STC7233-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01704-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2017-0009. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jur\u00eddica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.1. El actor manifest\u00f3 que ha pose\u00eddo el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-385311 por m\u00e1s de 48 a\u00f1os de manera pac\u00edfica, ininterrumpida y p\u00fablica. Asimismo, indic\u00f3 que la propietaria del fundo era su se\u00f1ora madre, Mar\u00eda Ramos Toloza Pe\u00f1aloza, quien falleci\u00f3 en el a\u00f1o 2011. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n del deceso de la progenitora, los herederos iniciaron el proceso de sucesi\u00f3n, si\u00e9ndole adjudicada la referida vivienda a Rosalba Toloza el 15 de septiembre de 20051. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga -con prove\u00eddo del 19 de abril de 20172- libr\u00f3 mandamiento de pago en favor de Roberto Toloza y en contra de Rosalba Toloza por la suma de $120.000.000, dentro del proceso ejecutivo singular radicado 2017-00093. De igual forma, en auto del mismo d\u00eda3, decret\u00f3 como medida cautelar el embargo del inmueble identificado con matr\u00edcula 300-32898. <\/p>\n
2.4. El 18 de mayo posterior4, la C\u00e9lula judicial orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 el remate de los bienes embargados y secuestrados. Adem\u00e1s, remiti\u00f3 el expediente a los Jueces de Ejecuci\u00f3n del Circuito para continuar con el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga -en diligencia del 5 de abril de 2018- secuestr\u00f3 el inmueble anteriormente referenciado, donde indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abComo no fue posible el ingreso voluntario se procedi\u00f3 a decretar el allanamiento y se solicit\u00f3 el servicio de la polic\u00eda, quien estando presente se procede a verificar el predio a secuestrar y se constata que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-32.898 fue constituido en propiedad horizontal y se abrieron los siguientes folios de matr\u00edculas 300-385.310 apto. 101 primer piso y 300-385.311 apartamento 201 (tres niveles), estos \u00faltimos que no se encuentran debidamente embargados e impide que se adelante la diligencia, raz\u00f3n por la cual se suspende la misma y se dispone el traslado de los funcionarios al juzgado, de lo cual queda constancia en el audio\u00bb5. <\/p>\n
2.6. Conforme con lo anterior, la jueza cognoscente -con prove\u00eddo del 17 de abril de 2018- decret\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes identificados con matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 300-385310 y 300-3853116. <\/p>\n
2.7. El 21 de marzo de 2019, se realiz\u00f3 la mentada diligencia. No obstante, solo pudo cumplirse de manera parcial debido a que los residentes del bien identificado con matr\u00edcula 300-385311 no permitieron el ingreso7. <\/p>\n
2.8. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga -el 18 de noviembre ulterior- retom\u00f3 el tr\u00e1mite suspendido y secuestr\u00f3 el bien faltante, sin que nadie hubiera presentado reclamo alguno8. <\/p>\n
2.9. El apoderado del Eduardo Toloza, hijo del aqu\u00ed accionante, present\u00f3 oposici\u00f3n al embargo y secuestro practicado sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-385311, mediante memorial del 16 de diciembre de 20199. En este sentido, el estrado fij\u00f3 el 27 de noviembre de 2020 como fecha para llevar a cabo la audiencia de \u00abdecreto y pr\u00e1ctica de pruebas y posible fallo del incidente de oposici\u00f3n\u00bb10. <\/p>\n
2.10. En la se\u00f1alada calenda, la autoridad judicial dict\u00f3 providencia declarando \u00abno prospera la oposici\u00f3n\u00bb. Inconforme con lo resuelto, la parte vencida interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en efecto devolutivo11. Finalmente, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga -con providencia del 27 de enero de 2022- desat\u00f3 la alzada confirmando el fallo de primera instancia12. <\/p>\n
2.11. As\u00ed las cosas, se duele que a pesar de llevar poseyendo el pluricitado inmueble por m\u00e1s de 40 a\u00f1os y haber presentado oposici\u00f3n a trav\u00e9s de su hijo, la misma no fue tenida en cuenta por los jueces de instancia. En ese sentido, refiri\u00f3 que las autoridades judiciales desconocieron el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la diligencia de secuestro realizada al inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 300-385311 y, en el t\u00e9rmino de 48 horas posteriores a la notificaci\u00f3n de la providencia, resuelva nuevamente la oposici\u00f3n presentada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga13 y la titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad14, manifestaron que las decisiones proferidas en la causa de marras se fundaron en criterios razonables, atendiendo los argumentos esgrimidos por las partes y las probanzas obrantes en el plenario. Por lo tanto, solicitaron fuera denegada la tutela. <\/p>\n
2. El Juez Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga15 indic\u00f3 que el 25 de mayo de 2017 remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados Civiles de Ejecuci\u00f3n para que continuaran con el proceso. Por lo anterior, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n de las determinaciones de los jueces de instancia relacionadas con declarar impr\u00f3spera la oposici\u00f3n presentada por su hijo Eduardo Toloza Rueda -tambi\u00e9n en su representaci\u00f3n- frente a la diligencia de secuestro del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-385311. Ello pues, aduce que los estrados judiciales no tuvieron en cuenta la posesi\u00f3n que lleva ejerciendo sobre el predio por m\u00e1s de 40 a\u00f1os. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, fue la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe quien cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido en esa instancia16. <\/p>\n
2. Se observa que el Tribunal convocado en providencia del 27 de enero de 2022, expres\u00f3 los motivos por los cuales confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. Para ello, comenz\u00f3 por indicar que la oposici\u00f3n al secuestro es \u00abun instrumento procesal con que cuenta el poseedor de un bien sobre el cual recae una medida cautelar, a efectos de impedir su materializaci\u00f3n y que le permite conservar su calidad frente aquel\u00bb. <\/p>\n
