STC7235-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01726-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Diego Alejandro Mart\u00ednez Perdomo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2020-00099. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 el proceso ejecutivo promovido por Javier Hernando S\u00e1nchez en contra de Diego Alejandro Mart\u00ednez Perdomo -tutelante- de radicado 2020-000991. <\/p>\n
2.2. La autoridad judicial -con prove\u00eddo del 3 de noviembre de 20212- dict\u00f3 fallo de primera instancia absolviendo a la parte demandada. Inconforme con esta decisi\u00f3n, el ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n3. <\/p>\n
2.3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Rep\u00fablica -con providencia del 15 de febrero de 20224- desat\u00f3 la alzada revocando parcialmente lo decidido por el a quo. Y, en su lugar, declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de \u00abcobro de lo no debido\u00bb en lo que exceda la suma de $80.000.000. Por lo tanto, ajust\u00f3 el mandamiento de pago a ese valor y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, se duele el actor que la letra objeto de cobro en el proceso compulsivo se gir\u00f3 para garantizar una obligaci\u00f3n adquirida por Fernando Mart\u00ednez, la cual fue totalmente honrada, motivo por el cual, no pod\u00eda iniciarse el proceso ejecutivo. Por otro lado, refiri\u00f3 que el t\u00edtulo valor fue llenado arbitrariamente, puntualmente, en lo relacionado con el valor garantizado, por tanto, \u00abal no ser este valor pierde su efectividad y la acci\u00f3n cambiaria\u00bb. Sumado a lo anterior, resalt\u00f3 que no existi\u00f3 carta de instrucciones para llenar los espacios en blanco. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse revoque el fallo proferido en segunda instancia dentro del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n surtido dentro del proceso 110013103023202000099\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e15 manifest\u00f3 que resolvi\u00f3 la alzada propuesta contra el auto del 3 de noviembre de 2021 \u00abdespu\u00e9s de analizar si en ese litigio se estaba reclamando indebidamente el cobro de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo valor adosado como base de la ejecuci\u00f3n, en atenci\u00f3n a los negocios jur\u00eddicos que habr\u00edan dado origen a ese instrumento cartular, de conformidad con el conjunto de las pruebas recaudadas\u00bb. Motivo por el cual, refiri\u00f3 que era improcedente la acci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
2. El Juez Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica6 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en la causa, concluyendo que se han garantizado los derechos superlativos del actor, por tanto, solicit\u00f3 que fuera denegado el amparo. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n del fallo de segunda instancia emitido por la autoridad accionada. Ello pues, aduce que no tuvo en cuenta que el t\u00edtulo valor fue creado para garantizar una obligaci\u00f3n que finalmente fue honrada, por tanto, no pod\u00eda ejecutarse. Asimismo, se duele de que la letra fue llenada arbitrariamente ya que no existi\u00f3 carta de instrucciones para este fin. <\/p>\n
2. Se observa que el Tribunal convocado -con providencia del 15 de febrero de 2022- expres\u00f3 los motivos por los cuales revocaba parcialmente el fallo de primera instancia. Para ello, comenz\u00f3 por indicar que para poder ejecutar un t\u00edtulo valor a trav\u00e9s de la v\u00eda judicial, sobre este deben converger \u00abtanto los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, esto es, (i) la menci\u00f3n del derecho que en \u00e9l se incorpora y (ii) la firma de quien lo crea, como los especiales consagrados en el art\u00edculo 671 ibidem, a saber, (a) la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, (b) el nombre del girado, (c) la forma del vencimiento y (d) la indicaci\u00f3n de ser pagadera a la orden o al portador\u00bb. <\/p>\n
2.1. En este sentido, al estudiar la letra de cambio No. 1 del 14 de enero de 2020, avizor\u00f3 que cumpl\u00eda con los presupuestos sustanciales para que el acreedor pudiera ejercer la acci\u00f3n cambiaria. No obstante, comoquiera que el a quo natural encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, sobre la cual gravit\u00f3 la alzada presentada por el ejecutante, el estrado judicial precis\u00f3 que \u00abese medio defensivo se configura cuando a la persona que se le exige el cumplimiento de una prestaci\u00f3n no tiene a su cargo la obligaci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, estudiado el acervo probatorio, especialmente los testimonios rendidos por Javier Hernando S\u00e1nchez, Diego Alejandro Mart\u00ednez, Jhon Fernando Mart\u00ednez, Alonso Villamil Osma, y el contrato de compraventa adosado, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el demandado DIEGO ALEJANDRO MART\u00cdNEZ PERDOMO confes\u00f3 que suscribi\u00f3 la letra de cambio que es fundamento de la demanda ejecutiva, con la finalidad de garantizar las obligaciones de su hermano JHON FERNANDO MART\u00cdNEZ PERDOMO a favor del demandante JAVIER HERNANDO S\u00c1NCHEZ BERNAL. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se infiere que, comoquiera que ese t\u00edtulo valor re\u00fane las condiciones previstas en los art\u00edculos 621 y 671 del C\u00f3digo de Comercio, el actor est\u00e1 legitimado para ejercer el derecho literal y aut\u00f3nomo incorporado en ese instrumento cartular, de conformidad con los preceptos 619, 625, 626 y 627 del estatuto mercantil. <\/p>\n
