STC7230-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7230-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00077-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Amado de Jes\u00fas Agudelo Cuartas contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado 16 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones y a las dem\u00e1s partes del proceso de radicado 2017-00092-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, vida digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad social, presuntamente vulnerados por los despachos accionados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se le reliquidara su pensi\u00f3n de vejez con fundamento en la Ley 71 de 1988, porque, en su sentir, era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; asimismo, pidi\u00f3 que se reajustara dicha prestaci\u00f3n, conforme a la normativa m\u00e1s favorable a sus intereses. <\/p>\n
2.2. El 23 de octubre de 2018, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medell\u00edn absolvi\u00f3 a la demandada, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad. Con providencia CSJ SL5294-2021 del 20 de octubre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 la sentencia atacada. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que la Sala convocada incurri\u00f3 en defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, por aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de sus derechos constitucionales y, por ende, al dar trascendencia a la deficiencia t\u00e9cnica de la demanda de casaci\u00f3n, desconoci\u00f3 e ignor\u00f3 que deb\u00eda pronunciarse de fondo sobre la pretensi\u00f3n principal de la demanda atinente a la aplicabilidad del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, es decir, el art\u00edculo 36, inciso 2, de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efecto las determinaciones proferidas y que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que emita un nuevo pronunciamiento, en el que se reliquide su pensi\u00f3n de vejez, de conformidad con la legislaci\u00f3n aplicable a su caso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que, en su providencia, est\u00e1n consignadas las razones que le llevaron a resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n. Precis\u00f3 que, \u00absi lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed acontece, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora III Delegada para la Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que se absten\u00eda de pronunciarse sobre la acci\u00f3n de tutela, dado que no intervino en los asuntos all\u00ed mencionados. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en Liquidaci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez que no fue vinculado al proceso cuestionado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, tras considerar que la sentencia controvertida \u00abse ofrece razonable y ajustada a la ley aplicable\u00bb, pues en \u00abcasaci\u00f3n rige el principio de cr\u00edtica o fundamentaci\u00f3n vinculada, que implica que la demanda debe orientarse a denunciar y demostrar la existencia en concreto de los errores previstos en las causales que el recurso consagra, y que, si no se hace o se hace deficientemente, el juez de casaci\u00f3n no puede aprehender el estudio de fondo del cargo, por carecer de elementos de juicio para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y enfatiz\u00f3 que la Hom\u00f3loga Laboral incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, por no estudiar de fondo su caso, \u00ab\u2018por el no acatamiento de las m\u00ednimas formalidades\u2019, sin especificar cu\u00e1les son estas, para que hubiera prosperado el recurso extraordinario\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que se resolviera la tutela, conforme a la jurisprudencia constitucional relacionada con la primac\u00eda de los derechos constitucionales fundamentales, como era el caso de su pensi\u00f3n, lo que, en su sentir, obligaba a su an\u00e1lisis, aunque no se hubiera formulado un cargo espec\u00edfico en relaci\u00f3n con dicha vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Hom\u00f3loga Laboral, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 20 de octubre de 2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido contra Colpensiones, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. Sobre el particular se observa que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el ahora tutelante, la autoridad judicial reprochada expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal, por falta de t\u00e9cnica en el medio de impugnaci\u00f3n formulado. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido en la demanda de casaci\u00f3n era la reliquidaci\u00f3n de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, \u00abla que de forma inicial es reconocida bajo la \u00e9gida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n que permite acudir a la Ley 33 de 1985, pero que el querer en la demanda fue la aplicaci\u00f3n de la Ley 71 de 1988\u00bb. <\/p>\n
Luego, en lo atinente al primer cargo, que acusa la \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala convocada dijo que el ataque \u00abno se acompasa con la labor hermen\u00e9utica desplegada por el juzgador\u00bb, toda vez que s\u00ed se hizo referencia al mismo, hasta el punto de considerar que el actor era beneficiario de este y determinar que el reconocimiento de la prestaci\u00f3n reclamada se materializaba \u00abbajo el amparo de la Ley 33 de 1985\u00bb.2De otra parte, en cuanto al segundo y cuarto cargo, sostuvo que se cuestionaron \u00abapartes normativos que no se encontraban llamados a regentar la litis\u00bb, pues, si lo que pretend\u00eda el recurrente era la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados bajo el marco del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, lo indicado era \u00abacusar la infracci\u00f3n directa de las normas propias de la Ley 71 de 1988 o, atendiendo la posici\u00f3n imperante de esta Sala, del Acuerdo 049 de 1990\u00bb.3 Frente al tercer cargo, resalt\u00f3 que era deber del censor atacar todas las razones mediante las cuales el Tribunal fundament\u00f3 su determinaci\u00f3n, que en el presente asunto se circunscrib\u00edan a \u00abla operatividad de la cosa juzgada\u00bb y, como no lo hizo, era evidente que la sentencia manten\u00eda \u00abinc\u00f3lume la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb que la caracteriza.4 <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n correspondiente, la normativa que gobierna el asunto y la jurisprudencia en torno al tema debatido, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. En efecto, la Sala consider\u00f3 motivadamente que la demanda de casaci\u00f3n carec\u00eda de t\u00e9cnica, en la medida en que el casacionista incurri\u00f3 en el error de no plantear adecuadamente los yerros que atribu\u00eda a los jueces de instancia y pretendi\u00f3 que la Hom\u00f3loga Laboral se pronunciara sobre la aplicaci\u00f3n de una normatividad diferente a la invocada ante el Juzgado y el Tribunal, que se cambiara la fecha de disfrute de la prestaci\u00f3n reclamada, as\u00ed como el ingreso base de liquidaci\u00f3n, circunstancias que no fueron expuestas ante las instancias pertinentes, incumpliendo de esta forma con los requerimientos exigidos en los art\u00edculos 90 y 91 del Decreto Ley 2158 de 1948. As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n, se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante.5 <\/p>\n
4. En una palabra, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos, \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2\u0002 Mencion\u00f3 el criterio fijado en la sentencia CSJ SL1025-2021 y estableci\u00f3 que, en efecto, el Tribunal \u00abno infringi\u00f3 el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, situaci\u00f3n diferente es que desde el punto de vista del recurrente no lo haya interpretado de manera correcta\u00bb, por lo que afirm\u00f3 que, revisada la demanda de casaci\u00f3n, era factible concluir que se asemejaba m\u00e1s a \u00abun alegato de instancia que realmente un reproche serio donde de forma indistinta se enuncian conceptos personales, as\u00ed como jurisprudencia, sin descender a atacar con contundencia el dicho del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Y, en esa medida, \u00absalta a la vista la impropiedad de los cargos, pues debi\u00f3 atacarse la sentencia por el mencionado concepto de violaci\u00f3n\u00bb, no obstante, lo que se plante\u00f3 en la demanda se apartaba abiertamente de la competencia de esa sede casacional, toda vez que \u00ablo cuestionado en el cargo no fue debatido ni decidido por la segunda instancia y menos a\u00fan por la primera\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 A su vez, sostuvo que la fundamentaci\u00f3n de los cargos \u00abse asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, que a una argumentaci\u00f3n propia del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, pues lo pretendido por el recurrente era que \u00abla Corte en sede de casaci\u00f3n actu\u00e9 como un juez de instancia, lo que desdice claramente de su labor constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
5\u0002\u0002 En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01). Y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022- 01). Adicionalmente, ha de resaltarse que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que el actor tuvo a su alcance, pues este no se present\u00f3 en debida forma. Tal omisi\u00f3n inviabiliza, igualmente, el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
<\/p>\n
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