reservada a la investigaci\u00f3n; y que se desconoc\u00eda la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de segunda instancia emitido dentro de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 la autoridad accionada, con el que se confirm\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo impetrado y se dispuso compulsar copias, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine el mismo. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre el que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
4. Finalmente, en cuanto a la decisi\u00f3n de compulsa de copias para que sea investigada la conducta desplegada por la ahora accionante, es de advertirse que sus argumentaciones habr\u00e1n de ser expuestas y valoradas en dicho escenario, en el cual podr\u00e1 ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
En un asunto en el que esta Sala ratific\u00f3 la orden de compulsa de copias, se precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026que, por una parte, es competencia de cualquier autoridad dar a conocer las situaciones que, en su criterio, estime irregulares y que ameriten el examen de la autoridad disciplinaria \u2013decisi\u00f3n del juez constitucional a quo que la Sala respeta- y, por otra, como lo ha destacado esta Sala, es ante el ente investigador que el investigado podr\u00e1 \u2018ejercer su derecho de contradicci\u00f3n rindiendo las explicaciones solicitadas, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la pr\u00e1ctica de las que considere conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanci\u00f3n que se sigue como consecuencia de ella\u2019 (sent. de 2 de noviembre de 2010, Exp. T. 2010-00279-01)\u201d (Sentencia de 22 de junio de 2012, exp. 52001-22-13-000-2012-00027-02). <\/p>\n
Asimismo, en un asunto que guarda cierta simetr\u00eda con el actua, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
…[La determinaci\u00f3n] criticada fue proferida en el \u00e1mbito de competencia de tal autoridad judicial, quien estim\u00f3, luego de estudiar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica presentada, que existi\u00f3 una conducta que amerita ser investigada por las autoridades respectivas, por lo que esta Corporaci\u00f3n, aunque pueda no compartir \u00edntegramente dicho razonamiento, no puede entrar a modificar o invalidar una medida que, en principio, no desconoce prerrogativas de rango fundamental, m\u00e1xime cuando lo dispuesto est\u00e1 acorde con el deber jur\u00eddico que en el \u00e1mbito penal y disciplinario existe de poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de hechos que de suyo puedan comportar la presunta comisi\u00f3n de una conducta al margen de la ley, mandato que de no ser acatado, puede generar un abuso de autoridad por omisi\u00f3n de denuncia. <\/p>\n
Luego, si de manera oficiosa y en el marco de sus obligaciones, el… convocado dispuso que se compulsaran copias ante las correspondientes autoridades para que se investiguen las conductas en que pudieron incurrir los accionantes…, ello escapa a la \u00f3rbita del juez de tutela, pues tal y como lo ha sostenido esta Corte de tiempo atr\u00e1s, la misma \u00abes una facultad discrecional de los funcionarios poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen podr\u00edan llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitaci\u00f3n de sus funciones, criterio que ha mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada el 21 de octubre de 2011, radicaci\u00f3n 00398-02\u00bb (ver en CSJ STC9105-2018)… (\u00c9nfasis. CSJ STC1041-2019, 6 feb., rad. 2018-00486-01, citada en STC7403-2020, 16 sep., rad. 00819-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7225-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7225-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de febrero de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}