2.1. En ese sentido, luego de citar el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, resalt\u00f3 que existen dos momentos procesales para formular esa herramienta jur\u00eddica, a saber: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el primero de ellos ser\u00e1, durante la diligencia de secuestro y una vez el juez identifique el inmueble objeto de la medida (n\u00fam 4\u00ba), estando habilitados para oponerse (i) el poseedor y, (ii) el tenedor que derive sus derechos de un tercero poseedor. La segunda oportunidad lo ser\u00e1, con posterioridad a la realizaci\u00f3n de la diligencia de secuestro, en donde el tercero poseedor que no haya estado presente, tendr\u00e1 veinte (20) d\u00edas para solicitarle al juez se le restituya la posesi\u00f3n; sin embargo, y en caso que el poseedor haya estado presente en la diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial, aun contar\u00e1 con el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para formular la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, estudiado el acervo probatorio allegado al plenario, concluy\u00f3 que \u00abse advierte la falta de claridad frente a la verdadera calidad en que el se\u00f1or Toloza Rueda concurre al proceso; pues en ninguno de los apartes del escrito, el promotor de la oposici\u00f3n indica si viene al tr\u00e1mite en calidad de poseedor, en este caso, si ejerce una posesi\u00f3n conjunta con su padre el se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza, o si por el contrario, act\u00faa en calidad de tenedor cuyo derecho lo deriva de su padre, al parecer quien dice tener la calidad de poseedor\u00bb, agregando que dicha confusi\u00f3n surge del hecho que en el escrito de oposici\u00f3n presentado por Eduardo Toloza, hijo del aqu\u00ed accionante, este afirm\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab\u201clleva viviendo toda su vida junto con su padre (\u2026)\u201d, y que \u201ces poseedor en nombre de su se\u00f1or padre y propio tras haber ejercido regular e ininterrumpidamente (\u2026) no clandestina, pacifica, ininterrumpida, conoci\u00e9ndose como propietario por m\u00e1s de cuarenta y ocho (48) a\u00f1os.\u201d; que \u201ctiene pleno derecho sobre la posesi\u00f3n material de los bienes por el reclamados\u201d; es decir, no se logra identificar si la reclamaci\u00f3n o defensa del derecho de posesi\u00f3n, lo reclama para s\u00ed o en favor de su se\u00f1or padre, m\u00e1xime cuando fue el mismo Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza quien durante la diligencia de secuestro, pese a que no formul\u00f3 oposici\u00f3n alguna para defender su calidad respecto del inmueble objeto de la cautela, s\u00ed dej\u00f3 constancia escrita en el acta de la actuaci\u00f3n, de tener la calidad de poseedor y reservarse los derechos de as\u00ed reclamarlo\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, apuntal\u00f3 que \u00absi bien al sustentar la alzada el apelante endilga que, la juzgadora sesg\u00f3 la interpretaci\u00f3n del inciso tercero del art\u00edculo 309 del C.G.P., pues de all\u00ed se desprende la legitimaci\u00f3n de los tenedores que deriven su derecho de un tercero poseedor para iniciar el incidente de oposici\u00f3n, lo cierto es que, dicha condici\u00f3n de tenedor con la que concurre al proceso, no subyace con la claridad que el caso requiere y reclama, de los supuestos facticos relatados en el escrito de oposici\u00f3n\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
2.3. Por otro lado, resalt\u00f3 que, si se aceptara que el opositor Eduardo Toloza concurre al proceso en calidad de tenedor derivando su derecho de su progenitor el se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza, en su presunta calidad de poseedor, lo cierto es que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De suerte que, si como los sostiene el opositor en el recurso, concurre al proceso en calidad de tenedor en defensa del derecho del tercero poseedor, que en este caso es su progenitor, se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza, tampoco es dable su intervenci\u00f3n en esta etapa del proceso, comoquiera que la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro no fue formulada por aquel en el curso de la actuaci\u00f3n, sino que, vino a proponerla tiempo despu\u00e9s de concluida, momento procesal en el que \u00fanicamente est\u00e1 legitimado para alegarla quien ostente la calidad de poseedor, conforme lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo del art\u00edculo 309 del C. G. del P.\u00bb <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable17. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales y testimoniales).18 <\/p>\n
4. En definitiva, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.19 <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 6111 del 31 de octubre de 2005. Ver folios 73 y 74, archivo \u201cPRUEBAS DOCUMENTALES Y ANEXOS\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 13 y 14, archivo \u201c01ExpedienteDigitalizado1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 8, archivo \u201c01ExpedienteDigital\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 19 y 20, archivo \u201c01ExpedienteDigitalizado1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folio 136, archivo \u201c01ExpedienteDigital\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 143. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem., 192 <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 302. <\/p>\n
9\u0002 Folios 20-26, archivo \u201c01ExpedienteDigitalizado1\u201d de la Carpeta \u201cC03IncidenteOposici\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 88. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c05Fallo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c04. Auto decide recurso apelaci\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220170400-0011Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220170400-0017Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220170400-0015Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
16\u0002 Al respecto, la Sala ha manifestado que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
17\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
18\u0002 Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente\u0002 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
19\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7233-2022 Magistrado Ponente STC7233-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01704-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jos\u00e9 Antonio Vecino Toloza contra la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64380"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64380\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}