STC7226-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7226-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00347-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Victoria In\u00e9s Rangel Ortiz contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, igualdad, \u00abprelaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abcorregir el procedimiento y decretar mediante sentencia anticipada la carencia de legitimaci\u00f3n por activa\u2026 en los t\u00e9rminos de art 278.3 CGP en concordancia con los art\u00edculos 7 y 8 de la ley 1060\/2006 que modificaron los art 219 y 222 del CC, dando por terminado el correspondiente proceso\u2026\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Sandra Sof\u00eda Roa Lorza promovi\u00f3 juicio de impugnaci\u00f3n de paternidad y maternidad contra Jos\u00e9 Encarnaci\u00f3n Rangel y Victoria In\u00e9s Rangel Ortiz, en su calidad de hija de Victoria Ortiz de Rangel, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia anticipada el 21 de noviembre de 2021, en la que se declar\u00f3 que la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para impugnar a paternidad de Jos\u00e9 Encarnaci\u00f3n Rangel y dispuso continuar el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n de la maternidad reclamada. <\/p>\n
2.2. Victoria In\u00e9s Rangel Ortiz apel\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n, la que fue rechazada por extempor\u00e1nea en auto de 18 de enero de 2022, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo el 22 de marzo de 2022 y se concedi\u00f3 la queja propuesta. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que era hija \u00fanica de Jos\u00e9 Encarnaci\u00f3n Rangel Jaimes (qepd) y Victoria Ortiz de Rangel (qepd); que se adelant\u00f3 el proceso contra sus progenitores, en el que la demandante se postul\u00f3 como nieta de aquellos, sin embargo, al momento de interponer la demanda su madre estaba viva, por lo que la actora no ten\u00eda v\u00ednculo que la legitimara como heredera. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que posteriormente su mam\u00e1 falleci\u00f3; que radic\u00f3 una nulidad y pidi\u00f3 se dictara sentencia anticipada; que el despacho acusado debi\u00f3 ordenar la terminaci\u00f3n del proceso, pero incurriendo en v\u00eda de hecho y extralimitando sus funciones consider\u00f3 que el libelo se present\u00f3 en t\u00e9rmino. <\/p>\n
2.5. Adujo que se ignor\u00f3 la ley sustancial, procedimental y material al disponer la continuaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n; que se incurri\u00f3 en prevaricato y en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; que las decisiones se emitieron con fundamento en las normas vigentes aplicables; que frente a la sentencia se interpuso apelaci\u00f3n de forma extempor\u00e1nea y luego se concedi\u00f3 recurso de queja, el que se remiti\u00f3 a la autoridad competente. <\/p>\n
2. Lucelly Chac\u00f3n Cepeda, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de la accionante Victoria In\u00e9s Rangel Ortiz, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues como la gestora no interpuso en t\u00e9rmino el recurso de apelaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 18 de enero de 2022 se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, por lo que instaur\u00f3 reposici\u00f3n y queja, \u00faltima pendiente de resoluci\u00f3n, raz\u00f3n por la que ante la existencia de otro mecanismo de defensa era improcedente el resguardo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se evidenciaba una total ausencia de fundamentaci\u00f3n sobre el material probatorio allegado; que la decisi\u00f3n se limit\u00f3 a indicar que la legitimaci\u00f3n se adquiri\u00f3 por la calidad de heredera, sin argumentaci\u00f3n alguna; que la vulneraci\u00f3n se hab\u00eda mantenido en el tiempo, caus\u00e1ndole perjuicios; que se encontraba incursa en una defensa inapropiada; que se rompi\u00f3 el equilibrio procesal; y que se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial relativo al exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que la promotora desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no apel\u00f3 en tiempo la sentencia anticipada ahora criticada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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