Adicionalmente, el ejecutado est\u00e1 sujeto a tal obligaci\u00f3n cambiaria, pues si \u00e9l reconoci\u00f3 que no existi\u00f3 una contraprestaci\u00f3n por la deuda que asumi\u00f3 y que garantiz\u00f3 las obligaciones de un tercero, se deduce que ese extremo pasivo no estaba facultado para \u201coponer la excepci\u00f3n de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por este una contraprestaci\u00f3n, aunque tal hecho sea conocido por el adquirente al tiempo de recibir el instrumento\u201d, al tenor del art\u00edculo 639 ejusdem. <\/p>\n
Por ende, el fundamento f\u00e1ctico de la excepci\u00f3n de \u201ccobro de lo no debido\u201d carece parcialmente de sustento probatorio y jur\u00eddico, en raz\u00f3n a que ese medio defensivo se bas\u00f3 en que el demandado no se comprometi\u00f3 con la parte actora ni recibi\u00f3 el capital incorporado en el t\u00edtulo valor y que, adem\u00e1s, ese instrumento fue entregado en blanco sin men\u00fa instructivo. Lo anterior se debe a que, tal como lo confes\u00f3 el demandado y lo corroboraron los testigos, la obligaci\u00f3n cambiaria no correspond\u00eda a dinero alguno que fuera entregado previamente por el acreedor al deudor cartular, sino a la garant\u00eda que este \u00faltimo prest\u00f3 de las obligaciones adquiridas por su hermano con aquella persona, lo que significa que el ejecutado se comprometi\u00f3 a la satisfacci\u00f3n de una obligaci\u00f3n sin contraprestaci\u00f3n cambiaria, de acuerdo con el citado art\u00edculo 639 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, de cara a la ausencia de instrucciones para llenar la letra de cambio, resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) el contenido del t\u00edtulo valor en blanco se presume cierto, m\u00e1xime que el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio autoriza al tenedor leg\u00edtimo para llenar los espacios en blanco. En ese orden, le correspond\u00eda al ejecutado demostrar el contenido de las instrucciones y que el documento ha sido diligenciado contrariando las facultades para su llenado, con la finalidad de llevar al fracaso la ejecuci\u00f3n\u00bb. En este sentido, indic\u00f3 que \u00abel demandado confes\u00f3 que hab\u00eda firmado la letra de cambio con espacios en blanco sin impartir directriz alguna y que ese t\u00edtulo ten\u00eda por finalidad garantizar las obligaciones de su hermano, lo que supuso que el tenedor leg\u00edtimo estaba facultado para llenar ese instrumento cartular con el valor que correspond\u00eda a la deuda de ese tercero\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, trat\u00e1ndose del monto asegurado a trav\u00e9s del t\u00edtulo valor, la Corporaci\u00f3n ejecutada esgrimi\u00f3 que, si bien el ejecutante buscaba cobrar $140.000.000, \u00ab\u00fanicamente se demostr\u00f3 que Jhon Fernando Mart\u00ednez Perdomo adeudaba el capital por la compraventa del veh\u00edculo mencionado, de manera que el tenedor leg\u00edtimo de la letra de cambio solamente pod\u00eda pretender el cobro, a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n cambiaria, del valor correspondiente a ese negocio jur\u00eddico, en la medida en que fue el \u00fanico contrato del que se tuvo certeza de sus condiciones\u00bb. Conforme a lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abel medio defensivo de \u201ccobro de lo no debido\u201d sea parcialmente exitoso, por cuanto del monto que excede los $80.000.000 no existe certidumbre en el plenario de que el tercero garantizado con el t\u00edtulo valor tenga a su cargo otras obligaciones claras, expresas y exigibles. En consecuencia, se declarar\u00e1 parcialmente probada aquella excepci\u00f3n y, por ende, se modificar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo frente a esa tem\u00e1tica\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales y testimoniales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente8 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.9 <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.10 <\/p>\n
5. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho tercero de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Folios 5-19, archivo \u201c55e92aa5-be04-4f38-91a8-1da04efd80d2\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c000 2022 01726 00 Contestaci\u00f3n tutela (023-2020-00099-01) <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220172600-0010Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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